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Mundo Política

Claves del debate en la UE sobre cómo gestionar los activos congelados de Rusia

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Copenhague (Euractiv.com) – Los países de la Unión Europea (UE) quieren utilizar los fondos congelados a Rusia para apoyar a Ucrania, pero siguen divididos sobre cómo hacerlo, sobre todo en torno a la cuestión de si pueden, o deben, incautarlos en su totalidad.

Aunque la UE y los países del G7 han acordado utilizar los beneficios extraordinarios procedentes de los activos para ayudar al esfuerzo bélico y a las necesidades financieras de Ucrania, Bruselas analiza ahora si los gobiernos estarían dispuestos a llegar a la confiscación y hasta dónde.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE debatieron el sábado en Copenhague «otras opciones para el uso de los ingresos procedentes de los activos soberanos rusos inmovilizados», según adelantó Euractiv.

La iniciativa forma parte de un renovado esfuerzo por aumentar la presión sobre Rusia y reforzar la posición de Ucrania en futuras negociaciones de paz.

«El debate sobre la incautación está directamente relacionado con nuestro debate presupuestario: nos enfrentamos a un déficit de financiación de cerca de 60.000 millones de euros para apoyar a Ucrania [a largo plazo]», declaró a Euractiv un funcionario de la UE.

¿Es legal una incautación total?

La mayoría de países de la UE recuerdan que no existe un precedente jurídico claro en el que  el bloque europeo pueda basar sus decisiones al respecto, y han pedido a la Comisión Europea que realice una evaluación.

Desde el punto de vista político, los líderes de la UE asumieron el compromiso vinculante de que «en cumplimiento de la legislación de la UE, los activos de Rusia deben permanecer inmovilizados hasta que Rusia cese su guerra de agresión contra Ucrania y la compense por los daños causados por esta guerra».

Esa decisión es válida hasta que decidan cambiar de postura.

«No podemos imaginar que (…) si hay un alto el fuego o un acuerdo de paz, se devuelvan estos activos a Rusia si no han pagado las reparaciones», comentó este fin de semana en Copenhague la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas.

¿Cuáles son las opciones sobre la mesa?

Además de la incautación total y la utilización de los beneficios extraordinarios según las condiciones actuales, ahora se barajan soluciones para que los activos generen más ingresos.

En ese sentido, se prevé que la Comisión Europea presente varias opciones dentro de dos meses, respaldadas por una evaluación jurídica.

Una de las opciones consistiría en transferir los activos a una «sociedad instrumental» (SPV) gestionada por Bruselas, un nuevo fondo respaldado por varios países de la UE y de fuera de ella.

Esto permitiría inversiones más arriesgadas capaces de generar mayores beneficios para Ucrania.

Trasladar los fondos a un organismo que potencialmente funcionaría sin normas de unanimidad impediría que Hungría, considerada la más propensa a vetar futuras sanciones a Rusia, devolviera los activos a Moscú.

¿Cuál es la posición de los países miembros?

Los partidarios más acérrimos de Kiev -Polonia, los Estados bálticos- quieren que el dinero se incaute directamente y se destine a la reconstrucción.

Bélgica, sede de la cámara de compensación Euroclear, donde se encuentran la mayoría de los activos rusos inmovilizados en Europa, dejó claro que no asumirá sola los riesgos.

Su Gobierno ya ha manifestado anteriormente que estaría dispuesto a considerar la idea de la incautación si otros se comprometen a compartir esa carga. Hasta ahora, eso no ha sucedido.

Por su parte, el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, declaró a la prensa en la reunión de Copenhague que Varsovia está dispuesta a respaldar un plan de seguros, pero admitió que «aún no todo el mundo está preparado».

Alemania, Francia e Italia, pesos pesados de la Eurozona, sostienen que una confiscación total podría dañar la credibilidad jurídica de la UE y sacudir los mercados financieros mundiales.

El ministro italiano de Asuntos Exteriores, António Tajani, advirtió en Copenhague de que el bloque debe «jugar según las reglas».

Alemania ha expresado sus reservas, según varios testimonios de personas cercanas a las conversaciones del sábado, con el argumento de que la atención se debe seguir centrando en la ayuda militar inmediata y prometida, más que en la ingeniería financiera.

«Una cuestión clave será si [los que se oponen a los cambios] también se mantienen en esta postura si llegamos al (punto) de debatir de si son los activos o el dinero de sus contribuyentes lo que habrá que utilizar», bromeó un diplomático de la UE.

Hungría rechazará cualquier movimiento en ese sentido pues ya ha demandado a la UE por canalizar miles de millones de los beneficios extraordinarios para ayuda militar a Ucrania.

¿Quién corre el mayor riesgo?

Está previsto que la Comisión Europea elabore un plan para compartir la responsabilidad, para que las posibles pérdidas se repartan entre los Estados miembros.

La jefa del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que no ha sido invitada a las conversaciones, se ha manifestado en contra de la confiscación, alegando que podría debilitar la confianza en el euro como moneda de reserva.

«Es crucial explorar todas las vías disponibles minimizando los riesgos potenciales», dijo Kallas este fin de semana, al tiempo que subrayó que «los mercados financieros no reaccionaron cuando congelamos los activos, y los mercados financieros están tranquilos ahora que hemos discutido esto».

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Jesse Klaver dirigirá el Grupo de los Verdes de Timmermans en las negociaciones del Gobierno neerlandés

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Ámsterdam (Euractiv.com) – El partido neerlandés Izquierda Verde-Los Verdes ha elegido este lunes a Jesse Klaver, miembro de la Cámara de Representantes desde hace años, para sustituir al jefe del partido y ex comisario europeo, Frans Timmermans, que dimitió tras la dura derrota del partido la semana pasada.

Timmermans quedó en cuarto lugar en las elecciones del pasado jueves, en las que el partido liberal progresista D66 se hizo con el primer puesto por un estrecho margen, seguido del Partido de la Libertad, de extrema derecha, de Geert Wilders, y del partido liberal de derechas VVD.

Klaver, diputado de 39 años, lidera el partido Izquierda Verde desde 2015 y lo llevó a la alianza con los socialistas de Timmermans (Pvda). Fue el único aspirante real a liderar el partido en una votación interna celebrada el lunes, después de que la diputada laborista Marjolein Moorman le respaldara.

El líder del D66, Rob Jetten, que probablemente será el próximo primer ministro del país, ha señalado que su preferencia sería formar gobierno con Klaver, junto con el VVD y los democristianos de centro-derecha. Esto le daría una mayoría de 86 en la cámara de 150 escaños.

La líder del VVD, Dilan Yeşilgöz, sugirió durante la campaña que no se sumaría a un gobierno que incluyera al partido Izquierda Verde-Los Verdes. Sin embargo, en los medios holandeses se especula con que la marcha de Timmermans podría suavizar su postura.

Una coalición alternativa que sustituyera al partido de Klaver por un partido de derechas, JA21, también podría reunir una mayoría, pero mucho más reducida.

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(Editado por cm/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Mazón dimite sin convocar elecciones y admite por primera vez que debió «cancelar su agenda» durante la dana

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Madrid (Servimedia) – El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, anunció este lunes su dimisión con efecto inmediato tras hacer «balance » de su situación «personal» y asumir por primera vez que debió «cancelar su agenda» durante la dana del 29 de octubre de 2024. No obstante, rechazó convocar elecciones anticipadas y apeló a la «responsabilidad» de Vox para mantener viva la legislatura.

En una declaración «meditada» en el Palau de la Generalitat tras el periodo de «reflexión» que abrió después de ser increpado en el funeral de Estado de las víctimas de la dana, Mazón decidió dar un paso lado tras hablarlo ayer con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Según dijo, ha vivido unos días «desgarradores» y «crueles» tras ser tildado de «asesino» y «rata cobarde» por algunos familiares de las 229 personas fallecidas durante la tragedia.

El ya expresidente autonómico reconoció que no tuvo «visión» para ver la catástrofe, pero se justificó en numerosas ocasiones en el «tsunami» que se formó en unas horas, y denunció una operación política para destruirle.

Con su dimisión encima de la mesa, Mazón apeló a «la responsabilidad» de Vox para que consensue con el PP la elección de «alguien que, con la mayoría que claramente votaron los ciudadanos, complete y consolide» la reconstrucción.

Mazón trasladó su decisión al rey Felipe VI a primera hora de la mañana, y le agradeció su «lealtad» con la Comunidad Valenciana. Y pidió a la sociedad que le distinga como una «persona que se ha equivocado» de la «mala persona» que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Futuro político

La dimisión de Mazón deja el futuro político de la Comunidad Valenciana en el aire. La vía más sencilla sería ir a elecciones anticipadas en Navidades o justo después, pero el PP se arriesgaría a jugarse la Generalitat Valenciana, uno de sus principales bastiones, con una izquierda movilizada cuando se cumple un año de la tragedia.

La otra alternativa es consensuar con Vox un candidato para agotar la legislatura. El nombre que suena con más fuerza es el del portavoz del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, que tiene buena relación con el partido de Santiago Abascal.

Génova siempre se ha inclinado por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, pero es una operación más arriesgada dado que ella no cuenta con el beneplácito de Vox y afectaría al transcurso político del tercer ayuntamiento más grande de España y la diputación provincial.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tendrá que resolver también la crisis orgánica que se abre en el partido. El propio Pérez Llorca se reunió el pasado viernes con los barones provinciales del PP, el valenciano Vicente Mompó, la castellonense Marta Barrachina, y el alicantino Toni Pérez, y prospuso a Génova el nombre de Mompó.

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(Editado por PTR/gja/Servimedia)

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Los países de la UE estudian ampliar las competencias de Frontex para hacer frente a las amenazas de los drones

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Bruselas (Euractiv.com) – Los países de la Unión Europea (UE) sopesan otorgar a la agencia de vigilancia de fronteras exteriores (Frontex) competencias en materia de control del espacio aéreo y protección de infraestructuras críticas, según documentos confidenciales del Consejo a los cuales ha tenido acceso Euractiv.

La medida se conoce tras varias incursiones de drones en el espacio aéreo europeo en los últimos meses, entre ellas la de instalaciones militares y civiles sensibles en Bélgica durante el pasado fin de semana.

Una nota del Consejo, fechada el 30 de octubre y distribuida a los países de la UE por la Presidencia danesa, señala que las capitales de la UE están debatiendo si la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas -Frontex- debe asumir responsabilidades adicionales para hacer frente a las amenazas híbridas, desde las violaciones del espacio aéreo hasta la protección de activos estratégicos.

La revisión del mandato de Frontex, prevista para el año próximo, fue anunciada por primera vez por la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a principios de este año y ahora forma parte del plan de trabajo de la UE para 2026.

Se prevé que los enviados debatan el asunto en una reunión técnica el 5 de noviembre.

El debate pone de manifiesto el creciente interés de las capitales por adaptar la misión de Frontex al cambiante entorno de seguridad europeo, y se produce pocos meses después de que la agencia adoptara una cadena de mando al estilo de la OTAN.

En la actualidad, Frontex ayuda a los países de la UE a gestionar sus fronteras exteriores prestando asistencia sobre el terreno, combatiendo la delincuencia transfronteriza, recabando información y colaborando en los procedimientos de retorno.

El comisario de Migración, Magnus Brunner, sugirió, en octubre junto con el ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, que el mandato de Frontex podría ampliarse a la defensa con drones y la protección de aeropuertos, un tema políticamente delicado tras varios informes sobre interrupciones relacionadas con Rusia en aeropuertos civiles y espionaje en bases militares de todo el bloque.

La nota del Consejo sugiere que esas medidas podrían requerir cambios en la normativa de Frontex. Ello podría implicar permitir a la agencia intervenir a petición de un Estado miembro en situaciones de amenaza híbrida mediante la actualización de las normas sobre intervenciones fronterizas rápidas, zonas críticas y equipos de apoyo a la gestión de la migración, o la creación de una disposición separada para el apoyo de la agencia en casos de instrumentalización de la migración y otras amenazas híbridas.

Fuera de la UE

Otro documento de debate de la Presidencia del Consejo aboga por otorgar a Frontex más competencias para trabajar con terceros países.

Las capitales quieren que la agencia vaya más allá de sus acuerdos actuales con seis Estados de los Balcanes Occidentales y despliegue equipos en los principales aeropuertos internacionales u otros pasos fronterizos clave. La agencia también podría asumir un papel más importante en los controles «previos a la salida» de los viajeros con destino al espacio Schengen.

Las capitales también reiteran su petición de poder desplegar equipos de retorno a países no pertenecientes a la UE y permitir que Frontex coordine los retornos de un tercer país a otro. Ello podría aliviar la presión a lo largo de las rutas migratorias, tal como informó Euractiv el mes pasado.

Los Estados miembros también estudiarán si Frontex debe ayudar a los «centros de retorno» creados en virtud de acuerdos bilaterales con terceros países, ampliando así la presencia operativa de la agencia más allá de las fronteras de la UE.

El debate se produce mientras la Comisión planea ampliar el cuerpo permanente de la agencia. En sus directrices políticas para 2024, von der Leyen se comprometió a triplicar el número de efectivos de Frontex hasta alcanzar los 30.000 en 2027.

Pero las capitales mantienen la cautela, insistiendo en que «el mandato y las tareas futuras» de la agencia se deben definir claramente antes de proceder a cualquier ampliación.

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(Editado por jp/cz/Euractiv y Fernando Heller/Euractiv.es)

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