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Mundo Política

Bruselas deja en manos de Kiev el debate sobre las concesiones territoriales

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París/Bruselas (Euractiv)- La mayor incógnita sobre el futuro de Ucrania es dónde se situará la nueva frontera. Mientras Washington presiona a Kiev para que considere la posibilidad de ceder terreno para garantizar un acuerdo de paz con Moscú, Bruselas empieza a distanciarse del debate en curso sobre las concesiones territoriales a Rusia, el mayor punto de fricción en las negociaciones.

«Nuestra posición ha sido clara: no se puede alcanzar un acuerdo de paz sin Ucrania. Y corresponde a Ucrania decidir las condiciones reales de la paz», declaró a Euractiv Anitta Hipper, portavoz de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Es un cambio significativo para la UE: después de casi tres años insistiendo en que las fronteras no pueden cambiarse por la fuerza, los funcionarios dan un paso atrás en la parte más explosiva de cualquier acuerdo de paz, y dejan la pelota en el tejado de Kiev.

Donald Trump ha presionado a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para que acepte su plan de paz y ceda a Moscú los territorios ocupados, incluidos Crimea, Lugansk y Donetsk, y partes de Jersón  y Zaporiyia.

Forzar cambios fronterizos

Aunque las formas y el enfoque de Trump son claramente diferentes de los del presidente Bill Clinton durante la guerra de Kosovo de 1999 y del reconocimiento de Kosovo por parte de George W. Bush en 2008, en el fondo está en línea con la inclinación estadounidense a forzar cambios fronterizos.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los países occidentales han evitado en gran medida aceptar formalmente los cambios de fronteras conseguidos mediante agresión. Bruselas no ha reconocido ni la anexión rusa de Crimea y Sebastopol en 2014, ni la ocupación turca del norte de Chipre desde 1974.

Tras una reunión con sus socios europeos el lunes, Zelenski citó la Constitución de Ucrania, haciendo hincapié en que el país no tiene derecho legal ni moral a renunciar a sus territorios. Sin embargo, la determinación de Washington de lograr un acuerdo podría deparar sorpresas desagradables a Kiev y a muchos países de la UE, con graves consecuencias para su política exterior.

A diferencia de los Estados miembros, la UE como entidad no tiene poder legal para reconocer un nuevo Estado o un cambio de fronteras.

Los antecedentes de Chipre y Kosovo

En Atenas, fuentes diplomáticas ya se preparan para las consecuencias respecto a Chipre de un plan de paz que cedería territorio ucraniano a Rusia. Turquía invadió y ocupó la parte norte de la isla en 1974, una división que sigue sin resolverse desde entonces.

«Para Grecia, la inviolabilidad de las fronteras no es negociable, y cualquier acto ilegal nos encontrará siempre en el lado opuesto», declaró el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

Sin embargo, la secesión de Kosovo y su declaración unilateral de independencia en 2008 pueden haber sentado ya un precedente jurídico y político problemático para la Unión. La mayoría de los Estados miembros de la UE han reconocido la condición de Estado de Kosovo, pero cinco -España, Eslovaquia, Chipre, Rumanía y Grecia- no lo han hecho por temor a movimientos separatistas dentro de sus propias fronteras.

Rusia ha citado repetidamente el ejemplo de Kosovo para justificar su agresión a Ucrania. En su discurso de 2014 con motivo de la incorporación formal de Crimea a Rusia, Vladimir Putin citó el «precedente» sentado por Occidente, «cuando acordaron que la separación unilateral de Kosovo de Serbia (…) era legítima y no requería ningún permiso de las autoridades centrales del país».

Para Occidente se trata de una comparación sesgada, ya que las fuerzas gubernamentales serbias estaban reprimiendo violentamente a la mayoría albanesa de Kosovo.

Michel Foucher, que en 1999 fue asesor del entonces ministro francés de Asuntos Exteriores Hubert Védrine, declaró a Euractiv que en Kosovo los estadounidenses presionaron a favor de la independencia para castigar al ex presidente serbio Slobodan Milošević. También querían establecer una base estadounidense destinada a vigilar Oriente Medio.

¿Ceder el Donbás?

Foucher, geógrafo y especialista en fronteras, explicó que la cuestión central para el futuro de Ucrania es el reconocimiento de su soberanía sobre lo que queda de su territorio. «El precio a pagar podría ser el Donbás, pero no me corresponde a mí decirlo. Pero, ¿cómo confiar en las garantías que puedan ofrecer los rusos?»

El analista francés insistió en que los europeos están de acuerdo en la inviolabilidad de las fronteras y, por tanto, nadie reconocerá la línea de demarcación como frontera internacional, salvo quizá Estados Unidos. «China nunca ha reconocido la anexión de Crimea; India tampoco lo hará, ni los europeos. Sin embargo, esta línea servirá de facto como frontera dentro de ambos países», afirmó Foucher.

Para Klaus Welle, ex secretario general del Parlamento Europeo y actual presidente del Consejo Académico del Centro Martens, afiliado al Partido Popular Europeo (PPE), hay que distinguir entre el reconocimiento de iure y de facto de la situación.

«De facto, partes de Ucrania seguirán ocupadas por Rusia, y esto no puede cambiar por el momento. Pero eso es distinto a reconocerlo jurídicamente», dijo. «Puede que tengamos que vivir con el hecho de que partes de Ucrania están ocupadas, pero no veo a nadie que desee reconocer legalmente nuevas fronteras», añadió.

De Panamá a Groenlandia, Trump no parece demasiado preocupado por las fronteras internacionales. Si reconociera formalmente una nueva frontera entre Ucrania y Rusia para profundizar en la cooperación con Moscú, no cabe duda de que a otros países les interesará seguir su ejemplo.

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(Editado por mm/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner/Euractiv.es)

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Alemania: rechazar el préstamo a Ucrania perjudicaría las finanzas de los países de la UE

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Buselas/Berlín (Euractiv)- Alemania declaró el lunes que los países de la UE que se nieguen a respaldar un «préstamo de reparación» para Ucrania basado en activos soberanos rusos probablemente sufrirán graves consecuencias financieras, como tipos de interés más altos y calificaciones crediticias más bajas.

«Cualquier país que rechace ahora esta propuesta de préstamo para reparaciones debe ser consciente también de que es probable que esto tenga un impacto negativo en su calificación crediticia», declaró a los periodistas en Bruselas el secretario de Estado alemán para Europa, Gunther Krichbaum, antes de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores.

Aunque Krichbaum no mencionó explícitamente otras opciones de financiación, la Comisión Europea ya había planteado el endeudamiento conjunto de la UE y las subvenciones bilaterales como alternativas al préstamo de 210 millones de euros.

Sin embargo, Krichbaum sugirió que cualquier alternativa sería costosa para los países de la UE. «Los tipos de interés subirían, creando un círculo vicioso si los Estados miembros aplican recortes presupuestarios», advirtió. El canciller alemán Friedrich Merz ha sido el principal defensor del préstamo, oponiéndose al endeudamiento conjunto en un momento de restricciones presupuestarias en toda la UE.

Por su parte, el belga Bart De Wever ha defendido exactamente lo contrario, afirmando que el uso de los activos entraña enormes riesgos financieros, una afirmación de la que se hace eco Euroclear, el depositario de valores con sede en Bruselas que posee la mayor parte de los activos destinados al préstamo.

En una carta dirigida a Ursula von der Leyen el mes pasado, De Wever advertía de que el plan podría ser percibido como una confiscación por los inversores internacionales, con el consiguiente aumento de los costes de endeudamiento del Estado.

Desestabilizar el euro

«Es probable que los inversores exijan primas más elevadas para compensar el mayor riesgo de expropiación», escribió. «Esto amplificaría los riesgos sistémicos para Euroclear y, por extensión, para los mercados financieros de la UE, lo que podría desencadenar una crisis sistémica, desestabilizando el propio euro».

Las declaraciones de Krichbaum se producen en un momento en el que los dirigentes de la UE, entre ellos Von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo António Costa y la jefa de la diplomacia de la UE Kaja Kallas, presionan para que los países acepten el préstamo de reparaciones en la cumbre de líderes de la UE del jueves.

Pero el impulso para llegar a un acuerdo sobre el plan esta semana se está debilitando, ya que Italia, Bulgaria, Malta y Chequia exigen que se preste más atención a las mismas alternativas sobre las que advirtió Krichbaum.

Sin embargo, el secretario de Estado polaco, Martin Bosacki, declaró antes de la reunión del lunes que no le preocupaba que se debilitara el apoyo al préstamo de reparaciones. «Creemos que el préstamo para reparaciones debe utilizarse, y Polonia lo apoya», declaró Bosacki. «Lo que es absolutamente esencial, sin embargo, es asegurar la financiación del esfuerzo bélico de Ucrania durante al menos los próximos seis meses, y, posiblemente, un año».

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(Editado por mm/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner/Euractiv.es)

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Arranca el gobierno de Andrej Babiš: los checos primero

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(AFP)- El nuevo gobierno del multimillonario primer ministro checo Andrej Babiš juró su cargo el lunes en medio de interrogantes sobre su relación con Bruselas y la ayuda a Ucrania. El movimiento ANO de Babiš ganó las elecciones generales celebradas en octubre en este país de 10,9 millones de habitantes, miembro de la UE y la OTAN.

Babiš se ha aliado con dos partidos euroescépticos, el SPD de extrema derecha y los Motoristas, de derechas, para formar el gabinete con el respaldo de 108 legisladores en un Parlamento de 200 escaños.

El presidente Petr Pavel tomó juramento a los 15 ministros de Babiš: 13 hombres y dos mujeres. Babiš, que ya fue primer ministro entre 2017 y 2021, ha prometido luchar por los intereses checos «no solo en su país, sino en todo el mundo».

Aunque el SPD renunció recientemente a su idea de celebrar un referéndum sobre la salida de la UE, la declaración política del Gobierno afirma que la UE tiene «sus límites» y no tiene derecho a imponer decisiones que vulneren la soberanía de los Estados miembros.

Patriotas por Europa

En el Parlamento Europeo, ANO y los Motoristas forman parte del bloque de extrema derecha Patriotas por Europa, cofundado por Babiš y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Tras reunirse la semana pasada en Bruselas con la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Babiš, de 71 años, insistió en que no estaba «en un club» con Orbán y el primer ministro nacionalista eslovaco, Robert Fico, sino que buscaba «aliados para la República Checa en todas partes».

Tanto Orbán como Fico han estado bajo la lupa de la UE por vulnerar el Estado de derecho y por sus vínculos con Moscú a pesar de la invasión de Ucrania.

En su campaña electoral, Babiš -el séptimo checo más rico según la revista Forbes- rechazó la ayuda directa a Ucrania, alegando que las contribuciones de Praga al presupuesto de la UE, que a su vez envía ayuda a Kiev, serían suficientes. La semana pasada, en Bruselas, afirmó que cualquier ayuda a Ucrania debe ir acompañada de un plan claro de paz y una tregua.

ANO cuenta con nueve ministros, el SPD ha nombrado a tres profesionales independientes y los Motoristas tienen tres ministros. El presidente de los Motoristas, Petr Macinka, será a la vez ministro de Asuntos Exteriores y de Medio Ambiente.

El partido retiró la semana pasada a Filip Turek, candidato a ministro de Medio Ambiente, después de que los medios de comunicación publicaran en las redes sociales mensajes racistas y homófobos atribuidos a él. Turek también está siendo investigado por la policía por presunta violación y violencia doméstica tras la denuncia de una antigua novia.

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(Editado por vib/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner/Euractiv.es)

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Vox pide ilegalizar el movimiento Antifa y su inclusión en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea

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Madrid (Servimedia) – Vox (Patriotas por Europe/PfE) registró hoy en el Congreso una proposición no de ley para su debate en la comisión de Interior y en el Pleno, en la que denuncia “la escalada de violencia política auspiciada por grupos de extrema izquierda” y reclama “medidas urgentes para la disolución de las organizaciones ligadas al movimiento Antifa y su inclusión en la lista europea de terrorismo”, según informa Servimedia, socio de Euractiv.

En la iniciativa registrada hoy en la Cámara Baja, el partido de Santiago Abascal advierte de que bajo la “falsa idea de combatir el fascismo”, diversas organizaciones y asociaciones se han constituido con el “único objeto es la utilización de la violencia de diversa índole contra sus rivales políticos”.

Según la iniciativa, la propia actuación del Gobierno “ha adquirido tintes preocupantes” al participar en “un proceso de blanqueamiento” de esta violencia. Vox lamenta que “la permisividad” ante estos grupos ha provocado “incidentes violentos”, como la agresión a un periodista en Pamplona y la interrupción de la Vuelta Ciclista a España.

Por tanto, Vox alerta de que este movimiento, además de representar “un historial violento”, es “una amenaza para el país”, en consonancia con “la tendencia internacional de su declaración como organización terrorista por parte de países como Estados Unidos y Hungría”. Por ello, reclama la toma de medidas necesarias para promover su ilegalización.

En concreto, ante esta situación que denuncian los de Santiago Abascal en esta iniciativa, el partido insta al Gobierno a condenar “enérgicamente la violencia ejercida por el movimiento de extrema izquierda Antifa, que socava el Estado de derecho, el orden democrático y la seguridad de los españoles”, según informa Servimedia, socio de Euractiv.

También insta al Gobierno a cesar en su “permanente conducta de blanqueamiento de la violencia ejercida por parte de asociaciones vinculadas al movimiento de extrema izquierda Antifa en España”, y a interesar al Ministerio Fiscal al ejercicio de las acciones judiciales necesarias para la disolución de las organizaciones ligadas al citado movimiento.

Asimismo, propone también que el Ejecutivo promueva, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, la inclusión de este movimiento y sus asociaciones ligadas en el listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea, así como acordar la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su “nefasta gestión” en materia de política de seguridad y su “actitud irresponsable al no defender” a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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(Editado por BMG/gja/Servimedia)

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