Madrid (Servimedia) – El Pleno del Congreso aprobó este miércoles la convalidación del real decreto-ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina después de que Podemos cambiara su posición esta misma mañana aunque la formación lo sigue criticando.

De esta manera, la convalidación del decreto cosechó 178 votos a favor, 169 en contra y 1 abstención. Además, se aprobó tramitarlo como proyecto de ley con 212 votos a favor, 135 en contra y 1 abstención. Junts también la apoyó a pesar de que pidió retirar el embargo por la expectativa de que se alcance pronto un acuerdo de paz.

“Podemos no será la excusa del PSOE para no hacer nada y para seguir manteniendo las relaciones militares con Israel”, señalaron desde Podemos, que considera que el decreto ha demostrado ser “un coladero” durante las semanas que ha estado en vigor.

En el debate, que tuvo lugar ayer, Belarra tachó el decreto de “fake” y acusó al Gobierno de “tener complicidad con el Gobierno de Israel”. Mientras, los portavoces del PP y Vox confirmaron también su rechazo mientras que formaciones como ERC, EH Bildu, PNV, Compromís y BNG anunciaron su apoyo, pese a tacharlo de insuficiente o tardío.

“El Gobierno no ha dejado de comprar y vender armas a Israel en dos años”, denunció la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien advirtió de que con este embargo “decenas de contratos públicos siguen sin cancelarse”. También denunció que desde su aprobación cuatro barcos han pasado por puertos españoles con armas con destino a Israel.

Por su parte, en nombre del PP, Cayetana Álvarez de Toledo reprochó al Gobierno que “en el aniversario de la mayor matanza de judíos desde el genocidio nazi traen al Congreso un decreto que llama genocida a Israel” y se preguntó «cómo va a respetar a las víctimas de Hamás un Gobierno al que Hamás felicita”. “Exhiban su antisemitismo y ahorren sus lecciones morales”, apostilló.

En la misma línea, el portavoz de Vox, Alberto Asarta tachó de “impresentable” que el Gobierno lleve el decreto al Congreso coincidiendo con el segundo aniversario de los atentados de Hamás y lo consideró “una “muestra más del antisemitismo y de la obsesión antisraelí del Gobierno de España”. También advirtió de que va en contra de la seguridad y de los intereses del país.

En la defensa del decreto, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, defendió que se trata de “un texto de máximos” y que “consolida” el embargo a la venta de armas a Israel que “ya veníamos aplicando”.

Además, recordó que se cumplen ahora dos años desde “los terribles atentados» perpetrados por Hamás, por lo que trasladó su apoyo a las más de 1.200 víctimas y sus familiares, especialmente a las de los dos ciudadanos españoles asesinados ese día.

“Seguimos condenando de forma rotunda esos ataques”, aseguró Cuerpo, quien exigió también en nombre del Gobierno la “inmediata liberación” de los rehenes que siguen secuestrados, así como “el fin del genocidio al que se está sometiendo al pueblo palestino”.

También defendió “la coherencia de lo que estamos haciendo” con medidas como el decreto, que según destacó “va de la mano de la respuesta de la ciudadanía», que exige medidas para parar el genocidio y que se respeten los derechos humanos.

El real decreto de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina contempla “el embargo total de armas” a Israel, aunque con la posibilidad de que el Gobierno autorice excepciones a esta norma.

El texto aprobado el pasado 23 de septiembre por el Consejo de Ministros incluye cuatro medidas esenciales, que contemplan la consolidación del embargo, la denegación de solicitud de tránsito para los combustibles con posible uso militar en Israel, la prohibición de comercialización de productos originarios de asentamientos ocupados y la prohibición de la publicidad de comercialización.

En lo que respecta al embargo total de armas, se prohíben tanto las exportaciones como las importaciones, con destino u origen en Israel, de armas, material de defensa y material de doble uso.

Para garantizar su cumplimiento, el Ministerio de Exteriores elaborará una propuesta de códigos postales de las localidades a la que hacen referencia los territorios ocupados, que después necesitará la aprobación de la Agencia Tributaria y que se trasladará a los funcionarios en Aduana.

La normativa también obliga al Gobierno a rendir cuentas y a comparecer trimestralmente en el Congreso para informar de la ejecución del real decreto. Estas comparecencias también servirán para que el Ejecutivo informe de si se están produciendo desvíos de otros países, dentro del marco de la unión aduanera.

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(Editado por JBM/clc/Servimedia)

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Bruselas (Eurativ.com/.es) – La Comisión Europea presentó este miércoles un nuevo plan de combate contra la incitación al odio y las terapias de conversión, en el marco de su nueva estrategia para el colectivo LGTBIQ, que, no obstante, se ha topado con reacciones mixtas.

La estrategia quinquenal, presentada por la comisaria de Igualdad, Hadja Lahbib, llega en un contexto de transformación del panorama político europeo, en el que las fuerzas conservadoras ganan terreno en toda la Unión Europea (UE).

«Aunque existe una clara reacción en contra, la Comisión y la Unión se han comprometido a mantener este faro de esperanza: una unión de igualdad», comentó Lahbib en rueda de prensa en Estrasburgo.

La anterior estrategia LGTBIQ -de 2020- incluía una propuesta para añadir la incitación al odio a la lista de delitos de la UE, pero cinco años después, la iniciativa sigue bloqueada por los Estados miembros.

En el nuevo programa, la Comisión propone planes para eludir el bloqueo del Consejo mediante la introducción de una ley de la UE de menor alcance para armonizar la definición de los delitos de odio cometidos en línea en todo el bloque.

En virtud de la Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA), las principales plataformas de medios sociales, incluidas Meta, X y TikTok, han firmado un Código de Conducta para frenar la incitación al odio en línea.

El código exige que las plataformas ofrezcan a los usuarios herramientas claras para señalar los contenidos que consideren incitación al odio.

Sin embargo, la DSA no define lo que constituye «incitación al odio», sino que lo deja en manos de los términos y condiciones de cada plataforma. De momento se desconoce cómo interactuará la DSA con la nueva estrategia LGTBIQ de Bruselas.

Un millón de firmas a favor de la prohibición

En cuanto a la «terapia de conversión», Lahbib anunció que la Comisión colaborará con los países de la UE para poner fin a esta práctica «nociva» para las personas LGTBIQ, pero no prometió una prohibición total.

La alta funcionaria afirmó que «las prácticas de conversión no son una terapia», y causan daños mentales y físicos, y afectan a 1 de cada 4 personas de ese colectivo en todo el bloque. Aun así, subrayó que la Comisión Europea debe trabajar con los Estados miembros «respetando plenamente sus competencias».

Grupos de la sociedad civil e iniciativas ciudadanas han presionado a la UE para que se prohíba totalmente.

La terapia de conversión se sigue practicando -y no está explícitamente prohibida- en varios Estados miembros, entre ellos Polonia y Hungría.

Críticas de las ONG

Para la red de la sociedad civil ILGA-Europa, la estrategia en su conjunto «no responde a la urgencia del momento», y se queda atrás respecto a la ambición de la primera Estrategia de Igualdad de la UE.

«Este enfoque cauteloso no protegerá a las personas LGTBIQ, que se enfrentan a una creciente discriminación, violencia y hostilidad estatal en toda la UE», afirmó Katrin Hugendubel, directora de incidencia política de ILGA-Europa.

«La Comisión debe utilizar todas las herramientas de que dispone -jurídicas, políticas y financieras- para defender los derechos de las personas LGBTQ», añadió.

Preguntada por las reacciones negativas a la medida por parte de algunos Estados miembros, Lahbib apuntó a Budapest.

«Los ciudadanos también deben entender que la UE es una unión de valores», comentó Lahbib, en referencia a a los 18.000 millones de fondos europeos que Bruselas ha retenido a Budapest.

Hungría es objeto de múltiples procedimientos de infracción de la Comisión Europea por haber incumplido normas de la UE, entre ellas la relativa a los derechos de la comunidad LGTBIQ del país.

A principios de este año, Hungría aprobó una ley que prohíbe las marchas del Orgullo, y se pidió a los comisarios que no asistieran al Orgullo de Budapest.

En respuesta a las críticas de Hungría, Lahbib reiteró que «ningún país fue obligado a adherirse a la UE» y afirmó que la Comisión proporcionará financiación adicional para apoyar a las ONG y organizaciones de la sociedad civil que operan en Hungría.

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Anupriya Datta contribuyó a este artículo

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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París (Euractiv.fr) – El primer ministro saliente de Francia, Sébastien Lecornu, prosiguió este miércoles las «negociaciones finales» para intentar formar Gobierno y lograr un acuerdo para aprobar el presupuesto de 2026 antes de fin de año, al tiempo que el peligro de nuevas elecciones parece de momento conjurado.

En declaraciones esta mañana, Lecornu se congratuló  de las «buenas noticias» que reflejan  «una determinación compartida entre las fuerzas políticas de Francia para garantizar que el país tenga un presupuesto para 2026 antes del 31 de diciembre».

El proyecto de Ley de Finanzas se tiene que presentar en la Asamblea Nacional antes del 13 de octubre para que quede aprobado en 2026, lo cual activa el período obligatorio de 70 días para su debate y enmiendas.

Lecornu inició ayer, martes, varias reuniones con todos los grupos parlamentarios, excepto con la formación de  ultraderecha Agrupación Nacional (RN/Patriotas por Europa) y con la  extrema izquierda de la Francia Insumisa (LFI),  que declinaron participar.

Tras esos contactos, Lecornu  constató «movimientos» y «puntos de convergencia» que «reducen la probabilidad de disolución» de la Asamblea Nacional, y con ello la posibilidad de convocatoria de nuevas elecciones.

En un intento por suavizar los roces con el Partido Socialista (PS), la exprimera ministra Élisabeth Borne -que supervisó la cuestionada reforma de las pensiones de 2023- se mostró abierta a facilitar un compromiso.

Sin embargo, el líder del Partido Socialista, Olivier Faure, que se mostró dispuesto a ayudar a «resolver esta crisis», no ocultó este miércoles su decepción tras reunirse con Lecornu.

«No tenemos ninguna seguridad sobre la suspensión efectiva de la reforma de las pensiones», lamentó Faure, al tiempo que señaló que, a estas alturas, «nadie puede garantizar que vaya a producirse realmente».

La polémica reforma de las pensiones de 2023, que provocó una oleada de protestas, elevaba  la edad legal de jubilación de 62 a 64 años.

Faure precisó que su partido pidió que la suspensión de la medida «no se limite a congelar la edad legal», sino que también «revirtiera la prolongación acelerada de los periodos de cotización».

Está previsto que Lecornu informe esta tarde al presidente, Emmanuel Macron, sobre «las soluciones que están ahora sobre la mesa». Macron le encargó liderar  las conversaciones para formar gobierno y evitar otro bloqueo político.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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