Miles de comerciantes y vendedores callejeros bolivianos se movilizaron este martes en varias ciudades del país en rechazo a un polémico proyecto de ley impulsado por el presidente Luis Arce que busca adecuar las leyes locales a la normativa internacional de lucha contra el terrorismo y que, según dicen, podría usarse para perseguir a los trabajadores informales.

La protesta es impulsada por los trabajadores no registrados que representan a cerca del 80% de la economía de Bolivia y cuyos líderes temen que la ley que debate el Legislativo sea utilizada contra el sector, que el año pasado logró frenar el debate de la iniciativa tras multitudinarias marchas.

“Esta es una primera movilización. Esta ley nos afecta a los trabajadores por cuenta propia, comerciantes, artesanos, transportistas. Si compras un bien inmueble y no tienes una factura para justificar la compra porque somos informales, te pueden quitar la casa, te acusarán de lavado de dinero y te pueden procesar por terrorismo”, explicó Jesús Cahuana, dirigente en la ciudad de Santa Cruz, en el oriente.

Las autoridades han calificado de “infundados” esos temores pero no han logrado convencer a los sectores en contra. “Esta ley prevé el congelamiento de activos de terroristas en el ámbito mundial, tiene que ver con los talibanes, con lo ocurrido en las Torres Gemelas. No está pensada para una situación local, es parte de un compromiso internacional”, explicó el ministro de Justicia, Iván Lima.

El proyecto endurece las penas para el delito de terrorismo hasta de 25 años de cárcel e incluye nuevos delitos como financiamiento del terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas y prevé la confiscación de bienes. También obliga a los notarios a remitir información a las autoridades sobre transacciones de bienes inmuebles sospechosas. La iniciativa define al terrorismo como las acciones que buscan “subvertir el orden constitucional o deponer al gobierno elegido constitucionalmente” y aquellos delitos “contra la seguridad común o la salud pública”.

La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, explicó que el país se arriesga a caer nuevamente en la “lista gris” de naciones débiles para controlar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo mientras que su par de Economía, Marcelo Montenegro, acusó a algunos dirigentes de defender los intereses de “grandes contrabandistas”. Según las autoridades entre los informales está camuflado el contrabando, que mueve 1.500 millones de dólares al año, de acuerdo con estimaciones de organizaciones empresariales.

Las protestas coinciden con la visita al país de una misión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), una organización intergubernamental que agrupa a 18 países de Sudamérica, Centroamérica y América del Norte creada para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

“Las normas del país son como una carta de presentación respecto a cómo está abordando la prevención y combate del lavado de activos. No sólo revisamos el marco normativo, nos interesa la aplicación y si el resultado está acorde con el riesgo identificado en materia de lucha contra el terrorismo”, explicó en rueda de prensa Gustavo Vega, secretario de GAFILAT.

Si el país no aprueba las normas se expone a sanciones en su flujo financiero internacional y el envío de remesas desde el exterior podría encarecerse y complicar a la economía de Bolivia, según las autoridades.

A la marcha de los informales que piden el retiro definitivo del proyecto de ley se sumaron los maestros de escuelas públicas movilizados desde hace seis semanas en reclamo de más presupuesto para la educación y médicos de hospitales estatales que exigen la contratación de más personal.

Arce enfrenta un creciente clima de protestas sociales a medida que la economía se debilita.

(Con información de AP)

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