Nunca había tenido Israel una crisis como la actual. De otro tipo sí, pero no se habían reunido 650.000 personas para protestas que ya llevan varias semanas en forma continua, alto porcentaje en un país de solo 9.364.000 habitantes, según el censo de 2021.

Se repite el canto de “Israel no es Irán”. No solo la oposición, sino también el sistema financiero y el militar; la Histadrut, la mayor central sindical del país convocando a una huelga general por un motivo que no tiene nada que ver con reivindicaciones laborales. Protestas masivas a través de todo el país, y una particularidad israelí, un rol destacado le cupo a prestigiosas unidades de comandos, llegando incluso a algo nuevo, que un grupo de pilotos de los aviones más modernos y ya retirados anunciaran que no se iban a presentar a un entrenamiento obligatorio. Nada menos que el ministro de Defensa, el cargo más importante después del primer ministro, fue cesado por Netanyahu por criticar el plan de reforma del poder judicial.

Y en medio de todo esto, el presidente de Israel pidió detener la reforma judicial. Con posterioridad, gobierno y oposición se juntaron para dialogar.

Al ser el sistema de Israel uno de carácter parlamentario, el jefe de Estado es una figura que no posee el poder del primer ministro, por lo que en la práctica lo que se hizo fue apretar el botón de pausa, que coincide con el hecho de que la Knesset, el parlamento israelí, entra en receso todo el mes de abril (Pascua judía), con lo que el gobierno se da plazo hasta la pausa del verano (julio) para hacer los ajustes.

Como nunca se ha dicho que la reforma no se vaya a hacer, para los escépticos, tan solo se trataría de otra movida de Netanyahu, que habría transformado una derrota en un empate. La oposición no tiene un líder equivalente, ya que es el único dirigente que actúa más bien como presidente de un inexistente sistema presidencial que como primer ministro de un régimen parlamentario

Las movilizaciones han sido totalmente pacíficas, pero dada su magnitud, ¿qué fue lo que motivó este inédito nivel de molestia y protesta? Por mucho que Netanyahu insista que solo está cumpliendo con una promesa electoral.

Quienes han salido a las calles argumentan que no es una simple reforma judicial, sino que acarrea consigo el fin de la separación de poderes y de la independencia del poder judicial, afectando a la democracia misma.

Los puntos controvertidos son cinco:

1) Modifica radicalmente la composición del comité de selección de los jueces, para beneficio del mundo político.

2) Se impediría que la Corte Suprema pueda revisar legislación, desde leyes comunes y corrientes hasta la propia Ley Básica del país, ya que la Corte es acusada de ser una institución más bien liberal, que falla frecuentemente contra el sector político que respalda a Netanyahu.

3) La llamada “Cláusula de Anulación” donde una mayoría simple (61 de 120) puede anular en el Parlamento los fallos de la Corte.

4) Los asesores legales de los ministerios pueden ser designados sobre la base de criterios de lealtad política por sobre la trayectoria de expertos independientes.

5) Modificación del criterio de “Razonabilidad”, por el cual los tribunales pueden revisar judicialmente cualquier decisión gubernamental, incluyendo los nombramientos de ministros sobre los que pesan condenas de fraude fiscal.

Aunque Israel no tiene una constitución escrita, es sin duda la mayor crisis constitucional desde la reaparición del Israel moderno en 1948, ya que altera la separación de poderes por la vía de aumentar el control político. Y si un país tiene límites al poder y el mapa de las instituciones básicas y sus funciones, tiene también lo que usualmente define una constitución, aun si no cuenta con un texto escrito.

Mas aun, si se ve a la crisis actual en el esquema de la tradición confuciana de apreciar en ello una oportunidad, a Israel se le abriría un escenario casi impensado hasta hace poco, que de ser aprovechado permitiría solucionar muchos problemas por la vía de avanzar hacia una constitución escrita.

Se puede tener una constitución que no sea escrita. No solo Israel, también el Reino Unido y Nueva Zelanda, aunque por razones culturales e históricas, en esos países el “common law” ha evolucionado de manera diferente.

En Israel incluso existen elementos que encuentran su razón de ser, no en la tradición judía, sino en el hecho que la Declaración de Independencia de 1948 apareció el mismo día que terminaba el mandato del imperio británico y con la urgencia de haber sido invadido por varios ejércitos profesionales de los países árabes vecinos para eliminar su existencia.

Por supuesto que se puede tener una constitución que no sea escrita y la Ley Básica de Israel le ha servido muy bien, generando una democracia vibrante y diversa.

Sin embargo, el país ha ido acumulando situaciones que crean inestabilidad y la actual crisis sería una oportunidad de llegar a acuerdos de consensos que permitan abordar la solución.

Sería una base razonable de solución a la crisis y para un acuerdo, un consenso con visión de futuro más que de pasado.

En el debate actual, como es habitual en Israel, existe un debate apasionado y hasta con su cuota de exageraciones, ya que Israel es una democracia sólida, donde ni Netanyahu busca establecer una dictadura como tampoco la Corte Suprema que sigue los lineamientos establecidos por su influyente expresidente Aharon Barak, busca imponer una república de jueces.

Además, a nivel internacional existe una disputa en muchas democracias sobre el predominio relativo entre las ramas ejecutiva y judicial de la institucionalidad republicana, sobre el nivel adecuado de interrelación entre ellas, pero las constituciones no escritas necesitan más que las escritas de un consenso básico, el que ha ido desapareciendo cuando la polarización y la descalificación sustituyeron a la diferencia y la alternancia, muy presente en la generación de padres fundadores del estado, partiendo por David Ben-Gurrión.

En ese sentido, Netanyahu no es solo el primer ministro que ha estado más tiempo en el poder, sino también aquel que divide como ningún otro a los israelíes, con personalización de su figura entre quienes lo adoran y quienes lo desprecian.

Y eso marca un elemento que no había existido antes con líderes políticos, al menos en esa forma. De hecho, Israel ha tenido cuatro elecciones generales en solo dos años, que se han presentado como plebiscitos sobre su persona, elecciones que no han cumplido su rol insustituible en democracia de resolver pacíficamente las disputas, toda vez que las cuatro han sido casi empates, y solo muy laboriosas negociaciones lograron gobiernos que fueron inestables.

Por ejemplo, para sacar a Netanyahu, Neftalí Bennett y Yair Lapid formaron una coalición que iba desde la izquierda a centristas, a laicos judíos no religiosos e islamistas de los partidos árabes, y para regresar al poder, Netanyahu incorporó a su gobierno a ministros que pueden considerarse entre los más derechistas en la historia del país.

Como otras democracias sólidas, Israel podría haber acometido una reforma judicial, pero no de esta manera y dada su importancia, siempre que existiera un consenso hoy ausente. Además, el caso personal de Netanyahu exigía una doble prudencia, toda vez que la política israelí ha girado desde hace años alrededor de acusaciones de al menos violación de la ley electoral, situación que se ha arrastrado y que podría terminar con una condena en su contra.

Al respecto, la oposición la ha tenido fácil con la denuncia que la reforma busca una cuota de impunidad ante las acusaciones de corrupción, al menos mientras sea electo, en lo que se llama la “solución francesa”, por Jacques Chirac, quien pudo evitar ser condenado mientras ejerció un cargo de primer ministro o presidente.

Para maximizar la representación, Israel tiene un sistema electoral muy disfuncional que genera inestabilidad y no logra generar las mayorías que permitan un gobierno estable, parte importante de los problemas que vive el país y en el vacío resultante. La Corte Suprema ha adquirido un protagonismo no buscado, resolviendo problemas que, en otros países, son de resorte político.

Un nuevo sistema electoral, una distribución de poder más acorde a los tiempos, y una definición consensuada acerca de la relación entre los poderes del Estado son algunos de los temas no solo necesarios, sino imprescindibles a resolver. Antes no había existido esta oportunidad. Tan simple como eso. Y, de hecho, un acuerdo para una constitución escrita podría resolver los problemas que llevaron a Israel a la crisis actual.

Una constitución que sería además legitimada por la existencia de un texto, aprobado o rechazado en un plebiscito o referéndum convocado con este único propósito.

La lección para Israel es la misma para toda otra democracia, sea Estados Unidos, Israel o Chile, en el sentido que las grandes reformas requieren consensos que superan a los pocos o muchos votos obtenidos en una elección, sea para el poder político o para una convención constitucional.

Una elección, cualesquiera sean las promesas que permitieron el triunfo electoral, permite formar gobierno, pero de ninguna manera sin consensos básicos se puede imponer la reforma de un poder del estado al resto de la sociedad.

De la misma forma, a quienes les disgusta un gobierno o un líder determinado, no pueden pretender que la protesta callejera acabe con esa gestión, es decir, lo que no se pudo obtener en una votación, el acto de legitimación por excelencia de un gobierno en una democracia.

En conclusión, o, en resumen, toda salida debe partir de la base que nunca hay que dejar de escuchar al pueblo, ya que tal como lo dijera Winston Churchill “la democracia es la necesidad de doblegarse a las opiniones de los demás”.

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