Eugenio Zaffaroni había sido seleccionado como jurado para actuar en el concurso que debía elegir al nuevo Fiscal Anticorrupción de Entre Ríos.

Tras esta designación, la asociación REJIA presentó una impugnación. Dentro de las razones esgrimidas estaba la vinculación del ex magistrado con el kirchnerismo, haber actuado como asesor del ex gobernador Sergio Urribarri (condenado por corrupción) y ser uno de los defensores de la existencia del LawFare.

En paralelo, se montó una campaña en Chance.Org para juntar firmas que respalden la moción contra el ex ministro de la Corte Suprema. El objetivo eran 150 mil rúbricas. Al mediodía iban algo más de 80 mil.

En el Gobierno y en la Justicia de Entre Ríos se sabía que la presentación de REJIA no tenía asidero. En primer lugar, la asociación no tenía legitimación activa para participar del proceso. Además, no se puede descartar a un jurista por sus opiniones o su actuación profesional.

Pero en medio de la polémica, Zaffaroni dió un paso al costado. Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el ex juez hizo llegar a las autoridades del Consejo de la Magistratura su excusación debido a que no estará en el país para evaluar a los concursantes.

Las razones del “no” de Zaffaroni, en realidad, son otras. Operadores judiciales vinculados al ex magistrado comentaron a este medio la molestia que tenía por las desprolijidades del proceso. Además les hizo saber que “no estaba al tanto de la designación” y que “no iba a formar parte de ningún jurado porque ya no quiere ganarse más enemigos”.

El Consejo de la Magistratura llamó a concurso para cubrir el cargo de Fiscal Anticorrupción titular y adjunto y dos fiscalías inferiores en la capital Paraná y Concordia, la segunda ciudad de la provincia.

El cargo había sido creado en la reforma constitucional de 2008, pero la Legislatura no reglamentó el instituto hasta 2022. En el interín, la ex procuradora adjunta Cecilia Goyeneche recibió de su superior, el procurador Jorge García, una designación administrativa para actuar en delitos contra la administración pública.

Goyeneche fue destituida por mal desempeño por un Jury. La decisión fue confirmada por el Superior Tribunal y ahora el caso llegó a la Corte.

Tras la salida de Goyeneche, el gobernador Gustavo Bordet apuró en la Legislatura el tratamiento de la reglamentación. Pese a las quejas de la oposición, la mayoría justicialista no tuvo mayores inconvenientes en sancionar la norma.

La intención de Bordet era que los nombres para la estructura de la Fiscalía estén definidos por el Consejo antes de terminar 2022. Pero el concurso se empantanó.

Hubo impugnaciones al procedimiento cuando el registro de participantes estaba cerrado. Y renuncias sucesivas de seis abogados que debían ser jurados en representación de la abogacía en el concurso.

En los pasillos de Tribunales vinculan lo que está ocurriendo con la puja abierta en la Justicia provincial tras el desplazamiento de Goyeneche y el declive del poder que el Ministerio Público Fiscal tenía en la estructura judicial.

La puja es por quién y cuándo define la integración de la Fiscalía Anticorrupción. En un lado de la soga están quienes tiran para que sea Bordet quien tenga la lapicera en ese momento y del otro los que apuestan a un cambio de signo político a partir de diciembre para hacer borrón y cuenta nueva.

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