A comienzos de enero de 2021, una joven porteña de 17 años, estudiante de colegio secundario, se topó con una solicitud de amistad en su cuenta de Instagram. Quien se la enviaba tenía su rostro en la foto de perfil, además de su nombre. La chica lo aceptó y comenzaron una conversación que duró varios días y, poco a poco, subió de tono en términos sexuales. El hombre, cinco años mayor que ella, le envió fotos íntimas y le pidió que hiciera lo mismo. El 24 de enero de ese año, la menor aceptó y le envió tres videos.

En ese momento, la menor no lo sabía, pero acababa de ingresar en un infierno de amenazas, acoso, presiones e, incluso, abusos sexuales.

Luego de recibir ese material, el hombre de 25 años, identificado como V.A. en el expediente, comenzó a exigirle a la menor que le enviara más material. La chica se negó y el hombre enfureció. Ella intentó terminar la breve relación virtual, pero fue imposible. El acosador la amenazó con distribuir los videos entre sus familiares y amigos. En poco tiempo había conseguido mucha información: sabía a qué colegio iba, tenía las redes sociales de sus compañeros de curso, conocía el lugar donde estudiaba danza y había conseguido el teléfono de sus padres.

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La amenaza fue tan clara como cruel desde el principio: “A partir de ahora, me obedecés. Si pasan 10 minutos y no me respondés, castigo. Y ese castigo es que un familiar tuyo se entere. Así vas a aprender a ser una puta obediente, el dolor te va a ayudar”.

El acosador le hizo saber desde el principio que tenía información de ella. Le envió capturas de las cuentas de Instagram de sus amigos y de su familia. La menor tuvo miedo. No supo qué hacer. No quiso contarle a nadie lo que estaba viviendo. Tampoco bloqueó al acosador.

Entonces, no tuvo más remedio que obedecer. Pero, como suele suceder en estos casos, la obediencia no calmó al acosador, sino todo lo contrario.

El 25 de enero de ese 2021, el hombre volvió a contactarse con la menor. Los mensajes eran constantes y dejaron de ser meras amenazas para convertirse en un acoso insoportable y con exigencias aberrantes: “Yo soy bueno y vos sos mala. Ahora quiero buenos videos. Quiero que aparezca esta amiga ( le envía la foto de una compañera de colegio). Quiero que participe ella también. Y me contestas cada vez que te hablo, no me importa lo que estés haciendo. Sos una puta muy mala y voy a castigarte. ¿Ves de lo que soy capaz?. Te voy a hacer la vida imposible. Respondé, puta malagradecida”.

Mientras esto pasaba en la virtualidad, en la vida real, la menor intentaba disimular como podía el calvario que estaba viviendo. Trataba de no mostrarse angustiada, aunque la situación se volvía cada vez más insostenible. Sobre todo, con lo que sucedió una tarde de finales de enero. El hombre la obligó a tocar sus partes íntimas con un objeto.

“Hacé el video como te dije. Lee bien el chat y seguí las instrucciones o le cuento a tu papá. Toma un peine y chúpalo. Decí y hace lo que te digo. Dejá de dar vueltas. Andá al baño a hacerlo y que se vea todo tu cuerpo desnudo y tu carita. Dale, hacelo con más ganas. Y que los videos permanezcan en el chat, que no desaparezcan. Te quiero en el baño perreando, un perreo bien caliente”.

Finalmente, por la terrible presión del acosador y el miedo a que se difundieran sus videos, la menor aceptó el pedido. Aunque, por suerte, fue el último.

Durante los primeros días de febrero, la menor no soportó más y le contó a sus padres lo que sucedía. Inmediatamente, el papá de la menor hizo la denuncia y comenzó una investigación de la que participó la fiscal Daniela Dupuy, y la jueza Karina Andrade.

La presentación de la familia de la menor incluyó 43 capturas de pantalla y se peritó el celular de la chica para poder llegar hasta el acosador. Finalmente, se logró ubicar al hombre, que vivía con sus padres en un departamento sobre la calle Pichincha, en Constitución.

Luego de una investigación de casi dos años, la fiscalía pactó un juicio abreviado en el que el acusado aceptó su culpabilidad y accedió a ser condenado a un año de prisión por grooming.

Sin embargo, cuando ese juicio abreviado llegó a manos de la jueza Andrade para su homologación, se produjo un cambio sustancial e innovador. La magistrada consideró que la calificación no era la de grooming, sino la de abuso sexual simple bajo modalidad coactiva.

Es decir, como el hombre obligó a la chica a tocarse en contra de su voluntad, la jueza consideró la situación como abuso sexual, a pesar de que no existió un contacto físico entre ellos.

Andrade lo explicó así en su fallo, al que Infobae accedió en forma completa: “Considero que el suceso analizado involucró al uso de coacciones por parte de V.A. para que la damnificada realizara material con contenido sexual, involucrando diversos tocamientos en sus partes íntimas, más allá de que en la conducta aludida intervinieron medios de comunicación electrónicos, lo que no obsta a la configuración del tipo penal”.

Sin embargo, la jueza sí mantuvo la pena de un año en suspenso, sin que V.A vaya a la cárcel. También especificó la obligación para el condenado a que se presente en el juzgado cuando se lo requiera, que haga un curso sobre el delito que cometió y no pueda acercarse a su víctima ni a su familia de ninguna manera.

Por último, según informó la Oficina de Información Judicial del Consejo de la Magistratura CABA, la Justicia ordenó que al hombre se le extraiga material genético y se lo incluya en el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con Delitos contra la Integridad Sexual.

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