Tras la sonora controversia que generó hace un par de meses el rechazo al megaproyecto minero Dominga, el gobierno de Gabriel Boric se enfrentó a un nuevo dilema en el que chocan progreso y medio ambiente, y esta vez optó por aprobar por unanimidad -pero con condiciones- la construcción de una extensión del yacimiento de cobre llamado Los Bronces Integrado, que operará en la cordillera de Los Andes entre las regiones Metropolitana y de Valparaíso, y que pertenece a la empresa Anglo American.

La decisión la tomó el Comité de Ministros, instancia presidida por la ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas, y en la práctica significa que el yacimiento podrá extender en 14 años su vida útil y sostener su actuales niveles de elaboración con una producción de más de 150.000 toneladas métricas de cobre fino al año.

“Tras estudiar los antecedentes técnicos y jurídicos, el CM decidió aprobar el proyecto Los Bronces Integrado con una serie de exigentes condiciones ambientales que elevarán los estándares en relación al resguardo de la salud de la población derivada de las emisiones atmosféricas, además de medidas que permiten un riguroso seguimiento y monitoreo del recurso hídrico, las especies protegidas de flora y fauna próximas al proyecto y glaciares circundantes”, indicó en un comunicado el ministerio del Medio Ambiente.

El proyecto, cuya inversión asciende a USD 3.000 millones, ya había sido rechazo en mayo del año pasado por el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, que estableció que la extensión no se hacía cargo del impacto atmosférico en relación a la calidad del aire. También consideró como insuficiente la información que permitiera descartar el riesgo a la salud de la población.

De igual modo, el gobierno de Boric plasmó una serie de condiciones para darle viabilidad a la nueva etapa del yacimiento. La principal tiene que ver con compensación de emisiones atmosféricas y obras asociadas como la pavimentación de todos los caminos empleados en el proyecto. Además, se impusieron condiciones asociadas a glaciares y en relación a los componentes hídricos, y del cuidado de la flora y fauna.

Pese a ello, diversos grupos ambientalistas rechazaron la aprobación del proyecto y acusaron al gobierno de Boric no respetar los compromisos que adquirió durante la campaña presidencial. “Es una noticia muy preocupante porque supone una contradicción inmediata con el compromiso medioambiental que había tomado este gobierno de Gabriel Boric en términos de proteger el agua, los glaciares y la calidad de vida”, dijo Matías Asun, director nacional de Greenpeace en Chile.

Por su parte, organizaciones de la sociedad civil anunciaron que recurrirán al Tribunal Ambiental para intentar revertir la aprobación, mientras que la directora de la Fundacion Terram, Flavia Liberona, declaró en Radio Bío-Bío que “ninguna exigencia o condición va a reparar el daño que la ampliación de la mina causará en glaciares y la biodiversidad”.

Desde la otra vereda, los gremios vinculados con la actividad minera celebraron la aprobación y la calificaron “como una buena noticia”, sobre todo considerando Chile es el principal productor de cobre de todo el planeta y buena parte de su economía depende del metal rojo. “Es una señal potente para la minería e inversionistas”, dijo Cristian Argandoña, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

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