Bruselas (Euractiv.com/.es) – Una norma de la Unión Europea (UE) destinada a acabar con el “lavado de imagen verde” de las empresas podría acabar premiando más a los vendedores de pollos y huevos importados criados de manera industrial que a las alternativas locales y ecológicas, según denuncian varios grupos de presión.

La Comisión Europea propuso una Directiva sobre Alegaciones Verdes en 2023, que forma parte del paquete de medidas sobre el Pacto Verde, para acabar con la información engañosa sobre productos supuestamente respetuosos con el clima, exigiendo a las empresas que respalden sus credenciales ecológicas con la verificación de terceros.

Una vez aprobadas, las normas se aplicarían a todos los bienes y servicios vendidos en la UE, incluidos los productos agrícolas. No obstante, la legislación que está a punto de aprobarse, podría acabar otorgando a los huevos y la carne de vacuno criados en fábricas una calificación superior a la de las alternativas ecológicas.

A partir de ahora, en una probable fase final de negociaciones a tres bandas entre el Parlamento Europeo y el Consejo, aumenta la inquietud por la posibilidad de que el texto acordado se debilite en el contexto de un cambio político más profundo que dé prioridad a la competitividad de las empresas.

Según fuentes del Parlamento Europeo, los negociadores del Consejo están presionando para que la Huella Ambiental de Producto (PEF) sea el único método para evaluar el impacto ambiental, una medida que, según los críticos, podría perjudicar a determinados modelos agrícolas.

La próxima ronda de negociaciones tendrá lugar probablemente a mediados de junio.

Un sistema de cálculo controvertido

Los críticos con la medida sostienen que el sistema PEF, basado en evaluaciones del ciclo de vida por kilogramo, distorsiona el impacto de la agricultura al ignorar cuestiones clave en la producción de alimentos, sobre todo para el ganado y los productos derivados de animales.

Etiquetas ecológicas como la francesa “Planet Score”, que aparece en los envases de los alimentos para calificar su impacto ambiental, figuran entre quienes han lanzado la voz de alarma.

En ese sentido, Sabine Bonnot, responsable científica de Planet Score, asegura que las negociaciones en curso son un «desastre tecnocrático» para el sector agrícola.

Según Bonnot, Bruselas ha optado por un sistema de etiquetado «de talla única» en lugar de apostar por más ambición medioambiental. En ese sentido, señala que el método PEF calificaría a las ovejas alimentadas con hierba de la UE como «siete veces más dañinas» que los pollos criados de manera industrial en Brasil.

El sector ganadero francés también ha criticado la propuesta.

En declaraciones a Euractiv, el presidente de la federación francesa de ganado vacuno, y vicepresidente del poderoso sindicato agrícola francés FNSEA, Patrick Bénézit, tachó el texto de «absurdo».

Bénézit lamentó que el PEF sólo tenga en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero del ganado, entre ellas vacas y ovejas, y pase por alto el potencial de almacenamiento de carbono de las praderas en las que pastan.

«El PEF puede diferenciar el impacto medioambiental entre categorías de alimentos, pero no es capaz de distinguirlo dentro de ellas», comenta Enzo Di Rosan, fundador de la etiqueta alimentaria «Who’s the boss» en Italia, al tiempo que subraya que ese sistema podría clasificar los huevos de gallinas de criaderos industriales con mejores notas que las de alternativas camperas u orgánicas.

Según el sector ganadero, los ganaderos europeos también podrían ser más vulnerables a la competencia internacional.

La carne de vacuno francesa procedente de la ganadería extensiva podría tener un impacto similar al de «la carne de vacuno procedente de un sistema de cebaderos estadounidense en el que los animales son alimentados con Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y harinas animales, con promotores del crecimiento y pastoreo cero», señala Bénézit.

Rechazo de la comunidad científica

Las instituciones académicas también han cuestionado la base científica del uso exclusivo del PEF.

Investigadores del Instituto Francés de Investigación Agrícola (INRAE) y del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) advirtieron recientemente contra la intención de la UE de normalizar la evaluación ambiental de los productos mediante una estrategia única.

«El PEF reduce las evaluaciones agroalimentarias a una señal simplista que promueve los productos vegetales sin diferenciar entre sistemas de producción», según se asegura en un análisis publicado el pasado mes de abril.

En su opinión, imponerlo como único método «obstaculizaría la innovación, distorsionaría la competencia y socavaría la credibilidad de la información medioambiental».

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(Editado por SM/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Berlín (Euractiv.de/.es) – El partido alemán Los Verdes, en la oposición, ha instado esta semana al gobierno del canciller, Friedrich Merz (CDU/PPE), a asignar urgentemente fondos para la adaptación al cambio climático después de la publicación de un informe de la agencia meteorológica nacional en el cual se alerta de que esta primavera ha sido una de las más secas y cálidas desde que se tienen registros en el país europeo.

En un borrador de propuesta al cual ha tenido acceso Euractiv-Berlín, el grupo parlamentario de los Verdes pide al gobierno de coalición de la CDU y el Partido Socialdemócrata (SPD/S&D) que «proporcione la base financiera necesaria tanto para las medidas locales que se requieran como para la tarea conjunta de adaptación climática», y que active los planes ya recogidos en las estrategias nacionales sobre agua y adaptación climática.

En la propuesta se pide además reforzar las medidas de protección contra el calor en el sector sanitario y en los puestos de trabajo, al tiempo que se subraya la necesidad de «tener en cuenta las consecuencias que las sequías recurrentes tienen para la movilidad de las personas y el transporte de mercancías».

El Servicio Meteorológico Alemán (DWD) publicó el viernes (30 de mayo) datos de la primavera de 2025, que calificó como «demasiado cálida, muy seca y con muchas horas de sol».

La temperatura media registrada fue de 9,8°C (1,9°C superior a la media del periodo 1961-1990) y 0,7°C por encima de la del periodo 1991-2020.

Por otro lado, los niveles de precipitación fueron un 48% y un 44% inferiores a los de esos periodos respectivos, lo que la convierte en la primavera más seca desde 2011 y la sitúa entre las tres más secas jamás registradas en el país.

En relación con los resultados del informe del DWD, los Verdes aseguran que Alemania está pagando un elevado precio, ya que «el transporte fluvial, las granjas y las panaderías por igual [están] sufriendo por la carga de la sequía».

Todos esos elementos conjugados darán como resultado «precios más altos de la gasolina, la cerveza, el pan y otros productos cotidianos», se apunta en la propuesta.

Por otra parte, los Verdes recuerdan los recientes incendios forestales registrados en el país –un problema más frecuente en los países del sur de Europa- y subrayan los riesgos para la salud que supone el calor extremo, sobre todo para una población cada vez más envejecida.

El bajo caudal de los grandes ríos alemanes, entre ellos el Rin, el Elba y el Danubio ha ocupado los titulares de las noticias en las últimas semanas, al igual que las advertencias de agricultores y científicos sobre el probable impacto de la desecación del suelo en los cultivos de primavera.

En ese sentido, el ministro alemán de Clima y Medio Ambiente, Carsten Schneider, expresó esta semana su gran preocupación por la magnitud de la sequía, bastante inusual en Alemania.

La propuesta de los Verdes será debatida en el Bundestag el próximo 6 de junio.

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(Editado por RH/AW/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com/.es) –  La Comisión Europea ha identificado a 44 grandes productores de petróleo y gas para que colaboren en el objetivo de la Unión Europea (UE) de almacenar 50 millones de toneladas anuales de CO2 subterráneos de aquí a 2030.

El objetivo de los 50 millones de toneladas, fijado en la Ley de Industria Neta Cero, apunta a impulsar las medidas de captura y almacenamiento de CO2 perjudicial para el clima, en un proceso que normalmente se realiza bajo tierra y en yacimientos de gas agotados.

Hasta la fecha no existían normas claras sobre qué empresas petroleras que operan en la UE pagarían la factura.

Las nuevas normas aprobadas el miércoles de esta semana especifican que las empresas que extraigan menos de 610.000 toneladas equivalentes de petróleo entre 2020 y 2023 -o que aporten menos del 5% de la producción total de petróleo crudo y gas natural de la UE- quedarán exentas de la obligación.

¿Podría renacer el gasoducto Nord Stream?

La reanudación de los flujos de Gazprom se ha convertido en una cuestión de «consideraciones económicas» más que de seguridad energética, afirma Jilles van den Beukel, analista de energía del think tank holandés HCSS.

El borrador con el listado de empresas petroleras sujetas a la obligación -o exentas de ella- fue publicado este jueves (22 de mayo) por la tarde.

Las empresas incluidas deberán presentar a la Comisión Europea planes detallados de cumplimiento antes del 30 de junio de 2025.

La Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (IOGP) advirtió en el marco de una consulta pública sobre el proyecto legislativo, que se cerró en abril, de que el plazo era «demasiado corto».

El grupo de presión también expresó su preocupación por el umbral del 5%, alegando que pondría la carga sobre las espaldas de un pequeño número de grandes empresas energéticas o daría lugar a un «aumento injustificado y extraordinario de las obligaciones entre un número limitado de entidades».

En su lugar, defendió que el punto de corte debería ser el 1% de la producción de la UE.

Sin embargo, un umbral menor «podría haber supuesto una mayor carga administrativa para la Comisión Europea y los Estados miembros», aseguró esta semana Hanna Biro, de la Fundación Medioambiental Bellona, al tiempo que añadió  que reduciría su capacidad para hacer cumplir la ley.

Según el reglamento, el punto de corte del 5% pretende «concentrar el esfuerzo administrativo para las autoridades nacionales y para las entidades obligadas en aquellas entidades que, debido a sus actividades significativas en la producción de hidrocarburos, disponen de los medios financieros y técnicos para invertir en el despliegue de emplazamientos de almacenamiento geológico de CO2«.

El tratado sobre la Carta de la Energía, en el punto de mira de los grupos de presión en la UE

España se retiró del Tratado en mayo de 2024, tras considerar que ya no era compatible con los objetivos climáticos de la Unión Europea.

El objetivo de 50 millones de toneladas es «técnicamente viable», destacó Biro.

«Lo que necesitamos es un fuerte apoyo de los Estados miembros para garantizar que los procesos administrativos y la concesión de permisos se desarrollen sin problemas y no se conviertan en cuellos de botella», subrayó.

«Admitimos que es algo ambicioso en un mercado emergente con costes realmente altos, costes iniciales y riesgos elevados. Francamente, para eso existe este objetivo: para romper este ciclo de incertidumbre inversora», puntualizó.

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(Editado por RH/DE/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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