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Los pueblos indígenas de la Amazonía exigen un rol activo en la COP30

María Angélica Troncoso
A falta de dos meses para la cumbre del clima de la ONU (COP30), los pueblos indígenas de la Amazonía exigen ser escuchados en las negociaciones. La petición llega en un momento en el que varios proyectos legislativos en Brasil amenazan sus territorios, ya asediados por las invasiones, la minería ilegal, los madereros y el narcotráfico.
«La selva solo existe gracias a los pueblos indígenas», afirmó la lideresa del pueblo desana, Janete Alves, desde São Gabriel de Cachoeira, en la triple frontera con Colombia y Venezuela.
Según explicó en una entrevista telefónica a EFE, las comunidades amazónicas se están organizando a nivel regional, nacional e internacional para llegar con una posición unificada a la COP30, que se celebrará en noviembre próximo en la ciudad brasileña de Belém (norte).

Tras enfrentar el año pasado la peor sequía y temporada de incendios desde 2010 y sentir una creciente presión sobre sus tierras, relacionadas con intereses económicos, los pueblos originarios reiteran la importancia de su papel para mantener en pie los bosques.
«Estamos articulando con otros pueblos de Brasil y de la Amazonía, porque no va a ser fácil. Queremos mostrar que estamos siendo asediados y que defender la selva es defender la vida», señaló Alves.
Las organizaciones indígenas advierten que su participación no puede ser meramente simbólica. Aunque no tienen derecho a voto en las discusiones, exigen que sus propuestas sean consideradas en las decisiones globales sobre el clima.
La eterna lucha de los «guardianes de la selva»
Datos de la plataforma MapBiomas señalan que, entre 1985 y 2023, apenas el 1,2 % de la vegetación nativa en territorios indígenas fue destruida, frente al 19,9 % registrado en áreas privadas.
Pese a los esfuerzos, los pueblos originarios enfrentan la amenaza constante de mineros ilegales, madereros y narcotraficantes que avanzan sobre sus territorios, muchas veces sin que el Estado logre frenarlos.
A eso se suman las disputas por tierras con grandes hacendados, debido a la falta de regularización de un buen porcentaje de tierras indígenas.

Según datos oficiales, existen 632 territorios indígenas en Brasil. De ese total, 464 están homologados y regularizados, pero 158 se encuentran apenas en proceso de estudio, una etapa que puede extenderse hasta por 40 años, según estudios de la ONG Instituto Socioambiental (ISA).
En el Legislativo, la presión aumenta con proyectos de ley que buscan abrir las tierras indígenas a la minería, al gas, y a permitir la construcción de obras de infraestructura «de interés nacional», entre ellas centrales hidroeléctricas.
Alves recordó que ya existen ejemplos devastadores, como el del pueblo yanomami, en cuyo territorio el mercurio de la minería ilegal envenenó ríos y suelos, generando enfermedades, hambre y muerte, una problemática que aún persiste pese a los esfuerzos del Gobierno por expulsar a los mineros.
La lideresa insistió en que falta apoyo del Ejecutivo para la defensa de sus territorios, pues en la región de Río Negro solo reciben recursos de ONG internacionales, que son utilizados en proyectos.
«Pero esta es una región grande, que necesita de cuidado, de presencia. No está siendo fácil», advirtió.
La base del futuro
La labor de los pueblos originarios en la conservación de la Amazonía es reconocida por organizaciones que trabajan por la conservación del bioma.
La directora adjunta de Imaflora, Patricia Machado, atribuye ese resultado al modo de vida tradicional de esas comunidades.

«Ellos ven la selva como algo que debe estar allí para las próximas generaciones», explicó a EFE.
No obstante, subrayó que falta un reconocimiento más amplio de los servicios ambientales que los indígenas prestan en la Amazonía, ya que «su trabajo impacta a todos» y no solo a quienes viven en la selva.
Entre los programas que coordina Imaflora está Origens Brasil, una red que promueve «relaciones comerciales éticas» entre empresas y comunidades indígenas en la Amazonía, y que en 2024 movilizó más de 8,6 millones de reales (1,6 millones de dólares) en transacciones de productos como nueces de Brasil, caucho, cumarú y artesanías.
Actualmente hay 4.800 productores registrados en la red, que representan a 88 organizaciones y que se relacionan con 41 empresas.
La gestión sostenible de bosques y la cooperación con comunidades locales será uno de los temas centrales del III Foro Latinoamericano de Economía Verde, organizado por la Agencia EFE en São Paulo el próximo 4 de septiembre.
El encuentro reunirá a autoridades y expertos para debatir sobre la crisis climática y cuenta con el patrocinio de ApexBrasil, Norte Energía y Lots Group, así como el apoyo de IBMEC, el Observatorio del Clima e Imaflora. EFE
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La Agencia EFE celebra en São Paulo el III Foro Latinoamericano de Economía Verde

La Agencia EFE celebra este jueves en São Paulo la tercera edición del Foro Latinoamericano de Economía Verde (FLEV), un espacio de diálogo y análisis que abordará los retos del desarrollo sostenible en la región.
El encuentro reúne a representantes del sector público y privado, del ámbito académico y de la sociedad civil, y tendrá lugar apenas dos meses antes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), prevista para noviembre en Belém, en pleno corazón de la Amazonía (norte).
El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, subrayó que por preceder a la COP30, el FLEV «se convierte en una antesala estratégica para analizar propuestas, plantear alianzas o liderar la transición ecológica glocal».
«La tercera edición del FLEV, auspiciada con gran responsabilidad por la Agencia EFE, se consolida, en un momento clave para la región y el planeta, como un privilegiado espacio de diálogo, tan necesario en estos tiempos de polarización, negacionismo o bulos», afirmó Oliver, quien inaugurará el encuentro.
Los debates de Belém permearán todo el programa del FLEV y estarán presentes en el discurso que realizará la directora ejecutiva de la COP30, Ana Toni, mediante un vídeo durante la apertura del foro.

La cita contará con cinco paneles temáticos cuyos debates girarán en torno a temas como la transición energética y la descarbonización, la gestión de bosques, la agricultura sostenible, la gestión de aguas y residuos, y el mercado de carbono y bonos verdes.
Entre las novedades en esta tercera edición, destaca un espacio de participación que permitirá a ciudadanos de a pie de toda América Latina transmitir sus dudas sobre el cambio climático, energías limpias y financiamiento de una economía verde inclusiva a un panel de expertos.
Para responder a estas inquietudes, figuran personalidades como Manuel Pulgar-Vidal, exministro peruano de Medio Ambiente, líder global de Clima y Energía de WWF Internacional y uno de los arquitectos del Acuerdo de París, así como el representante residente del PNUD en Brasil, Claudio Providas.
También estará presente Márcio Astrini, secretario ejecutivo de Observatorio del Clima, la principal red de organizaciones de la sociedad civil dedicadas al cuidado del medio ambiente de Brasil.
Además, el foro incluirá unas píldoras informativas creadas por Efeverifica, la unidad de verificación de la Agencia EFE, destinadas a desmontar los bulos más perniciosos en torno al cambio climático.
El III FLEV cuenta con el patrocinio de ApexBrasil, la agencia de promoción de las exportaciones e inversiones de Brasil; Norte Energia, concesionaria de la central hidroeléctrica de Belo Monte y Lots Group, empresa que aporta soluciones para la descarbonización del sector de la logística.
También cuenta con la colaboración de Imaflora, del Observatorio del Clima y de la universidad IBMEC, en cuyo auditorio se celebra el encuentro. EFE
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La sombra del lobby petrolero acecha la cumbre mundial del clima de Belém

Organizaciones medioambientales temen que la próxima cumbre del clima de la ONU (COP30), que se celebrará en noviembre en la brasileña Belém (norte), se convierta en una vitrina comercial del lobby petrolero, que viene incrementando su presencia en las últimas ediciones de la cita.
El sector de combustibles fósiles defiende una controvertida tecnología para reducir sus emisiones: los sistemas de Captura, Utilización y Almacenamiento de Carbono (CCUS, por sus siglas en inglés), que los ambientalistas tachan de «falsa solución».
Los defensores de esta fórmula, sobre todo empresas petroleras, cada vez son más numerosos en las cumbres climáticas.

Según datos del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL, por sus siglas en inglés), el número de lobistas pro CCUS acreditados para la COP28 de Dubái llegó a 475, número que subió a 480 en la COP29 de Bakú.
La COP desembarca ahora en Brasil, una potencia verde, hogar de biomas como la Amazonía o el Pantanal, pero también petrolera.
El país suramericano ya está entre los diez mayores productores mundiales de crudo, según cifras de 2024 divulgadas por el Instituto Brasileño de Petróleo y Gas.
Rachel Kennerley, responsable de la campaña internacional sobre Captura de Carbono del CIEL, espera «una delegación considerable de lobistas de Captura y Almacenamiento de Carbono en la COP30, a pesar del historial de fracasos de esta tecnología».
«Este nivel de presión es preocupante, aunque no sorprende, ya que la tecnología CCUS representa una tabla de salvación para las industrias del carbón, el petróleo y el gas, que buscan maneras fantasiosas de evitar una acción climática efectiva», afirma a EFE.
¿Qué es CCUS?
Se trata de un conjunto de tecnologías que buscan reducir las emisiones de dióxido de carbono. Hay cuatro etapas en ese proceso.
Para capturar el CO2, se separa de los demás gases en grandes instalaciones industriales o directamente de la atmósfera. Después, se puede comprimir y transportar a través de conductos o barcos. Finalmente, se almacena en formaciones geológicas subterráneas o se reutiliza en procesos industriales.
La petrolera estatal brasileña Petrobras asegura que tiene el «mayor» programa de captura de CO2 «del mundo en operación».
«En 2022, batimos el récord mundial de CCUS, según el Global CCS Institute, alcanzando la marca de 10,6 millones de toneladas reinyectadas — lo que equivale a 5.800 millones de m³ de CO2″, apunta la compañía, controlada por el Estado brasileño, pero con acciones en bolsa.
«Un maquillaje verde» para las ONG
Sin embargo, Ilan Zugman, director para América Latina y el Caribe de la ONG 350.org, que integra la red Observatorio del Clima, alerta de que es una tecnología «cara» y «muy peligrosa».
«Se tiene que almacenar en áreas profundas y vigilarlo durante décadas. Existe un riesgo de fuga, de explosiones… Las petroleras quieren seguir con su negocio y ponerse un maquillaje verde», denuncia.
Y aclara que no es lo mismo capturar que reinyectar.
«Petrobras hace mucha reinyección de gas» y lo hace «para mantener la presión interna del yacimiento, y facilitar así que salga más petróleo», explica.
Kennerley critica que «ya hay Gobiernos que están canalizando miles de millones de dólares de fondos públicos hacia las tecnologías CCUS, a pesar de su historial de fracasos», ya que «el 78 % de los proyectos a gran escala han sido cancelados o puestos en pausa».
En este sentido, Zugman apoya que la ONU establezca una política de conflicto de intereses en las cumbres climáticas y limite el número de lobistas del sector de combustibles fósiles.
«Espero que Brasil pueda trabajar con la ONU más de cerca para tener un filtro mejor, porque las COP se convirtieron, hasta cierto punto, en una plataforma de negocios con empresas posicionándose como la solución, cuando son lo contrario», sostiene.
Este tema se tratará en el III Foro Latinoamericano de Economía Verde, que organiza la Agencia EFE en São Paulo el próximo jueves, y que contará con la participación de autoridades, expertos y representantes de empresas.
El evento cuenta con el apoyo de Imaflora, Observatorio del Clima y la universidad IBMEC, y el patrocinio de Norte Energía, de ApexBrasil y de Lots Group. EFE
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La minería brasileña, en la encrucijada entre transición energética y descalabro ambiental

Ailén Desirée Montes
La industria minera de Brasil, con un importante peso en las exportaciones del país, se debate entre el impulso de iniciativas «verdes» en el sector y proyectos de ley que podrían acercarla más al colapso ambiental que a un papel activo en la transición energética.
Ante el auge exponencial de la demanda global y la creciente concentración de la producción mineral en manos de unos pocos, Brasil busca abrir el tablero y consolidarse como un proveedor estratégico a escala mundial.
Y tiene con qué. Las cadenas de suministro globales de varios de los minerales considerados críticos para la transición verde están fuertemente concentrados en el país suramericano, especialmente en el caso del niobio, pues el país produce más del 90 % de su suministro mundial.
Sin embargo, el desafío es hacerlo de forma responsable y, sobre todo, bajo control institucional, en un país que aún sufre las consecuencias de las tragedias de Brumadinho y Mariana, que sumaron casi 300 fallecidos y provocaron un desastre ambiental gigantesco, con ríos contaminados de residuos tóxicos y comunidades desplazadas.
Política nacional de minerales críticos y estratégicos
El Congreso espera aprobar antes de la COP30, que tendrá lugar en noviembre, el texto que regula la política nacional de minerales críticos y estratégicos. Lo anterior tiene como propósito complejizar la matriz productiva y hacer que Brasil pase de ser un mero exportador de materia prima a adquirir la capacidad de transformar las reservas minerales en industrias locales.

Legisladores a favor del proyecto argumentan que el sector minero es de alto riesgo financiero y requiere de grandes inversiones, por lo que es necesario institucionalizar una serie de incentivos a las empresas que colaboren al crecimiento de la industria.
Si bien es cierto que Brasil necesita una política nacional en este ámbito, esta propuesta de ley “está muy lejos” de alcanzar un marco que modifique la matriz productiva del país, según explicó a EFE Maurício Angelo, director del Observatorio de la Minería de Brasil, un laboratorio de ideas integrado por académicos de la actividad extractiva.
El proyecto legislativo busca ampliar los proyectos mineros, en vez de incentivar a los existentes a mejorar sus procesos para ser más responsables y fomentar al desarrollo de la comunidad en la que están insertos.
Según el especialista, no existe nada en esta propuesta que transforme el modelo actual de exportador de materias primas, sino que, por el contrario, lo profundiza. Esto aumenta las desigualdades y el riesgo de mayores impactos socioambientales.
Asimismo, el texto de la propuesta legislativa fue definido entre legisladores “apoyados por la industria minera”, miembros del Gobierno brasileño y empresas interesadas, pero contó con muy poca participación social, según detalló Angelo.
“Este factor no va a contribuir a que la minería sea más responsable, más inclusiva, o que acarree un desarrollo de las ciudades donde opera y el país. A fin de cuentas, la tendencia parece justamente lo opuesto a eso”, aclaró.
Menos rigor en el licenciamiento ambiental
Al mismo tiempo, el Congreso aprobó una propuesta, muy criticada por grupos ambientalistas, que flexibiliza los permisos ambientales para proyectos de infraestructura. En algunos casos, basta con que la empresa se comprometa de palabra a adoptar prácticas sustentables.
El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que ha retomado la agenda ambiental abandonada por su antecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro, vetó parte del proyecto de ley, que ahora regresa a la Cámara. Allí, donde predominan legisladores vinculados al sector agropecuario, se espera que gran parte de los vetos sea rechazada por mayoría absoluta.

La ONG Observatorio del Clima, que agrupa más de 130 organizaciones de la sociedad civil brasileña, declaró que esta propuesta representa “el derrumbe de más de 40 años de construcción de la legislación ambiental”.
En este sentido, la coordinadora de Políticas Públicas de la organización, Suely Araújo, afirmó a EFE que el hecho de que Brasil posea minerales clave para la transición energética no puede significar en «minar el país entero» ni en «aflojar» los controles.
«La transición energética no puede ser una excusa para que Brasil flexibilice los controles ambientales en emprendimientos mineros», sentenció.
Los desafíos para la transición energética serán discutidos en el III Foro Latinoamericano de Economía Verde, que organizará la Agencia EFE en São Paulo este jueves.
El evento, que reunirá a autoridades y expertos para discutir los retos de la crisis climática, está patrocinado por ApexBrasil, la agencia brasileña de promoción de las exportaciones e inversiones, y las empresas Norte Energía y Lots Group, y cuenta con el apoyo de la universidad IBMEC, del Observatorio del Clima y de Imaflora. EFE
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