En la Amazonía brasileña no faltan soluciones, solo dinero para una selva sostenible. La Universidad Federal del Estado de Pará, en cuya capital, Belém, se celebrará la cumbre mundial climática (COP30), desarrolla prototipos de barcos eléctricos para una región que se mueve principalmente con diésel.

Profesores, investigadores y técnicos trabajan juntos en el Centro de Excelencia en Eficiencia Energética de la Amazonía (Ceamazon) por un objetivo común: aplicar la tecnología para mejorar la vida cotidiana de los pueblos del mayor bosque tropical del planeta.

Uno de sus laboratorios de investigación está dedicado a la movilidad eléctrica. En la Amazonía brasileña, una de las regiones más pobres del país, viven cerca de 30 millones de personas, un cuarto de ellas en zonas rurales, según datos oficiales.

Con 16.000 kilómetros de ríos navegables, el transporte fluvial es vital para una región con un déficit histórico de infraestructura y golpeada por la acción humana a través de la minería y la agropecuaria, entre otras actividades.

En este contexto, Ceamazon viene desarrollando proyectos de barcos propulsados con energías renovables.

Un catamarán con baterías de litio y paneles solares

«Desarrollamos desde cero un catamarán eléctrico con capacidad para 25 personas sentadas«, explica a EFE Maria Emília de Lima Tostes, profesora del Instituto de Tecnología de la Universidad Federal de Pará (UFPA) y coordinadora de Ceamazon.

Lo construyeron de aluminio, que es un material más ligero, para así poder cargar las baterías de litio, y le colocaron paneles solares en la cubierta. Tiene una autonomía de ocho horas y ya opera en el campus de la UFPA, en Belém, donde hay distancias de hasta nueve kilómetros.

Al catamarán se le han sumado dos autobuses eléctricos que dan servicio a los alumnos, dando lugar al «primer corredor verde de la Amazonía», explica a EFE Sílvia Cabral, directora de Regulación, Comercialización y Sostenibilidad de la empresa Norte Energía.

El proyecto cuenta con el apoyo de esta última empresa, que opera la hidroeléctrica de Belo Monte, en Pará, y que también invierte en el desarrollo de lanchas rápidas eléctricas, en otra iniciativa de Ceamazon e Ingeniería Naval de la UFPA.

Las llamadas «voadeiras» forman parte del imaginario colectivo de la vida amazónica. Se usan para pescar, transportar pequeñas cargas e ir de casa al trabajo.

Una solución verde, pero también social

En paralelo, Ceamazon también diseña motores eléctricos para sustituir las «rabetas», otra embarcación típica de la región amazónica que se impulsa con un motor a diésel que mueve una hélice.

Con este nuevo formato se reduciría no solo el uso del diésel, que contamina los ríos, principales fuentes de alimentación de muchas comunidades, sino también otros problemas graves de índole social.

Uno de ellos es que estos barcos de hélice a menudo provocan graves accidentes cuando el cabello largo de los pasajeros se enreda en los ejes al descubierto de los motores, produciendo el arranque brusco del cuero cabelludo.

«Con motores eléctricos este problema se reduciría a prácticamente cero«, indica Tostes sobre esta iniciativa respaldada por la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep), órgano vinculado al Gobierno federal.

Tostes y su equipo además están creando, junto con Ingeniería Naval, un barco de atención médica híbrido para cubrir grandes distancias, con la financiación del Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (Senai), entidad privada sin ánimo de lucro.

Y es que, ante la falta de recursos públicos, han llamado más a la puerta de empresas privadas para sacar adelante estas iniciativas, que requieren mucha inversión para llevarlas a gran escala.

«Hay mucha gente preparada y muy capacitada en la Amazonía, pero falta inversión», señala.

No obstante, Tostes cree que a largo plazo será posible ver un transporte cero emisiones en la Amazonía. Por ello, afirma que la COP30, que comenzará en noviembre, será «fundamental» y confía en que las delegaciones internacionales estén abiertas a ver «la realidad de la Amazonía». EFE

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Bruselas (Euractiv.com) – El comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, considera que China debe gastar más para impulsar la financiación mundial de la lucha contra el cambio climático dado su creciente peso económico, según declaró el alto funcionario a Euractiv este martes.

La Unión Europea (UE) aportó en 2024 más de 30.000 millones de euros a la financiación mundial de la lucha contra el cambio climático, lo cual la coloca a la vanguardia mundial.

China, la segunda economía mundial, no ha contribuido más allá de un apoyo bilateral. Por su parte, los países en desarrollo están presionando para conseguir 1,3 billones de euros, frente a los 100.000 millones de años anteriores, para poder luchar contra esta lacra.

«Lo que es cierto, y no es una afirmación mía, sino de Naciones Unidas, es que, en su opinión, China es un país de renta media-alta. Y han hecho un trabajo asombroso en términos de creación de riqueza», comentó Hoekstra en el marco de un debate sobre política energética y medioambiental organizado por Euractiv en Bruselas.

Con su creciente posición de liderazgo mundial, China, Singapur y los países del Golfo tendrán mayor capacidad para «(…) asegurarnos de que abordamos este problema con mayor eficacia y ponemos más dinero sobre la mesa (…) Europa simplemente no tiene suficiente capacidad financiera para hacerlo por sí sola», aseguró el comisario holandés.

La UE lleva tiempo presionando para que Pekín, que sigue insistiendo en su clasificación de los años 90 como «país en desarrollo», contribuya oficialmente a los parámetros mundiales de financiación de la lucha contra el cambio climático.

El abandono de Estados Unidos del Acuerdo climático de París fue «realmente impactante», señaló Hoekstra. La cuota de China en las emisiones mundiales de CO2 se situaba en esas fechas en torno al 30%, mientras que la de Estados Unidos apenas alcanzaba el 11,5%, añadió.

En la Cumbre del Clima de la ONU celebrada en Nueva York el pasado septiembre, China se comprometió a reducir sus emisiones entre un 7 y un 10% para 2035 respecto a los niveles máximos, sin indicar el año de referencia para ese cálculo. Hoekstra calificó la cifra de «decepcionante».

«Una cifra que potencialmente está por debajo del 10% no sólo tiene enormes implicaciones para China, sino también para la acción climática en el futuro», advirtió el comisario europeo este martes.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com) – El Parlamento Europeo dio este jueves luz verde a la primera norma de la Unión Europea (UE) para la protección y vigilancia del suelo, a pesar de las presiones de Alemania para bloquear la legislación.

Los grupos ecologistas acogieron con satisfacción la nueva normativa, mientras que los representantes agrarios advirtieron de que su aplicación no debe aumentar los costes para los productores.

La medida se aprueba en medio de la creciente preocupación por la degradación generalizada del suelo, que está socavando la producción de alimentos, la calidad del agua y los objetivos climáticos de la UE.

La Comisión Europea propuso la directiva sobre vigilancia del suelo en 2023, tras advertir que alrededor del 60% de los suelos europeos están en mal estado debido a la urbanización, los bajos índices de reciclado de la tierra, las prácticas agrícolas intensivas y el cambio climático.

En su versión final, acordada por los colegisladores (Consejo-Parlamento) el pasado mes de abril, la norma no impone nuevas obligaciones a agricultores o silvicultores, pero exige a los países de la UE que vigilen y mejoren la salud del suelo, fijando el objetivo no vinculante de lograr suelos sanos en todo el bloque para 2050.

Después de que el Consejo respaldara el acuerdo en septiembre, el texto superó la oposición liderada por Berlín que argumentaba que la ley interferiría en las competencias nacionales y crearía una burocracia excesiva. Los eurodiputados le dieron su aprobación final por 341 votos a favor y 220 en contra.

«La salud del suelo es crucial para la sostenibilidad y viabilidad del sector agrícola europeo», afirmó el grupo de reflexión agrícola Farm Europe en un comunicado.

Sin embargo, subraya que la legislación no debe convertirse en una carga para los agricultores, e insta a las autoridades nacionales a «evaluar periódicamente los costes financieros para los agricultores y silvicultores de la mejora de la salud del suelo y la capacidad de recuperación.»

La ONG ecologista Pesticide Action Network Europe mostró su satisfacción y calificó la directiva de «ley muy necesaria y esperada desde hace tiempo» que mejorará «la disponibilidad y comparabilidad de datos clave sobre la salud del suelo».

Sin embargo, «su éxito dependerá de una aplicación eficaz», advirtió la Oficina Europea de Medio Ambiente (OEMA).

La directiva entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, tras lo cual los países de la UE tendrán tres años para aplicarla.

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(Editado por Euractiv.com/Bruselas y Fernando Heller/Euractiv.es)

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