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Global Fishing Watch transforma la gestión de recursos marinos en países de Latinoamérica

La herramienta tecnológica Marine Manager, desarrollada por la organización Global Fishing Watch (GFW), transforma la protección y gestión de los recursos marinos en Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador gracias al procesamiento de grandes volúmenes de datos, desde telemetría de especies hasta la actividad pesquera, lo que permite resguardar las áreas marinas protegidas.
La bióloga Mónica Espinoza, líder de LATAM Global Fishing Watch, trabaja en su computador durante una entrevista con EFE en San José (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas
La plataforma es un mapa interactivo que utiliza la inteligencia artificial y los macrodatos, que junto con el aporte de información científica y de los usuarios brinda una visión integral del mar, que incluye a la telemetría animal que rastrea los movimientos de especies marinas, como tiburones, ballenas y tortugas, así como las capas ambientales para visibilizar los montes submarinos, corales y manglares.
Además incorpora información oceanográfica, como la temperatura del mar y la concentración de oxígeno, para comprender cómo los cambios en el clima afectan los ecosistemas marinos y monitorea la actividad pesquera, para detectar los movimientos de las embarcaciones y hasta posibles actividades ilegales.
«Marine Manager surge como una megaplataforma que permite visualizar todas esas diferentes capas de información de una forma interactiva, lo que permite a los gestores de las áreas marinas protegidas (AMP) monitorear y comprender mejor lo que sucede en estas zonas. Es un paso enorme crear una AMP, pero manejarlas, gestionarlas y monitorearlas es la gran tarea que viene después. Marine Manager apoya estos esfuerzos de los Estados», explicó a EFE la líder de Global Fishing Watch en Latinoamérica, la bióloga Mónica Espinoza.
El Pacífico Este Tropical
La bióloga Mónica Espinoza, líder de LATAM Global Fishing Watch, habla durante una entrevista con EFE en San José (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas
En 2004, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador integraron el Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical (CMAR), una iniciativa única en el mundo que impulsa la conservación y el uso sostenible para una zona que abarca más de 2 millones de kilómetros cuadrados, y actualmente utilizan el mapa interactivo para gestionar sus recursos marinos de forma más coordinada y eficiente.
A través del portal Marine Manager, los administradores del CMAR se apoyan para identificar colectivamente áreas de interés y mejorar la coordinación y el intercambio de información.
Además, este esfuerzo contribuye a alcanzar las metas del acuerdo global 30×30 que busca proteger al menos el 30 % de los océanos del mundo para 2030 y así detener la pérdida acelerada de especies y proteger ecosistemas vitales.
En el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad, que se celebra desde el 21 de octubre en Cali, Colombia, los países del CMAR compartirán su experiencia y éxito utilizando este tipo de herramientas tecnológicas para la protección de los ecosistemas y especies marinas.
Preocupación por la conservación marina
La cooperación regional inició para proteger las Islas Malpelo y Gorgona (Colombia), la Isla Coiba (Panamá), las Islas Galápagos (Ecuador) y la Isla del Coco (Costa Rica). Sin embargo, debido a la creciente preocupación por la conservación marina ahora se ha expandido a nuevos tipos de protección marina.
En los últimos años, las áreas marinas protegidas pasaron de cuatro a 10 sitios, que actualmente cuentan con salvaguardias más sólidas y una mejor conectividad para las múltiples especies e incluye al Distrito de Manejo Integrado Yuruparí-Malpelo y Distrito de Manejo Integrado Lomas y Colinas del Pacífico Norte (ambas de Colombia), el Área de Manejo Marino Bicentenario (Costa Rica) y la Reserva Marina Hermandad (Ecuador).
Uno de los casos de éxito destacados ha sido el plan de manejo de la Isla del Coco, ya que el Gobierno costarricense recibió insumos de Global Fishing Watch para que pudieran diseñar el plan con medidas específicas y utilizar la herramienta Marine Manager como un medio de control y vigilancia.
Como resultado el Área de Conservación Marina Cocos «ha generado su propia información y ha podido identificar cómo, en el primer semestre de 2024, ha disminuido el esfuerzo de pesca aparente (cantidad total de actividad pesquera) en la zona protegida en un 91 %», explicó Espinoza. EFE
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Bruselas impone normas sobre CO2 a los grandes productores europeos de petróleo y gas

Bruselas (Euractiv.com/.es) – La Comisión Europea ha identificado a 44 grandes productores de petróleo y gas para que colaboren en el objetivo de la Unión Europea (UE) de almacenar 50 millones de toneladas anuales de CO2 subterráneos de aquí a 2030.
El objetivo de los 50 millones de toneladas, fijado en la Ley de Industria Neta Cero, apunta a impulsar las medidas de captura y almacenamiento de CO2 perjudicial para el clima, en un proceso que normalmente se realiza bajo tierra y en yacimientos de gas agotados.
Hasta la fecha no existían normas claras sobre qué empresas petroleras que operan en la UE pagarían la factura.
Las nuevas normas aprobadas el miércoles de esta semana especifican que las empresas que extraigan menos de 610.000 toneladas equivalentes de petróleo entre 2020 y 2023 -o que aporten menos del 5% de la producción total de petróleo crudo y gas natural de la UE- quedarán exentas de la obligación.
El borrador con el listado de empresas petroleras sujetas a la obligación -o exentas de ella- fue publicado este jueves (22 de mayo) por la tarde.
Las empresas incluidas deberán presentar a la Comisión Europea planes detallados de cumplimiento antes del 30 de junio de 2025.
La Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (IOGP) advirtió en el marco de una consulta pública sobre el proyecto legislativo, que se cerró en abril, de que el plazo era «demasiado corto».
El grupo de presión también expresó su preocupación por el umbral del 5%, alegando que pondría la carga sobre las espaldas de un pequeño número de grandes empresas energéticas o daría lugar a un «aumento injustificado y extraordinario de las obligaciones entre un número limitado de entidades».
En su lugar, defendió que el punto de corte debería ser el 1% de la producción de la UE.
Sin embargo, un umbral menor «podría haber supuesto una mayor carga administrativa para la Comisión Europea y los Estados miembros», aseguró esta semana Hanna Biro, de la Fundación Medioambiental Bellona, al tiempo que añadió que reduciría su capacidad para hacer cumplir la ley.
Según el reglamento, el punto de corte del 5% pretende «concentrar el esfuerzo administrativo para las autoridades nacionales y para las entidades obligadas en aquellas entidades que, debido a sus actividades significativas en la producción de hidrocarburos, disponen de los medios financieros y técnicos para invertir en el despliegue de emplazamientos de almacenamiento geológico de CO2«.
El objetivo de 50 millones de toneladas es «técnicamente viable», destacó Biro.
«Lo que necesitamos es un fuerte apoyo de los Estados miembros para garantizar que los procesos administrativos y la concesión de permisos se desarrollen sin problemas y no se conviertan en cuellos de botella», subrayó.
«Admitimos que es algo ambicioso en un mercado emergente con costes realmente altos, costes iniciales y riesgos elevados. Francamente, para eso existe este objetivo: para romper este ciclo de incertidumbre inversora», puntualizó.
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(Editado por RH/DE/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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El uso de fungicidas en el vino ecológico abre una brecha norte-sur en la UE

Bruselas (Euractiv.com/.es) – Tras el tintineo veraniego de las copas de vino, en Bruselas se desarrolla un silencioso enfrentamiento político sobre el uso de fungicidas en la viticultura ecológica.
El debate se centra en el fosfonato potásico, un fungicida eficaz contra el mildiú (una enfermedad fúngica) y cuyo uso está restringido en la Unión Europea (UE).
Los países del norte de la UE piden que se amplíe su uso, algo que no parece sentar bien a los países del sur.
El fosfonato potásico, ampliamente utilizado en la agricultura ecológica de Europa Central y Oriental hasta 2013, se considera ahora una alternativa a los fungicidas a base de cobre, cuyo uso está restringido en la UE por motivos medioambientales.
En diciembre pasado, el Grupo de Alto Nivel sobre Política Vitivinícola de la UE respaldó una petición alemana para volver a autorizar el fungicida, con el apoyo de los productores ecológicos de Alemania, Austria, Chequia, Luxemburgo y los Países Bajos , países que se enfrentan a un empeoramiento de las condiciones climáticas que favorecen la aparición de hongos.
La brecha norte-sur
La medida ha provocado una fuerte división norte-sur.
Mientras que los países del norte de Europa abogan por una mayor flexibilidad, los del sur, sobre todo Italia y Francia, advierten de los posibles perjuicios para la confianza de los consumidores y la credibilidad del mercado.
«Los viticultores ecológicos están sometidos a una presión cada vez mayor», explica a Euractiv un portavoz de la Asociación Alemana de Viticultores, al tiempo que recuerda las graves pérdidas de cosechas en 2016, 2021, 2023 y 2024.
La asociación calcula que cerca de 1.000 productores podrían abandonar la viticultura ecológica si no pueden utilizar la molécula.
«Las estrategias tradicionales basadas en el cobre ya no son suficientes. El fosfonato potásico ofrecería una alternativa fiable y equilibrada desde el punto de vista medioambiental», añade la asociación.
La organización italiana de agricultores Coldiretti no está de acuerdo.
Según Coldiretti, la reintroducción de la molécula sería «la primera excepción real a los principios ecológicos […] abriendo potencialmente la puerta a otras excepciones en otros sectores a medida que surjan nuevas dificultades».
Incluso si su uso sigue siendo opcional, los opositores afirman que un retorno parcial podría conducir a una pendiente resbaladiza.
«Trivializaría las normas de la agricultura ecológica», advierte Coldiretti, «cuyo rigor es […] la base de la confianza de los consumidores y del mercado ecológico».
La organización italiana teme además un retroceso en las exportaciones, «ya que los principales mercados extranjeros para los vinos ecológicos europeos no permiten esta molécula en sus normativas ecológicas».
En un informe del Instituto de Investigación de Agricultura Ecológica (FiBL) y de Bio Suisse, al cual ha tenido acceso Euractiv, se señala que «ven más riesgos que oportunidades en relación con la introducción de [fosfonatos de potasio]» en la viticultura ecológica.
Argumentan que va en contra de los principios ecológicos defendidos hasta la fecha, a pesar de los beneficios potenciales en el control de enfermedades y la reducción del uso de cobre.
Las organizaciones instan a consultar a los viticultores antes de tomar una decisión.
Mientras tanto, los brotes de mildiu, las heladas tardías y las lluvias torrenciales en Champaña, Burdeos y el norte de Italia han devastado las últimas cosechas.
Alianzas políticas contra natura, por necesidad
Está previsto que el Grupo de Expertos de Asesoramiento Técnico sobre Producción Ecológica (EGTOP) emita en breve un nuevo dictamen al respecto.
Pero, según ha podido saber Euractiv, las divisiones internas provocadas por la resistencia italiana han paralizado los avances.
Mientras tanto, los partidos políticos alemanes menos proclives a formar alianzas sí se ha unido en torno a esta cuestión.
Christine Schneider, eurodiputada del Partido Popular Europeo (PPE), y Martin Häusling, eurodiputado de Los Verdes, hicieron un llamamiento conjunto poco habitual para «aunar esfuerzos para lograr la reautorización del fosfonato potásico en la viticultura ecológica de la UE».
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(Editado por ADM/DE/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Una queja de Rusia ante la OMC siembra dudas sobre el apoyo a los exportadores de la UE

Bruselas (Euractiv.com/.es) – La primera queja formal, presentada por Rusia, ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por la entrada en vigor del arancel de la Unión Europea (UE) a las importaciones de carbono, basado en la huella de carbono de determinados productos, ha sembrado dudas sobre los futuros planes de apoyo a los exportadores europeos.
Los eurodiputados han rechazado la decisión de Moscú de impugnar formalmente el nuevo arancel de la UE a la importación de carbono (CBAM) y su actual régimen de comercio de derechos de emisión de CO2, en un asunto judicial iniciado ayer, lunes.
«Esta queja es, por supuesto, infundada», comentó este martes el eurodiputado Tiemo Wölken, portavoz de política medioambiental del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), el segundo más fuerte de Estrasburgo tras el grupo del Partido Popular Europeo (PPE).
Se trata de un «intento clásico de intimidar a la Unión Europea una vez más», agregó,
La queja de Moscú ante la OMC se centra en los derechos de emisión de carbono gratuitos que se conceden actualmente a las empresas europeas para disuadirlas de trasladarse a países donde no existe la obligación de pagar por cada tonelada de gas de efecto invernadero emitida.
Esos derechos gratuitos desaparecerán cuando entre en vigor el CBAM el año que viene.
El nuevo sistema impondrá de hecho un precio del carbono a las importaciones mediante la aplicación de una tasa a los productos de altas emisiones, como el cemento y el acero, que entren en la UE.
Los partidos europeos de centro-derecha son partidarios de sustituir los derechos gratuitos por otras medidas que subvencionen a los exportadores de la UE. Está previsto que la Comisión Europea presente propuestas en ese sentido a finales de año.
La denuncia rusa, infundada o no, puede haber llamado la atención sobre ese plan.
Apoyar las exportaciones «no es fácil, porque hay muchos expertos que dicen que esto ya no es compatible con la OMC», comentó Peter Liese, responsable de política medioambiental del PPE.
Wölken asegura que, al igual que la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, presidida por el alemán Bernd Lange (S&D), no ha visto ninguna fórmula de ayuda adicional que no incumpla las normas de la OMC.
Pero si «hay una solución viable… estaremos encantados de estudiarla», subrayó.
En Bruselas se teme que la iniciativa de Rusia ante la OMC anime a otros países, que hasta ahora se han limitado a quejarse en los grupos de trabajo de la organización, a seguir su ejemplo.
«No debemos ofrecer más objetivos con soluciones de exportación jurídicamente dudosas», advirtió Wölken.
Por su parte, Bruselas dijo estar al corriente de la queja rusa pero rechazó la acusación de Moscú de estar violando las normas comerciales mundiales.
«La UE confía en que la CBAM es compatible con la OMC y está dispuesta a defender sus medidas», declaró un portavoz de Bruselas.
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(Editado por RH/AW/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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