Berlín (Euractiv.de/.es) – El partido alemán Los Verdes, en la oposición, ha instado esta semana al gobierno del canciller, Friedrich Merz (CDU/PPE), a asignar urgentemente fondos para la adaptación al cambio climático después de la publicación de un informe de la agencia meteorológica nacional en el cual se alerta de que esta primavera ha sido una de las más secas y cálidas desde que se tienen registros en el país europeo.

En un borrador de propuesta al cual ha tenido acceso Euractiv-Berlín, el grupo parlamentario de los Verdes pide al gobierno de coalición de la CDU y el Partido Socialdemócrata (SPD/S&D) que «proporcione la base financiera necesaria tanto para las medidas locales que se requieran como para la tarea conjunta de adaptación climática», y que active los planes ya recogidos en las estrategias nacionales sobre agua y adaptación climática.

En la propuesta se pide además reforzar las medidas de protección contra el calor en el sector sanitario y en los puestos de trabajo, al tiempo que se subraya la necesidad de «tener en cuenta las consecuencias que las sequías recurrentes tienen para la movilidad de las personas y el transporte de mercancías».

El Servicio Meteorológico Alemán (DWD) publicó el viernes (30 de mayo) datos de la primavera de 2025, que calificó como «demasiado cálida, muy seca y con muchas horas de sol».

La temperatura media registrada fue de 9,8°C (1,9°C superior a la media del periodo 1961-1990) y 0,7°C por encima de la del periodo 1991-2020.

Por otro lado, los niveles de precipitación fueron un 48% y un 44% inferiores a los de esos periodos respectivos, lo que la convierte en la primavera más seca desde 2011 y la sitúa entre las tres más secas jamás registradas en el país.

En relación con los resultados del informe del DWD, los Verdes aseguran que Alemania está pagando un elevado precio, ya que «el transporte fluvial, las granjas y las panaderías por igual [están] sufriendo por la carga de la sequía».

Todos esos elementos conjugados darán como resultado «precios más altos de la gasolina, la cerveza, el pan y otros productos cotidianos», se apunta en la propuesta.

Por otra parte, los Verdes recuerdan los recientes incendios forestales registrados en el país –un problema más frecuente en los países del sur de Europa- y subrayan los riesgos para la salud que supone el calor extremo, sobre todo para una población cada vez más envejecida.

El bajo caudal de los grandes ríos alemanes, entre ellos el Rin, el Elba y el Danubio ha ocupado los titulares de las noticias en las últimas semanas, al igual que las advertencias de agricultores y científicos sobre el probable impacto de la desecación del suelo en los cultivos de primavera.

En ese sentido, el ministro alemán de Clima y Medio Ambiente, Carsten Schneider, expresó esta semana su gran preocupación por la magnitud de la sequía, bastante inusual en Alemania.

La propuesta de los Verdes será debatida en el Bundestag el próximo 6 de junio.

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(Editado por RH/AW/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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La población senior de Canarias, mayores de 55 años, es la que más conectada está y más usa las TIC en toda España, según destaca el estudio realizado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre.

Su director, Juan Fernández Palacios, ha destacado en rueda de prensa que aunque las islas son líderes en población sénior que usa con asiduidad las tecnologías de la información, con un porcentaje que alcanza el 28,4 % de usuarios TIC mayores de 75 años, están «muy lejos de ser ‘age friendly’, ya que en solo tres de los indicadores estudiados están por encima de la media nacional y 19 por debajo.

Si bien Canarias destaca «por su notable avance en plazas de centros de día para mayores, con 1,51 centros por cada 10.000 habitantes, y ha mejorado su tasa de desempleo», sus pensiones tienen «las medias más bajas», ha referido.

En Canarias, los mayores de 55 tienen «uno de los patrimonios en planes de pensiones medios más bajos, de 7.289 euros, y una pensión media de 1.271 euros«.

Aunque en el archipiélago «se están dando pasos hacia adelante para responder al reto del envejecimiento poblacional», ha asegurado que «hay un gran margen de mejora».

El salario medio de los mayores de 55 años es de 26.224,51 euros, la 13º posición entre el resto de comunidades, manteniéndose en la misma posición que en la edición anterior.

En lo relativo a la tasa de actividad, Canarias baja al 30,99 %, un puesto menos desde la edición anterior, y en la tasa de ocupación de mayores de 55 años alcanza el 19,5 %, la 15º posición desde la 14 º de hace un año.

En lo relativo a los servicios, Canarias ocupa la segunda posición en cuanto al número de plazas en centros de día por cada 10.000 habitantes de 65 años o más, con 145,52 plazas, subiendo desde la quinta posición, pero cae al 16ª puesto en lo relativo al número de plazas en centros residenciales por cada 10.000 habitantes de 65 años o más, con un total de 256,81.

También se coloca a la cola como el 15º territorio en relación con la tasa de cobertura de servicios asistenciales a sénior, que se sitúa en un 5,06%.

Esta investigación se basa en la recopilación de más 420 datos de diferentes fuentes oficiales y pretende ofrecer una visión «completa y realista de esta apuesta en términos de empleo, pensiones, participación política o infraestructuras sociales, entre otros».

En esta edición, se ha añadido información sobre el grado de independencia de los sénior, es decir, sobre su capacidad económica, situación de discapacidad y nivel de utilización de las nuevas tecnologías.

«Adaptarse a las necesidades de la población sénior no solo es un desafío social, sino también una oportunidad para el desarrollo económico”, ha apuntado Fernández-Palacios, que considera que este es uno de los grandes retos actuales, ya que en una población de «envejecimiento acelerado» se debe «tener esto en cuenta y trabajar junto con la administración para generar nuevas oportunidades, bienestar y calidad de vida para los mayores».

En 2050, el 50 % de la población en España tendrá más de 55 años, por lo que «será determinante para el futuro del país, que pasa por ellos», que son «parte fundamental del tejido económico, con un gran poder adquisitivo, una participación activa en el consumo y una contribución clave en el mercado laboral».

Este informe busca, ha dicho, «contribuir y sensibilizar para tomar conciencia de la nueva situación en la que estamos como sociedad» en la que «cada vez hay más canas y menos jóvenes».

A nivel nacional, destacan las comunidades del noroeste de España, como Galicia, Asturias, Cantabria o Castilla y León como las más envejecidas, mientras que Baleares, Murcia o Madrid están en el lado opuesto.

Este estudio destaca que en España la población se mantiene sin discapacidades serias hasta los 79 años de media, lo que implica que tiene «una capacidad de contribución importante», especialmente en el número de autónomos que está por encima del 4 %, con «más autónomos de 55 años que personas jóvenes».

El director del Centro de Investigación Ageingnomics ha recalcado que España y Canarias «necesitan a la población sénior en la economía de las empresas» y ha opinado que «si seguimos con la tendencia de pensar que estas personas de 55 a 65 deben estar en casa y descansar, vamos a generar problemas en sectores y actividades» en el medio y largo plazo.

En esa línea, ha resaltado que la población sénior en Canarias es «una generación que no tiene que ver con el estereotipo de persona mayor», ya que son «muy activas, les encanta viajar, tienen inquietudes culturales crecientes y un buen nivel de formación».

En lo económico, ha apuntado que «el 50 % de los mayores de 55 ayuda de forma regular a otros miembros de su familia, por lo que son «base fundamental de la economía» en el archipiélago. EFE

lbl/pcr

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Bruselas (Euractiv.com/.es) –  La Comisión Europea ha identificado a 44 grandes productores de petróleo y gas para que colaboren en el objetivo de la Unión Europea (UE) de almacenar 50 millones de toneladas anuales de CO2 subterráneos de aquí a 2030.

El objetivo de los 50 millones de toneladas, fijado en la Ley de Industria Neta Cero, apunta a impulsar las medidas de captura y almacenamiento de CO2 perjudicial para el clima, en un proceso que normalmente se realiza bajo tierra y en yacimientos de gas agotados.

Hasta la fecha no existían normas claras sobre qué empresas petroleras que operan en la UE pagarían la factura.

Las nuevas normas aprobadas el miércoles de esta semana especifican que las empresas que extraigan menos de 610.000 toneladas equivalentes de petróleo entre 2020 y 2023 -o que aporten menos del 5% de la producción total de petróleo crudo y gas natural de la UE- quedarán exentas de la obligación.

¿Podría renacer el gasoducto Nord Stream?

La reanudación de los flujos de Gazprom se ha convertido en una cuestión de «consideraciones económicas» más que de seguridad energética, afirma Jilles van den Beukel, analista de energía del think tank holandés HCSS.

El borrador con el listado de empresas petroleras sujetas a la obligación -o exentas de ella- fue publicado este jueves (22 de mayo) por la tarde.

Las empresas incluidas deberán presentar a la Comisión Europea planes detallados de cumplimiento antes del 30 de junio de 2025.

La Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (IOGP) advirtió en el marco de una consulta pública sobre el proyecto legislativo, que se cerró en abril, de que el plazo era «demasiado corto».

El grupo de presión también expresó su preocupación por el umbral del 5%, alegando que pondría la carga sobre las espaldas de un pequeño número de grandes empresas energéticas o daría lugar a un «aumento injustificado y extraordinario de las obligaciones entre un número limitado de entidades».

En su lugar, defendió que el punto de corte debería ser el 1% de la producción de la UE.

Sin embargo, un umbral menor «podría haber supuesto una mayor carga administrativa para la Comisión Europea y los Estados miembros», aseguró esta semana Hanna Biro, de la Fundación Medioambiental Bellona, al tiempo que añadió  que reduciría su capacidad para hacer cumplir la ley.

Según el reglamento, el punto de corte del 5% pretende «concentrar el esfuerzo administrativo para las autoridades nacionales y para las entidades obligadas en aquellas entidades que, debido a sus actividades significativas en la producción de hidrocarburos, disponen de los medios financieros y técnicos para invertir en el despliegue de emplazamientos de almacenamiento geológico de CO2«.

El tratado sobre la Carta de la Energía, en el punto de mira de los grupos de presión en la UE

España se retiró del Tratado en mayo de 2024, tras considerar que ya no era compatible con los objetivos climáticos de la Unión Europea.

El objetivo de 50 millones de toneladas es «técnicamente viable», destacó Biro.

«Lo que necesitamos es un fuerte apoyo de los Estados miembros para garantizar que los procesos administrativos y la concesión de permisos se desarrollen sin problemas y no se conviertan en cuellos de botella», subrayó.

«Admitimos que es algo ambicioso en un mercado emergente con costes realmente altos, costes iniciales y riesgos elevados. Francamente, para eso existe este objetivo: para romper este ciclo de incertidumbre inversora», puntualizó.

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(Editado por RH/DE/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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