Mundo Sociedad
10 años de la Ley de la Segunda Oportunidad: avances y retos pendientes con Hacienda y Seguridad Social

(Información remitida por la entidad que la firma:)
La Ley 25/2015, de 28 de julio, conocida como Ley de la Segunda Oportunidad, cumple diez años en España. En este tiempo ha permitido a miles de familias y autónomos rehacer su vida y volver a empezar. A pesar de los avances logrados, sigue pendiente la inclusión de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social, un aspecto clave para alcanzar la equiparación con Europa. El despacho jurídico Atalanta y Abogadas repasa esta década de recorrido y su impacto social en España
La asignatura pendiente de la Ley: las deudas con Hacienda y Seguridad social
Después de una década, la norma sigue arrastrando su mayor limitación: la imposibilidad de cancelar las deudas con Hacienda y Seguridad Social. Mientras estas no se incluyan en la Ley, España no podrá garantizar una verdadera segunda oportunidad para los deudores. La exoneración de estas deudas continúa siendo muy restringida, frente a la cancelación total que sí se permite en la mayoría de países europeos. Como consecuencia, miles de familias y autónomos siguen sin poder empezar de nuevo libres de cargas, lo que agrava su situación de exclusión económica y social.
Diez años de la Ley de la Segunda Oportunidad: balance y cronología en España
Desde su aprobación en 2015, la Ley de la Segunda Oportunidad ha pasado por diferentes reformas y pronunciamientos judiciales que han ido configurando su alcance. Estos son los hitos más relevantes de la última década:
• 2015 → Entra en vigor la Ley 25/2015, publicada en el BOE el 28 de julio e inspirada en modelos europeos, con el objetivo de dar respuesta al sobreendeudamiento de particulares y autónomos.
• 2019 → El Tribunal Supremo abre la puerta a la cancelación parcial de la deuda con Hacienda y la Seguridad Social, siempre que se apruebe un plan de pagos judicial, lo que permite a familias y autónomos aliviar su carga financiera.
• 2020-2021 → La ley empieza a despegar. Tras la crisis post-COVID aumenta el número de personas que se acogen al procedimiento, aunque este sigue siendo complejo y tedioso.
• 2022 → Gran reforma concursal. Se transpone la Directiva europea 2019/1023, se elimina el acuerdo extrajudicial y se crea el concurso sin masa, más rápido y accesible. Sin embargo, se limita la exoneración de deuda pública a 10.000 € con Hacienda y 10.000 € con la Seguridad Social.
• 2023-2024 → Auge sin precedentes. El concurso sin masa permite cancelar deudas en pocos meses. Las solicitudes se disparan y la Ley gana visibilidad pública como vía legal para volver a empezar.
Comparativa de la ley de segunda oportunidad con Europa
• La gran diferencia con Europa: mientras Francia, Alemania, Portugal, Italia, Bélgica y Reino Unido permiten cancelar deuda fiscal, España mantiene fuera de la Ley de la Segunda Oportunidad las deudas con Hacienda y la Seguridad Social
• España: solo permite cancelar hasta 10.000 € en cada organismo, sin opción de plan de pagos judicial.
Diez años después: las grandes preguntas
• Una década después de su aprobación, la Ley de la Segunda Oportunidad sigue dejando abiertas cuestiones clave. ¿Por qué España continúa siendo la excepción en Europa? ¿Cuándo se alineará con los países que ya permiten la cancelación total de las deudas públicas? ¿Existe la esperanza de recuperar el espíritu de la doctrina del Tribunal Supremo de 2019, que supuso un alivio real para miles de familias y autónomos?
Grandes anhelos para 2026: resolver por fin, la asignatura pendiente con hacienda y seguridad social.
«La esperanza sigue viva».
Atalanta y Abogadas especialistas en la ley de la segunda oportunidad.
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Pie de foto: ley segunda oportunidad, cancelación deudas publicas
Autor: Atalanta Y Abogadas
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La movilidad eléctrica, eje de nuevas alianzas tecnológicas entre México y Kazajistán

La movilidad eléctrica se convirtió este viernes en el punto de encuentro de México y Kazajistán para destacar en el Foro Empresarial Kazajo–Mexicano el potencial de las nuevas alianzas tecnológicas y oportunidades de inversión sostenible en ambos países.
Celebrado en la capital mexicana bajo el lema ´Kazajastán: tierra de oportunidades y crecimiento en la nueva realidad´, el encuentro reunió a representantes diplomáticos y empresariales de ambos países con el objetivo de fortalecer la relación comercial, tecnológica y de cooperación.

Durante su intervención, Yerlan Kubashe, consejero de la Embajada de Kazajistán, presentó un panorama del desarrollo económico kazajo tras las reformas implementadas desde 2019, que han impulsado un crecimiento de 6,4 % del PIB, la diversificación energética y la consolidación de un Estado digital.
Kubashe recordó que Kazajistán es el principal productor mundial de uranio, impulsa una transición hacia energías verdes y que más del 50 % de la población es menor de 30 años, entre otras cosas.
“El objetivo estratégico del país es lograr para 2028 una digitalización total, integrando todos los servicios gubernamentales, educativos e industriales”, destacó.
Uno de los proyectos presentados fue Adele Energy, empresa kazaja especializada en estaciones de carga para vehículos eléctricos.
Fundada en 2013, es la única firma de Asia Central que fabrica este tipo de infraestructura y cuenta con tecnología propia en ingeniería, diseño y gestión de redes de carga, “evidenciando”, según sus representantes, el rápido avance del país hacia la movilidad sostenible.
Oportunidades tecnológicas para México
El foro también expuso el proyecto Astana City, una ciudad digital de nueva generación que prevé la participación de empresas mexicanas en áreas como infraestructura tecnológica, exportación de componentes automotrices y aeronáuticos, y capacitación de especialistas.
Carlos Barrera, cónsul honorario de Kazajistán en la Ciudad de México y vicepresidente de Canacintra, destacó que su empresa, con 76 delegaciones en el país, ofrece “un punto coyuntural para que esta relación comercial pueda prosperar».
Finalmente, el embajador de Kazajistán en México, Almurat Turganbekov, reafirmó el compromiso de su país de ampliar la cooperación bilateral en energía, digitalización, innovación e industria. EFE
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Mundo Sociedad
Astrid Pérez ve a Canarias «en soledad absoluta» respecto a las políticas migratorias

La presidenta del Parlamento canario, Astrid Pérez (PP), cree que esta comunidad se encuentra «en absoluta soledad» respecto a la cuestión migratoria y debe «enseñar a Europa y al mundo cuál es la situación real: que está sola y necesita ayuda y una política común en materia migratoria por parte de Europa y del Gobierno español».
Pérez ha hecho estas consideraciones en Arrecife antes de participar en una reunión de un grupo de trabajo sobre migración de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de las Regiones Europeas (CALRE), que aglutina a 69 parlamentos europeos y que preside ella misma.
Además de esta cita, el Castillo de San José ha sido escenario de la grabación de un videpodcast sobre migración en el que han participado representantes institucionales, como el vicepresidente del Parlamento de Bruselas o la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, y expertos en migración.
«Una situación migratoria difícil» en Canarias

«Entendemos que el videopodcast es un buen instrumento para poder llegar a muchísima gente, alzar la voz y decir a Europa que estamos viviendo una situación migratoria difícil y complicada de gestionar por parte de Canarias en solitario», ha referido Pérez.
La presidenta del Parlamento canario ha aludido a la entrada en vigor en Europa, «a mediados de 2026, del Pacto sobre Migración y Asilo, que va a plantear el control de fronteras».
Al respecto, ha dicho que «el Frontex en España no es un instrumento efectivo», si bien ha añadido que «parece que hay un compromiso de que empiece a operar de manera mucho más intensa ahora en la Ruta Atlántica y en España».
«Reparto y solidaridad»
Pérez destaca la necesidad de un «reparto y solidaridad entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea» porque «Canarias no puede seguir tramitando, gestionando y acogiendo en solitario, no solamente mayores inmigrantes, sino también menores no acompañados».
«En este momento tenemos más de 5.000 menores no acompañados, mil de ellos, además, en situación de asilo que estamos gestionando en solitario y supone un sobrecoste importante para nuestras arcas públicas», ha referido.
Por ello, ha confiado en que la aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo «dé soluciones reales a las situaciones que se están viendo en Canarias» y que contribuya a que «se articulen políticas migratorias comunes para que Canarias vea, no solamente un control efectivo de sus fronteras, sino una migración ordenada, porque, en caso contrario», este fenómeno «generará muchas tensiones en su estado de bienestar, vivienda y otras cuestiones».
La dirigente popular sostiene que «los números no engañan: en 2017 llegaron a Canarias 427 migrantes y en 2024, 48.000», algo que ella atribuye a «un cambio de política migratoria».
«Hubo un cambio de Gobierno español en el año 2018 y un cambio en política diplomática y migratoria», ha aseverado.
Volumen de políticas migratorias «enorme» en Canarias
El vicepresidente del Parlamento de Bruselas, Mohamed Ouriagli, se ha referido a la importancia de la solidaridad «entre todos los países europeos para resolver esto» y ha admitido que «el volumen que afecta a Canarias es enorme».
En su opinión, esa solidaridad se debería ver «distribuyendo y haciendo nuevos centros de acogida en otros sitios», ya que no se trata sólo del control de fronteras, sino «también de ir aceptando a esas personas, ir aprendiendo a convivir». EFE
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Mundo Sociedad
«Reclutamiento ético» en Guatemala: un freno a los abusos y a la migración irregular

Diversas organizaciones no gubernamentales impulsan en Guatemala la migración laboral temporal bajo esquemas de «reclutamiento ético», como una alternativa para frenar los flujos irregulares hacia Estados Unidos y romper el ciclo de deudas y prácticas próximas a la trata de personas.
Entidades como CIERTO, un contratista internacional de trabajadores agrícolas, y la Fundación Avina, a través del proyecto ‘Voces Migrantes para el Cambio’, promueven un modelo que prioriza la «migración circular», que consistente en viajar, trabajar de forma regular y retornar con capital a las comunidades de origen.
La directora ejecutiva de CIERTO Guatemala, Cesia Ochoa, explicó a EFE que la diferencia entre una oportunidad legítima y una estafa radica en la asunción de los costos.
«La persona trabajadora no debe pagar por un empleo. En visas como la H-2A y H-2B para Estados Unidos, los costos debe cubrirlos el empleador», afirmó Ochoa.

Sin embargo, en las zonas rurales de Guatemala, intermediarios no regulados -conocidos como «coyotes» o reclutadores fraudulentos- cobran a los campesinos entre 5.000 y 25.000 quetzales (entre 650 y 3.200 dólares) por supuestos trámites de visados.
Esta práctica, identificada como reclutamiento no ético, empuja paradójicamente a la migración irregular.
«Un guatemalteco que ya pagó 25.000 quetzales por una visa temporal de cuatro meses es muy probable que no retorne, sino que permanezca en Estados Unidos de forma irregular porque técnicamente ya pagó un tipo de coyotaje», advirtió Ochoa.
Aunque la demanda de mano de obra guatemalteca en el extranjero es alta, las vías legales resultan insuficientes.
Según datos de CIERTO, el país centroamericano envía aproximadamente 20.000 trabajadores al año bajo programas regulares, frente a una capacidad humana y demanda real que superan las 65.000 personas.
Esta brecha es aprovechada por estructuras criminales. Para contrarrestarlo, CIERTO opera como una agencia de reclutamiento con certificación internacional -IRIS, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y ClearView-, lo que garantiza procesos transparentes y libres de costos para el trabajador.
«Migración tripartita»

Asimismo, se han implementado proyectos piloto de «migración tripartita», que conectan a agricultores guatemaltecos con el mercado laboral del norte de México para su capacitación y, posteriormente, con empleadores en Estados Unidos, elevando así sus estándares de productividad.
Para Sindy Hernández, coordinadora del proyecto ‘Voces Migrantes para el Cambio’, de la Fundación Avina, estas iniciativas son vitales en un escenario donde el Estado no logra cubrir las necesidades básicas de la población.
«Guatemala no les ofrece oportunidades, principalmente económicas, y lo económico es transversal para la educación, la recreación y la salud», señaló Hernández.
La coordinadora denunció además la existencia de un «doble discurso» por parte de los países de destino, especialmente Estados Unidos: mientras exigen una migración «ordenada y segura», las políticas restrictivas y la burocracia limitan la obtención de visados formales.
«Es un escenario de adversidad donde las políticas de rechazo a la migración son cada vez mayores y más agresivas», lamentó Hernández, quien subrayó la necesidad de generar condiciones de inclusión socioeconómica en los países de origen.
El proyecto ‘Voces Migrantes para el Cambio’, apoyado por la cooperación internacional, facilitó en 2025 la creación de la Mesa de Reclutamiento Ético en Guatemala, un espacio inédito para definir estándares de protección laboral.
El objetivo final trasciende el envío de trabajadores y busca garantizar su retorno y reintegración exitosa.
«No miramos a la persona trabajadora como un número, sino como un proyecto de vida que brinda desarrollo a nivel comunitario», remarcó Ochoa. EFE
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