Mundo Política
Tras la condena de Le Pen todos los focos están puestos en su «delfín», Jordan Bardella

París (Euractiv.fr/.es) – Tras el terremoto político provocado este lunes por la condena de Marine Le Pen, su protegido Jordan Bardella está ahora al frente de la dirección del partido de ultraderecha Agrupación Nacional (RN), en una complicada carrera hacia las elecciones presidenciales de 2027.
Jordan Bardella se lo debe todo a Marine Le Pen, y no lo oculta. En 2022, al tomar el timón de RN, el recién nombrado presidente expresó su orgullo de trabajar «con ella», pero «sobre todo, para ella».
Durante su discurso de Año Nuevo a la prensa este enero -cuando las encuestas ya le situaban como el alto cargo más popular entre los miembros del partido RN-, Bardella volvió a atribuir su «popularidad» a su mentora.
Hace sólo unos días, todo parecía ir según lo previsto: Bardella sería primer ministro y Marine Le Pen la sucesora de Emmanuel Macron tras la proyectada victoria de RN en las presidenciales de 2027.
Sin embargo, tras la condena de este lunes a Le Pen por inhabilitación durante cinco años con efecto inmediato, la justicia francesa ha puesto -sin quererlo- a Bardella en el centro de la escena y ha desencadenado una remodelación sin precedentes en el seno de la extrema derecha.
Aunque Le Pen confía todavía en recorrer el «estrecho camino» de un recurso contra la sentencia del 31 de marzo, no tiene ningún control sobre los plazos judiciales.
Por primera vez desde 1981, el RN podría presentarse a unas elecciones presidenciales sin un miembro de la familia Le Pen como candidato.
Y por ahora, nadie parece mejor posicionado que Bardella, de 29 años, del departamento obrero de Seine-Saint-Denis, aunque su imagen cuidadosamente elaborada de «chico del barrio» se haya desmontado en gran medida.
Una «cáscara vacía»
Bardella partió de la nada: «un cascarón vacío», «rígido», alguien que «no lee la prensa ni se mantiene informado», como lo describe Pascal Humeau, su antiguo entrenador de comunicación, en un libro del periodista Tristan Berteloot.
Pero el joven aprende rápido, y posee un atributo crucial para la estrategia de «normalización» de la ultraderecha seguida por Marine Le Pen desde su ruptura con su padre, Jean-Marie.
«No domina los detalles políticos, pero tampoco ha cometido nunca ninguna metedura de pata pública descalificadora», señala Berteloot.
Cabeza electoral en las listas de RN en las elecciones europeas de 2019 y 2024, Bardella tuvo problemas en los debates contra oradores más expertos, y fue derrotado en un duelo televisado con el primer ministro Gabriel Attal el pasado mayo.
Sin embargo, goza de una gran popularidad en redes sociales como TikTok, a la que se adhirió con gran habilidad, y tiene más eco entre los votantes jóvenes que Marine Le Pen.
A Bardella se le ve poco en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo.
«Un total desconocido», bromeó Nathalie Loiseau, eurodiputada de Renovar Europa (liberales), en declaraciones a Euractiv.
Pero se convirtió en presidente del grupo Patriotas por Europa -el mismo grupo que Vox- el pasado julio y ha construido una sólida red en todo el continente.
«Jordan Bardella ha demostrado que, además de juventud, tiene la capacidad y el liderazgo para enfrentarse a cualquier reto político», comenta el eurodiputado español de Vox Jorge Buxadé.
«Bardella tiene la determinación necesaria para liderar la respuesta del pueblo francés», agrega.
¿El futuro de la extrema derecha?
Bardella se afilió a RN a los 17 años, y dejó sus estudios de geografía para dedicarse a la política a tiempo completo.
Era un asiduo de La Cave Saint-Germain, un bar de la parisina Rue des Canettes, conocido punto de encuentro de jóvenes activistas de diversas corrientes de la extrema derecha francesa.
Durante años, Sarah Knafo, hoy eurodiputada y miembro del grupo de extrema derecha Europa de las Naciones Soberanas (ENS), el comentarista prorruso Pierre Gentillet, hoy en la cadena de extrema derecha CNews, y Alexandre Loubet, actualmente diputado de la misma ideología, fueron algunos de los asiduos.
Fue durante esos años cuando Bardella construyó el círculo íntimo que ahora le rodea dentro de la RN, incluido el eurodiputado Pierre-Romain Thionnet.
Al menos en teoría, Bardella exhibe importantes diferencias políticas con su mentora, le Pen.
Apoya en público la lucha de Ucrania contra Rusia, quizá para ganarse a la opinión pública francesa, que sigue simpatizando en gran medida con Kiev.
Mientras Marine Le Pen encarna el lado «social» de la extrema derecha francesa, Bardella ha impulsado la creación de un «Ministerio de Eficiencia Gubernamental», siguiendo el modelo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk, un equipo asesor temporal dirigido por el multimillonario de la tecnología al que la administración Trump ha dado un enorme poder para recortar la plantilla y el gasto del Gobierno.
Tras las decepcionantes elecciones legislativas del verano pasado, en las que RN sufrió una dura derrota tras unos comentarios racistas de algunos de sus candidatos, muchos confiaban en que Bardella iniciara una importante reforma del partido.
Sin embargo, ha mantenido en gran medida la estructura centralizada y vertical de RN. «El liderazgo de Bardella tiene menos que ver con la potenciación colectiva y más con el protagonismo personal», se asegura en Le Monde.
Esa estrategia podría ser arriesgada, ya que varios miembros de la derecha buscarán explotar los problemas legales de RN en los próximos meses.
Sin el «paraguas» protector de Marine Le Pen, ¿tiene Bardella el peso político suficiente para evitar las luchas intestinas dentro del partido? ¿Podrá hacer frente a la competencia de pesos pesados de la derecha como el ministro del Interior, Bruno Retailleau, la sobrina de Le Pen, Marion Maréchal, o incluso Sarah Knafo?
Independientemente del futuro político que le aguarde a Marine Le Pen, la RN llevará el estigma indeleble de su condena del 31 de marzo, socavando su narrativa de supuesta integridad política.
En los años 90, el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen blandía el lema: «Manos limpias, cabeza alta» Afortunadamente para Bardella, ese lema hace tiempo que se dejó de lado.
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[Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]
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Mundo Política
Bruselas, en el punto de mira de la izquierda y de expertos por el posible uso de fondos regionales para defensa

Bruselas (Euractiv.com/.es) – La posibilidad de que la Unión Europea (UE) pueda utilizar una parte de los fondos de desarrollo regional y de cohesión para reforzar al sector de la defensa y a las grandes empresas ha recibido un aluvión de críticas por parte de expertos, eurodiputados de izquierdas y grupos de presión que representan a las PYME europeas.
La Comisión Europea ha presentado este miércoles un plan para trasvasar o redirigir 392.000 millones de euros de los fondos de desarrollo regional, en el marco de la política de cohesión, a las grandes empresas y a la industria europea de defensa, ante el nuevo contexto geopolítico internacional.
Las directrices de financiación de los fondos regionales se diseñaron antes de la pandemia, pero «el mundo ha cambiado significativamente», comentó este miércoles el Comisario de Cohesión, Raffaele Fitto, al tiempo que añadió que la UE se enfrenta a «retos nuevos y más intensos» que van desde la escasez de agua a la defensa y la competitividad.
La propuesta de Bruselas es que los socios de la UE puedan trasvasar los aproximadamente 392.000 millones de euros de financiación vinculados al programa de política de cohesión 2021-2027 para afrontar mejor los nuevos retos, entre ellos la amenaza rusa, el refuerzo a la seguridad de la UE y el desafío de la competitividad.
Con unas condiciones de financiación más generosas, Bruselas confía en aportar una financiación inicial de 16.100 millones de euros para este tipo de proyectos.
Sin embargo, los eurodiputados y los países de la UE tienen que ponerse de acuerdo para permitir los cambios.
Y ya se oyen las primeras voces críticas.
«El Comisario y político nacionalista de derechas Raffaele Fitto… utiliza una peligrosa narrativa que equivale a una malversación de los fondos de cohesión», comentó este miércoles la eurodiputada del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) Sabrina Repp.
La presión para reorientar los fondos de cohesión al sector de la defensa y las grandes empresas es un «hecho preocupante», aseguró Li Andersson, eurodiputada finlandesa de la Alianza de la Izquierda, y quien preside la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento Europeo.
El Comité Europeo de las Regiones (CdR) tiene una opinión similar y teme que la política de cohesión se convierta en «un simple fondo ambulancia utilizado para parchear los efectos secundarios del cambio de prioridades», según ha asegurado su presidenta, Kata Tüttő.
En 2022, según recordó, los fondos se desviaron para acoger a refugiados ucranianos.
El plan de Bruselas «es el pegamento a largo plazo que mantiene unida a la UE», añadió.
Andersson lamentó que «no se preste suficiente atención» a la «cohesión social como parte de la reflexión sobre seguridad».
A pesar de la atención que se presta a las grandes empresas del sector de la defensa y otros sectores electro-intensivos, las PYME aún no han perdido la esperanza.
«Hay que ser conscientes» de que las empresas más pequeñas son actores clave en las nuevas áreas prioritarias, aseguran fuentes del grupo de presión SMEunited, al tiempo que añaden que son «cruciales para las zonas rurales», donde los fondos de cohesión desempeñan un papel esencial.
Los expertos se muestran escépticos
«La Comisión Europea está pasando la pelota a los países de la UE», explica Thomas Schwab, experto de la fundación berlinesa Bertelsman, al tiempo que añade que las capitales nacionales tendrán la dura tarea de «comunicar esto a sus regiones y otras partes interesadas».
Y aunque «alinear la política de cohesión con los objetivos estratégicos de la UE tiene lógica», el presupuesto del plan, de «sólo el 0,3% del PIB de la UE», es insuficiente «especialmente en ámbitos como la defensa o la política industrial», donde se necesita mucho dinero, subraya.
Por su parte, Friedrich Heinemann, profesor del Centro Leibniz de Investigación Económica Europea (ZEW), considera la propuesta «ambivalente», dado que las regiones pueden absorber fácilmente la pérdida de financiación debida al solapamiento con los fondos de recuperación post COVID-19.
«Por otro lado, esta reasignación es delicada desde el punto de vista jurídico y político», añade.
«La política de cohesión se define en los Tratados de la UE como una política basada en el lugar y dirigida a las regiones. Utilizar el dinero de una forma completamente distinta da ahora la impresión de arbitrariedad», agrega.
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[Editado por AW/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]
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Mundo Política
Apelación de Le Pen tras su condena: los siguientes pasos del procedimiento

París (Euractiv.fr/.es) – Aunque un tribunal de París declaró este lunes a la líder «ultra» francesa Marine Le Pen culpable por desviar fondos europeos y cargos de corrupción, ha anunciado que plantará batalla y apelará la decisión de inhabilitarla para ejercer cargo público la cual, si no se revierte, la podría dejar fuera de la carrera con vistas a las elecciones de 2027.
¿Qué impacto tendrá esa decisión en su futuro político?
El tribunal de París condenó a la líder de Agrupación Nacional (RN/Patriotas por Europa/PfE) por malversación de fondos de la UE a cuatro años de prisión, dos de ellos firmes, que podrá cumplir con brazalete electrónico, y le impuso una multa de 100.000 euros.
También la inhabilitó para presentarse como candidata a las elecciones presidenciales de 2027, lo cual provocó revuelo entre sus seguidores y enfado en la extrema derecha francesa y europea, especialmente en su grupo en Estrasburgo, PfE, en el cual milita el español Vox.
¿Cómo funciona la apelación?
Según la legislación francesa, la presentación de un recurso suspende la ejecución de determinadas partes de la sentencia: la pena de prisión y la sanción económica. Pero su inhabilitación para ejercer cargos públicos se mantiene por el momento.
El Tribunal de Apelación de París analizará su caso y ha indicado que podría haber una sentencia para el verano de 2026.
Esto «es un arma de doble filo para Le Pen, que podría recibir una condena mayor o menor», comentó Matthieu Almeras, abogado del Colegio de París.
¿Qué pasará después de la apelación?
Si el Tribunal de Apelación confirma el veredicto inicial, Le Pen tiene la opción de apelar ante el Tribunal de Casación, el máximo tribunal penal de Francia.
El Tribunal de Casación no reexamina los hechos, sino que comprueba si se han seguido correctamente los procedimientos legales. Si se detectan errores de procedimiento, el caso puede volver a un tribunal inferior para un nuevo juicio
El último recurso
Además de las vías nacionales, Le Pen puede plantearse llevar su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
El TEDH examina las violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, para garantizar el derecho a un juicio justo.
Sin embargo, ese paso se suele producir una vez que se han agotado todos los recursos legales nacionales y puede ser un proceso prolongado el cual, si se aplica, podría ocurrir mucho después de 2027.
¿Una vía demasiado rápida?
El veredicto en primera instancia de Le Pen ha suscitado algunas dudas entre los juristas franceses, que cuestionan la velocidad del procedimiento de apelación.
El caso va muy rápido. Si se puede prever que habrá sentencia para el verano de 2026, se trataría de un plazo especialmente corto, dado que el plazo promedio para este tipo de casos es de dos años.
«Este anuncio plantea la cuestión de si el hecho de que una persona -en este caso, la Sra. Le Pen- sea elegible para la presidencia basta para justificar que se le concedan plazos preferentes en comparación con otras personas», señala Almeras.
En ese sentido, el ex primer ministro francés Gabriel Attal, líder del partido Renacimiento en la Asamblea Nacional, subrayó que sería muy difícil justificar que este caso se tratara con un doble rasero, a modo de «privilegio» a Le Pen.
«Todos somos iguales ante la ley», comentó el martes a la prensa en la Asamblea Nacional.
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[Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]
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Mundo Política
La sentencia contra Le Pen reaviva el enfrentamiento con el poder judicial en varios socios de la UE

París/Bruselas (Euractiv.com/.es) – La decisión judicial de inhabilitar a la líder “ultra” francesa Marine Le Pen durante cinco años por malversar fondos de la Unión Europea (UE) ha desencadenado ataques sin precedentes contra el poder judicial en Francia, pero también ha provocado reacciones en otros socios del bloque comunitario.
El lunes (31 de marzo), un tribunal de París condenó a Le Pen (Agrupación Nacional/Patriotas por Europa(PfE) a cuatro años de prisión -dos en suspenso y dos que deberá cumplir con un brazalete electrónico- y le prohibió ejercer cargos políticos durante cinco años por malversar fondos del Parlamento Europeo.
Francia tiene un largo historial de líderes políticos sometidos a escrutinio judicial, aunque esas decisiones suelen ser recibidas con resignación pública en lugar de con indignación.
El caso de Le Pen sin embargo provocó una reacción sin precedentes por su gravedad: la sentencia la excluye de la carrera presidencial de 2027, en la que algunos sondeos la situaban como favorita.
Sus partidarios en el movimiento de extrema derecha europeo –sobre todo en su grupo, PfE, al cual pertenece entre otros Vox- condenaron enérgicamente lo que consideraban una sentencia con motivación política, con el objetivo –aseguraron- de eliminar a una seria aspirante al poder.
El primer ministro ultranacionalista húngaro e inspirador de PfE, Viktor Orbán, inició una “cadena de solidaridad” en X bajo el lema «#JeSuisMarine», mientras que el ministro italiano de Transportes y líder de La Liga, Matteo Salvini, calificó la decisión de «declaración de guerra de Bruselas», y añadió que «quienes temen el juicio de los votantes a menudo buscan consuelo en el juicio de los tribunales.»
El holandés Geert Wilders, líder de la formación ultra Partido por la Libertad (PVV) también respaldó a Le Pen. “Creo en ella», afirmó poco después de conocerse la sentencia, al tiempo que expresó su confianza en que ganará el recurso que interpuso, y «se convertiría en Presidenta de Francia.»
Al otro lado del Atlántico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que la condena de Le Pen – «la principal candidata» (a una supuesta futura victoria)- es un «tema de gran relevancia».
Aunque no condenó directamente la sentencia, Trump comparte con Le Pen las críticas al poder judicial de su país. En repetidas ocasiones ha pedido la destitución de «jueces activistas» cuando las sentencias judiciales le eran desfavorables.
La “retórica” de Trump en ese sentido está considerada un ataque inaceptable en los principales círculos judiciales independientes. Incluso el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, formuló en marzo pasado una inusual reprimenda pública al Republicano.
Un escándalo “muy francés”
Mientras tanto, el Consejo Superior de la Magistratura de Francia emitió el martes -1 de abril- un comunicado en tono similar, en el cual advertía de que las reacciones de apoyo por parte de los seguidores de Le Pen «socavan gravemente la independencia del poder judicial, piedra angular del Estado de Derecho.»
El hecho de que fuera necesaria una medida de gran calado judicial en este caso refleja la gravedad de los delitos, a pesar de que Francia tiene un historial reciente de juicios penales en los que se han visto implicadas destacadas personalidades políticas.
En 2011, el expresidente Jacques Chirac fue declarado culpable de malversación de fondos públicos y se le impuso una pena condicional de dos años.
Más recientemente, el expresidente Nicolas Sarkozy se enfrentó a varios casos judiciales, incluida una condena en 2021 por corrupción y tráfico de influencias.
A principios de este año, la fiscalía francesa solicitó una condena de siete años contra Sarkozy por la presunta financiación de su campaña electoral de 2007 con fondos del fallecido dictador libio Muamar el-Gadafi.
Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine y fundador del partido que más tarde reformaría y lideraría, fue condenado en 1991 y multado por incitar al odio racial por sus comentarios ofensivos sobre el Holocausto.
Con posterioridad se enfrentaría a múltiples condenas por incitación al odio, a lo largo de los años siguientes.
Sin embargo, ninguno de los casos anteriores provocó el revuelo generado tras la sentencia contra Marine Le Pen, ni el poder judicial fue objeto de ataques tan feroces.
Una tendencia creciente en Europa
No obstante, los ataques contra el poder judicial en otros países de Europa no son nada nuevo.
Se han producido ataques en numerosas ocasiones contra la independencia judicial y la separación de poderes, piedra angular de la democracia moderna, en varios socios de la UE.
En Alemania, la formación de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD/Europa de las Naciones Soberanas) se ha enfrentado con frecuencia al poder judicial, especialmente tras perder múltiples batallas legales el año pasado.
El partido no pudo evitar que la agencia federal de inteligencia alemana lo considere “sospechoso” de pertenecer a la extrema derecha.
Tras la sentencia, el colíder de AfD, Tino Chrupalla, alegó parcialidad política.
«Hay que tener en cuenta el momento… estamos en plena campaña electoral europea. Esto también demuestra que hay una motivación política detrás de esto, bastante clara», comentó tras la sentencia.
Italia también se ha visto envuelta en casos similares de choques directos entre el poder judicial y el gobierno.
Ese historial de conflictos se remonta a los años noventa, cuando la investigación contra la corrupción «Manos Limpias» provocó el hundimiento de toda la clase política, y continuó durante la era del fallecido primer ministro Silvio Berlusconi (Forza Italia/PPE).
En 2003, Berlusconi aseguró que los jueces eran unos «perturbados mentales» y «antropológicamente diferentes de la raza humana».
En 2021, el entonces primer ministro checo Andrej Babiš arremetió contra el presidente del Tribunal Constitucional por su supuesta parcialidad, después de que se anularan disposiciones clave de la ley electoral en contra de la voluntad de su gobierno.
Babiš afirmó que el Tribunal intentaba influir en la situación política y perjudicar a su partido.
En Bulgaria, el poder judicial ha sido objeto de constantes ataques políticos durante los últimos 25 años, y los partidos reformistas pro-UE afirman que los magistrados están –de modo indirecto- muy influidos por los políticos.
Recientemente, el Tribunal Constitucional de Bulgaria se enfrentó a una airada reacción política después de que se destaparan irregularidades en el recuento de votos, lo cual obligó a un cambio profundo en el Parlamento y debilitó la coalición gobernante. El ex primer ministro Booko Borissov afirmó que la sentencia fue un intento de derrocar al gobierno y hacer descarrilar las ambiciones del país para entrar a la Eurozona.
Por su parte, el Tribunal Constitucional de Rumanía fue criticado por interferir en las recientes elecciones presidenciales del país, al anular la primera vuelta de los comicios en diciembre del año pasado.
En la primera vuelta ganó el líder ultra Călin Georgescu. Posteriormente se le prohibió presentarse a las elecciones presidenciales por presunto fraude en la financiación de la campaña.
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Aneta Zachova (Praga), Krassen Nikolov (Sofía) y Kjeld Neubert (Bruselas) han colaborado en este artículo.
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[Editado por Owen Morgan/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]
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