Praga (Euractiv.cz) – El líder del partido populista checo ANO, el euroescéptico Andrej Babiš, fue nombrado este martes primer ministro ,tras cuatro años alejado del poder, por el presidente del país centroeuropeo, Petr Pavel.

Está previsto que el gabinete al completo, formado por ANO, el partido de extrema derecha SPD y el partido populista Motoristas, asuman sus cargos dentro de una semana.

Babiš ha presentado su lista de ministros, en la cual no figura el ex eurodiputado Filip Turek, cuyo posible nombramiento suscitó controversia, después de que varios medios de comunicación checos publicaran viejas imágenes que le relacionaban con símbolos nazis y su ex pareja presentara una denuncia penal en su contra por supuesta violación y malos tratos prolongados, acusaciones que el político ha negado.

Esta martes, Pavel señaló que el nombramiento refleja «la voluntad de los votantes», pero recordó a Babiš que es necesario acordar  cuestiones pendientes relacionadas con conflictos de intereses, en especial sus vínculos con el conglomerado Agrofert, que ha recibido importantes subvenciones estatales y de la Unión Europea (UE), a pesar de que fue colocado en fondos fiduciarios durante su anterior mandato.

Por otro lado, Pavel subrayó el difícil entorno geopolítico al que se enfrenta el nuevo gobierno, y recordó que las futuras decisiones del Ejecutivo «no serán agradables para la población» y requerirán tanto visión estratégica como coraje político.

En ese sentido, señaló que no se debería poner en duda la relación de Praga con la UE y la OTAN.

Babiš se comprometió a defender los intereses de los ciudadanos «en casa y en cualquier parte del mundo», al tiempo que añadió que hará «lo máximo para garantizar que la República Checa se convierta en el mejor lugar para vivir de todo nuestro planeta».

Un gobierno euroescéptico

El acuerdo de coalición sitúa a la República Checa en Bruselas como un actor más centrado en impulsar la soberanía nacional que el ideal europeo, más alineada con los gobiernos euroescépticos de la UE, como Eslovaquia y Hungría.

En ese sentido, el nuevo primer ministro checo sostuvo este martes que la UE «tiene límites» y no debe imponer decisiones que crucen las líneas rojas nacionales, aunque confirmó que Praga seguirá formando parte de la OTAN.

En el plano regional, el Gobierno pretende reactivar la cooperación en el seno del Grupo de Visegrado, junto con Eslovaquia, Polonia y la  Hungría del primer ministro ultranacionalista, Viktor Orbán (Patriotas por Europa/PfE).

Por otro lado, se comprometió a mantener la autonomía monetaria y descartó la adopción del euro. Calificó la corona checa de «clave para la soberanía económica».

En materia de inmigración, el nuevo gobierno prometió tolerancia cero con las entradas irregulares, rechazó el Pacto de Migración y Asilo de la UE y anunció la adopción de una nueva ley de asilo que restringirá la protección legal solo para casos excepcionales.

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(Editado por Charles Szumski/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es) 

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Bruselas (Euractiv.com) – El Parlamento Europeo aprobó varios cambios en las salvaguardias propuestas para el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, que podrían complicar la ratificación del polémico pacto, al cual se oponen, entre otros socios del bloque, Francia.

La Comisión Europea propuso el pasado octubre una cláusula de salvaguardia reforzada para determinados productos agrícolas, con la esperanza de que el acuerdo fuera aceptable para los agricultores europeos y para los países menos favorables al texto.

Los países de la UE acordaron el lunes aprobar la medida sin cambios.

Sin embargo, la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) ha presentado varias enmiendas, la más importante de las cuales es una nueva «obligación de reciprocidad» sobre las normas de producción, propuesta por el eurodiputado belga Benoit Cassart y el francés Jeremy Decerle, ambos del grupo liberal Renovar Europa.

Las enmiendas de compromiso negociadas por el eurodiputado Gabriel Mato, responsable del expediente Mercosur en la Eurocámara, también recibieron el apoyo del INTA. Mato se mostró satisfecho con el resultado de la votación, y afirmó que el texto es ahora más sólido que la propuesta inicial de Bruselas, y refleja las principales preocupaciones planteadas por los eurodiputados de la comisión de agricultura de la Eurocámara.

El texto revisado rebaja los umbrales para activar las medidas de salvaguardia, al pasar de un 10% a un 5% de caída de los precios de importación en comparación con la media inicial, de tres años, siempre que el precio sea también un 5% inferior al precio medio interno de la UE.

Por otro lado, se subraya que la Comisión Europea no debe limitarse a los umbrales numéricos y puede iniciar una investigación siempre que existan «indicios claros de deterioro» de la situación económica de una industria.

Los eurodiputados también han endurecido el plazo para que el Ejecutivo de Bruselas reaccione una vez iniciada una investigación: de 21 a 14 días. También ampliaron la lista de productos cubiertos por la salvaguardia para incluir los cítricos (naranjas, limones, mandarinas) y los huevos.

Si el Parlamento Europeo confirma esa posición en la sesión plenaria del próximo 16 de diciembre, el Parlamento Europeo y el Consejo tendrán que entablar nuevas negociaciones.

Eso complicaría la estrategia del Consejo, que desea aprobar el reglamento de salvaguardia rápidamente y sin cambios para evitar abrir negociaciones interinstitucionales, y garantizar que las salvaguardias entren en vigor antes de la firma definitiva del acuerdo, prevista para el próximo 20 de diciembre en Brasil.

Para algunos países del bloque, un sólido mecanismo de salvaguardia para los sectores agrícolas sensibles es «un complemento esencial» del acuerdo, según explicó a Euractiv una fuente diplomática de la UE.

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(Alice Bergoënd/Euractiv.com ha colaborado en este artículo)

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv)- Los ministros de Interior de la UE acordaron el lunes un amplio paquete de reformas migratorias; cerraron las últimas grandes lagunas  y desbloqueron las negociaciones con el Parlamento Europeo.

Los tres expedientes reescriben sustancialmente las normas de asilo de la UE y se integran en el Pacto de Migración y Asilo, el plan estrella de la UE, que debe entrar en vigor en junio de 2026.

Reunidos en Bruselas, los ministros dieron el visto bueno a lo que la Comisión Europea lleva tiempo llamando la «pieza que faltaba» del sistema: el llamado reglamento de retorno. La norma se propuso por primera vez en marzo y permite a los países de la UE establecer «centros de retorno» fuera del territorio de la UE para los inmigrantes en espera de ser repatriados.

El acuerdo «hará posible que tanto la UE como uno o varios Estados miembros lleguen a un acuerdo con un tercer país sobre centros de retorno», declaró el ministro danés de Inmigración, Rasmus Stoklund.

Los ministros también respaldaron la revisión del concepto de tercer país seguro, presentada en mayo, que facilitaría el rechazo de las solicitudes de asilo y permitiría deportar a los solicitantes a países por los que solo hayan transitado.

Países de origen seguros

Por primera vez, los países de la UE tendrán una lista de países de origen seguros a nivel europeo, entre ellos Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez. Además de estos siete, la Comisión también considera seguros países candidatos a la adhesión a la UE como Turquía y Georgia. Las solicitudes procedentes de estas nacionalidades se tramitarán mucho más rápidamente.

La lucha política más dura fue sobre si todos los países de la UE deben ejecutar automáticamente las órdenes de expulsión de los demás, parte de la propuesta sobre devoluciones.

El texto final introduce un mecanismo en dos fases: voluntaria al principio y obligatoria después. También establece procedimientos comunes en la UE, crea obligaciones para los que no tienen derecho a quedarse, refuerza la cooperación entre capitales y permite crear «centros de retorno» en países no pertenecientes a la UE.

Varios gobiernos temían que el reconocimiento mutuo de las repatriaciones permitiera a los Estados de primera línea -como España, Italia o Grecia- dejar pasar a los inmigrantes, haciendo recaer sobre otros la carga de la aplicación de la normativa.

Fondo de solidaridad

Los ministros también alcanzaron un acuerdo sobre el fondo de solidaridad del Pacto, el mecanismo de reparto de cargas que exige a cada capital de la UE contribuir mediante reubicaciones, apoyo financiero o ayuda operativa.

La Comisión había propuesto 30.000 reubicaciones o una ayuda financiera equivalente (20.000 euros por persona). Los ministros acordaron unos objetivos más bajos pero vinculantes: 21.000 reubicaciones o 420 millones de euros para el ciclo de 2026.

Según la evaluación realizada por la Comisión el mes pasado, Grecia, Chipre, España e Italia se encuentran actualmente bajo presión migratoria y se beneficiarán de los acuerdos de solidaridad una vez que el pacto entre en vigor el año que viene. Los países considerados de riesgo también serán los primeros en recibir el apoyo de la UE y financiación adicional.

Austria, Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia y Polonia podrán solicitar deducciones totales o parciales debido a la fuerte presión migratoria de los últimos años.

El Consejo entablará ahora negociaciones con el Parlamento Europeo sobre los textos legislativos. El fondo de solidaridad aún debe someterse a controles jurídicos y ser aprobado formalmente antes de finales de 2025.

Voz de alarma

Las organizaciones de la sociedad civil reaccionaron con alarma al acuerdo del Consejo, en particular al artículo de la propuesta de «devoluciones», que permitiría a las autoridades realizar redadas en los domicilios, investigaciones y controles adicionales para ejecutar las expulsiones.

La disposición abarca tanto los domicilios de las personas sujetas a órdenes de devolución como «otros locales pertinentes», entre los que podrían incluirse las residencias de ciudadanos de la UE sospechosos de acoger a inmigrantes, así como las oficinas de ONG y centros humanitarios.

«Esta nueva propuesta lleva el sello de un Estado policial», advirtió Silvia Carta, responsable de incidencia política de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Inmigrantes Indocumentados.

Según ella, permitir a las autoridades entrar en domicilios privados con tan amplia discrecionalidad es un claro intento de intimidar a cualquiera que ayude a un semejante, y de poner en un peligro aún mayor a las personas necesitadas.

Con el reglamento de retorno, la UE está «legitimando las prisiones extraterritoriales, la elaboración de perfiles raciales y la detención de menores de una forma que nunca habíamos visto», afirmó Sarah Chander, directora de la Iniciativa Equinox para la Justicia Racial.

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(Editado por mm, cs/Euractiv.com y Luis de Zubiarre/Euractiv.es)

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