Bruselas (Euractiv.com/.es) – La competitividad de Europa depende de que se mantengan las normas democráticas al tiempo que se racionaliza su sistema administrativo. A medida que la competencia mundial se acelera y las tensiones geopolíticas remodelan los flujos comerciales y de inversión, el modelo económico y democrático de la Unión Europea (UE) se ve sometido a constantes retos y presiones.

Aunque la UE se enorgullece de su elevado estándar democrático, muchos sostienen que la excesiva burocracia se ha convertido en un lastre estructural que debilita la competitividad, desalienta la inversión y erosiona la confianza en las instituciones.

Voces procedentes tanto de las regiones como de la «burbuja» de Bruselas y de la UE subrayan que el exceso de carga administrativa está condicionando el atractivo de Europa, con un mensaje claro: Europa no se puede seguir permitiendo un sistema que frena la innovación y se aleja de los ciudadanos.

Freno a la competitividad

En opinión de Sari Rautio, presidenta del Grupo del Comité de las Regiones del Partido Popular Europeo (PPE), el mayoritario en Estrasburgo, el impacto se siente con mayor intensidad a nivel regional, donde opera la columna vertebral de la economía europea: sus pequeñas y medianas empresas (PYME).

«El exceso de burocracia afecta tanto a nuestra competitividad económica como a la salud de nuestra democracia», explica Rautio en entrevista con Euractiv.

Las PYME, señala, son el motor de las economías regionales, pero también son las menos capacitadas para hacer frente al peso  administrativo. «La carga recae especialmente en las PYME […] y, sin embargo, son las menos preparadas para manejar complejos procedimientos nacionales y de la UE», afirma.

Cuando las obligaciones burocráticas crecen, las consecuencias económicas son inmediatas. «Cuando las normas, las obligaciones de información o las solicitudes de financiación se hacen demasiado pesadas, las PYME retroceden; y cuando eso ocurre, las regiones pierden innovación, inversión y crecimiento.», apunta.

No obstante, Rautio destaca que el daño no es sólo económico. Cuando los agentes locales tienen dificultades para acceder a las ayudas de la UE o deben superar procedimientos complejos, los ciudadanos empiezan a ver a la UE no como un socio, sino como una «lejana máquina burocrática».

Esas presiones se producen cuando la competitividad de Europa se ha ido «debilitando de forma crónica», como se destaca en los informes Draghi y Letta. Por ello, en opinión de Rautio, reducir la burocracia no es una mera cuestión de eficiencia, sino un elemento fundamental.

«Reducir la burocracia es esencial para reforzar el atractivo de Europa como modelo de negocio y destino de inversiones […] y para devolver a los ciudadanos la confianza en que la UE está ahí para ayudarles a ellos, a sus comunidades y a sus PYME a prosperar.», subraya la legisladora del PPE.

Desalentar el crecimiento

Por otro lado, el eurodiputado del grupo liberal Renovar Europa Engin Eroglu también pinta un panorama complicado. En su opinión, el entorno normativo europeo está socavando la capacidad de las empresas para competir a escala mundial.

«Con el marco normativo actual, muy pocas empresas europeas pueden alcanzar las tasas de crecimiento necesarias para competir a escala internacional, o crecer», comenta Eroglu en declaraciones a Euractiv.

Para las empresas, el creciente coste del cumplimiento de la normativa ya no es asumible. «Las empresas deben reducir los costes de personal, sobre todo minimizando la parte de trabajo administrativo improductivo provocado por los requisitos normativos», sostiene Eroglu.

El problema de fondo no es sólo el volumen creciente de normas, sino su complejidad y lentitud de aplicación. «Cada vez hay más sectores en Europa dominados por oligopolios. Eso reduce gravemente la innovación, ya que las PYME tienen muy pocas oportunidades de poner en marcha o ampliar sus negocios.», afirma.

Por ello, para Eroglu la simplificación emprendida por Bruselas ya no basta. «Tras muchos años de regulación cada vez más compleja, ha llegado el momento de la desregulación, no sólo de la simplificación […] para que puedan surgir nuevas empresas globales europeas», apunta.

La desigual aplicación de las normas

Rautio cree que el problema no son los valores o las normas de Europa, sino cómo se aplican en los distintos territorios. Las regiones son las protagonistas del proceso, puesto que son responsables de aplicar el 70% de la legislación de la UE.

Por ello, la aplicación de las normas debe ser «menos costosa, más inteligente, más proporcionada y tener en cuenta el elemento local», subraya.

No obstante, las normas de gobernanza deben permanecer intactas, asegura. «La condicionalidad del Estado de Derecho es esencial: protege el dinero de los contribuyentes, asegura la confianza entre los Estados miembros y garantiza que los programas de la UE se ejecuten de forma justa y transparente», afirma Rautio.

Pero para que el sistema funcione, la manera de aplicar las normas debe cambiar. En ese sentido, Rautio pide «menos obligaciones de información que se solapen, más proporcionalidad en los controles y un auténtico compromiso con la gobernanza multinivel y el principio de asociación».

Confiar más en las regiones, gestionadas de manera más eficaz, permitiría que se impulsara la inversión y la innovación «sin socavar los cimientos de nuestra democracia».

Por ello, Eroglu sostiene que la protección de las normas democráticas no debería suponer un exceso de carga administrativa. «Democracia y eficacia no se excluyen mutuamente: la clave está en cómo se organizan los procesos democráticos», subraya.

Reducir la carga burocrática forma parte del refuerzo de la legitimidad democrática de la UE, asegura. «Proteger los estándares democráticos significa que las decisiones sean comprensibles, eficientes y cercanas a los ciudadanos – no sobrecargar de burocracia a empresas y ciudadanos», afirma.

Un sistema «más rápido, sencillo y centrado», agrega Eroglu, es a la vez más democrático y más competitivo a nivel mundial.

¿Vulnerabilidad estratégica?

La conclusión es clara: la burocracia en la UE no es un defecto técnico interno, sino una vulnerabilidad estratégica en un momento en el cual el bloque comunitario europeo compite con superpotencias reguladoras, modelos capitalistas de Estado y economías capaces de tomar decisiones con mucha mayor celeridad.

Para que la UE sea un destino atractivo para la inversión, la innovación y la participación democrática, las reformas deben ir más allá de la simplificación simbólica. Deben remodelar la forma en que las empresas y los ciudadanos diseñan, aplican y experimentan las normas, aseguran Eroglu y Rautio.

La capacidad de la UE para prosperar en el tablero económico mundial dependerá de si es capaz de mantener elevados niveles de gobernanza al tiempo que construye un sistema administrativo dinámico, claro y proporcional. El coste de no hacerlo, advierten las partes interesadas, no es sólo el estancamiento económico, sino una mayor erosión de la confianza en el modelo democrático en el cual se sustenta la arquitectura del bloque europeo.

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(Editado por BM/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv)- El reciente escándalo en el que se ha visto envuelta la UE no tiene nada que envidiar a los anteriores. El ala diplomática de la Comisión Europea y la principal escuela de posgrado para eurócratas del bloque están en el punto de mira.

Gracias al Catargate, la receta para un escándalo de corrupción en la UE suele ser la misma: la policía hace una redada en el Parlamento Europeo, detiene a los eurodiputados y luego se enreda en años de sucios litigios. Pero esta vez es diferente.

No se trata sólo de eurodiputados, sino de algunos de los más altos cargos diplomáticos de la UE, que están en el punto de mira de los fiscales como parte de una investigación bomba, desvelada por Euractiv la semana pasada. A diferencia del Catargate, en el que se acusó a eurodiputados de recibir dinero de Catar y Marruecos, esta investigación se extiende al brazo diplomático de la UE, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), y a la Comisión Europea.

La llamada investigación del SEAE-gate ya ha provocado la dimisión de Federica Mogherini, ex jefa del SEAE y hasta la semana pasada rectora del Colegio de Europa, y de Stefano Sannino, ex secretario general del SEAE. La lista podría ampliarse.

En lugar de estar dirigida únicamente por la justicia belga, la propia fiscalía independiente de la UE está al frente del caso. Esto es lo que hay que saber.

¿Qué desencadenó la investigación?

En el centro de la investigación está una idea aparentemente incontrovertible: una Academia Diplomática financiada por la UE y destinada a formar a la próxima generación de diplomáticos europeos. «Lo único que lamento es no haberlo hecho mientras era alta representante», dijo Mogherini en 2022.

El eurodiputado socialista español Nacho Sánchez Amor había presentado el proyecto como una forma de reforzar el músculo geopolítico de Europa. El SEAE convocó un concurso público de 130.000 euros para crear la academia a finales de 2021, y posteriormente dotó al Colegio con 654.000 euros en concepto de «beca de estudios» para los jóvenes diplomáticos participantes. A continuación, se reservaron 132.000 euros para un estudio sobre la viabilidad de la creación de la academia.

Varios competidores presentaron ofertas para dirigir la escuela, entre ellos el Instituto Universitario Europeo de Florencia, el Instituto Europeo de Administración Pública de Maastricht y el IE Business School de Madrid.

Sin embargo, un criterio resultó decisivo: la institución ganadora debía proporcionar alojamiento a los estudiantes, y solo un candidato cumplía ese requisito: el Colegio de Europa de Brujas, en el noroeste de Bélgica.

Ahora, los investigadores sospechan que el Colegio de Europa, que ganó el concurso, pudo haber tenido una ventaja, al saber más de lo debido sobre la próxima licitación. Al parecer, antes de que se adjudicara el concurso, el Colegio compró un edificio de 3,2 millones de euros en la ciudad belga, a pesar de las limitaciones financieras de aquel momento, creen los investigadores.

¿Quién investiga y cuál es la gravedad del asunto?

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) recibió una denuncia según la cual Mogherini, en su calidad de rectora del Colegio, podría haber tenido acceso a información privilegiada del SEAE. Se presume la inocencia de todos los implicados, y Mogherini ha negado haber cometido delito alguno.

La OLAF, sin embargo, solo tiene competencias administrativas, lo que significa que no puede procesar a nadie en caso de infracción, sino solo hacer recomendaciones a los funcionarios de la UE, que las aceptan o las ignoran. Si aprecia indicios de posibles delitos penales, tiene que pasar el expediente a la Fiscalía Europea (EPPO), dirigida por Laura Codruța Kövesi. Esto es exactamente lo que ocurrió con el SEAE-gate.

La implicación de la EPPO supuso una grave escalada. La oficina, con sede en Luxemburgo, tiene competencias de investigación penal para delitos relacionados con dinero de la UE y poderes independientes para procesar a sospechosos en la mayoría de los países de la Unión.

Cualquier sospecha de fraude, corrupción o malversación de fondos de la UE por encima de un determinado umbral entra dentro de su competencia. Como la Academia se financiaba con fondos de la UE supervisados por organismos de la UE, entra en el ámbito de competencias de la EPPO.

Delitos, no solo irregularidades

Su implicación significa que los investigadores creen que puede haber delitos y no solo irregularidades administrativas. Dos personas conocedoras el caso declararon a Euractiv que los investigadores llevaban meses preparando las redadas.

Las investigaciones de la EPPO llevan mucho tiempo, en parte porque sus fiscales tienen más competencias que sus homólogos nacionales para ampliarlas a otras jurisdicciones y examinar todas las pistas posibles.

La EPPO trabaja codo con codo con las autoridades nacionales. En Bélgica, esto significa que los fiscales delegados designados por la UE colaboran con la policía federal belga, mientras que los jueces belgas autorizan medidas de investigación como registros e incautaciones.

¿Y ahora qué?

Tras ser interrogados por la policía, Sannino y Mogherini son ahora oficialmente sospechosos, mientras los investigadores siguen examinando los documentos incautados.

En las próximas semanas se sabrá si la EPPO decide ampliar su investigación. Más personas podrían verse envueltas en el escándalo, que por ahora se limita a la primera de las dos licitaciones que el SEAE convocó para la academia.

La salida de Mogherini del Colegio de Europa ha desencadenado peticiones de reforma y exigirá encontrar un nuevo rector. Y la jubilación anticipada de Sannino significa que su dirección para Oriente Medio necesita un nuevo alto cargo permanente.

Está en juego la credibilidad del Colegio de Europa, donde muchos eurócratas aprenden cómo funciona Bruselas, el SEAE y la Comisión. Pero también es una prueba importante para el fiscal de la UE.

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Con información de Eddy Wax.

(Editado por mm, jp/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre/Euractiv.es)

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Praga (Euractiv.cz) – El líder del partido populista checo ANO, el euroescéptico Andrej Babiš, fue nombrado este martes primer ministro ,tras cuatro años alejado del poder, por el presidente del país centroeuropeo, Petr Pavel.

Está previsto que el gabinete al completo, formado por ANO, el partido de extrema derecha SPD y el partido populista Motoristas, asuman sus cargos dentro de una semana.

Babiš ha presentado su lista de ministros, en la cual no figura el ex eurodiputado Filip Turek, cuyo posible nombramiento suscitó controversia, después de que varios medios de comunicación checos publicaran viejas imágenes que le relacionaban con símbolos nazis y su ex pareja presentara una denuncia penal en su contra por supuesta violación y malos tratos prolongados, acusaciones que el político ha negado.

Esta martes, Pavel señaló que el nombramiento refleja «la voluntad de los votantes», pero recordó a Babiš que es necesario acordar  cuestiones pendientes relacionadas con conflictos de intereses, en especial sus vínculos con el conglomerado Agrofert, que ha recibido importantes subvenciones estatales y de la Unión Europea (UE), a pesar de que fue colocado en fondos fiduciarios durante su anterior mandato.

Por otro lado, Pavel subrayó el difícil entorno geopolítico al que se enfrenta el nuevo gobierno, y recordó que las futuras decisiones del Ejecutivo «no serán agradables para la población» y requerirán tanto visión estratégica como coraje político.

En ese sentido, señaló que no se debería poner en duda la relación de Praga con la UE y la OTAN.

Babiš se comprometió a defender los intereses de los ciudadanos «en casa y en cualquier parte del mundo», al tiempo que añadió que hará «lo máximo para garantizar que la República Checa se convierta en el mejor lugar para vivir de todo nuestro planeta».

Un gobierno euroescéptico

El acuerdo de coalición sitúa a la República Checa en Bruselas como un actor más centrado en impulsar la soberanía nacional que el ideal europeo, más alineada con los gobiernos euroescépticos de la UE, como Eslovaquia y Hungría.

En ese sentido, el nuevo primer ministro checo sostuvo este martes que la UE «tiene límites» y no debe imponer decisiones que crucen las líneas rojas nacionales, aunque confirmó que Praga seguirá formando parte de la OTAN.

En el plano regional, el Gobierno pretende reactivar la cooperación en el seno del Grupo de Visegrado, junto con Eslovaquia, Polonia y la  Hungría del primer ministro ultranacionalista, Viktor Orbán (Patriotas por Europa/PfE).

Por otro lado, se comprometió a mantener la autonomía monetaria y descartó la adopción del euro. Calificó la corona checa de «clave para la soberanía económica».

En materia de inmigración, el nuevo gobierno prometió tolerancia cero con las entradas irregulares, rechazó el Pacto de Migración y Asilo de la UE y anunció la adopción de una nueva ley de asilo que restringirá la protección legal solo para casos excepcionales.

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(Editado por Charles Szumski/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es) 

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