Bruselas (Euractiv)- Ha sido una semana intensa para la política migratoria de la UE. Los Gobiernos aprobaron su posición sobre tres expedientes migratorios clave, despejando el camino para la revisión más dura del sistema de asilo de la Unión en años. ¿Qué significan estos cambios?

Dinamarca, país que representa la línea dura en materia de migración y que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo, lleva meses acorralando a los gobiernos en torno a lo que el responsable de migración europeo, Magnus Brunner, calificó abiertamente de «cambio completo» del planteamiento migratorio de la UE.

En 2025, las propuestas migratorias de la Comisión buscan ejercer un control mucho mayor sobre quién entra en la Unión y acelerar la expulsión de quienes no cumplan los requisitos.

Gran parte de la negociación entre los gobiernos de la UE tuvo lugar en los ya habituales «desayunos migratorios«, las reuniones previas a la cumbre de la UE. A estas asisten habitualmente más de 15 países para debatir y marcar la pauta en materia de migración, todo ello bajo la atenta mirada de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen.

Además de aprobar nuevas normas para el retorno de personas sin derecho legal a permanecer en la UE, los ministros también aprobaron una serie de ajustes de medidas ya acordadas en el pacto migratorio del año pasado.

Los Estados miembros deben aplicar las nuevas normas antes de junio de 2026 y el Consejo ha de llegar a un acuerdo con el Parlamento Europeo para ultimar el paquete. «Había una sensación de que teníamos que cumplir, nuestras democracias lo necesitan», dijo un diplomático de la UE.

Esto es lo que se acordó y lo que viene a continuación.

Nuevas normas de retorno

El Reglamento sobre retorno constituye el núcleo del paquete legislativo aprobado por los miembros de la UE.

Considerado la «asignatura pendiente» del pacto migratorio, permite la creación de «centros de retorno» en los países no comunitarios para trasladar a las personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas o que no tengan derecho legal a permanecer en la UE.

También introduce sanciones, como una detención más prolongada, para quienes se nieguen a abandonar el territorio de la UE cuando se les ordene hacerlo.

Los planes para el reconocimiento mutuo obligatorio de las decisiones de retorno -que permitiría a un país de la UE ejecutar la orden de deportación de otro- se diluyeron tras semanas de idas y venidas entre las capitales de la UE, ya que la idea resultó políticamente delicada para varios gobiernos.

Según el acuerdo final, un país de la UE puede expulsar a una persona basándose en la decisión de retorno de otro Estado miembro mediante un sistema de dos fases: voluntaria al principio, y obligatoria en una fase posterior.

Diversas asociaciones y grupos de izquierda denunciaron el reglamento de retorno. «Esta nueva propuesta lleva el sello de un Estado policial», advirtió Silvia Carta, de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Inmigrantes Indocumentados.

Terceros países seguros

El gobierno de la UE también adoptó su posición sobre el concepto de «tercer país seguro», que facilitaría a los países de la UE declarar inadmisible una solicitud de asilo y deportar a los solicitantes a un país «seguro» designado fuera de la Unión.

Por ejemplo, los solicitantes de asilo podrían ser enviados a un país en el que nunca hayan vivido -o por el que solo hayan transitado- siempre que el país de la UE tenga algún tipo de acuerdo bilateral o acuerdo informal de cooperación en vigor. Lo que se considere un «vínculo» suficiente se dejará a la consideración de las autoridades nacionales.

En la actualidad, la legislación de la UE exige un vínculo claro entre el solicitante de asilo y el país considerado seguro para poder enviarlo allí. Esta salvaguarda, concebida para evitar expulsiones arbitrarias, puede ser cosa del pasado si la nueva propuesta recibe luz verde definitiva.

Nueva lista de países de origen seguros

Por último, los gobiernos de la UE aprobaron la lista de siete países de origen seguros propuesta por la Comisión: Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez.

La Comisión excluyó a los países en guerra, sometidos a sanciones o con tasas de reconocimiento de asilo superiores al 20 %, y dijo que hay margen para añadir o eliminar países de esta lista en el futuro.

Una vez adoptada la lista por el Consejo y el Parlamento, los solicitantes de asilo de los países incluidos en la lista se someterán a procedimientos acelerados y sus solicitudes se considerarán infundadas a menos que puedan demostrar lo contrario.

En el Parlamento, la nueva lista de países seguros y la revisión de los terceros países seguros se aprobaron en comisión después de que la extrema derecha se aliara con el PPE, de centro-derecha, dejando de lado a la izquierda. El Parlamento inicia ahora las negociaciones con el Consejo, aunque todavía no se ha pronunciado sobre las devoluciones.

Próximos pasos

La reforma migratoria de la UE continuará el año que viene, cuando se revise el mandato de Frontex.

La presidenta de la Comisión, Von der Leyen, quiere ampliar los poderes de la agencia, por ejemplo permitiéndole organizar retornos directamente con terceros países, dando a Frontex más margen de maniobra para impedir los cruces irregulares o triplicando el número de su cuerpo permanente hasta los 30.000 agentes.

Los gobiernos europeos también barajan la idea de ampliar el mandato de Frontex incluyendo drones, unidades de cibervigilancia y equipos basados en inteligencia artificial, según documentos del Consejo .

Además de la revisión de Frontex, el ejecutivo de la UE tiene previsto endurecer aún más sus normas sobre migración y visados. Está previsto que la Comisión presente su primera Estrategia Europea de Migración y Asilo, junto con una nueva estrategia de política de visados.

Según un documento de los servicios de la Comisión al que ha tenido acceso Euractiv, el Ejecutivo comunitario contempla en la próxima estrategia restricciones en materia de visados -como la prohibición de viajar a funcionarios o la suspensión de visados- para los terceros países que se nieguen a readmitir a sus nacionales.

Más adelante se propondrá una nueva propuesta sobre la digitalización del proceso de retorno, aunque inicialmente se anunció para 2025.

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(Editado por vib, mm/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv)- Chequia se une al grupo de países que se oponen a aprovechar los activos rusos congelados para prestar 210.000 millones de euros a Ucrania, según ha declarado el nuevo primer ministro Andrej Babiš.

«También coincidimos con el primer ministro belga en que la Comisión Europea debe encontrar otras vías para financiar a Ucrania. Nuestras arcas están vacías y necesitamos cada corona que tenemos para nuestros ciudadanos», escribió Babiš en Facebook.

El viernes, la UE votó a favor, con dos votos en contra, de congelar indefinidamente los activos financieros de Rusia en Europa, la mayoría de los cuales están en manos de la cámara de compensación belga Euroclear.

«No daremos ninguna garantía y no invertiremos ningún dinero», dijo Babiš en una alocución por vídeo. La presión de Praga se suma al creciente número de voces que se unen a Bélgica en su oposición al uso de las reservas para un préstamo de reparación a Ucrania.

El viernes, Italia, Bulgaria y Malta también manifestaron su apoyo a la postura de Bélgica sobre el préstamo.

El jueves, los líderes europeos se reunirán en Bruselas en su cumbre ordinaria para trazar un camino a seguir para el problemático plan, ya que se espera que Ucrania empiece a quedarse sin dinero a principios del año que viene.

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(Editado por mk/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com) – Italia, Bulgaria y Malta se han sumado a la petición de Bélgica de que la Unión Europea (UE) encuentre alternativas al programa  de préstamo, dotado con 210.000 millones de euros, para Ucrania recurriendo a  activos rusos congelados. La iniciativa de último momento de los tres países amenaza con torpedear el Consejo europeo de Bruselas de los próximos jueves y viernes, en el cual los 27 deberían acordar el denominado «préstamo de reparación» para Kiev.

En una declaración conjunta publicada el viernes por la tarde-noche, a la cual tuvo acceso Euractiv, esos  cuatro países reiteran su apoyo a la  propuesta de la Comisión Europea de inmovilizar indefinidamente los fondos soberanos de Moscú en la UE, aunque  advierten de que la medida no se debe «adelantar» a un posible uso del dinero para apoyar el esfuerzo bélico de Kiev.

La Comisión Europea presiona para inmovilizar indefinidamente las reservas con el objetivo de sortear el reiterado veto del primer ministro húngaro, el prorruso Viktor Orbán, sin cuyo apoyo -en una votación por unanimidad- no es posible renovar cada seis meses las sanciones de la UE a Moscú.

Los cuatro países invitan «a la Comisión y al Consejo a seguir explorando y debatiendo opciones alternativas acordes con el Derecho de la UE e internacional, con parámetros predecibles y que presenten riesgos significativamente menores, para hacer frente a las necesidades financieras de Ucrania, basadas en una línea de crédito de la UE o en soluciones puente, de modo que se garantice la continuidad del apoyo antes de que pueda entrar efectivamente en vigor cualquiera de las opciones sobre la mesa», según reza el texto del documento conjunto al cual tuvo acceso Euractiv en la noche del viernes.

El primer ministro belga, Bart De Wever, insiste en hallar alternativas al préstamo, que ha calificado de «erróneo» , al tiempo que ha advertido de que plantea numerosos riesgos jurídicos y financieros.

Los embajadores de los países de la UE aprobaron ayer, viernes, la inmovilización indefinida de los activos rusos en base a una disposición de emergencia de los Tratados de la UE.

El recurso al «artículo 122» de los tratados es fundamental para evitar que los fondos de Moscú sean devueltos a Rusia si se levantan las sanciones al Kremlin, lo cual podría obligar a Bélgica a devolver cientos de miles de millones de euros a Moscú.

Euroclear, la cámara de compensación con sede en Bruselas, posee la gran mayoría de los 210.000 millones de euros en activos destinados al préstamo.

Tanto Hungría como Bélgica advirtieron esta semana de que la decisión de la Comisión de ampararse en el artículo 122 podría infringir la legislación de la UE.

Euroclear, Hungría y Bélgica también han cuestionado en reiteradas ocasiones la legalidad del programa de préstamo y han advertido de que podría socavar la estabilidad financiera de la Eurozona, cuestiones en las que también ha insistido el Banco Central Europeo (BCE).

Invocar el artículo 122 permite a una «mayoría cualificada» de Estados miembros de la UE -15 países que representan el 65% de la población del bloque- congelar de forma permanente los activos de Moscú. Hasta la fecha, las sanciones sobre activos se tienen que renovar por unanimidad por los 27 Estados miembros del bloque, cada seis meses.

La iniciativa eliminaría el principal «as en la manga» del ultranacionalista Orbán (Fidesz/Patriotas por Europa), que ha intentado en reiteradas ocasiones arrancar concesiones de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, amenazando con no prorrogar las sanciones, aunque siempre ha dado marcha atrás, en el último momento.

En la declaración conjunta, Italia, Bulgaria, Malta y Bélgica advierten de que el recurso al artículo 122 «implica consecuencias jurídicas, financieras, procesales e institucionales que podrían ir mucho más allá de este caso concreto» y que la decisión de este viernes no debería «constituir un precedente» para la política exterior y de seguridad del bloque, que normalmente requiere unanimidad.

Los embajadores de los 27 tienen previsto reunirse mañana, domingo, en Bruselas para debatir el programa de préstamo a Kiev con vistas a la cumbre europea de la semana próxima, en la cual intentarán abordar las numerosas enmiendas de Bélgica a la propuesta jurídica de la Comisión Europea.

Las exigencias de Bélgica antes de dar su visto bueno incluyen garantías «independientes» y «autónomas» de los países de la UE y el requisito de que Euroclear «no sea responsable» de la provisión del préstamo de reparación, según se indica en documentos oficiales belgas a los cuales tuvo acceso Euractiv.

Al cierre de este artículo, en la noche del viernes, la Comisión Europea declinó hacer comentarios sobre la iniciativa de esos cuatro países en relación al «préstamo de reparación».

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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