Bruselas (Euractiv.com/.es) – Multitud de empresas, especialmente las Pyme, así como trabajadores y profesionales autónomos en toda la Unión Europea (UE) han intensificado en los últimos meses sus constantes llamamientos para que Bruselas reduzca al máximo la pesada carga burocrática en vigor, con el objetivo de aliviar la presión sobre los salarios, la inversión y la competitividad.

En relación con el ritmo, enfoque y alcance de los esfuerzos de la Comisión Europea en su actual estrategia de simplificación normativa, el comisario Valdis Dombrovskis ha defendido recientemente esa iniciativa, al tiempo que admitió la «necesidad de continuar al menos al mismo ritmo» que el actual.

No obstante, el debate sobre el tema se ha intensificado, tras el reciente examen del Defensor del Pueblo Europeo sobre las lagunas existentes en la legislación europea en vigor, incluidas las evaluaciones de impacto incompletas y las consultas truncadas.

Exceso de carga administrativa

En ese sentido, Marcin Nowacki, vicepresidente del ZPP, un sindicato europeo que representa a empresarios y empleadores, explica que actualmente las obligaciones administrativas han crecido mucho más que la capacidad real de las empresas para adaptarse a ese ritmo, convirtiéndose en una carga estructural.

«En Europa hay empresas que crean equipos enteros de información interna simplemente para gestionar las obligaciones de cumplimiento. En ocasiones, esos equipos están formados por decenas de empleados», explica Nowacki en declaraciones a Euractiv.

Los costes condicionan el trabajo cotidiano de las empresas y afectan directamente a los trabajadores, que «saben muy bien que los recursos gastados en papeleo son recursos que no se gastan en mejores salarios, formación, actualizaciones tecnológicas o condiciones de trabajo más seguras»

La presión es especialmente fuerte en las pequeñas y medianas empresas (PYME), que se enfrentan cada vez más a obligaciones indirectas de información «incluso cuando técnicamente están fuera de su ámbito de aplicación», lo que «crea automáticamente una presión sobre todos».

La presión sobre los autónomos

Los trabajadores autónomos soportan una presión distinta, y a menudo no reciben la misma atención por parte de los políticos.

El sistema deja sin representación no solo a las startups, sino también a los autónomos, pese a que constituyen una parte creciente y esencial del mercado laboral europeo, según explica Glen Hodgson, fundador y director general de Free Trade Europa.

«Como no se consulta a los autónomos sobre la legislación que les afecta, se les trata como ciudadanos de segunda clase», afirma Hodgson en declaraciones a Euractiv, al tiempo que advierte de que algunas interpretaciones de la Directiva de la UE sobre plataformas de trabajo podrían socavar la flexibilidad de la que muchos dependen.

«Los autónomos no tendrían que estar obligados a trabajar de 9 a 5 en contra de su voluntad. Deben tener derecho a ganar dinero cuándo, dónde y cómo quieran», sostiene Hodgson.

La excesiva burocracia, unida a la escasa aplicación de las normas contra la morosidad, «siguen restando demasiado tiempo a los trabajadores independientes, los emprendedores y las empresas unipersonales», limitando su competitividad y capacidad de recuperación, subraya.

Convergencia potencial

A pesar de esas críticas, las asociaciones patronales y los sindicatos creen que existen multitud de prioridades compartidas. En ese sentido, Sandra Parthie, presidenta del Grupo de Empresarios del CESE, afirma que ambas partes desean normas europeas que alcancen sus objetivos pero sin duplicaciones innecesarias ni confusión administrativa.

«Hay muchos ejemplos en los que la regulación crea duplicidad de informes y en los que la burocracia sólo cuesta dinero a los contribuyentes sin conseguir nada tangible para los ciudadanos, las empresas o los trabajadores», explica Parthie a Euractiv.

Por ello, considera que existe un margen real para la acción conjunta en torno a la digitalización, la claridad de los procedimientos y la simplificación de las interacciones transfronterizas, ya que unos sistemas más inteligentes pueden reducir las cargas tanto para los empresarios como para los trabajadores, sostiene Parthie.

Por otro lado, señala que empresarios y sindicatos suelen estar de acuerdo en la aplicación de las normas. «A menudo, coinciden en la petición de una aplicación coherente de las normas existentes […] garantizando que todos los participantes en el mercado, incluidos los de terceros países, cumplan nuestras normas.», sostiene.

Ambiciones modestas

Sin embargo, compartir el problema no significa que la actual agenda de la UE sea suficiente.

En ese sentido, Nowacki considera que el nivel de ambición de la Comisión Europea es demasiado limitado, teniendo en cuenta las presiones económicas en la UE. Los elevados precios de la energía, el bajo crecimiento de la productividad y la caída de la inversión magnifican el peso de las obligaciones administrativas, con lo cual las pequeñas mejoras son insuficientes.

«Una iniciativa de simplificación que se centre en ajustes simbólicos o pequeños cambios técnicos no será suficiente», advierte.

Hodgson coincide en la misma opinión en relación con los profesionales autónomos. Los esfuerzos por digitalizar los procedimientos o simplificar las normas fiscales no han aliviado la carga, y las lagunas en la aplicación siguen minando la confianza en el sistema.

Una política coherente y un esfuerzo sostenido

En opinión de Parthie, para que los avances sean duraderos, la simplificación normativa debería integrarse en la formulación de políticas a largo plazo y no tratarse como un parche temporal.

Por ello, advierte de que la reducción de la carga normativa debería convertirse en un elemento integrado en todas las fases de la elaboración de normas europeas, reforzadas por controles de competitividad y pruebas de resistencia más rigurosas.

Por otro lado, una terminología normativa más clara y unas definiciones más coherentes ayudarían a evitar dificultades en el  cumplimiento de las normas, sostiene.

Los procesos de consulta deben ofrecer a empresarios, trabajadores y sociedad civil oportunidades significativas de influir en la legislación desde el principio, agrega.

Por su parte, las administraciones necesitan sistemas modernos e interoperables, además de recursos adecuados para que las normas simplificadas puedan aplicarse eficazmente. La mejora a largo plazo depende de la cooperación continua entre empresarios, sindicatos y gobiernos para supervisar y perfeccionar los marcos normativos, sostiene.

El difícil equilibrio entre competitividad y regulación

Todos los actores implicados coinciden en el mismo mensaje: la simplificación no consiste en debilitar las normas, sino en diseñar una normativa que funcione: proporcionada, coherente y basada en una capacidad operativa real.

El objetivo anunciado por la Comisión Europea de reducir la burocracia en la UE ha abierto una ventana de «oportunidad política», pero sólo un enfoque creíble, transparente e integrador se traducirá en beneficios duraderos para la economía y el mercado laboral europeos, según afirman los expertos del sector consultados por Euractiv.

«Una Europa que quiera ser competitiva no puede permitirse tratar la información como un fin en sí mismo. En lugar de agotar los recursos necesarios para lograrlo, debe garantizar que la presentación de informes contribuya a la revolución económica real», concluye  Nowacki.

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(Editado por Brian Mcguire/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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