Bruselas (Euractiv.com/.es) – El presidente del Consejo Europeo, António Costa, advirtió este lunes a la Unión Europea (UE) de que debe protegerse de algunos de los que considera aliados, después de que funcionarios estadounidenses cuestionaran durante los últimos días la libertad de expresión del bloque comunitario y pusieran en duda su legitimidad democrática, tras expresar abiertamente su apoyo a la extrema derecha europea.

Los comentarios de Costa fueron su primera respuesta oficial a la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en la cual se afirma que Europa se enfrenta al peligro de «extinción» y se acusa a la Comisión Europea de «asfixia regulatoria».

«Lo que no podemos aceptar es esta amenaza de injerencia en la vida política de Europa», comentó Costa.

El socialista portugués afirmó que «Estados Unidos no puede sustituir a los ciudadanos europeos a la hora de elegir cuáles son los partidos políticos buenos o malos».

En su intervención en un acto del think tank Instituto Jacques Delors, en París, Costa también cargó contra el magnate Elon Musk, al tiempo que recordó que la libertad de expresión no puede existir si se «sacrifica» el acceso de los ciudadanos a la información en favor de los oligarcas tecnológicos estadounidenses.

El pasado viernes, la Comisión Europea multó a la plataforma X de Musk con 120 millones de euros por incumplir las normas de transparencia de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

Una defensa europea más independiente

Por otro lado, Costa afirmó que los países europeos deben estar preparados para tomar el relevo de Estados Unidos al frente de la OTAN en 2027. Lo vinculó a las exigencias de la administración Trump de que Europa gaste más en defensa y asuma una mayor cuota financiera en la Alianza para proteger al continente europeo.

«Es lo que tenemos que hacer», subrayó Costa.

Ese calendario, sin embargo, es mucho más ambicioso que el acordado en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya el pasado junio, en la cual los miembros europeos de la Alianza Atlántica acordaron gastar el 5% de su PIB en defensa para 2035.

En ese sentido, Costa señaló que las alianzas de Occidente han cambiado desde la Segunda Guerra Mundial, y que Europa y Estados Unidos ya no comparten la misma visión de un orden mundial basado en normas, en el que, para Europa, la lucha contra el cambio climático, entre otros temas, es clave.

«Si queremos protegernos, no sólo contra nuestros adversarios, sino también contra los aliados que nos desafían, tenemos que reforzar Europa», aseguró Costa, al tiempo que recordó que la nueva estrategia estadounidense en política exterior se sigue refiriendo a la UE como un «aliado». «Si Europa no fuera fuerte, no habría tantos intentos por socavarla», subrayó.

(Aurélie Pugnet/Euractiv.com ha colaborado en la redacción de este artículo).

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(Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – Los principales partidos del Parlamento Europeo confían en aprobar el futuro presupuesto del bloque comunitario para el período 2028-2034, el Marco Financiero Plurianual (MFP), dotado con 2 billones de euros, antes de las fiestas de Navidad, a pesar de las fuertes discrepancias entre las distintas formaciones políticas.   

La batalla interna ha entrado en una fase decisiva. Los principales partidos no se ponen de acuerdo sobre quién dirigirá los trabajos sobre el polémico proyecto -de 865.000 millones de euros- para fusionar la agricultura (PAC) y las ayudas regionales después de 2027.

Casi cinco meses después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara el nuevo MFP, dotado con 2 billones de euros, los legisladores están ya enfrentados sobre  qué comisiones dirigirán el trabajo del Parlamento sobre el programa de  gasto. La batalla se centra ahora en saber qué eurodiputados de qué partidos deben ocupar esos puestos clave.

El Partido Popular Europeo (PPE), el mayoritario en Estrasburgo, quiere ocupar dos de los tres puestos que dirigen el mayor expediente presupuestario de todos: los 865.000 millones de euros de los pesados planes de asociación nacionales y regionales (PNR), según explicaron a Euractiv funcionarios de la Eurocámara y varios asesores.

En ese sentido, el eurodiputado francés Jean-Marc Germain (S&D, socialistas y demócratas), de la comisión de presupuestos, cree que, hasta la fecha, el PPE ha logrado tener a 26 ponentes y presidentes de comisión, frente a sólo 12 de su grupo, que es el segundo más grande.

Los puestos que lideran la propuesta del PNR, que recortaría y fusionaría la financiación agrícola y regional -tradicionalmente un tercio del presupuesto cada una- en planes nacionales flexibles negociados entre la Comisión y los gobiernos, son especialmente delicados.

La propuesta estuvo a punto de provocar una crisis institucional el pasado mes de noviembre, cuando los eurodiputados amenazaron con rechazar el plan, aunque luego lo aceptaron tras las concesiones de última hora que hizo Von der Leyen a políticos clave del PPE.

Según explicaron a Euractiv cuatro funcionarios del Parlamento Europeo, el PPE quiere controlar los puestos de ponente del PNR tanto en la comisión regional (REGI) como en la presupuestaria (BUDG).

Inicialmente, el grupo de derecha también quería controlar la comisión de agricultura (AGRI), pero ahora es una tarea menos interesante después de que el Consejo trasladara varias partes del reglamento relacionadas con la agricultura a un expediente aparte, según informaron los funcionarios consultados por Euractiv.

En todo caso, los eurodiputados confían en encontrar una manera de repartirse las tareas de manera equitativa antes de la pausa de Navidad. El objetivo es que los coordinadores de AGRI se reúnan el 15 de diciembre y los de REGI durante el pleno del 15 al 18 de diciembre.

Los coordinadores de la comisión BUDG se reúnen este jueves, pero no hay ninguna decisión prevista en su orden del día.

Retrasos en el calendario

Cuanto más se retrase el trabajo en el Parlamento, más se arriesgan los eurodiputados a quedar rezagados, ya que los países de la UE siguen adelante con la modificación de la propuesta sin contar con ellos.

En ese sentido, Germain afirma que el S&D quiere la segunda selección de los tres puestos, mientras que el PPE obtendría la primera selección del trío de ponentes del PNR. El grupo liberal Renovar Europa obtendría el puesto que quede, asegura.

El PPE, el S&D y Renovar Europa, junto con los Verdes, forman una frágil alianza que respalda a Von der Leyen, pero la tensión interna va en aumento después de que el PPE se colocara junto a la extrema derecha para votar recientemente a favor de recortar varias normas de política climática propuestas por los Verdes.

Esa coalición, también conocida como plataforma, tiene que mantenerse unida si quiere influir en las decisiones de los gobiernos de la UE, que tienen mucho más poder jurídico y político en las negociaciones presupuestarias.

«El PPE es el grupo más grande (…) pero eso no puede significar que un grupo con el 40% o más de los votos acabe obteniendo el 70% u 80% de los expedientes», asegura Rasmus Andresen, eurodiputado alemán de los Verdes.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – Los países de la Unión Europea (UE) dan los últimos retoques a una versión suavizada de una directiva comunitaria que vincula el respeto de los derechos humanos con el impacto medioambiental en las cadenas de suministro, en un contexto de polémica por la ruptura del cordón sanitario a la ultraderecha en el Parlamento Europeo e informaciones que apuntan a fuertes presiones de «lobbies» estadounidenses en torno a este delicado expediente.

Los representantes de los gobiernos, en el Consejo de la UE y el equipo negociador del Parlamento Europeo se enfrentarán esta tarde en lo que se ha anunciado como una ronda final de negociaciones sobre la «simplificación» de la Directiva de Diligencia Debida sobre la Sostenibilidad de las Empresas (DDDSC).

Adoptada en marzo de 2024, con vistas a su entrada en vigor en 2026, la «CS-triple-D», como se la conoce en la jerga de Bruselas, fue incluida menos de un año después en el primer paquete de «simplificación» de la segunda Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen, que ha hecho de la competitividad industrial y la desregulación dos de sus prioridades.

Ahora los colegisladores (Consejo-Parlamento) no chocan por si cambian a fondo o no la ley de diligencia debida, sino por el alcance exacto de los limitados requisitos de diligencia debida e información que se aplicarán a las pocas empresas muy grandes que permanecen en el ámbito de aplicación.

¿Qué está en juego?

Los principales requisitos de la directiva se han reducido, desde su ámbito de aplicación hasta el alcance de las obligaciones de diligencia debida, pasando por los planes de transición climática, el régimen de responsabilidad civil y las sanciones económicas.

En el formato en el que se adoptó en 2024, la directiva debía aplicarse a cualquier empresa con más de 1.000 empleados y una facturación neta igual o superior a 450 millones de euros. Pero el Consejo y el Parlamento han acordado limitar la obligación a las empresas con más de 5.000 empleados y un volumen de negocios neto de al menos 1.500 millones de euros.

Los mandatos de negociación del Consejo y el Parlamento también convergen en la supresión de la responsabilidad civil, que apuntaba a responsabilizar a las empresas por los daños causados a las personas y los ecosistemas, y exigía indemnizaciones para los afectados.

Sin embargo, hay una gran diferencia en los artículos que tratan de los derechos humanos y la diligencia debida en materia de medio ambiente. La posición del Consejo es que una empresa «deberá» suspender, como último recurso, una relación comercial cuando el socio provoque impactos negativos sobre los derechos humanos o el medio ambiente.

Pero el Parlamento Europeo se limita a decir que «pueden», lo cual significa que sería voluntario.

Las negociaciones finales también abordarán los planes de transición climática. Mientras que el Parlamento quiere eliminar la obligación de que las empresas elaboren esos planes, el Consejo exigiría a las empresas que hagan «esfuerzos razonables» para alcanzar los objetivos climáticos y que adopten un modelo de negocio que «contribuya» a las metas de los objetivos del Acuerdo de París (de la ONU).

En un principio se exigía a las empresas que adoptaran y aplicaran un plan de transición para mitigar el cambio climático y que hicieran todos los esfuerzos posibles para lograrlo.

¿Y si, a pesar de todas las suavizaciones, las empresas siguen sin cumplir? El Consejo (gobiernos) ha introducido un tope máximo del 5% del volumen de negocios neto de una empresa para las sanciones económicas. El Parlamento, por su parte, aplaza la cuestión y pide a Bruselas «directrices» sobre el nivel adecuado de sanciones.

El papel de los grupos de presión y las fuerzas «ultra»

El sector empresarial tiene muchas reservas sobre las normas de sostenibilidad y presentación de informes. El cambio aplicado por la Comisión Europea para pasar de una «agenda verde» a una más centrada en la competitividad ha sido bien aprovechado por los grupos de presión y por los partidos conservadores de la Eurocámara.

En ese sentido, en noviembre pasado se forjó una alianza entre la derecha y la extrema derecha al adoptar el Parlamento su posición sobre el expediente, un hecho inédito en Bruselas, puesto que supuso una clara ruptura del cordón sanitario en torno a las fuerzas de extrema derecha y los nacionalistas.

Por otro lado, la semana pasada estalló una nueva polémica en torno a este expediente cuando una investigación del centro de análisis Somo reveló que un grupo de 11 multinacionales estadounidenses de combustibles fósiles montaron una campaña a gran escala durante todo el año para presionar tanto al Parlamento como a los Estados miembros de la UE para que adoptaran sus recomendaciones.

Esa «coalición de intereses», que se autodenomina «Mesa Redonda sobre Competitividad», reúne a gigantes de los combustibles fósiles como ExxonMobil, Chevron y TotalEnergies, además de Honeywell, Nyrstar, Dow y el banco JPMorgan Chase.

Al parecer, esa plataforma intentó influir directamente en los gobiernos de los Estados miembros, tanto individualmente como a través de la oficina en Bruselas de la empresa mundial de relaciones públicas Teneo, que organizó múltiples reuniones con funcionarios del Parlamento y del Consejo.

Fuerte alianza de derechas

Cuando los negociadores se reúnan en la tarde de este lunes, a las 19.00 horas, el eurodiputado del PPE Jörgen Warborn, principal negociador del Parlamento Europeo, podrá contar con el apoyo de la extrema derecha para defender su posición frente a las posibles críticas de los delegados gubernamentales. Pascale Piera, del grupo ultra  Patriotas por Europa (PfE), en el cual militan, entre otros, el español Vox, confirmó a Euractiv que estará presente en la reunión.

El objetivo del Consejo es intentar volver a una posición menos extrema en materia de desregulación, al tiempo que quizás golpee a la denominada  «coalición Venezuela» de grupos conservadores y de extrema derecha que reconocieron a Edmundo González como presidente democráticamente elegido del país sudamericano antes de cimentar su alianza política en la votación del CDSD.

Si tiene éxito, la cuestión será si el PPE en su conjunto acatará lo que se acuerde esta noche en la votación final en el pleno.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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