Mundo Política
La UE logra un gran avance en la ley de escaneo de chats a pesar de la intensa oposición
Bruselas (Euractiv)- Los países de la UE acordaron finalmente el miércoles una posición común sobre el Reglamento contra los abusos sexuales a menores, tras años de división en medio de una intensa oposición de los expertos en privacidad y seguridad. Estos advirtieron de que la ley conocida como «Chat Control» podría conducir a una vigilancia intensiva de los ciudadanos europeos.
En octubre, una gran movilización de ciudadanos y defensores de la privacidad contra la controvertida propuesta de la Comisión de ordenar a las empresas tecnológicas que escaneen los mensajes privados en busca de material de abuso sexual infantil (CSAM) volvió a paralizar las conversaciones, echando por tierra otra votación provisional.
Esto había sucedido repetidamente desde que los países empezaron a debatir su postura a mediados de 2022. Pero esta semana se superó finalmente el punto muerto y se adoptó un mandato, eliminando el elemento más controvertido de la ley: la detección obligatoria.
El quid de la polémica es que la propuesta original de la Comisión facultaba a las autoridades para obligar a las aplicaciones de mensajería a escanear las comunicaciones de todo el mundo, mediante las llamadas órdenes de detección obligatorias. De ahí que los opositores bautizaran la ley como «Chat Control», por lo que consideran una extralimitación desproporcionada.
2,5 millones de imágenes sospechosas
Al mismo tiempo, la lacra del CSAM sigue siendo un enorme desafío que parece agravarse. En 2024, INHOPE, una red mundial de líneas directas nacionales para denunciar material ilegal, procesó casi 2,5 millones de imágenes sospechosas de CSAM, un aumento del 218 % respecto a 2023.
Fue el creciente número de informes sobre CSAM lo que llevó a la Comisión Europea a proponer una solución legislativa en 2022, imponiendo nuevas obligaciones a las empresas tecnológicas para detectar y eliminar material ilegal. Se iba así más allá del escaneo voluntario que la Unión ha permitido en virtud de una excepción temporal a las normas de privacidad de la UE desde 2021.
El Parlamento se pronunció sobre la propuesta de la Comisión en noviembre de 2023, y los eurodiputados acordaron reducir el alcance de las órdenes de detección obligatorias. Ahora que los países de la UE tienen su propia posición, las negociaciones entre las instituciones pueden comenzar y avanzar hacia un compromiso final.
Las conversaciones entre el Parlamento y el Consejo aún podrían durar meses antes de que se finalice la ley, por lo que la forma final de las normas de la UE para el escaneado CSAM no se conocerá hasta dentro de algún tiempo.
El Consejo rebaja sus ambiciones
Los daneses, al frente de la Presidencia del Consejo desde julio, resucitaron inicialmente el proyecto de órdenes de detección obligatorias, que la anterior Presidencia había eliminado del texto del Consejo. La votación de los ministros estaba prevista para mediados de octubre, pero se aplazó dos veces por falta de consenso. Ante la fuerte oposición y la necesidad de actuar en relación con el CSAM, la Presidencia danesa dio marcha atrás.
Si las excepciones temporales no se prorrogan antes del próximo abril, las empresas perderán una herramienta ya utilizada para luchar contra la propagación del CSAM. Por tanto, se acaba el tiempo para que la UE acuerde una solución permanente.
El compromiso que finalmente han acordado los países deja el escaneado de chats como medida voluntaria. Además, el texto del Consejo aclara que no se debe socavar el cifrado, una de las principales preocupaciones de los expertos en privacidad y seguridad.
Sin embargo, los activistas de los derechos de la infancia están decepcionados. Esperaban que las normas fueran más allá del marco actual de escaneado voluntario de CSAM.
Isaline Wittorski, portavoz del grupo de defensa de los derechos de la infancia ECLAG, declaró a Euractiv que la propuesta del Consejo «evita el precipicio inmediato que habría dejado desprotegidos a los niños». En su opinión supone un «importante paso adelante» tras años de retraso, pero sostiene que «la continuidad por sí sola no es suficiente».
Persiste el temor a la vigilancia
Para el ex eurodiputado y activista de la privacidad Patrick Breyer, que se sumó a la movilización de octubre contra el «Chat Control» y también fue ponente alternativo del expediente CSAM durante las negociaciones del mandato del Parlamento, el texto acordado sigue corriendo el riesgo de conducir a una vigilancia masiva de los europeos.
Reconocer el escaneo voluntario para CSAM como una medida que las plataformas pueden tomar para reducir su riesgo legal significa que las empresas tecnológicas podrían tratarlo como una justificación para escanear todos los chats privados de forma indiscriminada, argumenta Breyer.
«El control de los chats no ha muerto, solo se está privatizando», advirtió en declaraciones públicas tras la adopción de la posición del Consejo. También ha sugerido que el texto de los países obligaría en la práctica a las empresas a verificar la edad de todos sus usuarios, lo que, advierte, podría llevar a excluir a los europeos de los servicios digitales.
Más allá de la cuestión de la CSAM, la mayoría de edad digital es una idea que han promovido varios países de la UE en los últimos meses, argumentando que podría ayudar a proteger a los niños de los daños derivados de las redes sociales.
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(Editado por nl, aw/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre/Euractiv.es)
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Mundo Política
Rosa María Soberana i Bonet, dirigente de Aliança Catalana: Puigdemont intenta «copiar» nuestro discurso, pero «llegan tarde»
Barcelona/Madrid (Euractiv.es) – La diputada de Aliança Catalana Rosa María Soberana i Bonet, «número dos» de la formación y estrecha colaboradora de la líder del partido nacionalista de extrema derecha, Sílvia Orriols, considera que han sabido capitalizar la frustración y el descontento con los principales partidos separatistas que impulsan el procés en Cataluña: JxCat y ERC.
En una entrevista por escrito con Euractiv.es, Soberana i Bonet afirma que «debates sobre la inmigración, el desmantelamiento del Estado del bienestar y la corrupción política (…) han acercado a muchos votantes que no comparten la independencia (de Cataluña) como objetivo en sí mismo (…) pero piden un cambio en la forma de hacer política».
El rápido ascenso de Aliança Catalana ha modificado sustancialmente el panorama político catalán, forzando a JxCat, del expresidente regional Carles Puigdemont, a endurecer su discurso con el PSOE, con el cual la formación separatista de derechas mantiene un acuerdo, el cual está ahora bajo presión.
Ese cambio en el panorama político local parece avalado por algunas encuestas que vaticinan una tendencia que apunta a que la formación catalana de ultraderecha obtendría entre 19 y 20 diputados en las próximas elecciones autonómicas- en comparación con los 2 escaños conseguidos en 2024, lo cual resultaría en un empate técnico entre la formación ultra y Junts, aunque serían superados por ERC, por solo tres escaños (23).
Esos datos, afirma Soberana i Bonet, «señalan una tendencia que es obvia, pero que no son definitorias (…) del alcance real y potencial de nuestro partido, que irá a más», subraya.
Según varios expertos y analistas, el descontento con los -hasta ahora- líderes del movimiento independentista es palpable en la sociedad catalana.
El apoyo popular a Puigdemont, a su segundo Jordi Turull, o al líder de ERC, Oriol Junqueras, parece que se va reduciendo progresivamente tras el ilegal referéndum del 1 de octubre de 2017 y el juicio y condena a sus principales responsables, lo cual ha dejado un campo abonado para el veloz crecimiento del partido de Orriols, entre otros factores.
Por otro lado, según una encuesta reciente de El Mundo, un 48% del electorado del partido catalán de ultraderecha votaría «no» en un hipotético referéndum de independencia.
Es precisamente su marcado discurso antiinmigración donde Aliança Catalana se ha distanciado de otros partidos, y en ese sentido varios medios de comunicación han calificado el tono de los discursos de su líder de «racista» e «islamófobo». Pero, según Soberana i Bonet, la formación «intenta preservar los llamados valores occidentales» que «generaciones anteriores construyeron».
«El Islam es claramente contrario a los valores que defendemos, y un enemigo declarado (…) con las actuales oleadas migratorias invasivas se está islamizando el mundo occidental», subraya.
Puigdemont «a remolque» de Aliança Catalana
Contrariamente a la propuesta del Partido Popular de «abrir las puertas a la inmigración» para suplir la necesidad de mano de obra en el sector industrial y servicios en Europa, la solución pasaría por la «reemigración» de migrantes sin permiso de residencia o con antecedentes penales, señala Soberana i Bonet.
Por ello, el año pasado, Orriols denunció en una entrevista con La Sexta que el «Estado español quiere aniquilar la raza catalana con inmigrantes conflictivos.»
Por otro lado, de cara a las elecciones generales en España, previstas para 2027, Aliança Catalana no tiene previsto presentarse: «rotundamente no», afirma la número 2 del partido.
«No nos presentaremos a las legislativas españolas (…) ningún Gobierno -en solitario o en coalición- que se forme en España representará nunca o defenderá los intereses de Cataluña», asegura.
Por otra parte, ante las recientes amenazas de JxCat de «cortar relaciones» con el PSOE de Pedro Sánchez y establecer un bloqueo legislativo en el Congreso a ese partido (con los Presupuestos en el aire), Soberana i Bonet asegura que la formación de Puigdemont «se ve amenazada» por el trasvase de votos desde JxCat a Aliança Catalana».
«Esto es palpable (…) Junts se va adaptando y va a remolque de nuestra posición de voto, intentando copiar el mensaje y el discurso. A nosotros nos ha funcionado porque nos lo creemos, a ellos no porque ya llegan tarde», concluye.
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(Editado por Fernando Heller/Euractiv.es)
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Mundo Política
EXCLUSIVA: El responsable de Economía de la UE insta al G7 a acelerar el préstamo de 50.000 millones de dólares a Ucrania
Bruselas (Euractiv)- La Comisión Europea solicita a los aliados occidentales que aceleren los pagos de un préstamo de 50.000 millones de dólares a Ucrania. Mientras, Bélgica sigue obstaculizando los esfuerzos de la UE por apoyar a Kiev con un plan de financiación mayor que utilice activos rusos.
En una entrevista concedida a Euractiv, el comisario de Economía y ex primer ministro letón, Valdis Dombrovskis, declaró que los países deberían adelantar los desembolsos de un préstamo del G7 acordado en junio del año pasado para tapar el agujero financiero de Ucrania a principios del año próximo.
«Estamos en conversaciones con otros donantes internacionales para ver si su ayuda puede adelantarse a principios de año», declaró Dombrovskis, añadiendo que entre los donantes se encuentran el Reino Unido, Canadá, Japón y Estados Unidos.
Esto «puede ser suficiente… para cubrir las necesidades de financiación de Ucrania en el primer trimestre del próximo año», aunque esto aún «está por ver», añadió el comisario letón.
La UE ya ha aportado su parte del préstamo del G7, que asciende a 18.100 millones de euros. Pero aproximadamente 14.000 millones de euros del paquete aún no han sido desembolsados por otros países, en concreto Estados Unidos, Canadá, Japón y el Reino Unido. Se calcula que Kiev tendrá que hacer frente a un déficit presupuestario de 12.000 millones de dólares (10.000 millones de euros) en el primer trimestre del próximo año.
Un duro revés
Las declaraciones de Dombrovskis se producen en un momento en que la UE se esfuerza por acordar un «préstamo de reparaciones» de 185.000 millones de euros antes de la decisiva cumbre de líderes europeos del 18 y 19 de diciembre, en la que la Comisión espera convencer a Bélgica de que respalde el plan. Pero estos esfuerzos sufrieron un duro revés el jueves, cuando el primer ministro Bart De Wever criticó duramente el plan en una carta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
El préstamo de reparación pretende utilizar los saldos en efectivo asociados a los activos soberanos rusos en poder de Euroclear, una cámara de compensación con sede en Bruselas, que fueron congelados por la UE tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022. El préstamo del G7, en cambio, ya está en marcha y aprovecha los ingresos producidos por los activos.
Bélgica se ha negado a respaldar el préstamo de reparaciones a menos que se compartan sus riesgos jurídicos y financieros y que otros países de la UE aprovechen los activos rusos depositados en sus propias jurisdicciones. Euroclear ha expresado reservas similares sobre el plan.
Oposición al plan
El primer ministro belga, Bart De Wever, sigue sin ceder en su oposición al plan, que se espera que la Comisión proponga formalmente en los próximos días. Dombrovskis afirmó que conseguir el apoyo de los belgas no era una «condición previa» para publicar una propuesta jurídica detallada sobre cómo funcionaría en la práctica, pero contar con el acuerdo belga sería lo «ideal».
Aunque ha habido «avances técnicos» en las conversaciones entre funcionarios belgas y de la UE y belga, admitió que apenas había actividad. «En esta fase (…) también está claro que Bélgica todavía no se ha movido a la hora de aceptar este concepto», dijo. La propuesta abordará «obviamente» las preocupaciones de Bélgica, dijo Dombrovskis. «Bélgica y otros Estados miembros esperarán claridad».
Solución «puente»
El veterano comisario también advirtió de que una solución «puente» separada de la UE para tapar temporalmente el agujero presupuestario de Ucrania «puede ser necesaria» si las negociaciones con Bélgica no «avanzan rápidamente» a finales de año.
En un «documento de opciones» distribuido a los países de la UE la semana pasada, se propone utilizar la deuda común de la UE y las subvenciones bilaterales de los Estados miembros como vías alternativas para cubrir temporalmente el déficit presupuestario de Kiev. El documento calcula que Ucrania necesitará 72.000 millones de euros de ayuda militar y social en 2026, y otros 64.000 millones en 2027.
Von der Leyen sugirió a principios de esta semana que estas alternativas no prosperarían si se financiaran íntegramente con el dinero de los contribuyentes de la UE.
Dombrovskis subrayó que la UE debe «avanzar, porque las necesidades de financiación de Ucrania no solo son considerables, sino también urgentes». «No podemos discutir eternamente nuestras opciones», dijo. «Tenemos que adoptar decisiones concretas».
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(Editado por aw, jp/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre/Euractiv.es)
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El jefe del PPE, Weber, se embolsa un aumento anual de 28.000 euros en su segundo sueldo
Bruselas (Euractiv)- Manfred Weber, el poderoso político bávaro que dirige el Partido Popular Europeo (PPE) y su grupo parlamentario, se hizo con un aumento de sueldo sin precedentes durante el verano, según un documento público desvelado por Euractiv.
Weber, cuya decisión de cobrar dos sueldos por sus funciones como presidente del PPE y como eurodiputado ha sido objeto de una considerable controversia, aumentó su salario en el PPE un 17 %, hasta los 197.832 euros al año, según la declaración, de la que no se había informado anteriormente. También ingresa unos 132.000 euros al año como eurodiputado.
El político bávaro ganaba 169.440 euros anuales como presidente del PPE hasta principios de este año. Tras el aumento, su salario anual combinado, excluidos los complementos especiales, es de casi 330.000 euros, la mayor parte de los cuales están financiados por los contribuyentes.
El generoso aumento de Weber se debió a la inflación, según Tom Vandenkindelaere, jefe de gabinete de Weber en el PPE. «El aumento debidamente declarado refleja la indexación legal aplicable en Bélgica», declaró a Euractiv en un correo electrónico.
Aunque la ley belga estipula que los empresarios deben ajustar los salarios anualmente según una fórmula basada en la inflación, un sistema conocido como «indexación», este requisito no se aplica a los titulares de cargos políticos como el presidente del PPE. Así pues, aunque el aumento de Weber «refleje» la indexación belga, el partido no estaba obligado a incrementar su ya generoso segundo sueldo, que ya lo situaba en el 1 % de los ciudadanos que más ganan en la UE. En 2023 la indexación fue muy alta, del 11%. Pero en 2023 el PPE decidió no indexar el sueldo de Weber.
Vandenkindelaere dijo que la asamblea política del PPE, que reúne a políticos de alto nivel, decidió en junio, poco después de su reelección como presidente, indexar el salario de Weber para tener en cuenta los tres últimos años de inflación belga.
¿Otro aumento en 2026?
Las actas de la reunión, a las que ha tenido acceso Euractiv, muestran que los políticos acordaron por unanimidad que el salario de Weber «no aumentaría durante el mandato y [se ajustaría] únicamente mediante indexación» Eso significa que el sueldo de Weber también puede aumentar el año que viene.
Mientras tanto, algunos miembros del personal del PPE han visto reducidos sus salarios, ya que Vandenkindelaere, ex eurodiputado belga, introdujo una nueva política salarial. Tras su reelección, Weber intentó degradar a varios miembros del personal del PPE, según ha sabido Euractiv.
Una fuente del PPE dijo que tras un congreso del partido en Valencia el año pasado, se pidió a varios miembros del personal que aceptaran puestos más bajos, con las correspondientes reduciones salariales. Algunos aceptaron, mientras que otros siguen en conversaciones. Por el contrario, personas con «fuertes conexiones políticas en Madrid» disfrutaron incluso de un ascenso, según la fuente.
Montserrat rechazó un segundo sueldo
Weber ofreció a la nueva secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, un segundo sueldo, pero esta lo rechazó, según dos personas con conocimiento directo del asunto.
Vandenkindelaere dijo: «Fue decisión enteramente suya no aceptar un sueldo, nadie intervino en esto en ningún sentido. Todas las decisiones internas se toman de acuerdo con las normas establecidas, en este caso basadas en una decisión de la asamblea política».
Después de que Euractiv informara sobre las maquinaciones salariales del partido, Montserrat actualizó su declaración financiera para establecer que recibirá gastos de viaje y un estipendio de 350 euros los días que no cobre dietas similares en el Parlamento Europeo.
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(Editado por mk/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre/Euractiv.es)
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