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La sentencia contra Le Pen reaviva el enfrentamiento con el poder judicial en varios socios de la UE

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París/Bruselas (Euractiv.com/.es) – La decisión judicial de inhabilitar a la líder “ultra” francesa Marine Le Pen durante cinco años por malversar fondos de la Unión Europea (UE) ha desencadenado ataques sin precedentes contra el poder judicial en Francia, pero también ha provocado reacciones en otros socios del bloque comunitario.

El lunes (31 de marzo), un tribunal de París condenó a Le Pen (Agrupación Nacional/Patriotas por Europa(PfE) a cuatro años de prisión -dos en suspenso y dos que deberá cumplir con un brazalete electrónico- y le prohibió ejercer cargos políticos durante cinco años por malversar fondos del Parlamento Europeo.

Francia tiene un largo historial de líderes políticos sometidos a escrutinio judicial, aunque esas decisiones suelen ser recibidas con resignación pública en lugar de con indignación.

El caso de Le Pen sin embargo provocó una reacción sin precedentes por su gravedad: la sentencia la excluye de la carrera presidencial de 2027, en la que algunos sondeos la situaban como favorita.

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Sin el «paraguas» protector de Marine Le Pen, ¿tiene Bardella el peso político necesario para evitar las luchas intestinas entre facciones dentro del partido?

Sus partidarios en el movimiento de extrema derecha europeo –sobre todo en su grupo, PfE, al cual pertenece entre otros Vox- condenaron enérgicamente lo que consideraban una sentencia con motivación política, con el objetivo –aseguraron- de eliminar a una seria aspirante al poder.

El primer ministro ultranacionalista húngaro e inspirador de PfE, Viktor Orbán, inició una “cadena de solidaridad” en X bajo el lema «#JeSuisMarine», mientras que el ministro italiano de Transportes y líder de La Liga, Matteo Salvini, calificó la decisión de «declaración de guerra de Bruselas», y añadió que «quienes temen el juicio de los votantes a menudo buscan consuelo en el juicio de los tribunales.»

El holandés Geert Wilders, líder de la formación ultra Partido por la Libertad (PVV) también respaldó a Le Pen. “Creo en ella», afirmó poco después de conocerse la sentencia, al tiempo que expresó su confianza en que ganará el recurso que interpuso, y «se convertiría en Presidenta de Francia.»

Al otro lado del Atlántico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que la condena de Le Pen – «la principal candidata» (a una supuesta futura victoria)- es un «tema de gran relevancia».

Aunque no  condenó directamente la sentencia, Trump comparte con Le Pen las críticas al poder judicial de su país. En repetidas ocasiones ha pedido la destitución de «jueces activistas» cuando las sentencias judiciales le eran desfavorables.

La “retórica” de Trump en ese sentido está considerada un ataque inaceptable en los principales círculos judiciales independientes. Incluso el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, formuló en marzo pasado una inusual reprimenda pública al Republicano.

Le Pen, condenada por desviar fondos del Parlamento Europeo; Vox y Orbán le expresan su «solidaridad»

«No conseguirán callar la voz del pueblo francés», escribió este lunes el líder de Vox, Santiago Abascal, en un mensaje de solidaridad con Le Pen, cuyo partido pertenece al mismo grupo que Vox en el Parlamento Europeo: Patriotas por Europa. El primer ministro ultranacionalista húngaro, Viktor Orbán, publicó un mensaje simbólico en X: “Soy Marine!” También Elon Musk se sumo a la «ola de solidaridad» ultra.

Un escándalo “muy francés”

Mientras tanto, el Consejo Superior de la Magistratura de Francia emitió el martes -1 de abril- un comunicado en tono similar, en el cual advertía de que las reacciones de apoyo por parte de los seguidores de Le Pen «socavan gravemente la independencia del poder judicial, piedra angular del Estado de Derecho.»

El hecho de que fuera necesaria una medida de gran calado judicial en este caso refleja la gravedad de los delitos, a pesar de que Francia tiene un historial reciente de juicios penales en los que se han visto implicadas  destacadas personalidades políticas.

En 2011, el expresidente Jacques Chirac fue declarado culpable de malversación de fondos públicos y se le impuso una pena condicional de dos años.

Más recientemente, el  expresidente Nicolas Sarkozy se enfrentó a varios casos judiciales, incluida una condena en 2021 por corrupción y tráfico de influencias.

A principios de este año, la fiscalía francesa solicitó una condena de siete años contra Sarkozy por la presunta financiación de su campaña electoral de 2007 con fondos del fallecido dictador libio Muamar el-Gadafi.

Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine y fundador del partido que más tarde reformaría y lideraría, fue condenado en 1991 y multado por incitar al odio racial por sus comentarios ofensivos sobre el Holocausto.

Con posterioridad se enfrentaría a múltiples condenas por incitación al odio, a lo largo de los años siguientes.

Sin embargo, ninguno de los casos anteriores provocó el revuelo generado tras la sentencia contra Marine Le Pen, ni el poder judicial fue objeto de ataques tan feroces.

«Je suis Marine Le Pen» (Soy Marine Le Pen)

Las críticas también han llegado de sectores inesperados, como el incendiario izquierdista Jean-Luc Mélenchon, quien argumentó que la decisión de destituir a un cargo electo «debería dejarse en manos del pueblo.»

Una tendencia creciente en Europa

No obstante, los ataques contra el poder judicial en otros países de Europa no son nada nuevo.

Se han producido ataques en numerosas ocasiones contra la independencia judicial y la separación de poderes, piedra angular de la democracia moderna, en varios socios de la UE.

En Alemania, la formación de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD/Europa de las Naciones Soberanas) se ha enfrentado con frecuencia al poder judicial, especialmente tras perder múltiples batallas legales el año pasado.

El partido no pudo evitar que la agencia federal de inteligencia alemana lo considere “sospechoso” de pertenecer a la extrema derecha.

Tras la sentencia, el colíder de AfD, Tino Chrupalla, alegó parcialidad política.

«Hay que tener en cuenta el momento… estamos en plena campaña electoral europea. Esto también demuestra que hay una motivación política detrás de esto, bastante clara», comentó tras la sentencia.

Italia también se ha visto envuelta en casos similares de choques directos entre el poder judicial y el gobierno.

Ese historial de conflictos se remonta a los años noventa, cuando la investigación contra la corrupción «Manos Limpias» provocó el hundimiento de toda la clase política, y continuó durante la era del fallecido primer ministro Silvio Berlusconi (Forza Italia/PPE).

En 2003, Berlusconi aseguró que los jueces eran unos «perturbados mentales» y «antropológicamente diferentes de la raza humana».

En 2021, el entonces primer ministro checo Andrej Babiš arremetió contra el presidente del Tribunal Constitucional por su supuesta parcialidad, después de que se anularan disposiciones clave de la ley electoral en contra de la voluntad de su gobierno.

Babiš afirmó que el Tribunal intentaba influir en la situación política y perjudicar a su partido.

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En Bulgaria, el poder judicial ha sido objeto de constantes ataques políticos durante los últimos 25 años, y los partidos reformistas pro-UE afirman que los magistrados están –de modo indirecto- muy influidos por los políticos.

Recientemente, el Tribunal Constitucional de Bulgaria se enfrentó a una airada reacción política después de que se destaparan  irregularidades en el recuento de votos, lo cual obligó a un cambio profundo en el Parlamento y debilitó la coalición gobernante. El ex primer ministro Booko Borissov afirmó que la sentencia fue un intento de derrocar al gobierno y hacer descarrilar las ambiciones del país para entrar a la Eurozona.

Por su parte, el Tribunal Constitucional de Rumanía fue criticado por interferir en las recientes elecciones presidenciales del país, al anular la primera vuelta de los comicios en diciembre del año pasado.

En la primera vuelta ganó el líder ultra Călin Georgescu. Posteriormente se le prohibió presentarse a las elecciones presidenciales por presunto fraude en la financiación de la campaña.

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Aneta Zachova (Praga), Krassen Nikolov (Sofía) y Kjeld Neubert (Bruselas) han colaborado en este artículo.

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[Editado por Owen Morgan/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]

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Trump quiere un acuerdo de paz para Ucrania antes del 8 de agosto, según ha comunicado Washington a la ONU

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Nueva York/Bruselas (agencias/Euractiv.com) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado que quiere un acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania antes del próximo 8 de agosto, según ha comunicado este jueves un alto representante diplomático de Washington ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

«Tanto Rusia como Ucrania deben negociar un alto el fuego y una paz duradera. Es hora de llegar a un acuerdo. El presidente Trump ha dejado claro que esto se debe hacer antes del 8 de agosto. Estados Unidos está preparado para implementar medidas adicionales para asegurar la paz», aseguró John Kelley ante el Consejo, integrado por 15 países miembros.

Trump prometió en campaña electoral que resolvería rápidamente el conflicto tras su toma de posesión en enero, incluso habló de «24 horas», aunque luego admitió que se trató de un comentario sarcástico.

En los primeros meses de su mandato, cargó duramente contra el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y suspendió los suministros de armas estadounidenses a Kiev, e incluso protagonizó el pasado mes de marzo un agrio enfrentamiento verbal con él ante las cámaras en la Casa Blanca.

Sin embargo, cambió de opinión y reanudó la ayuda militar a Ucrania, tras amenazar a Rusia con severas sanciones si Moscú no negocia una salida al conflicto.

Trump aseguró a principios de esta semana que ha reducido el plazo de 50 días que dio inicialmente al presidente ruso, Vladimir Putin, para firmar la paz con Kiev a sólo «10 o 12» días.

Varios funcionarios ucranianos, entre ellos el jefe de gabinete de Zelenski, Andriy Yermak, celebraron el pasado lunes el cambio de postura de Trump, y subrayaron que Putin sólo se le  puede obligar «por la fuerza.»

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Muchos obstáculos en el camino para lograr triplicar las energías renovables en 2030, según un informe

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – Los objetivos mundiales de energía sostenible se están quedando cortos para poder cumplir con la promesa de la ONU de triplicar las energías renovables para 2030, según un informe del grupo de reflexión Ember publicado este jueves.

El informe de Ember supone un revés para uno de los principales logros de Europa en la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP28 celebrada en Dubai hace dos años, cuando ese compromiso se incluyó en la declaración final.

Para lograr un aumento de tres veces en comparación con el año de referencia de 2022, la suma de los objetivos de los gobiernos del mundo debería sumar 11 teravatios (TW) de generación de energía renovable para 2030.

Actualmente los objetivos suman sólo 7,4 TW, apenas un 2% más de lo que ya habían previsto en 2023. Eso corresponde aproximadamente al doble -no al triple- de los niveles de 2022, y deja casi inalterada la enorme brecha de 3,7 TW.

La posición de la UE

Desde la COP28, sólo algunos países de la UE revisaron al alza sus objetivos en materia de energías renovables, con lo cual las previsiones del bloque europeo para 2030 aumentaron 41 gigavatios, o 0,04 TW.

«Entre los principales mercados eléctricos de la UE, Francia y España aumentaron sus objetivos en 5 GW y 19 GW, respectivamente, mientras que Alemania e Italia no introdujeron cambios» en comparación con los planes preliminares publicados antes de la COP28, señala Ember en su informe.

Según el seguimiento de objetivos de energías renovables para 2030 de Ember, el bloque comunitario debería alcanzar 1236 GW de energía renovable en 2030, algo más del doble de los niveles de 2022.

Sin embargo, el objetivo global de triplicar la cifra no significa que todas las regiones del mundo deban multiplicar por tres su capacidad de energía verde.

Otras regiones del mundo

Fuera del territorio de la UE, sólo Australia, Brasil, Indonesia, Reino Unido y Vietnam han aumentado sus objetivos de energía verde para 2030, hasta incrementarlos en un total de 135 GW.

En la dirección contraria, México y Corea del Sur recortan sus objetivos en tres y 31 GW respectivamente. India y Arabia Saudí ya están en línea con el objetivo de triplicarlo.

Según Ember, China, Japón y Sudáfrica se plantean actualizar sus objetivos de energías renovables, pero no se prevén cambios en Canadá, Rusia, Turquía ni Estados Unidos.

«El propósito de un objetivo nacional de energías renovables no es tanto obligar a construir más energías renovables, sino asegurarse de que se construyen de forma más inteligente», explicó Katye Altieri, autora principal del informe de Ember.

«Puede ayudar al Gobierno a planificar el mejor lugar para construir energías renovables y a proyectar la red y la flexibilidad para integrar las energías renovables, y también a colaborar con las empresas a invertir en cadenas de suministro, para conseguir un sistema eléctrico más barato y seguro», añadió.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Suecia insta a la UE a suspender el acuerdo comercial con Israel por el bloqueo de la ayuda a Gaza

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Estocolmo/Bruselas (Euractiv.com/.es) – El gobierno sueco ha instado a la Unión Europea (UE) a suspender el acuerdo comercial del bloque comunitario con Israel para presionar a Tel Aviv a permitir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.

Con la iniciativa, Estocolmo se suma a Irlanda, España, Eslovenia, Países Bajos y Luxemburgo en la petición de suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel por las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel en Gaza.

«Utilizar la inanición de civiles como método de guerra constituye un crimen de guerra», aseguró la ministra sueca de Asuntos Exteriores, Maria Malmer Stenergard, durante una rueda de prensa celebrada el miércoles.

«Proponemos que la UE suspenda la sección comercial del acuerdo lo antes posible (…) seremos muy claros con la Comisión (Europea) en este asunto», subrayó.

El Acuerdo de Asociación UE-Israel, actualizado el pasado 10 de julio, concede a Israel acceso preferente al mercado de la UE a cambio de compromisos en materia de derechos humanos y acceso de ayuda humanitaria, obligaciones que, según Estocolmo, Israel no ha cumplido.

«La presión económica sobre Israel debe aumentar. La situación en Gaza es espantosa, e Israel no cumple sus compromisos humanitarios más básicos», aseguró en X el primer ministro sueco,  Ulf Kristersson.

La Franja de Gaza sufre una grave crisis humanitaria agravada por la escasez de alimentos, agua y suministros médicos.

Por otro lado, el gobierno sueco reiteró su petición de que la Comisión Europea estudie la posibilidad de imponer sanciones a los ministros del gabinete israelí que mantienen una posición más intransigente y radical (en relación con el conflicto en Gaza), pero insistió en que también hay que presionar al grupo terrorista Hamás, que «tiene una gran responsabilidad en el sufrimiento de Gaza».

«Suecia celebra que cada vez más países de Oriente Medio exijan que se desarme a Hamás y no se le permita tener un lugar en un futuro gobierno de Gaza», subrayó Kristersson.

Alemania, Hungría e Italia figuran entre los países que se oponen a la suspensión total del pacto comercial.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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