Mundo Política
La sentencia contra Le Pen reaviva el enfrentamiento con el poder judicial en varios socios de la UE
París/Bruselas (Euractiv.com/.es) – La decisión judicial de inhabilitar a la líder “ultra” francesa Marine Le Pen durante cinco años por malversar fondos de la Unión Europea (UE) ha desencadenado ataques sin precedentes contra el poder judicial en Francia, pero también ha provocado reacciones en otros socios del bloque comunitario.
El lunes (31 de marzo), un tribunal de París condenó a Le Pen (Agrupación Nacional/Patriotas por Europa(PfE) a cuatro años de prisión -dos en suspenso y dos que deberá cumplir con un brazalete electrónico- y le prohibió ejercer cargos políticos durante cinco años por malversar fondos del Parlamento Europeo.
Francia tiene un largo historial de líderes políticos sometidos a escrutinio judicial, aunque esas decisiones suelen ser recibidas con resignación pública en lugar de con indignación.
El caso de Le Pen sin embargo provocó una reacción sin precedentes por su gravedad: la sentencia la excluye de la carrera presidencial de 2027, en la que algunos sondeos la situaban como favorita.
Sus partidarios en el movimiento de extrema derecha europeo –sobre todo en su grupo, PfE, al cual pertenece entre otros Vox- condenaron enérgicamente lo que consideraban una sentencia con motivación política, con el objetivo –aseguraron- de eliminar a una seria aspirante al poder.
El primer ministro ultranacionalista húngaro e inspirador de PfE, Viktor Orbán, inició una “cadena de solidaridad” en X bajo el lema «#JeSuisMarine», mientras que el ministro italiano de Transportes y líder de La Liga, Matteo Salvini, calificó la decisión de «declaración de guerra de Bruselas», y añadió que «quienes temen el juicio de los votantes a menudo buscan consuelo en el juicio de los tribunales.»
El holandés Geert Wilders, líder de la formación ultra Partido por la Libertad (PVV) también respaldó a Le Pen. “Creo en ella», afirmó poco después de conocerse la sentencia, al tiempo que expresó su confianza en que ganará el recurso que interpuso, y «se convertiría en Presidenta de Francia.»
Al otro lado del Atlántico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que la condena de Le Pen – «la principal candidata» (a una supuesta futura victoria)- es un «tema de gran relevancia».
Aunque no condenó directamente la sentencia, Trump comparte con Le Pen las críticas al poder judicial de su país. En repetidas ocasiones ha pedido la destitución de «jueces activistas» cuando las sentencias judiciales le eran desfavorables.
La “retórica” de Trump en ese sentido está considerada un ataque inaceptable en los principales círculos judiciales independientes. Incluso el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, formuló en marzo pasado una inusual reprimenda pública al Republicano.
Un escándalo “muy francés”
Mientras tanto, el Consejo Superior de la Magistratura de Francia emitió el martes -1 de abril- un comunicado en tono similar, en el cual advertía de que las reacciones de apoyo por parte de los seguidores de Le Pen «socavan gravemente la independencia del poder judicial, piedra angular del Estado de Derecho.»
El hecho de que fuera necesaria una medida de gran calado judicial en este caso refleja la gravedad de los delitos, a pesar de que Francia tiene un historial reciente de juicios penales en los que se han visto implicadas destacadas personalidades políticas.
En 2011, el expresidente Jacques Chirac fue declarado culpable de malversación de fondos públicos y se le impuso una pena condicional de dos años.
Más recientemente, el expresidente Nicolas Sarkozy se enfrentó a varios casos judiciales, incluida una condena en 2021 por corrupción y tráfico de influencias.
A principios de este año, la fiscalía francesa solicitó una condena de siete años contra Sarkozy por la presunta financiación de su campaña electoral de 2007 con fondos del fallecido dictador libio Muamar el-Gadafi.
Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine y fundador del partido que más tarde reformaría y lideraría, fue condenado en 1991 y multado por incitar al odio racial por sus comentarios ofensivos sobre el Holocausto.
Con posterioridad se enfrentaría a múltiples condenas por incitación al odio, a lo largo de los años siguientes.
Sin embargo, ninguno de los casos anteriores provocó el revuelo generado tras la sentencia contra Marine Le Pen, ni el poder judicial fue objeto de ataques tan feroces.
Una tendencia creciente en Europa
No obstante, los ataques contra el poder judicial en otros países de Europa no son nada nuevo.
Se han producido ataques en numerosas ocasiones contra la independencia judicial y la separación de poderes, piedra angular de la democracia moderna, en varios socios de la UE.
En Alemania, la formación de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD/Europa de las Naciones Soberanas) se ha enfrentado con frecuencia al poder judicial, especialmente tras perder múltiples batallas legales el año pasado.
El partido no pudo evitar que la agencia federal de inteligencia alemana lo considere “sospechoso” de pertenecer a la extrema derecha.
Tras la sentencia, el colíder de AfD, Tino Chrupalla, alegó parcialidad política.
«Hay que tener en cuenta el momento… estamos en plena campaña electoral europea. Esto también demuestra que hay una motivación política detrás de esto, bastante clara», comentó tras la sentencia.
Italia también se ha visto envuelta en casos similares de choques directos entre el poder judicial y el gobierno.
Ese historial de conflictos se remonta a los años noventa, cuando la investigación contra la corrupción «Manos Limpias» provocó el hundimiento de toda la clase política, y continuó durante la era del fallecido primer ministro Silvio Berlusconi (Forza Italia/PPE).
En 2003, Berlusconi aseguró que los jueces eran unos «perturbados mentales» y «antropológicamente diferentes de la raza humana».
En 2021, el entonces primer ministro checo Andrej Babiš arremetió contra el presidente del Tribunal Constitucional por su supuesta parcialidad, después de que se anularan disposiciones clave de la ley electoral en contra de la voluntad de su gobierno.
Babiš afirmó que el Tribunal intentaba influir en la situación política y perjudicar a su partido.
En Bulgaria, el poder judicial ha sido objeto de constantes ataques políticos durante los últimos 25 años, y los partidos reformistas pro-UE afirman que los magistrados están –de modo indirecto- muy influidos por los políticos.
Recientemente, el Tribunal Constitucional de Bulgaria se enfrentó a una airada reacción política después de que se destaparan irregularidades en el recuento de votos, lo cual obligó a un cambio profundo en el Parlamento y debilitó la coalición gobernante. El ex primer ministro Booko Borissov afirmó que la sentencia fue un intento de derrocar al gobierno y hacer descarrilar las ambiciones del país para entrar a la Eurozona.
Por su parte, el Tribunal Constitucional de Rumanía fue criticado por interferir en las recientes elecciones presidenciales del país, al anular la primera vuelta de los comicios en diciembre del año pasado.
En la primera vuelta ganó el líder ultra Călin Georgescu. Posteriormente se le prohibió presentarse a las elecciones presidenciales por presunto fraude en la financiación de la campaña.
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Aneta Zachova (Praga), Krassen Nikolov (Sofía) y Kjeld Neubert (Bruselas) han colaborado en este artículo.
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[Editado por Owen Morgan/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]
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Mundo Política
Trump sube otro peldaño en su «cruzada comercial» global con un incremento de aranceles
Washington (Euractiv.com/agencias) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el viernes que Washington aumentará los aranceles al acero y el aluminio importados del 25 % al 50 %, en un paso más de su particular “guerra arancelaria” mundial.
«Vamos a imponer un aumento del 25%. Vamos a llevarlo del 25% al 50%: los aranceles al acero en Estados Unidos de América, lo que protegerá aún más la industria del acero en Estados Unidos», comentó el líder Republicano en un mitin en Pensilvania.
El mandatario anunció el incremento arancelario al margen de una reunión por el acuerdo alcanzado entre el gigante japonés del sector siderúrgico Nippon Steel y el estadounidense US Steel.
En ese sentido, Trump comentó que el pacto bilateral valorado en 14.900 millones de dólares (13.100 millones de euros), al igual que el aumento de los aranceles, ayudarán a mantener los puestos de trabajo en ese sector en Estados Unidos.
Posteriormente, publicó en redes sociales que el aumento de los aranceles también se aplicará a los productos de aluminio, y dijo que entrará en vigor el miércoles próximo.
Las acciones del fabricante de acero Cleveland-Cliffs Inc subieron un 26% tras el cierre del mercado del viernes. Los inversores apuestan a que los nuevos gravámenes ayudarán a incrementar sus beneficios.
La multiplicación por dos de los gravámenes al acero y el aluminio intensifica la guerra comercial global de Trump, y se anuncia pocas horas después de que Washington acusara a China de violar un acuerdo con Estados Unidos para rebajar mutuamente los aranceles y las restricciones comerciales a los minerales esenciales.
En ese sentido, el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, informó el viernes de que tuvo «otra conversación» telefónica con su homólogo estadounidense, Howard Lutnick para abordar la situación.
«Un acto de autolesión económica»
Por su parte, la Cámara Canadiense de Comercio cargó duramente contra el incremento de aranceles anunciado por Trump, que calificó de «contraria a la seguridad económica de Norteamérica.»
«Deshacer las eficientes, competitivas y fiables cadenas de suministro transfronterizas como las que tenemos en acero y aluminio tiene un gran coste para ambos países», comentó la presidenta de esa Cámara, Candace Laing.
Por su parte, el gobierno australiano, de centro-izquierda, también condenó la medida por considerarla «injustificada e impropia de un aliado».
«Son un acto de autolesión económica que sólo perjudicará a los consumidores y a las empresas que confían en el comercio libre y justo», declaró en un comunicado el ministro australiano de Comercio, Don Farrell.
Australia, un aliado clave de Estados Unidos en materia de seguridad en el Indo-Pacífico, «seguirá comprometida y abogando firmemente por la eliminación de los aranceles», agregó Farrell.
Trump hizo su anuncio en Mon Valley Works, una planta siderúrgica de US Steel que simboliza tanto la fuerza de antaño -como el actual declive- del poder manufacturero de Estados Unidos, a medida que las plantas y fábricas de acero del denominado Cinturón del Óxido (Rust Belt) perdían negocio en favor de rivales internacionales.
El estado de Pensilvania tiene un especial simbolismo, pues es uno de los más reñidos casi siempre en las contiendas electorales para la Presidencia.
Estados Unidos es el mayor importador de acero del mundo, excluida la Unión Europea, con un total de 26,2 millones de toneladas de acero importado en 2024, según el Departamento de Comercio.
Tras el anuncio de la nueva medida, es probable que los nuevos aranceles incrementen los precios del acero de forma generalizada, lo que afectará tanto a la industria como a los consumidores locales.
Los aranceles al acero y el aluminio fueron los primeros que anunció Trump tras su regreso al poder en enero.
Los aranceles del 25% a la mayor parte del acero y el aluminio importados a Estados Unidos entraron en vigor en marzo. Trump amenazó con un gravamen del 50% al acero canadiense, pero finalmente dio marcha atrás.
En el marco de las normas de la autoridad de seguridad nacional de Estados Unidos (Sección 232), los impuestos a la importación incluyen tanto metales en bruto como productos derivados tan diversos como fregaderos de acero inoxidable, cocinas de gas, bobinas de evaporadores de aire acondicionado, herraduras, sartenes de aluminio y bisagras de acero para puertas.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Mundo Política
Once ministros de Defensa comunitarios cargan contra el exceso de burocracia de la UE
Bruselas (Euractiv.com/.es) – Las fuerzas armadas de los socios de la Unión Europea (UE) no están preparadas para moverse o actuar cuando es necesario debido al exceso de burocracia, según afirman 11 ministros de Defensa del bloque comunitario, en una carta a la Comisión Europea, a la cual ha tenido acceso Euractiv.
En ese sentido, los ministros piden al Comisario de Defensa, Andrius Kubilius, que revise la legislación medioambiental y de adquisiciones en el próximo paquete de simplificación de la defensa de Bruselas, cuya presentación está prevista para junio.
Las normas actuales son «un obstáculo directo» para la preparación operativa, aseguran.
La misiva ha sido suscrita por Bélgica, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, los Países Bajos, Letonia, Lituania, Rumanía y Suecia.
El denominado paquete «ómnibus » forma parte de una ambiciosa estrategia de la Comisión Europea para aumentar la producción de material de defensa “made in Europe”.
A principios de este mes, la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el Comisario Kubilius se reunieron con representantes de las industrias europeas de defensa para afinar la propuesta.
Tanto los gobiernos como las empresas llevan tiempo esperando una simplificación de las normas medioambientales que facilite el acceso del sector de la defensa a la financiación privada.
Fuentes de Bruselas explicaron recientemente a Euractiv que el ejecutivo comunitario está estudiando la posibilidad de revisar el conjunto de normas utilizadas por los inversores para evaluar las operaciones responsables de una empresa -conocidas como criterios medioambientales, sociales y de gobernanza- para impulsar la inversión privada en defensa.
Pero los ministros quieren que el ejecutivo de la UE también se ocupe de las fuerzas armadas en sus propuestas finales, según el texto de la carta.
Para ello, en la misiva se propone aplicar un control obligatorio de la preparación y la defensa para garantizar que las nuevas normas de la UE no comprometan la preparación militar.
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(Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Mundo Política
«Ping-pong» entre tribunales de Estados Unidos por los controvertidos aranceles de Trump
Washington (Euractiv.com/agencias) – Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos restableció el jueves la mayor parte de aranceles impuestos por el presidente del país, Donald Trump, a varios socios comerciales de Washington, un día después de que una Corte de comercio dictaminara que el líder Republicano se excedió en su autoridad al imponer los gravámenes, ordenando el bloqueo inmediato de la medida, ahora de nuevo en vigor.
En una orden del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal en Washington emitida el jueves no se proporcionó ningún razonamiento para la misma, pero se ordenó a los demandantes en el caso que respondan antes del 5 de junio, y a la Administración Trump antes del 9 de junio.
El sorprendente fallo del miércoles emitido por el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos amenazó con anular, o al menos retrasar, la imposición de los aranceles del «Día de la Liberación» –como los denominó Trump- a la mayoría de los socios comerciales del país, así como los gravámenes a la importación de productos de Canadá, México y China.
Trump acusa a esos tres países de facilitar la entrada de fentanilo (un potente opiáceo) a Estados Unidos.
Varios destacados funcionarios de la Administración Trump señalaron el miércoles que no se dejarían intimidar por el fallo del Tribunal de Comercio, y confiaron en un resultado favorable de la apelación que presentó el Gobierno para recuperar la aplicación de los aranceles.
La Casa Blanca por su parte señaló que el fallo del miércoles no interfirió con ninguna negociación con los principales socios comerciales de Estados Unidos que están programadas para los próximos días.
Este viernes se celebra en Washington la cuarta ronda de negociaciones con Japón, y la semana que viene viajará a Estados Unidos un equipo negociador de la India.
En opinión de varios analistas, persiste la incertidumbre sobre el impacto de la guerra arancelaria de Trump, que ha costado a las empresas locales más de 34.000 millones de dólares en pérdidas de ventas y mayores costes, según un análisis de Reuters.
Ayer, jueves, un tribunal federal independiente dictaminó que Trump se extralimitó en su autoridad al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para lo que llamó aranceles «recíprocos» de al menos el 10% a los bienes de la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos y para los gravámenes individuales del 25% a los bienes de Canadá, México y China relacionados con el fentanilo.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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