Bruselas (Euractiv)- El reciente escándalo en el que se ha visto envuelta la UE no tiene nada que envidiar a los anteriores. El ala diplomática de la Comisión Europea y la principal escuela de posgrado para eurócratas del bloque están en el punto de mira.

Gracias al Catargate, la receta para un escándalo de corrupción en la UE suele ser la misma: la policía hace una redada en el Parlamento Europeo, detiene a los eurodiputados y luego se enreda en años de sucios litigios. Pero esta vez es diferente.

No se trata sólo de eurodiputados, sino de algunos de los más altos cargos diplomáticos de la UE, que están en el punto de mira de los fiscales como parte de una investigación bomba, desvelada por Euractiv la semana pasada. A diferencia del Catargate, en el que se acusó a eurodiputados de recibir dinero de Catar y Marruecos, esta investigación se extiende al brazo diplomático de la UE, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), y a la Comisión Europea.

La llamada investigación del SEAE-gate ya ha provocado la dimisión de Federica Mogherini, ex jefa del SEAE y hasta la semana pasada rectora del Colegio de Europa, y de Stefano Sannino, ex secretario general del SEAE. La lista podría ampliarse.

En lugar de estar dirigida únicamente por la justicia belga, la propia fiscalía independiente de la UE está al frente del caso. Esto es lo que hay que saber.

¿Qué desencadenó la investigación?

En el centro de la investigación está una idea aparentemente incontrovertible: una Academia Diplomática financiada por la UE y destinada a formar a la próxima generación de diplomáticos europeos. «Lo único que lamento es no haberlo hecho mientras era alta representante», dijo Mogherini en 2022.

El eurodiputado socialista español Nacho Sánchez Amor había presentado el proyecto como una forma de reforzar el músculo geopolítico de Europa. El SEAE convocó un concurso público de 130.000 euros para crear la academia a finales de 2021, y posteriormente dotó al Colegio con 654.000 euros en concepto de «beca de estudios» para los jóvenes diplomáticos participantes. A continuación, se reservaron 132.000 euros para un estudio sobre la viabilidad de la creación de la academia.

Varios competidores presentaron ofertas para dirigir la escuela, entre ellos el Instituto Universitario Europeo de Florencia, el Instituto Europeo de Administración Pública de Maastricht y el IE Business School de Madrid.

Sin embargo, un criterio resultó decisivo: la institución ganadora debía proporcionar alojamiento a los estudiantes, y solo un candidato cumplía ese requisito: el Colegio de Europa de Brujas, en el noroeste de Bélgica.

Ahora, los investigadores sospechan que el Colegio de Europa, que ganó el concurso, pudo haber tenido una ventaja, al saber más de lo debido sobre la próxima licitación. Al parecer, antes de que se adjudicara el concurso, el Colegio compró un edificio de 3,2 millones de euros en la ciudad belga, a pesar de las limitaciones financieras de aquel momento, creen los investigadores.

¿Quién investiga y cuál es la gravedad del asunto?

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) recibió una denuncia según la cual Mogherini, en su calidad de rectora del Colegio, podría haber tenido acceso a información privilegiada del SEAE. Se presume la inocencia de todos los implicados, y Mogherini ha negado haber cometido delito alguno.

La OLAF, sin embargo, solo tiene competencias administrativas, lo que significa que no puede procesar a nadie en caso de infracción, sino solo hacer recomendaciones a los funcionarios de la UE, que las aceptan o las ignoran. Si aprecia indicios de posibles delitos penales, tiene que pasar el expediente a la Fiscalía Europea (EPPO), dirigida por Laura Codruța Kövesi. Esto es exactamente lo que ocurrió con el SEAE-gate.

La implicación de la EPPO supuso una grave escalada. La oficina, con sede en Luxemburgo, tiene competencias de investigación penal para delitos relacionados con dinero de la UE y poderes independientes para procesar a sospechosos en la mayoría de los países de la Unión.

Cualquier sospecha de fraude, corrupción o malversación de fondos de la UE por encima de un determinado umbral entra dentro de su competencia. Como la Academia se financiaba con fondos de la UE supervisados por organismos de la UE, entra en el ámbito de competencias de la EPPO.

Delitos, no solo irregularidades

Su implicación significa que los investigadores creen que puede haber delitos y no solo irregularidades administrativas. Dos personas conocedoras el caso declararon a Euractiv que los investigadores llevaban meses preparando las redadas.

Las investigaciones de la EPPO llevan mucho tiempo, en parte porque sus fiscales tienen más competencias que sus homólogos nacionales para ampliarlas a otras jurisdicciones y examinar todas las pistas posibles.

La EPPO trabaja codo con codo con las autoridades nacionales. En Bélgica, esto significa que los fiscales delegados designados por la UE colaboran con la policía federal belga, mientras que los jueces belgas autorizan medidas de investigación como registros e incautaciones.

¿Y ahora qué?

Tras ser interrogados por la policía, Sannino y Mogherini son ahora oficialmente sospechosos, mientras los investigadores siguen examinando los documentos incautados.

En las próximas semanas se sabrá si la EPPO decide ampliar su investigación. Más personas podrían verse envueltas en el escándalo, que por ahora se limita a la primera de las dos licitaciones que el SEAE convocó para la academia.

La salida de Mogherini del Colegio de Europa ha desencadenado peticiones de reforma y exigirá encontrar un nuevo rector. Y la jubilación anticipada de Sannino significa que su dirección para Oriente Medio necesita un nuevo alto cargo permanente.

Está en juego la credibilidad del Colegio de Europa, donde muchos eurócratas aprenden cómo funciona Bruselas, el SEAE y la Comisión. Pero también es una prueba importante para el fiscal de la UE.

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Con información de Eddy Wax.

(Editado por mm, jp/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre/Euractiv.es)

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Praga (Euractiv.cz) – El líder del partido populista checo ANO, el euroescéptico Andrej Babiš, fue nombrado este martes primer ministro ,tras cuatro años alejado del poder, por el presidente del país centroeuropeo, Petr Pavel.

Está previsto que el gabinete al completo, formado por ANO, el partido de extrema derecha SPD y el partido populista Motoristas, asuman sus cargos dentro de una semana.

Babiš ha presentado su lista de ministros, en la cual no figura el ex eurodiputado Filip Turek, cuyo posible nombramiento suscitó controversia, después de que varios medios de comunicación checos publicaran viejas imágenes que le relacionaban con símbolos nazis y su ex pareja presentara una denuncia penal en su contra por supuesta violación y malos tratos prolongados, acusaciones que el político ha negado.

Esta martes, Pavel señaló que el nombramiento refleja «la voluntad de los votantes», pero recordó a Babiš que es necesario acordar  cuestiones pendientes relacionadas con conflictos de intereses, en especial sus vínculos con el conglomerado Agrofert, que ha recibido importantes subvenciones estatales y de la Unión Europea (UE), a pesar de que fue colocado en fondos fiduciarios durante su anterior mandato.

Por otro lado, Pavel subrayó el difícil entorno geopolítico al que se enfrenta el nuevo gobierno, y recordó que las futuras decisiones del Ejecutivo «no serán agradables para la población» y requerirán tanto visión estratégica como coraje político.

En ese sentido, señaló que no se debería poner en duda la relación de Praga con la UE y la OTAN.

Babiš se comprometió a defender los intereses de los ciudadanos «en casa y en cualquier parte del mundo», al tiempo que añadió que hará «lo máximo para garantizar que la República Checa se convierta en el mejor lugar para vivir de todo nuestro planeta».

Un gobierno euroescéptico

El acuerdo de coalición sitúa a la República Checa en Bruselas como un actor más centrado en impulsar la soberanía nacional que el ideal europeo, más alineada con los gobiernos euroescépticos de la UE, como Eslovaquia y Hungría.

En ese sentido, el nuevo primer ministro checo sostuvo este martes que la UE «tiene límites» y no debe imponer decisiones que crucen las líneas rojas nacionales, aunque confirmó que Praga seguirá formando parte de la OTAN.

En el plano regional, el Gobierno pretende reactivar la cooperación en el seno del Grupo de Visegrado, junto con Eslovaquia, Polonia y la  Hungría del primer ministro ultranacionalista, Viktor Orbán (Patriotas por Europa/PfE).

Por otro lado, se comprometió a mantener la autonomía monetaria y descartó la adopción del euro. Calificó la corona checa de «clave para la soberanía económica».

En materia de inmigración, el nuevo gobierno prometió tolerancia cero con las entradas irregulares, rechazó el Pacto de Migración y Asilo de la UE y anunció la adopción de una nueva ley de asilo que restringirá la protección legal solo para casos excepcionales.

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(Editado por Charles Szumski/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es) 

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Bruselas (Euractiv.com) – El Parlamento Europeo aprobó varios cambios en las salvaguardias propuestas para el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, que podrían complicar la ratificación del polémico pacto, al cual se oponen, entre otros socios del bloque, Francia.

La Comisión Europea propuso el pasado octubre una cláusula de salvaguardia reforzada para determinados productos agrícolas, con la esperanza de que el acuerdo fuera aceptable para los agricultores europeos y para los países menos favorables al texto.

Los países de la UE acordaron el lunes aprobar la medida sin cambios.

Sin embargo, la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) ha presentado varias enmiendas, la más importante de las cuales es una nueva «obligación de reciprocidad» sobre las normas de producción, propuesta por el eurodiputado belga Benoit Cassart y el francés Jeremy Decerle, ambos del grupo liberal Renovar Europa.

Las enmiendas de compromiso negociadas por el eurodiputado Gabriel Mato, responsable del expediente Mercosur en la Eurocámara, también recibieron el apoyo del INTA. Mato se mostró satisfecho con el resultado de la votación, y afirmó que el texto es ahora más sólido que la propuesta inicial de Bruselas, y refleja las principales preocupaciones planteadas por los eurodiputados de la comisión de agricultura de la Eurocámara.

El texto revisado rebaja los umbrales para activar las medidas de salvaguardia, al pasar de un 10% a un 5% de caída de los precios de importación en comparación con la media inicial, de tres años, siempre que el precio sea también un 5% inferior al precio medio interno de la UE.

Por otro lado, se subraya que la Comisión Europea no debe limitarse a los umbrales numéricos y puede iniciar una investigación siempre que existan «indicios claros de deterioro» de la situación económica de una industria.

Los eurodiputados también han endurecido el plazo para que el Ejecutivo de Bruselas reaccione una vez iniciada una investigación: de 21 a 14 días. También ampliaron la lista de productos cubiertos por la salvaguardia para incluir los cítricos (naranjas, limones, mandarinas) y los huevos.

Si el Parlamento Europeo confirma esa posición en la sesión plenaria del próximo 16 de diciembre, el Parlamento Europeo y el Consejo tendrán que entablar nuevas negociaciones.

Eso complicaría la estrategia del Consejo, que desea aprobar el reglamento de salvaguardia rápidamente y sin cambios para evitar abrir negociaciones interinstitucionales, y garantizar que las salvaguardias entren en vigor antes de la firma definitiva del acuerdo, prevista para el próximo 20 de diciembre en Brasil.

Para algunos países del bloque, un sólido mecanismo de salvaguardia para los sectores agrícolas sensibles es «un complemento esencial» del acuerdo, según explicó a Euractiv una fuente diplomática de la UE.

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(Alice Bergoënd/Euractiv.com ha colaborado en este artículo)

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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