Bruselas (Euractiv.com) – Italia, Bulgaria y Malta se han sumado a la petición de Bélgica de que la Unión Europea (UE) encuentre alternativas al programa  de préstamo, dotado con 210.000 millones de euros, para Ucrania recurriendo a  activos rusos congelados. La iniciativa de último momento de los tres países amenaza con torpedear el Consejo europeo de Bruselas de los próximos jueves y viernes, en el cual los 27 deberían acordar el denominado «préstamo de reparación» para Kiev.

En una declaración conjunta publicada el viernes por la tarde-noche, a la cual tuvo acceso Euractiv, esos  cuatro países reiteran su apoyo a la  propuesta de la Comisión Europea de inmovilizar indefinidamente los fondos soberanos de Moscú en la UE, aunque  advierten de que la medida no se debe «adelantar» a un posible uso del dinero para apoyar el esfuerzo bélico de Kiev.

La Comisión Europea presiona para inmovilizar indefinidamente las reservas con el objetivo de sortear el reiterado veto del primer ministro húngaro, el prorruso Viktor Orbán, sin cuyo apoyo -en una votación por unanimidad- no es posible renovar cada seis meses las sanciones de la UE a Moscú.

Los cuatro países invitan «a la Comisión y al Consejo a seguir explorando y debatiendo opciones alternativas acordes con el Derecho de la UE e internacional, con parámetros predecibles y que presenten riesgos significativamente menores, para hacer frente a las necesidades financieras de Ucrania, basadas en una línea de crédito de la UE o en soluciones puente, de modo que se garantice la continuidad del apoyo antes de que pueda entrar efectivamente en vigor cualquiera de las opciones sobre la mesa», según reza el texto del documento conjunto al cual tuvo acceso Euractiv en la noche del viernes.

El primer ministro belga, Bart De Wever, insiste en hallar alternativas al préstamo, que ha calificado de «erróneo» , al tiempo que ha advertido de que plantea numerosos riesgos jurídicos y financieros.

Los embajadores de los países de la UE aprobaron ayer, viernes, la inmovilización indefinida de los activos rusos en base a una disposición de emergencia de los Tratados de la UE.

El recurso al «artículo 122» de los tratados es fundamental para evitar que los fondos de Moscú sean devueltos a Rusia si se levantan las sanciones al Kremlin, lo cual podría obligar a Bélgica a devolver cientos de miles de millones de euros a Moscú.

Euroclear, la cámara de compensación con sede en Bruselas, posee la gran mayoría de los 210.000 millones de euros en activos destinados al préstamo.

Tanto Hungría como Bélgica advirtieron esta semana de que la decisión de la Comisión de ampararse en el artículo 122 podría infringir la legislación de la UE.

Euroclear, Hungría y Bélgica también han cuestionado en reiteradas ocasiones la legalidad del programa de préstamo y han advertido de que podría socavar la estabilidad financiera de la Eurozona, cuestiones en las que también ha insistido el Banco Central Europeo (BCE).

Invocar el artículo 122 permite a una «mayoría cualificada» de Estados miembros de la UE -15 países que representan el 65% de la población del bloque- congelar de forma permanente los activos de Moscú. Hasta la fecha, las sanciones sobre activos se tienen que renovar por unanimidad por los 27 Estados miembros del bloque, cada seis meses.

La iniciativa eliminaría el principal «as en la manga» del ultranacionalista Orbán (Fidesz/Patriotas por Europa), que ha intentado en reiteradas ocasiones arrancar concesiones de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, amenazando con no prorrogar las sanciones, aunque siempre ha dado marcha atrás, en el último momento.

En la declaración conjunta, Italia, Bulgaria, Malta y Bélgica advierten de que el recurso al artículo 122 «implica consecuencias jurídicas, financieras, procesales e institucionales que podrían ir mucho más allá de este caso concreto» y que la decisión de este viernes no debería «constituir un precedente» para la política exterior y de seguridad del bloque, que normalmente requiere unanimidad.

Los embajadores de los 27 tienen previsto reunirse mañana, domingo, en Bruselas para debatir el programa de préstamo a Kiev con vistas a la cumbre europea de la semana próxima, en la cual intentarán abordar las numerosas enmiendas de Bélgica a la propuesta jurídica de la Comisión Europea.

Las exigencias de Bélgica antes de dar su visto bueno incluyen garantías «independientes» y «autónomas» de los países de la UE y el requisito de que Euroclear «no sea responsable» de la provisión del préstamo de reparación, según se indica en documentos oficiales belgas a los cuales tuvo acceso Euractiv.

Al cierre de este artículo, en la noche del viernes, la Comisión Europea declinó hacer comentarios sobre la iniciativa de esos cuatro países en relación al «préstamo de reparación».

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) han alcanzado, tras dos días de difíciles negociaciones en un Consejo del ramo, un acuerdo sobre las cuotas de captura para 2026, tras esquivar los drásticos recortes propuestos por la Comisión Europea para el Mar Mediterráneo, que afectaban sobre todo a España, Italia y Francia. Las negociaciones comenzaron el jueves y se prolongaron hasta bien entrada la madrugada de hoy, sábado.

El acuerdo abarca las cuotas pesqueras del Mediterráneo, el Mar Negro, el Atlántico y el Mar del Norte para 2026 e incluso 2027 y 2028 para determinadas poblaciones. Fue aprobado casi por unanimidad, con la única oposición de Irlanda, según confirmó un diplomático de la UE.

Francia, Italia y España unieron sus fuerzas para evitar un fuerte recorte de las cuotas de captura en el Mediterráneo Occidental, como ya ocurrió el año pasado.

🐟 A final compromise on fishing opportunities for 2026 in EU and non-EU waters. #AGRIFISH

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— EU Council Press (@EUCouncilPress) December 13, 2025

Consiguieron una prórroga muy reñida: cerca de 140 días de pesca.

Se trata de una gran victoria, teniendo en cuenta que la Comisión Europea apostaba por una reducción del 65% de los días de pesca, alegando que la mayoría de las poblaciones de peces de la región están sobreexplotadas.

A su llegada al Consejo AGRIPESCA el jueves de esta semana, el ministro español del ramo, Luis Planas, sugirió que el Ejecutivo comunitario estaba escenificando una «representación teatral», para retractarse después.

El ministro danés de Pesca Jacob Jensen, cuyo país ostenta la presidencia semestral del bloque, afirmó que el resultado del Consejo es un equilibrio adecuado entre el asesoramiento científico -sobre el peligro de la sobreexplotación de determinadas especies- y las perspectivas económicas del sector.

Los mecanismos de compensación en vigor, que conceden días de pesca adicionales a los buques que apliquen medidas de sostenibilidad, seguirán en vigor, aunque con ligeros cambios.

No solo el mar Mediterráneo

Aunque las cuotas para capturas en el Océano Atlántico causaron menos polémica que las del Mediterráneo, estuvieron marcadas por los conflictos con los Estados ribereños de la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste (CPANE): Islandia, Noruega, Rusia, Reino Unido y Dinamarca en nombre de las Islas Feroe.

Los miembros de la CPANE están enfrentados desde hace tiempo por la gestión de poblaciones clave, sobre todo la caballa, al tiempo que la UE acusa a Noruega de sobrepesca.

Durante las negociaciones, varios ministros instaron a la Comisión Europea a endurecer su postura y amenazar a Oslo con prohibir las importaciones.

Por otro lado, los países de la UE acordaron un recorte de sus capturas de caballa de alrededor del 70%, que afectó especialmente a Irlanda. Una coalición de países, entre ellos Francia, se opuso a conceder a Dublín cuotas adicionales en virtud de las denominadas Preferencias de La Haya.

Antes de las conversaciones, el Consejo AGRIPESCA alcanzó acuerdos con Londres y Noruega sobre otras poblaciones gestionadas conjuntamente, entre ellas el bacalao, el merlán, la solla y el arenque.

En cuanto a las poblaciones de peces gestionadas exclusivamente por la UE, los ministros acordaron reducir los límites de capturas de una serie de especies en el Atlántico y el Mar del Norte, entre ellas el abadejo y el lenguado común, pero aumentaron las capturas de gallo y cigala en el Golfo de Vizcaya.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Esa fecha fue acordada hace dos años por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, pero podría eliminarse bajo la presión de Alemania y otros países, según Greenpeace.

La propuesta de la Comisión, cuya presentación está prevista para el próximo martes, ya no especifica una fecha de transición fija. Para 2035, las emisiones de CO2 de los automóviles nuevos solo se reducirían en un 90%, en lugar del 100% original. Incluso en 2040, los nuevos motores de combustión seguirían estando permitidos.

Martin Kaiser, director ejecutivo de Greenpeace Alemania, consideró el viernes que esa decisión del Ejecutivo comunitario supondría “un autogol en materia de política industrial y un duro golpe para la protección del clima”.

“Con esta propuesta, la Comisión se está convirtiendo en la sepulturera de la industria automovilística local y de la protección climática europea», añadió, antes de subrayar que el Gobierno germano (una coalición entre democristianos de la CDU/CSU (PPE) y socialdemócratas del SPD/S&D) ha elegido “el lado equivocado de la historia industrial”.

“Ahora depende de los Estados miembros razonables detener esta postura populista y contraria al futuro en el Consejo”, recalcó Kaiser.

Greenpeace insta a España a no cambiar su posición de rechazo

Por su parte, Cristina Arjona, responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace España, recalcó que “los intereses a corto plazo de algunos lobbies no pueden echar por tierra años de acuerdos fundamentales”.

“El Gobierno de España, que ha apoyado con firmeza el fin del coche de combustión en 2035, debe mantenerse absolutamente firme y rechazar cualquier intento de suavizar o retrasar esta fecha en el próximo Consejo. Cualquier retroceso es inaceptable y una traición a las generaciones futuras”, destacó Arjona, según informa Servimedia, socio de Euractiv.

Arjona reclamó a España que “rechace cualquier retraso en la fecha y lidere la defensa del 2035 sin excepciones para garantizar una transición rápida hacia la movilidad de cero emisiones”.

“No solo para proteger la salud ciudadana y ser coherente con la lucha contra la emergencia climática, sino también para evitar el colapso de la propia industria automovilística europea, que por ganar unos años de beneficios se quedará sin la posibilidad de competir con los fabricantes asiáticos, como ya ha sucedido en otros sectores industriales”, justificó.

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(Editado por MGR/clc/Servimedia y Fernando Heller/Euractiv.es)

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