La Comisión Europea tiene previsto fusionar todos las iniciativas y programas de subvención de la industria de defensa de la UE junto con los programas para otros sectores estratégicos en un único megafondo de política industrial de la UE, bautizado Fondo Europeo de Competitividad (FEC).

El plan podría chocar con los programas de muchos países de la UE para utilizar los fondos de defensa comunitarios para reponer sus arsenales militares, y también podría echar por tierra  las esperanzas de impulsar las fábricas europeas de contratistas de defensa externos, entre ellas las principales empresas estadounidenses.

Ampliación del programa

Entre los programas incluidos en los planes del FEC figura el Programa Europeo para la Industria de Defensa (EDIP), pendiente de aprobación, lo cual indica que la Comisión lo considera una solución a largo plazo para reforzar la industria europea de defensa e impulsar más adquisiciones militares conjuntas en el continente.

Los actuales proyectos del EDIP, que se negocian entre el Parlamento y el Consejo, sólo llegan hasta 2027.

También se incluyen las subvenciones a la producción de municiones ASAP, cuyo presupuesto expiró a finales del mes pasado.

Ello sugiere que Bruselas sopesa inyectar más recursos para reactivar el programa, lanzado inicialmente para ayudar a las empresas europeas a suministrar a los ejércitos europeos y a Ucrania suficientes proyectiles de artillería.

El programa de adquisición militar conjunta EDIRPA, que expira en diciembre, también está incluido en la propuesta del FEC.

En ese sentido, una fuente comunitaria ha explicado a Euractiv que la Comisión Europea quiere mantener en funcionamiento tanto el ASAP como el EDIRPA, como mecanismos de financiación al menos hasta que el EDIP -que contiene elementos de ambos programas- supere todas las trabas en las negociaciones.

El documento consultado por Euractiv no indica sin embargo cuánto dinero tiene previsto destinar la Comisión Europea a esos programas en su propuesta de nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto a largo plazo del bloque europeo, cuya presentación está prevista para el próximo 16 de julio.

Algunos de los otros programas relacionados con la defensa quedarán fuera de la FEC, entre ellos el plan de movilidad militar para adaptar las infraestructuras de toda Europa a las especificaciones militares, o los fondos de cohesión utilizados para impulsar la fabricación de armamento.

Un solo fondo, pero reglas muy diferentes

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – Numerosas ONG especializadas en la defensa de los derechos de los consumidores han instado a la Comisión Europea a no reabrir ni retrasar la aplicación de la Ley de Inteligencia Artificial, mientras el ejecutivo de la Unión Europea (UE) se esfuerza por simplificar la normativa digital.

Este miércoles, varias organizaciones de la sociedad civil han publicado una carta abierta dirigida a la Comisaria de Asuntos Digitales, Henna Virkkunen, al Comisario de Industria, Stéphane Séjourné, y al Comisario de Economía, Vladis Dombrovskis, instándoles a no reabrir la legislación tecnológica de la UE.

Bruselas anunció el pasado mes de enero que a finales de este año presentará un «paquete digital» destinado a simplificar y racionalizar las normas tecnológicas, entre ellas el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley de Inteligencia Artificial (IA) y la legislación sobre ciberseguridad.

No obstante, sobre todo en las últimas semanas, la industria tecnológica europea y algunos países del bloque comunitario han presionado para que se suspendan algunas de las normas de la Ley de IA, con el argumento de que la norma podría obstaculizar la innovación de la UE en ese campo, ya que las herramientas esenciales para su cumplimiento aún no están listas.

Los firmantes de la misiva -entre los cuales está la asociación paneuropea de protección de los consumidores (BEUC), la ONG de derechos digitales EDRi y el Centro para la Democracia y la Tecnología- temen que las presiones para «parar el reloj» puedan disfrazar una desregulación total, no una mera simplificación.

Bruselas se juega la confianza de los ciudadanos europeos

La carta señala, a modo de ejemplo, el primer paquete de simplificación presentado por la Comisión Europea a principios de este año sobre sostenibilidad y diligencia debida, y argumenta que las enmiendas fueron mucho más allá de lo previsto originalmente.

«La Ley de Inteligencia Artificial es una piedra angular de la ambición europea de defender una inteligencia artificial que dé prioridad a las personas y respete los derechos, y cualquier debilitamiento de sus salvaguardias podría socavar la confianza pública y la credibilidad de Europa como referente mundial en materia de inteligencia artificial», explicó a Euractiv Laura Lázaro Cabrera, experta del Centro para la Democracia y la Tecnología en Europa.

«Es peligroso hacer retroceder protecciones legales esenciales», comentó a Euractiv Blue Tiyavorabun, de EDRi.

En una intervención ante el Consejo a principios de junio, Virkkunen no descartó retrasar la aplicación de la Ley de IA.

En aquel momento, el portavoz de la Comisión, Thomas Regnier, explicó a Euractiv que «todas las opciones» seguían abiertas, en el contexto del paquete digital.

Para impulsar la innovación europea en IA, la Comisión Europea ha dejado muy claras cuáles con sus metas.

«Queremos que Europa sea uno de los continentes líderes en IA», declaró en febrero pasado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el marco de la Cumbre sobre IA celebrada en París.

Para lograr ese fuerte impulso a la IA, según Regnier, se apoyará a los países y a la industria de la UE con«infraestructuras, datos, potencia de cálculo, talento y, por supuesto, claridad y seguridad jurídica».

Al mismo tiempo, reiteró que Bruselas mantiene su compromiso con «los objetivos de la Ley de IA», entre ellos el apoyo a «normas armonizadas basadas en el riesgo en la UE y la garantía de la seguridad de los sistemas de IA en el mercado europeo».

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – Hay poco que celebrar en el 40º aniversario del espacio  Schengen, ya que la zona de libre circulación de la Unión Europea (UE) se está resquebrajando cada día.

El espacio Schengen, creado en 1985 y elogiado como uno de los logros más importantes del bloque, permite la libre circulación de personas, bienes y servicios entre 27 países: 23 Estados miembros de la UE más Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein.

Cada día, cerca de 3,5 millones de personas cruzan las fronteras interiores, y cerca de 32 millones de empresas ahorran dinero en pesados costes burocráticos.

Pero esa libertad se ha puesto a prueba en repetidas ocasiones desde 2015, cuando un fuerte aumento del flujo de refugiados y migrantes, en su mayoría procedentes de Oriente Medio, desencadenó la vuelta de los controles en las fronteras interiores.

En aquel momento, los países de la UE lo enmarcaron como una respuesta «temporal» para mitigar la crisis, que puso de manifiesto los límites de los sistemas de asilo y fronteras del bloque comunitario europeo.

Según las normas de Schengen, los Estados miembros tienen derecho a volver a aplicar  temporalmente los controles fronterizos, aunque sólo cuando exista una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior.

La duración de esos controles depende de las razones jurídicas concretas que alegue cada país, pero la idea está clara: temporal es «temporal».

Sin embargo, desde principios de este mes, 11 países Schengen han vuelto a implementar  controles fronterizos en sus fronteras interiores. Polonia aplicó el lunes controles fronterizos a los vehículos procedentes de Alemania como medida de represalia.

Varias instituciones de la UE, entre ellos el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), el Parlamento y el Tribunal de Cuentas, han cuestionado «la necesidad, la proporcionalidad y las pruebas que sustentan la vuelta de los controles fronterizos», explica a Euractiv Davide Colombi, investigador de Justicia y Asuntos de Interior del «think tank» CEPS.

Los países de la UE «han fracasado sistemáticamente a la hora de aportar pruebas de cómo su introducción de controles fronterizos es una solución al problema», añade Colombi.

El experto asegura que la aplicación de controles en las fronteras interiores sólo se tendría que permitir en casos limitados y excepcionales.

«(…) Los Estados miembro han ido más allá de lo que realmente les permite hacer la legislación de la UE», agrega.

«Uno de los principales problemas es la falta de aplicación por parte de la Comisión Europea, a pesar de que los Estados miembro han ido más allá de los plazos establecidos por el Código de fronteras Schengen», explica Colombi, al tiempo que añade que Bruselas no está tomando ninguna medida significativa, por ejemplo, procedimientos de infracción.

El peaje económico

Dado que Schengen es un motor clave de la economía de la UE, su desmantelamiento tendría consecuencias directas en el comercio, los desplazamientos diarios al trabajo, el turismo y los costes vinculados a los controles fronterizos, entre ellos infraestructuras y personal.

Se calcula que los costes anuales de funcionamiento oscilan entre 2.000 y 4.000 millones de euros al año, es decir, entre el 0,02% y el 0,03% del PIB total del espacio Schengen.

En términos más generales, la supresión de la zona de libre circulación socava los cimientos de la eurozona, ya que una unión monetaria funciona mejor cuando las mercancías y las personas pueden circular libremente.

Los controles fronterizos permanentes pueden ralentizar la circulación de personas y mercancías por el continente, encarecer el turismo y dificultar los desplazamientos diarios de los 1,7 millones de trabajadores transfronterizos de Schengen.

Sólo eso tendría un coste de entre 3.000 y 4.000 millones de euros al año, y los países más pequeños, como Eslovaquia y Luxemburgo, serían los más afectados.

Si a eso se añaden cerca de 200 millones de desplazamientos transfronterizos anuales y millones de camiones de mercancías, como los 18 millones que entran en Alemania cada año, el impacto económico total podría duplicarse fácilmente, lo cual podría alterar las cadenas de suministro en toda la UE.

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(Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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