Bruselas (Euractiv.com/.es) – Cuatro años después de las catastróficas inundaciones que afectaron a varios países de Europa, entre ellos Alemania y Bélgica, con un saldo de más de 200 fallecidos, las autoridades locales aseguran estar mejor preparadas, aunue los expertos advierten de que la respuesta a la crisis por sí sola no basta.

Alemania y Bélgica fueron los países más afectados por las catastróficas inundaciones de la noche del 14 al 15 de julio de 2021, que se cobraron más de 200 vidas y destruyeron zonas residenciales enteras.

Más allá del trágico balance humano, el impacto económico fue inmenso. Aunque Alemania y Bélgica recibieron 612 millones de euros y 87,7 millones de euros respectivamente en ayuda inmediata del Fondo de Solidaridad de la UE,  fue una gota en el océano comparado con el coste total.

El coste de la recuperación en Alemania se ha estimado en cerca de 30.000 millones de euros, y las reclamaciones de seguros se elevan a 8.750 millones de euros. Las aseguradoras belgas registraron más de 85.000 siniestros por valor de más de 2.570 millones de euros.

Reconstruir, pero mejor

Ambos países aseguran haber realizado importantes avances en los esfuerzos de reconstrucción y han puesto en marcha una iniciativa conjunta a cuatro años vista para mejorar la preparación ante futuras inundaciones repentinas.

«En lo que respecta a la protección nacional contra las inundaciones, todavía tenemos por delante una tarea ingente que sólo pueden abordar conjuntamente el gobierno federal, las autoridades estatales y las locales», explica Guido Orthen, alcalde de Bad Neuenahr-Ahrweiler, una de las ciudades más afectadas de Alemania.

Sin embargo, los retos persisten. Según Ina Scharrenbach, ministra regional de Renania del Norte-Westfalia responsable de la financiación de la reconstrucción, se han abonado casi todas las solicitudes de ayuda financiera de los propietarios de viviendas. Pero los ayuntamientos – «incomprensiblemente», – sólo han reclamado un tercio de los fondos disponibles para reconstruir carreteras, puentes, guarderías y clínicas.

Scharrenbach admite que no ha leído el informe final de la comisión parlamentaria que investigó la respuesta a las inundaciones de hace cuatro años, pero asegura que «no hay seguridad al 100%, pero debemos hacerlo mejor que en 2021».

Sensibilización

Bélgica, por su parte, se ha centrado en la concienciación pública, animando a los ciudadanos a ser más autosuficientes durante las emergencias y a depender menos de los socorristas locales.

Pero la prevención estructural de inundaciones acumula mucho retraso. Un informe de la Comisión Europea de febrero de 2025 advertía de que los avances en el marco de la Directiva sobre inundaciones de la UE son demasiado lentos, ya que la mayoría de los planes nacionales contra el riesgo de inundaciones no alcanzan los denominados «objetivos cuantitativos».

Por ello, Bruselas insta a los Estados miembros a centrarse más en «la restauración de los ecosistemas y las soluciones basadas en la naturaleza» para reducir la vulnerabilidad a las inundaciones graves.

No obstante, muchos gobiernos siguen abordando la preparación ante las inundaciones con soluciones puramente tecnológicas , lo cual acaba frustrando a los grupos ecologistas.

«Ciudades esponja»: una solución olvidada

La ONG alemana Deutsche Umwelthilfe (DUH) detectó recientemente importantes deficiencias en 10 de los 16 estados federados (länder) y señaló que conceptos como el de «ciudades esponja» se pasan por alto o se entienden mal.

Las ciudades esponja -Berlín es un ejemplo de ello– están diseñadas para absorber y retener el agua de forma natural, con espacios abiertos e infraestructuras verdes que sustituyen a superficies impermeables como el asfalto y el pavimento.

Según un artículo publicado en 2024 en la revista Environmental Science, las recomendaciones para proteger contra las inundaciones la cuenca del río Vesdre, la más afectada por las inundaciones de 2021 en Bélgica, llegaron demasiado tarde.

En el momento de la publicación del informe, tampoco existía ningún sistema para supervisar o evaluar las estrategias de prevención de inundaciones.

A falta de protección estructural, las vulnerabilidades persisten, sobre todo porque los riesgos de inundación aumentan no sólo en las zonas rurales, sino también con el aumento del desarrollo urbano y el sellado de las superficies.

Según un atlas medioambiental de Bruselas que hace referencia a datos de 2019, las zonas de alto riesgo de inundación de la capital coinciden en gran medida con barrios de bajos ingresos, donde más de la mitad de las superficies del suelo son impermeables.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – Grandes cantidades de madera de origen sospechoso, procedente de Rusia y Bielorrusia, siguen entrando a la Unión Europea (UE) a pesar de las sanciones impuestas por Europa a Moscú, al tiempo que varios miembros del bloque comunitario presionan para retrasar la aplicación de la Ley Antideforestación.

En una carta enviada a la Comisión Europea la semana pasada, varios Estados miembros de la UE, entre ellos Portugal, Estonia, Italia, Croacia, Eslovenia, Chequia, Bulgaria y Polonia, solicitaron excepciones al Reglamento de la UE contra la deforestación, cuya entrada en vigor está prevista para diciembre.

Sin embargo, una investigación de la ONG Earthsight ha revelado que muchos de esos países siguen importando madera contrachapada de abedul -un producto maderero de alto valor- de China, Georgia, Kazajstán y Turquía.

Esos países han estado vinculados con casos de «blanqueo» de productos madereros rusos desde que entraron en vigor las sanciones de la UE a Rusia y Bielorrusia tras la invasión de Ucrania en 2022.

El último análisis de Earthsight de los nuevos datos comerciales hasta abril de 2025 se basa en una investigación anterior, publicada en enero, la cual reveló que los países de la UE  importaron madera rusa contrachapada de abedul por valor de 1.500 millones de euros desde el comienzo de aplicación de las sanciones europeas en 2022.

La unidad de sanciones de la Comisión Europea (DG FISMA) advirtió en marzo de que los productores de madera rusos y bielorrusos están reetiquetando madera y desviándola a través de terceros países para eludir las restricciones comerciales de la UE.

Aunque Bruselas impuso en junio aranceles antidumping a la madera contrachapada de frondosas chinas, incluido el abedul, las ONG sostienen que el gravamen no distingue entre el abedul y las especies de frondosas de menor riesgo, por lo que podría no frenar las exportaciones.

Entre febrero y abril de este año, España -que no ha solicitado exenciones a la Ley de Deforestación- fue el principal importador de la UE de contrachapado de abedul sospechoso, por valor de más de 15 millones de euros,  estimado en  venta al por menor, según aEarthsight.

Portugal fue segundo, con más de 12 millones de euros, mientras que Estonia importó casi 10 millones de euros, principalmente de Kazajstán.

Sin embargo, Polonia -el mayor importador entre 2022 y 2024- ha intensificado considerablemente los controles desde entonces, lo cual ha provocado un fuerte descenso de las importaciones a partir de febrero de este año.

La Asociación Española de la Madera y el Mueble ha advertido de que las constantes importaciones rusas amenazan a la industria nacional, haciéndose eco de preocupaciones similares planteadas por productores de Letonia y Polonia.

Los datos de Eurostat revisados por Euractiv revelan que antes de la invasión rusa de Ucrania las importaciones de la UE de contrachapado de abedul procedente de Kazajstán y Georgia eran inexistentes, mientras que las importaciones de China y Turquía eran insignificantes en la mayoría de los Estados miembros.

Impulso político

Las informaciones se dan a conocer al tiempo que aumenta la presión política para debilitar la Ley de Deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés), una norma emblemática de la UE destinada a impedir la entrada en el mercado único de productos relacionados con la deforestación.

El Parlamento Europeo aprobó la semana pasada una resolución abanderada por el Partido Popular Europeo (PPE) en la cual rechazaba la clasificación de riesgo propuesta por la Comisión Europea y solicitaba una nueva categoría «sin riesgo» para los países con sus leyes nacionales de deforestación.

Rusia y Bielorrusia están clasificados como países de alto riesgo en la EUDR, pero otros, entre ellos Kazajstán, China, Turquía y Georgia -todos ellos señalados por las ONG- están clasificados como de bajo riesgo, junto con todos los Estados miembros de la UE.

El eurodiputado -y silvicultor- austriaco Thomas Waitz, del grupo de Los Verdes, advirtió de que la categoría de «exento de riesgo» y un retraso en su aplicación socavarán las sanciones contra Rusia.

«El PPE tiene que dar la cara por Ucrania», comentó.

Pore su parte, Pascal Canfin, principal negociador del Reglamento por el grupo liberal Renovar Europa, ha asegurado que los llamamientos a debilitar la EUDR son «un regalo a países como Rusia» y socavaban la soberanía de la UE.

La EUDR incluye normas de trazabilidad más estrictas que la legislación vigente sobre la madera y fue diseñada para colmar lagunas jurídicas ya conocidas.

No obstante, la ONG Earthsight sostiene que la categoría «sin riesgo» -respaldada por los ministros de agricultura de 18 socios del bloque y por el Parlamento Europeo- podría hacer que la EUDR fuera menos ambiciosa que las normas actualmente en vigor.

El eurodiputado del PPE Alexander Bernhuber, que lidera la iniciativa para eximir a algunos países de la UE de las obligaciones de la EUDR con la nueva categoría de riesgo, cree que el Reglamento no debería utilizarse para imponer sanciones.

«[La elusión] es un delito penal que se debe perseguir con toda contundencia», explica a Euractiv, al tiempo que añade que se necesitan «controles más estrictos en las fronteras exteriores de la UE y la aplicación de las normativas sancionadoras existentes»

«No puede ser que con la EUDR castiguemos a quienes practican una silvicultura sostenible y responsable», añade.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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París (Euractiv.fr/.es) – El primer ministro francés, François Bayrou, presentará  mañana, martes, un plan de austeridad de 40.000 millones de euros para 2026, que previsiblemente será rechazado por todos los partidos de la oposición, lo cual podría desencadenar la caída del gobierno, cuando la Asamblea Nacional vote la propuesta en otoño.

A las 16.00 horas del martes, Bayrou presentará sus primeras orientaciones presupuestarias para 2026. Durante semanas, los ministros del Gobierno se han turnado para enfrentarse a los medios de comunicación y preparar el terreno, ante lo que han calificado de «estado catastrófico» de las finanzas públicas, lo cual impulsa la necesidad urgente de frenar el gasto público.

Según las cifras publicadas el 26 de junio por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE), la deuda pública aumentó en 40.500 millones de euros extra en los tres primeros meses del año, hasta alcanzat 3.345.800 millones de euros al final del primer trimestre, lo que equivale al 114% del Producto Interior Bruto (PIB).

Para reducir el déficit del 5,4% del PIB este año al 4,6% el próximo -y situarse dentro del límite de las reglas de la UE del 3% en 2029-, Bayrou propondrá un ajuste de 40.000 millones de euros en el presupuesto de 2026.

Sin «fuerte subidas de impuestos», la medida implicará necesariamente una reducción del gasto público.

Entre las medidas previstas figuran la reforma del seguro de desempleo y la reducción generalizada de los presupuestos ministeriales.

Al mismo tiempo, se ha anunciado un aumento de los gastos de defensa, un incremento del coste del servicio de la deuda y un aumento de la contribución de Francia al presupuesto de la Unión Europea (UE).

El Gobierno cuenta también con un «año de congelación», en el que las prestaciones sociales -incluidos el seguro de desempleo y las pensiones- se mantendrán en los niveles de 2025, a pesar de una inflación prevista del 1,6% en 2026.

Esa «congelación» podría ahorrar cerca de 5.000 millones de euros.

En un esfuerzo por recabar apoyos, Bayrou se reunió la semana pasada con representantes de los grupos políticos de la Asamblea Nacional. Pero sabe que camina por la cuerda floja.

Aunque casi todos los partidos admiten la magnitud del reto financiero, no hay consenso sobre cómo abordarlo.

Una guerra de trincheras en ciernes

El enfoque económico basado en la propuesta defendida por Bayrou -y por todos los primeros ministros de Emmanuel Macron antes que él- es objeto de duras críticas por parte de los partidos de izquierda, que centran sus dardos en las exenciones fiscales concedidas a las empresas.

«Desde 2017, el gasto público ha caído en relación con el PIB, por lo que no es el gasto lo que ha empeorado el déficit: son los recortes fiscales», explica a Euractiv el diputado Éric Coquerel (LFI), que preside la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.

«La guerra comercial lanzada por Donald Trump exige en cambio inversiones masivas en la industria, como van a hacer los alemanes», añade Coquerel.

El experto teme un «desacoplamiento» de la economía francesa y una «explosión» de las desigualdades.

En ese sentido, está previsto que la formación de izquierda radical Francia Insumisa (LFI) rechace en otoño el proyecto de presupuesto, lo cual no dejará otra opción al gobierno que intentar, una vez más, negociar con los socialistas.

Precisamente, los socialistas aceptaron no votar en contra del presupuesto de 2025 a cambio de reabrir el expediente de la reforma de las pensiones.

Pero el fracaso de las negociaciones entre sindicatos y patronal ha colocado al gobierno de Bayrou en la cuerda floja mientras los socialistas piensan endurecer su postura.

En ese sentido, el senador socialista Patrick Kanner ha abogado por una mayor presión fiscal a las rentas más altas.

«Si el esfuerzo que se exige a los más ricos es un impuesto menor que recaude entre 1.000 y 1.500 millones de euros, no será aceptable», ha advertido.

Por su parte, el partido de extrema derecha Agrupación Nacional (Rassemblement National/RN/Patriotas por Europa) ha criticado la falta de «ahorro estructural».

«Proponer un ‘año de congelación’ es como decir ‘no hago nada, pero es menos malo que hacer algo'», comenta a Euractiv el diputado de RN Philippe Lottiaux.

RN es partidaria de «reducir el coste de la inmigración» vinculando las prestaciones sociales a «criterios de nacionalidad y empleo».

Además, el partido pide renegociar la contribución de Francia al presupuesto de la UE, que pasará de 23.800 millones de euros en 2025 a 29.200 millones en 2026.

Dudas sobre el futuro de Bayrou en el gobierno

Agrupación Nacional ha advertido de que no dudará en derrocar al Gobierno este otoño si insiste en sacar adelante un presupuesto que «socava el poder adquisitivo de los franceses».

Al igual que ocurrió con la caída del Gobierno de Michel Barnier el pasado diciembre, a la extrema derecha se le podrían unir todos los partidos de izquierda.

«La situación presupuestaria es preocupante, pero la inestabilidad política lo es aún más, ya que impide cualquier planificación a largo plazo de medidas de ahorro», explica a Euractiv Mathieu Plane, director adjunto del Observatorio Económico Francés (OFCE).

Eso es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que un presupuesto a largo plazo es crucial para mantener la confianza de los mercados, añade el experto.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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