Bruselas (Euractiv)- La mayoría de los países de la UE aún no están convencidos de que las normas sobre los derechos de autor sean el instrumento adecuado para hacer frente a los riesgos que suponen las deepfakes de IA para los artistas, intérpretes y ejecutantes, según un documento sobre los debates del Consejo obtenido por Euractiv.

El asunto de las copias generadas por la IA de los atributos de los artistas -como su voz o su aspecto físico- preocupa a algunos países de la UE. Y el Gobierno danés, que preside actualmente el Consejo, desea que la UE adopte sus medidas de protección de los derechos de autor sobre deepfakes. Pero este planteamiento no convence a todos los países.

Los deepfakes plantean una serie de riesgos, desde problemas relacionados con la democracia misma cuando se utilizan indebidamente durante las elecciones, hasta cuestiones penales si la tecnología generada por inteligencia artificial se utiliza como herramienta para realizar estafas o ciberacoso.

Pero en el caso concreto de los artistas de la interpretación, actores y músicos, este tipo de producción hiperrealista de IA podría amenazar el derecho a su propia imagen o voz. Este tipo de reproducción no siempre se contempla claramente en la legislación sobre derechos de autor, del mismo modo que la protección legal cubre, por ejemplo, los derechos de un libro o una canción.

Los países han comunicado a la Presidencia danesa que no están plenamente convencidos de que las normas de la UE sobre derechos de autor deban ampliarse para hacer frente a las deepfakes. Así se desprende de un resumen de las respuestas que la Presidencia danesa recogió sobre la IA y el actual marco de derechos de autor de la Unión.

En julio, los daneses propusieron sus propias normas nacionales como modelo para proteger los atributos de las personas -tales como como el aspecto físico y la voz- como vía legal para combatir la reproducción no deseada por la inteligencia artificial. En un comunicado de prensa, declararon expresamente que querían impulsar este enfoque a escala de la UE.

Sin embargo, el documento de la Presidencia pone de manifiesto las disparidades entre los regímenes jurídicos europeos en materia de deepfake, ya que algunos países abordan este tipo de aplicación de la IA con arreglo a las normas de protección de datos personales, así como al derecho civil o penal. Teniendo en cuenta la diversidad de legislaciones nacionales, los países advirtieron que cualquier posible norma específica sobre deepfake a nivel de la UE debería estudiarse cuidadosamente.

Otro motivo de preocupación que destaca el documento de la Presidencia es el posible uso de grabaciones de actuaciones -musicales o actorales-  para entrenar la IA. A los artistas les preocupa que esto pueda ser utilizado para crear contenidos sintéticos por agentes comerciales sin que los artistas reciban una remuneración por su interpretación directa.

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(Editado por nl/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre/Euractiv.es)

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Madrid (Euractiv)- El abogado general de la UE, Dean Spielmann, afirmó el jueves que el movimiento independentista de Cataluña, incluido el referéndum de 2017, no perjudicó los intereses financieros de la UE, y que la Ley de Amnistía española puede amparar los cargos públicos por malversación vinculados a los líderes del movimiento.

Sin embargo, Spielmann señaló que el requisito de la ley para que los tribunales españoles apliquen la amnistía en un plazo de dos meses es «excesivamente corto y restrictivo», lo que «puede infringir el requisito de independencia judicial», según un comunicado de prensa.

El ministro de Justicia español, Félix Bolaños, acogió con satisfacción el dictamen; declaró que reafirmaba la legalidad de la ley. «Esperamos que el TJUE confirme esta interpretación», añadió el ministro, en referencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la máxima instancia judicial del bloque.

A petición de dos tribunales españoles a principios de este año, el TJUE inició un procedimiento para evaluar si el movimiento secesionista catalán perjudicó los intereses financieros de la UE y si la amnistía equivale a una «autoamnistía» impulsada políticamente. Se espera una sentencia del TJUE para finales de año, que será vinculante para todos los tribunales españoles.

Hasta ahora, la Comisión Europea ha planteado dudas sobre la compatibilidad de la ley española de amnistía con el derecho de la UE.

El dictamen no vinculante contrasta con una sentencia del juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena, que rechazó indultar los cargos de malversación pública contra el líder independentista Carles Puigdemont, del partido derechista Junts per Catalunya.

Llarena mantiene una orden de detención en España contra Puigdemont -que vive en Waterloo, Bélgica- que el líder catalán ha recurrido en numerosas ocasiones.

En un intento de asegurarse el apoyo de los siete diputados de Junts para su reelección en 2023, la coalición liderada por los socialistas de Sánchez aprobó el año pasado la ley de amnistía por un estrecho margen de 177 votos a favor y 172 en contra.

La ley formaba parte de un pacto político más amplio entre Sánchez y Puigdemont que también incluía un intento de convertir el catalán en lengua oficial de la UE y la transferencia de competencias migratorias, fiscales y de seguridad a Cataluña, medidas que ambos líderes describieron como necesarias «para lograr la reconciliación política y social definitiva» entre Madrid y Barcelona.

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(Editado por aw/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre/Euractiv.es)

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