Oslo/Bruselas (Eurativ.com) – Europa ocupa un lugar preponderante en las elecciones nacionales noruegas de este lunes, aunque de manera superficial. La mayoría de los noruegos no son conscientes de la dimensión europea de su política y sus partidos políticos están encantados de que siga siendo así.

Noruega, país de 5,6 millones de habitantes, no es miembro de la UE, pero participa en el mercado único a través del Espacio Económico Europeo (EEE). Este acuerdo, vigente desde hace décadas, da a Oslo acceso a los mercados y marcos normativos de la UE, pero la deja sin asiento en la mesa de toma de decisiones y al margen de la política comercial de la UE.

Al igual que los suizos, la mayoría de los noruegos viven con la ilusión de que son independientes de la UE a pesar de su dependencia económica de ella. En el caso de Noruega, la UE representa más del 60% de todo su comercio y dos tercios de sus exportaciones.

Noruega, gracias a sus enormes reservas de petróleo y gas, es uno de los países más ricos de Europa, lo que hace más fácil ignorar la creciente dependencia económica de la UE.

Su ministro de Asuntos Exteriores, Espen Barth Eide, reconoció la semana pasada que «la brecha entre la pertenencia a la UE y la pertenencia al EEE está aumentando», y advirtió de que la posición de «outsider» de Noruega es cada vez más precaria a medida que la UE se adapta a un mundo más hostil.

Su homóloga conservadora, Ine Eriksen Søreide, añadió que el coste de la no pertenencia aumenta «día a día».

A nivel nacional, la historia es totalmente distinta. Más de la mitad(55%) de los noruegos se opone a la adhesión a la UE, lo que descarta un referéndum de adhesión como el que se está debatiendo en Islandia.

Otro 12% no lo tiene claro, y sólo un 3-4% considera que la UE/EEE es una cuestión electoral importante. Los noruegos han votado dos veces en contra de la adhesión a la UE, en los referendos de 1972 y 1994.

Como consecuencia de ello, los asuntos de la UE están en gran medida fuera de la vista de los debates públicos noruegos. Los corresponsales noruegos en Bruselas están desapareciendo, y sólo dos reporteros están en contacto con el día a día de la política de la UE, lo que deja a los votantes menos informados que nunca.

La actual campaña noruega se ha centrado en el coste de la vida, su impuesto sobre el patrimonio, la inmigración y si el fondo soberano del país, de 2 billones de dólares, debe desinvertir en acciones relacionadas con la guerra de Israel en Gaza.

Escena política

El Partido del Progreso, populista de derechas, segundo partido noruego con un 18,9% de apoyo en las encuestas, ha pedido renegociar partes del acuerdo del EEE. Pero tanto ellos como el resto de partidos saben que no hay ninguna posibilidad real de renegociación.

Para renegociar, Noruega probablemente tendría que anular primero el acuerdo actual y podría acabar logrando algo menos favorable. Es improbable que una alternativa de este tipo llegue a tener mayoría en el Parlamento noruego.

El gobernante Partido Laborista, líder en las encuestas con un 29,5% y al frente de una coalición de centro-izquierda que, según las proyecciones, obtendría una mayoría de 91-78 escaños, se presenta como garante del acuerdo del EEE.

El regreso del ex Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, al partido como ministro de Economía, y su promesa de quedarse en lugar de volver a su cargo como jefe de la Conferencia de Seguridad de Múnich, ha reforzado su prestigio.

Al mismo tiempo, aunque el líder laborista Jonas Gahr Støre afirma que «Europa necesita a Noruega, y Noruega necesita a Europa», no es tan pro-UE como postula.

La política de Støre frente a la UE

La política energética es el ámbito en el que los hogares noruegos sienten más los efectos de la política de la UE. Cuando los precios de la electricidad en la UE subieron en 2022, también lo hicieron las exportaciones de la red noruega, rica en energía hidroeléctrica, a Dinamarca y Alemania. Mientras la empresa estatal Statkraft duplicaba sus ingresos, los noruegos de a pie veían cómo se disparaban las facturas.

En enero, el gobierno noruego tenía previsto adoptar normas de la UE que lo alinearían aún más con el mercado energético europeo, lo cual provocó su colapso.

El gobierno de un único partido, en minoría, de Støre renunció a aplicar la integración con Europa exigida por el EEE. En su lugar, creó un generoso plan de subsidios a un precio fijo para reducir las facturas de los hogares, y aseguró que esperará a contar con «un sistema energético en Europa que está experimentando grandes cambios» antes de aplicar más legislación.

Ese planteamiento ha permitido a los laboristas mantener la energía fuera del foco electoral, según Elin Boasson, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Oslo.

La Comisión Europea no ha reaccionado ante el estancamiento, pero ha hecho perder prestigio a Noruega al no eximirla de las recientes medidas de protección del acero propuestas por la UE.

Incluso después de la polémica, el 41% de los votantes no tiene una opinión clara sobre las normas energéticas de la UE que quebraron el gobierno, lo que ha llevado a los expertos a quejarse del «déficit democrático».

Sea cual sea el resultado de la elección de este lunes, pocos esperan cambios drásticos en la política europea de Noruega. Lo más probable es que Oslo siga haciendo equilibrios: decir a la UE que está reduciendo su retraso en la aplicación de leyes, mientras dice a los noruegos que no aplicará ninguna norma que no les guste.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Madrid (Servimedia) –  El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes nueve medidas en apoyo a Palestina, entre las que destacan el aumento de efectivos en la misión de asistencia fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah, en la Franja de Gaza.

También el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la Autoridad Palestina en los ámbitos de agricultura, de seguridad alimentaria y de asistencia médica; la ampliación de la contribución española a UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas encargada de la asistencia al pueblo gazatí, a unos 10 millones de euros adicionales; y el aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros en 2026.

Así lo anunció Sánchez en una declaración institucional desde La Moncloa, en la que criticó las acciones de Israel en Gaza asegurando que «el Gobierno de España cree que una cosa es proteger tu país, proteger a tus ciudad y otra muy distinta, bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes».

El presidente manifestó que «la comunidad internacional no está sabiendo detener esta tragedia, quizá porque las grandes potencias del mundo han terminado encalladas entre la indiferencia de un conflicto que no termina y la complicidad con el gobierno del primer ministro Netanyahu» y enumeró nueve medidas «adicionales» para detener «el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina».

En primer lugar, Sánchez anunció la aprobación urgente de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que, recordó, el Gobierno viene aplicando de facto desde octubre de 2023.

Ahora se trata de establecer la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel.

En segundo lugar, junto con este embargo, la prohibición del tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes.

La tercera medida consiste en la denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel.

Asimismo, se prohibirá acceder al territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de Derechos Humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

En quinto lugar, el jefe del Ejecutivo anunció la prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza, en Cisjordania, con el objetivo de combatir estas ocupaciones, de frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos Estados.

Y, con el mismo objetivo, también anunció la “limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria”.

Aumento de efectivos españoles

El Gobierno también reforzará el apoyo a la autoridad palestina mediante un aumento de los efectivos españoles en la misión de asistencia fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la autoridad palestina en los ámbitos de agricultura, de seguridad alimentaria y de asistencia médica.

Con ello, también se aumentará será la ampliación de la contribución de España a la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas encargada de la asistencia al pueblo gazatí, en unos 10 millones de euros adicionales.

Y, por último, el jefe del Ejecutivo también anunció el aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros el próximo año, en 2026.

“Estas nueve medidas se ejecutarán de forma inmediata, sumándose a las muchas ya adoptadas por el Gobierno de España a lo largo de los últimos dos años”, señaló Sánchez como, por ejemplo, el impulso de varias resoluciones de la ONU para exigir el alto el fuego permanente; el apoyo de España a las causas de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia; la ayuda humanitaria enviada a Gaza, “siempre que ha sido posible”, recalcó.

Asimismo, recordó que “España ha impulsado varios procesos políticos clave, como el reconocimiento internacional del Estado Palestino y la creación de una Alianza Global para implementar la solución de los dos Estados. La única solución posible”.

Sánchez aseguró ser consciente de que estas medidas “no bastarán para frenar la invasión ni los crímenes de guerra.

«Pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el Gobierno israelí, para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina, y para que la ciudadanía española sepa y sienta que, ante este infame episodio, su país estuvo en el lado correcto de la historia”, agregó.

La declaración del jefe del Ejecutivo ha tenido lugar después de que los dos socios de la coalición, PSOE y Sumar, estuvieran negociando medidas contra Israel con la intención de aprobarlas en el Consejo de Ministros de este martes, tal y como avanzó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, este sábado.

«¿Por qué lo hacemos con Rusia y no lo hacemos con Israel? ¿Hay una doble vara de medir en la legalidad internacional? No, no la hay. Tenemos que romper todo tipo de relaciones comerciales con Israel y tenemos que agilizar con carácter inmediato la proposición de ley de Sumar sobre el embargo de armas», criticó Díaz.

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(Editado por Servimedia y F.Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – Los países de la UE debaten este lunes el concepto de «tercer país seguro» en política migratoria, y sopesan suavizar la interpretación de los denominados «criterios de conexión», para dar a las capitales más flexibilidad a la hora de decidir enviar a los solicitantes de asilo a un país no comunitario, según un nuevo texto de compromiso al cual ha tenido acceso Euractiv.

El concepto de «tercer país seguro» permite a los gobiernos declarar inadmisibles las solicitudes de asilo si existe protección en otro lugar, lo que significa que los solicitantes pueden ser enviados a un «tercer país seguro» fuera de la UE sin que se evalúe su caso.

En la actualidad, la legislación de la UE exige una «conexión» con el país en cuestión.

Bruselas propuso el pasado mayo suavizar ese requisito para que el principio de conexión de un migrante con un tercer país seguro deje de ser obligatorio.

Ese cambio permite el retorno a Estados por los que sólo se ha transitado -o incluso en los que nunca se ha entrado- siempre que exista un acuerdo bilateral.

El último compromiso del Consejo, que ahora estudian los Estados miembros, va más allá al ampliar el concepto de «conexión».

El texto sugiere qué tipo de vínculos podrían considerarse: familiares, residencia o asentamiento previos, vínculos lingüísticos o culturales, o, de forma más vaga, «otros vínculos similares», lo que deja margen para la interpretación.

También aclara lo que se considera «tránsito», e incluye situaciones en las que un solicitante haya pasado por una zona de tránsito, haya podido buscar protección en una frontera o haya entrado directamente en la UE tras pasar un tiempo en un tercer país.

El texto de compromiso también modifica las normas aplicables a los menores no acompañados.

Mientras que la propuesta de mayo los excluía hasta ahora de los traslados en virtud de acuerdos seguros con terceros países, el proyecto abre ahora una puerta estrecha: los menores podrán ser trasladados si -y sólo si- ello se ajusta al Derecho internacional y a los principios generales de la legislación de la UE.

El texto admite que esos casos serán raros, pero señala que las prohibiciones generales a nivel de la UE no deben ir más allá de lo que prohíbe de forma explícita el Derecho internacional.

Los Estados miembros debatirán este lunes las propuestas de modificación.

El Pacto de Migración y Asilo

El concepto de «tercer país seguro» fue revisado en el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE, aprobado en mayo de 2024, que ahora se encuentra en fase de aplicación, hasta su entrada en vigor definitiva en el verano de 2026.

Esa reforma amplió significativamente el ámbito de aplicación, permitiendo que países que no han firmado la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados sigan siendo designados como seguros.

También precisó que los lazos familiares o una estancia previa en un tercer país pueden servir como indicios de una conexión suficiente, y dio a los Estados miembros la posibilidad de calificar un país como seguro sólo en parte de su territorio o para categorías específicas de personas.

En el marco de la revisión de la política migratoria, la Comisión Europea ha presentado un nuevo Reglamento sobre retorno y una nueva lista de países de origen seguros, ambos aún en fase de negociación en el Consejo.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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