Roma (Euractiv.it/.es) – La delincuencia organizada no necesita armas para conseguir su parte del dinero de la Unión Europea (UE) destinado a la recuperación de Italia. Todo lo que necesita es papeleo.

Roma es la mayor beneficiaria del fondo de recuperación de la UE tras el tsunami -más de 200.000 millones de euros- para reconstruir su economía.

Pero en lugar de una renovación nacional, los expertos advierten de que la escasa supervisión de los 200.000 millones deja la puerta abierta al despilfarro, la corrupción y, en algunos casos, la infiltración de la mafia.

Uno de los principales motivos de sospecha de abusos es una ley de contratación pública, originalmente pensada para agilizar las compras menores, que permite adjudicar contratos públicos de menos de 140.000 euros sin licitaciones públicas.

«Las adjudicaciones directas son demasiadas: el 98% de todos los contratos», asegura Giuseppe Busia, jefe de la Autoridad Nacional Anticorrupción (Anac) de Italia, que recientemente presentó un informe sobre el tema al Parlamento.

«Hay una concentración sospechosa entre 135.000 y 140.000 euros, lo que supone un aumento de más del triple desde 2021, cuando el umbral era de 75.000 euros», dice, al tiempo que señala el fraccionamiento generalizado de los contratos, una táctica utilizada para eludir las licitaciones y evitar la supervisión.

El plan nacional de recuperación «ha amplificado todos los factores de riesgo conocidos en el gasto público», explica Alberto Vannucci, profesor de la Universidad de Pisa, experto en asuntos de mafia y corrupción.

El investigador añade que los apretados plazos y la sobrecarga burocrática a menudo dejan a un funcionario la responsabilidad de decidir quién recibe millones.

«Incluso los funcionarios honrados quedan expuestos, especialmente en determinados contextos en los que, por citar una frase muy manida, la presión llega en forma de oferta que no se puede rechazar«, comenta Vannucci.

Pero el problema va más allá de los atajos administrativos.

«El modelo de control es puramente formal» y «comprueba si el papeleo está en orden, no si los proyectos aportan algún beneficio real a los ciudadanos«, asegura Vannucci. Ello, en su opinión, permite canalizar fondos públicos hacia operaciones aparentemente legítimas en beneficio de delincuentes, políticos y funcionarios.

Nuevos métodos de la mafia

Según ambos expertos, la mafia ya no ataca con pistolas: ahora utiliza el encanto y una contabilidad limpia.

«Ya no disparan, sobornan», bromea Vannucci.

Busia los describe como «camaleones» que se mezclan a la perfección con las operaciones comerciales legítimas, una práctica que incluso el gobierno parece pasar por alto.

La delincuencia organizada ha seguido al dinero y se ha extendido más allá de sus bastiones meridionales para infiltrarse en la contratación pública.

Desde 1991, más de 400 gobiernos locales -de norte a sur- han sido disueltos por vínculos con la mafia. Estas redes, antaño regionales y violentas, se han convertido ahora en nacionales, corporativas, incrustadas en la maquinaria del Estado.

El Viceprimer Ministro Matteo Salvini (La Liga/Patriotas por Europa) resta importancia a las inquietudes expuestas en el informe de la ANAC.

«Intentamos gastarlo todo y gastarlo bien. Confío en los empresarios italianos», comentó recientemente, al tiempo que negó que exista corrupción sistémica.

Sin embargo, no todos están tranquilos. El diputado de Izquierda Verde Angelo Bonelli describió el sistema de contratación como «cada vez más opaco» y culpó a las recientes reformas del Gobierno del aumento de las adjudicaciones directas y la subcontratación.

Por su parte, la senadora del Partido Democrático (PD/S&D) Enza Rando advirtió de que «Italia está retrocediendo», en alusión  a la caída del país en la clasificación mundial de lucha contra la corrupción.

Italia está en cabeza en la Unión Europea tanto en investigaciones activas como en daños estimados relacionados con el fondo de recuperación.

Según datos de la Fiscalía Europea (EPPO), de los 307 casos abiertos relacionados con el Fondo de Recuperación y Resiliencia, 228 corresponden a Italia.

En ese sentido, un portavoz de la Comisión Europea explicó a Euractiv que las normas de contratación de la UE sólo se aplican por encima de ciertos umbrales, lo cual significa que la mayoría de las adjudicaciones directas quedan fuera del control de Bruselas. Aun así, la Comisión asegura que analiza la información sobre presuntos abusos.

«Nuestra mejor arma son los datos», comenta Busia, en referencia  a la base de datos de contratos de Italia, que contiene 60 millones de entradas y crece en cinco millones cada año.

Su fuerza reside en la posibilidad de cotejar datos judiciales, fiscales y de la seguridad social para detectar actividades sospechosas.

Pero los datos son sólo una parte de la solución. Busia aboga por una mayor transparencia en la propiedad de las empresas, normas más estrictas para los grupos de presión y leyes más duras para los compradores y proveedores públicos.

«No hay obligación legal de declarar los propietarios finales», advierte, al tiempo que añade que conocer la identidad de los contratistas es clave para evitar infiltraciones, poner fin a la colusión, la manipulación de licitaciones y las grandes distorsiones de la competencia.

Un retroceso normativo

Las recientes reformas legales del gobierno conservador de la primera ministra, Giorgia Meloni, han debilitado aún más la lucha contra la corrupción.

En ese sentido, Vannucci critica el debilitamiento de las normas anticorrupción, incluida la abolición del delito de abuso de poder para los funcionarios públicos y la eliminación de la legislación sobre tráfico de influencias.

«Eran herramientas esenciales para los fiscales. Ahora han desaparecido», lamenta.

Por otra parte, Busia señala que los últimos cambios introducidos en el código de contratación pública italiano han diluido la protección contra los conflictos de intereses, debilitando las salvaguardias administrativas que garantizaban la integridad del gasto público.

Ambos expertos subrayan que el verdadero peligro no son los escándalos de gran repercusión mediática, sino la corrupción silenciosa y sistémica.

«No creo que veamos una oleada de grandes casos (…) el riesgo real es que gran parte del daño se produzca en silencio, bajo el radar», asegura Vannucci.

Peor aún es la señal que se envía: la corrupción no deja de ser corrupción sólo porque ya no pueda perseguirse, subraya.

«No se trata sólo de hacer cumplir la ley (…) se trata de si permitimos que el despilfarro, la connivencia y la captura privada se conviertan en la nueva normalidad», advierte.

Si Italia no cambia de rumbo, los 200.000 millones de euros de los fondos de recuperación no servirán para reconstruir el país. En su lugar, servirán de lección magistral sobre cómo gestionar un chanchullo público a plena luz del día.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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