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Mundo Política

Bruselas lucha por sacar adelante su ambicioso programa de simplificación normativa

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Bruselas (Euractiv.com) – La iniciativa estrella de la Comisión Europea para reducir la carga normativa se ha convertido en una pelea política en la cual diplomáticos y burócratas culpan a los grupos del Parlamento Europeo de poner palos en la rueda a la medida.

En el marco de la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) de este miércoles en Copenhague, el canciller alemán Friedrich Merz ha prometido dar un nuevo impulso para liberar al mercado único de una «maraña de normativas» de Bruselas.

Pero en la capital belga y comunitaria, numerosos diplomáticos lamentan que el Parlamento Europeo no esté -aseguran- tratando la iniciativa de simplificación normativa, o paquetes ómnibus en la jerga de la UE, con el mismo empeño político que el Consejo y la Comisión Europa, a pesar de que se trata de una iniciativa clave de la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

Hace dos semanas, Von der Leyen lanzó una crítica velada a los eurodiputados tras advertir de que el plan estrella de Bruselas «necesita la aprobación urgente de los colegisladores».

La viceprimer ministra sueca , Ebba Busch , criticó el plan a principios de esta semana, en el marco de una reunión de competitividad industrial, al afirmar que existe una creciente frustración con el Parlamento Europeo por la medida.

«Ahora tenemos que demostrar que podemos hacer algo más que hablar y cumplir lo que decimos», afirmó.

El informe de referencia para Von der Leyen, realizado por el ex presidente del Banco Central Europeo (BCE) y ex primer ministro italiano Mario Draghi, se publicó hace más de un año, pero hasta la fecha Bruselas sólo ha aplicado una parte de sus recomendaciones, que incluían medidas encaminadas a la simplificación.

Lucha de poder entre instituciones de la UE

La Comisión Europea ha propuesto este año seis de sus paquetes ómnibus para reducir la carga administrativa y normativa en beneficio de las empresas, y para finales de año se prevén otros cuatro que abarcan los sectores digital, medioambiental, automovilístico y sanitario.

En ese sentido, el Consejo creó un comité especial para acelerar los expedientes ómnibus, pero varios  diplomáticos de la UE han expresado su malestar por el hecho de que el Parlamento Europeo no haya creado una estructura similar hasta la fecha.

Sin embargo, Estrasburgo niega las críticas sobre su supuesta lentitud legislativa.

«Se está trabajando a toda velocidad y muchos de los paquetes ómnibus están terminados o a punto de finalizarse. Tampoco vamos a limitarnos a dar el visto bueno», explicó a Euractiv un funcionario de la Eurocámara.

Varios apartados normativos de la agenda ómnibus, entre ellos la inversión, el impuesto fronterizo al carbono y un requerimiento sobre las normas de información de las empresas, ya tienen el respaldo político del Parlamento y del resto de instituciones de la UE.

Cruce de acusaciones

Algunos creen que las verdaderas críticas van dirigidas contra el grupo de centro-izquierda de los Socialistas y Demócratas (S&D), donde está el PSOE, que se resisten a un recorte exprés de la legislación de la UE.

En ese sentido, Aurore Lalucq, diputada francesa de S&D que preside la comisión de Economía del Parlamento Europeo, rechazó las críticas.

«Somos elegidos por el pueblo europeo para hacer nuestro trabajo, le guste o no a la gente (…) en los diálogos a tres bandas, ¿quién es el que lleva tiempo, el que bloquea todo el tiempo, el que necesita consultar constantemente a sus Estados miembros? Es el Consejo», asegura.

Por su parte, Bernd Lange (SPD/S&D), que preside la comisión de comercio del Parlamento Europeo, atribuyó la no aprobación de muchos de los paquetes a su «complejidad», lo cual, en su opinión, ha supuesto un «grave problema» para los eurodiputados.

El eurodiputado alemán añadió que la rápida aprobación por parte del Parlamento de la simplificación del impuesto al carbono en la frontera (CBAM) demuestra que «no hay un retraso específicamente de un grupo político» y que no es necesaria una nueva estructura para acelerar la legislación.

«El problema está sobre todo en la estructura mixta de las propuestas de la Comisión», asegura Lange, al tiempo que añade que el cuarto paquete ómnibus, centrado en las pequeñas y medianas empresas, es competencia de cuatro comisiones parlamentarias distintas.

El descontento de los eurodiputados reformistas se centra en las dos leyes de sostenibilidad empresarial de la UE: la que obliga a las empresas a adoptar un comportamiento sostenible (CSRD) y la que aborda los abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de suministro globales (CSDDD).

Los gobiernos de la UE están presionando para eximir de su ámbito de aplicación a todas las empresas, salvo a las más grandes, y han fijado los umbrales de empleados en 5.000 trabajadores, cinco veces más que el umbral original de la ley.

«La Comisión se apresuró a presentarla; el Consejo se apresuró a adoptar su posición; el Parlamento se está apresurando a seguir el ritmo», afirma Eric Maurice, analista del think tank de Bruselas European Policy Centre (EPC).

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(Editado por Victoria Becker/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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El Consejo de Seguridad de la ONU vota a favor de una fuerza internacional para Gaza

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Nueva York (AFP)- El Consejo de Seguridad de la ONU votó el lunes a favor de una resolución redactada por Estados Unidos que apoya el plan de paz para Gaza de Donald Trump, que incluye el despliegue de una fuerza internacional y una vía hacia un futuro Estado palestino.

Hubo 13 votos a favor del texto, que según el presidente estadounidense Trump conducirá a una «mayor paz en todo el mundo». Solo Rusia y China se abstuvieron, pero no hubo vetos.

Trump publicó en las redes sociales que la votación «reconociendo y respaldando un Consejo de Paz, que será presidida por mí… pasará a la historia como uno de las mayores logros en la historia de las Naciones Unidas, (y) conducirá a una mayor paz en todo el mundo».

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, declaró tras la votación que «la resolución de hoy representa otro paso significativo que favorecerá la prosperidad de Gaza y creará un entorno que permitirá a Israel vivir en un clima de seguridad».

Hamás, excluida por la resolución de cualquier papel de gobierno en Gaza, dijo que esta no satisface las «demandas y derechos políticos y humanitarios» de los palestinos.

El texto, que fue revisado varias veces como resultado de las negociaciones de alto nivel, «respalda» el plan del presidente estadounidense, que permitió un frágil alto el fuego entre Israel y Hamás el 10 de octubre en el territorio palestino de Gaza, asolado por la guerra. La Franja de Gaza ha quedado reducida en gran parte a escombros tras dos años de combates, desencadenados por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

El plan de paz autoriza la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización (FIS) que trabajaría con Israel y Egipto y con una policía palestina recién formada para ayudar a asegurar las zonas fronterizas y desmilitarizar la Franja de Gaza.

La ISF tiene el mandato de trabajar en la «retirada permanente de armas de grupos armados no estatales», proteger a los civiles y asegurar los corredores de ayuda humanitaria.

El camino hacia el Estado palestino

También autoriza la formación de un «Consejo de Paz», un órgano de gobierno transitorio para Gaza -que en teoría presidiría Trump- con un mandato hasta finales de 2027.

En un lenguaje enrevesado, la resolución menciona un posible futuro Estado palestino. Una vez que la Autoridad Palestina haya llevado a cabo las reformas solicitadas y la reconstrucción de Gaza esté en marcha, «podrán darse por fin las condiciones para una vía creíble hacia la autodeterminación y la condición de Estado de Palestina», dice el texto. Israel rechaza firmemente esta posibilidad.

La resolución pide que se reanuden las entregas de ayuda humanitaria a gran escala a través de la ONU, el CICR y la Media Luna Roja. «También debemos intensificar sustancialmente nuestra labor de apoyo al esfuerzo humanitario de la ONU. Para ello es necesario abrir todos los pasos fronterizos y garantizar que las agencias de ayuda y las ONG internacionales puedan operar sin obstáculos», declaró el embajador británico ante la ONU, James Kariuki.

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, declaró antes de la votación que la resolución «garantizará que Hamás deje de representar una amenaza contra Israel».

Rusia hizo circular un borrador alternativo, afirmando que el documento estadounidense no va lo suficientemente lejos en el respaldo a la creación de un Estado palestino. El texto de Moscú, pedía al Consejo que expresara su «compromiso inquebrantable con la visión de la solución de los dos Estados».

De momento, Moscú no habría autorizado un Consejo de Paz ni el despliegue de una fuerza internacional, sino que habría pedido al Secretario General de la ONU, António Guterres, que ofreciera «alternativas» respecto a estas cuestiones. «A los miembros del Consejo de Seguridad, en la práctica, no se les dio tiempo para hacer el trabajo de buena fe», declaró el embajador de Rusia, Vasily Nebenzya.

«El documento de Estados Unidos es otra treta. En esencia, el Consejo está dando su bendición a una iniciativa de EE. UU. sobre la base de las promesas de Washington, otorgando el control total de la franja de Gaza al Consejo de Paz», añadió Nebenzya.

Estados Unidos obtuvo el respaldo de varias naciones árabes y de mayoría musulmana, con una declaración conjunta de apoyo al texto, firmada por Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Indonesia, Pakistán, Jordania y Turquía.

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Una España dividida conmemora los 50 años de la muerte de Franco

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Madrid (AFP)- El jueves se cumple el 50 aniversario de la muerte del general Francisco Franco, con una polarización política que exacerba las profundas y enconadas divisiones sobre el legado del dictador.

El 20 de noviembre de 1975, Franco, enfermo y de 82 años, murió en la cama, en marcado contraste con la brutalidad de su régimen de 39 años, en el que  opositores sufrieron cárcel, ejecuciones y exilio.

Franco se hizo con el poder mediante la violencia, derrocando a una república democrática con el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista en una guerra civil que tuvo lugar entre 1936 y 1939 y en la que murieron cientos de miles de personas.

El camino del país de la dictadura a la democracia estuvo plagado de dificultades, y una amplia amnistía en 1977 benefició a todas las partes y trató de aliviar estas tensiones.

Desde entonces, España ha preferido «pasar de puntillas» sobre su doloroso pasado y aún no ha celebrado un debate sosegado para acordar una postura compartida, afirma Paloma Román, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. «Si en vez de limpiar, escondes el polvo debajo de la alfombra, cuando quites la alfombra el polvo seguirá ahí», afirmó Román.

Una encuesta realizada en octubre puso de manifiesto las fracturas sociales que Franco dejó tras de sí, con una mayoría que considera que la dictadura fue mala.

Pero más de una quinta parte de los encuestados la calificó de «buena» o «muy buena», en línea con algunos contenidos en las redes sociales, que han suscitado elogios entre jóvenes con escaso conocimiento de la época, advierten los expertos.

«Es un problema de educación… La gente que no vivió la dictadura puede ser captada por esa narrativa de reescribir la dictadura», explica Román.

Batalla política

La actual polarización política ha agravado las divisiones existentes, según Roman. El gobierno de izquierdas ha hecho de honrar la memoria de las víctimas del régimen una de sus políticas estrella, para enfado de la oposición conservadora, que lo acusa de reabrir viejas heridas.

En 2019, el Gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez exhumó los restos de Franco del Valle de los Caídos, hoy Cuelgamuros, en un intento de acabar con su papel de santuario de la extrema derecha. Una ley de memoria democrática de 2022 creó un registro de víctimas y exige la retirada de los símbolos franquistas de los espacios públicos.

Este año, el gobierno ha promovido una serie de actos para conmemorar los 50 años de las libertades alcanzadas desde la muerte de Franco, incluidos los plenos derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ.

El principal partido de la oposición, el Partido Popular, acusa a Sánchez de jugar «la carta franquista» para distraer la atención de los escándalos de corrupción que afectan a sus familiares y al gobierno en minoría, que pasa por graves dificultades para aprobar leyes.

La ultraderechista Vox, tercera formación en el Parlamento, ha descrito el Gobierno como «el peor» de los últimos 80 años, periodo que incluye la dictadura franquista.

Juan Carlos, ausente

No hay actos conmemorativos oficiales previstos para el 20 de noviembre, pero la Fundación Francisco Franco y la familia del fallecido dictador han organizado una misa ese día para honrar su memoria. El movimiento fascista Falange ha planeado una marcha en Madrid el viernes, con una contramanifestación antifascista organizada el sábado, otra señal más de las tensiones en torno a la memoria de Franco.

El viernes se celebrarán ceremonias en el Palacio Real y el Parlamento para conmemorar la restauración de la monarquía española el 22 de noviembre de 1975. Pero el exmonarca Juan Carlos, nombrado por Franco para sucederlo y que desempeñó un importante papel en la transición democrática, no asistirá a los actos.

Los escándalos financieros y extramatrimoniales han manchado la imagen del rey emérito, que abdicó en favor de su hijo Felipe VI en 2014 y comenzó un exilio autoimpuesto en los Emiratos Árabes Unidos en 2020.

Juan Carlos volvió a provocar el debate en España este mes con la publicación de sus memorias, en las que expresaba un «gran respeto» por Franco, «su inteligencia y su perspicacia política».

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Kallas rechaza la «célula» de inteligencia propuesta por la Comisión

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Bruselas (Euractiv)- Kaja Kallas, máxima responsable diplomática de la UE, rechazó enérgicamente la propuesta de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de crear una célula específica para coordinar las relaciones de Bruselas con las agencias de inteligencia europeas.

«Por mi experiencia como primera ministra de un país, sé que todos los Estados miembros tienen problemas con el presupuesto, y pedir que organicemos algo además de lo que ya tenemos no es una idea sensata», dijo la ex dirigente estonia el lunes en el Parlamento Europeo.

La semana pasada, el ala de comunicación de la Comisión, dirigida por Von der Leyen, anunció que estaba esbozando planes para crear una «célula» que «complemente las estructuras existentes», recopile información de las agencias nacionales de espionaje y prepare reuniones de los 27 comisarios centradas en la seguridad.

El anuncio, del que se hizo eco en primer lugar el Financial Times, se vio inmediatamente como un ejemplo de la centralización del control en Bruselas por parte del presidente de la Comisión y una merma del limitado mandato de Kallas, que dirige el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), una función dual única en la que trabaja tanto para los gobiernos como para la Comisión.

Kallas supervisa el Centro de Inteligencia y Situación, conocido como INTCEN, y sostiene que ya está haciendo un buen trabajo, trabajando tanto para los gobiernos, que tienen la sartén por el mango en las labores de inteligencia en la UE, como para la Comisión.

La alta representante argumentó que la creación de una «célula» en la Secretaría General de la Comisión podría duplicar el trabajo de los servicios de inteligencia y socavar la labor actual del INTCEN.

Enmarcando su rechazo en una cuestión de recursos y eficacia, Kallas dijo que los espías europeos de más alto nivel le habían pedido unánimemente que no creara ningún punto de contacto adicional para ellos en Bruselas cuando se reunió con ellos la primavera pasada.

«En términos de costes, por favor, tengamos en cuenta no duplicar las cosas que ya hacemos; hagamos que funcionen mejor si es necesario». Kallas respondía así a las preguntas del eurodiputado socialista español José Cepeda, que pidió una agencia de inteligencia de la UE al estilo de la CIA, y de la eurodiputada francesa de extrema derecha Virginie Joron, que dijo que el plan de Von der Leyen era similar a crear una «Stasi» para Europa.

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Nicoletta Ionta ha contribuido a este artículo.

(Editado por aw/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre/Euractiv.es)

 

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