Mundo Economía
¿Por qué Europa no logra superar su déficit de inversiones?
Bruselas (Euractiv.com/.es) – Los debates de los responsables políticos sobre el «déficit de inversión» de Europa recuerdan a menudo a una pareja que discute sobre reparar un tejado con goteras: todos están de acuerdo en que hay que hacer algo, pero nadie tiene ideas prácticas sobre cómo arreglarlo.
Pero, ¿qué es exactamente ese déficit de inversión? ¿Por qué es tan frustrante superarlo? ¿Y cuáles son las perspectivas de que Europa pueda impulsar significativamente la inversión en los próximos años?
Este artículo intenta responder a todas estas preguntas:
- Las necesidades de inversión de Europa son enormes: se habla de billones de euros.
- Es probable que los responsables políticos de la UE se equivoquen al centrarse en impulsar la inversión privada.
- Hay muy pocas perspectivas de que Europa cubra pronto su déficit de inversión.
¿Por qué todo el mundo habla de ello?
Hay varias razones, pero la principal es que la economía europea no va muy bien o, al menos, en muchos aspectos le va bastante peor que a China y Estados Unidos.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la producción total de la Unión Europea creció sólo un 1,1% el año pasado: menos de la mitad que la de Estados Unidos y poco más de una quinta parte que la de China.
La UE se enfrenta además a numerosos obstáculos estructurales que sugieren que seguirá siendo una economía rezagada en el futuro inmediato. Entre ellos figuran los elevados precios de la energía, la debilidad de la demanda interna y externa, las baratas exportaciones chinas y, por supuesto, un presidente estadounidense amante de los aranceles.
A esos problemas económicos se suma la urgencia cada vez mayor de combatir el cambio climático, la necesidad de no quedarse atrás en ámbitos de investigación punteros como la inteligencia artificial y los problemas de seguridad exacerbados por la guerra que Rusia libra en Ucrania.
«La Unión Europea necesita avanzar en la transformación ecológica, la digitalización de la economía y el refuerzo de su defensa militar», escribieron el año pasado economistas del Banco Central Europeo.
«Eso requiere mucha más inversión que en el pasado», agregaron.
¿De cuánto dinero estamos hablando?
No hay una cifra precisa y generalmente acordada. Pero todo el mundo admite que es mucho dinero.
Los economistas del BCE calculan que Europa debería gastar 5,4 billones de euros más entre 2025 y 2031, lo que equivale a unos 771.000 millones de euros al año.
Mario Draghi, ex presidente del BCE, sugirió el año pasado que Europa debe aumentar sus inversiones ecológicas, digitales, en defensa y en investigación en al menos 750.000-800.000 millones de euros al año.
Sin embargo, el propio Draghi señaló que esta cantidad -equivalente al 4,4-4,7% del PIB anual de la UE- es casi con toda seguridad una «estimación conservadora», en la medida en que no incluye fondos para la adaptación al cambio climático, la recalificación de la mano de obra europea o el refuerzo de la seguridad económica del bloque.
De hecho, otros estudios independientes indican que exclusivamente la adaptación al clima y su mitigación podrían costar hasta 1,6 billones de euros al año.
En definitiva, parece que las necesidades de inversión de Europa podrían acercarse más a 1-2 billones de euros, en lugar de 750-800.000 millones, e incluso podrían ser sustancialmente superiores.
¿Se trata de dinero privado o público?
En esto no hay un consenso generalizado sobre cómo repartir esta carga de inversión entre el sector privado y el sector público. Es probable, sin embargo, que la mayor parte de las necesidades de inversión de Europa tengan que correr a cargo de empresas privadas.
Hasta la fecha, el 80% de las necesidades básicas de inversión de los países han sido cubiertas por el sector privado, mientras que el 20% han procedido del sector público.
Sin embargo, y como ha señalado Draghi, las simulaciones del FMI y de la Comisión Europea sugieren que el coste actual del capital privado en Europa es de cerca de 250 puntos básicos (o 2,5 puntos porcentuales) demasiado alto para que este reparto «80-20» sea factible.
Eso significa que, en el caso de Europa, el reparto de la inversión podría acercarse más al 50-50, con un 50% del dinero procedente cada uno de los sectores público y privado.
En otras palabras, los gobiernos de la UE podrían tener que desembolsar (al menos) 400.000 millones de euros más al año: bastante más que el PIB anual combinado de Lituania, Letonia, Estonia, Malta, Chipre y Luxemburgo.
Los funcionarios de la UE confían en que la carga financiera del sector público no sea tan grande. De hecho, dado que el BCE está bajando los tipos de interés y que la integración de la Unión de Mercados de Capitales (UMC), estancada desde hace tiempo, está cobrando impulso, cabe pensar que este deseo se basa, al menos parcialmente, en la realidad.
Sin embargo, los analistas siguen mostrándose escépticos ante la posibilidad de que estos factores reduzcan el coste del capital privado lo suficiente como para mantener el tradicional reparto 80-20.
En palabras de Maria Demertzis, analista de The Conference Board, un grupo de reflexión: «No va a ocurrir»
¿Cuál es la estrategia de la Comisión para impulsar la inversión?
A pesar de las repetidas exhortaciones de Draghi sobre la importancia de la financiación pública, en los últimos meses Bruselas se ha centrado sobre todo en colmar el déficit de inversión a través del sector privado.
Para subrayar este punto, la tan cacareada «Brújula de la competitividad» del ejecutivo de la UE, publicada el mes pasado, se centra en gran medida en la generación de inversión privada adicional mediante la «reducción de la burocracia» y la integración de la UMC del bloque.
Sin embargo, el plan – descrito por Ursula von der Leyen como la «estrella polar» de la nueva Comisión – no contiene prácticamente ningún detalle sobre cómo debe Europa impulsar la inversión pública.
«Subraya que se necesita dinero público y privado, pero la mayor parte de la parte dedicada a la financiación se limita a debatir [cómo] debemos atraer el dinero privado», asegura Zsolt Darvas, investigador principal del «think tank» Bruegel, con sede en Bruselas.
Por otro lado, Darvas advierte de que el hecho de que Bruselas se centre en atraer dinero privado constituye un grave defecto en el plan de financiación global de la Comisión.
«A partir de esta estrategia, veo una pequeña esperanza de que se pueda cerrar una parte considerable del déficit de inversión», comenta..
Por su parte, Demertzis alerta de que los efectos de la desregulación y la integración en la UMC tardarán muchos años en notarse, mientras que las necesidades de inversión de Europa son urgentes.
«Toda la agenda de reformas, incluida la UMC y similares, son bienvenidas – pero no se puede hacer de inmediato (…) no es para ya mismo», subraya.
¿Cuál es el problema del dinero público?
Hay varias razones que explican la reticencia de la Comisión a presentar planes detallados de inversión pública adicional, pero la principal es la frugalidad.
Como han señalado en repetidas ocasiones funcionarios de varios socios comunitarios, entre ellos de Países Bajos y Alemania, muchos miembros del bloque ya sufren elevados déficits presupuestarios y violan ipso facto las nuevas y estrictas normas fiscales del bloque.
Ocho países, entre ellos grandes economías como Francia e Italia, son actualmente objeto de un «procedimiento de déficit excesivo«, o amonestación formal, por parte de la Comisión por rebasar el umbral presupuestario del 3% del PIB anual.
Sin embargo, los analistas restan importancia a la idea de que los Estados miembros de la UE están tan endeudados que carecen de capacidad fiscal para cubrir las necesidades de inversión de Europa.
«Desde el punto de vista fiscal, debería ser sostenible», comenta Darvas, al tiempo que añade que los estudios académicos demuestran que el necesario aumento de la inversión pública «no provocará una subida vertiginosa de los tipos de interés».
«Desgraciadamente, las nuevas normas fiscales no son realmente favorables a la inversión», subraya.
Otra motivo para que Bruselas se centre en el dinero privado es que su principal fuente de fondos públicos – el fondo de recuperación de la pandemia COVID-19 «NextGenerationEU»- dotado con 800.000 millones de euros, expira en 2026.
Los socios más «frugales» rechazan de plano renovarlo.
El plan, que se financia mediante deuda suscrita conjuntamente por los Estados miembros, apunta a estimular las economías de los Estados miembros financiando inversiones ecológicas y digitales cruciales a cambio de reformas específicas.
Para agravar más el asunto de la presión fiscal, los Estados miembros tendrán que desembolsar cerca de 30.000 millones de euros al año para devolver la deuda acumulada a partir de 2028, lo que equivale aproximadamente a una quinta parte del presupuesto ordinario de la UE.
Muchos analistas, incluido Draghi, sostienen que renovar el plan NextGenerationEU es esencial para que Europa pueda superar su déficit de inversión.
«Una parte de la deuda común puede ser inevitable, pero es controvertida, aunque sólo se utilice para inversiones que aumenten la productividad en bienes públicos de la UE, entre ellos innovaciones punteras, defensa e infraestructuras energéticas transfronterizas», escribieron analistas del Centro para la Reforma Europea en un informe reciente.
¿Cuáles son las otras opciones?
Una posibilidad sería activar un fondo de defensa «optativo», suscrito mediante deuda conjunta a la que podrían adherirse países no miembros de la UE.
Darvas señala que activar un sistema de ese tipo podría ser «bastante viable», pero que no sería tan eficaz como NextGenerationEU, cuyo objetivo es impulsar la inversión en un abanico más amplio de ámbitos.
Otra posible opción son los «nuevos recursos propios», es decir, fuentes de ingresos adicionales para el presupuesto de la UE, generados a través de sistemas innovadores, entre ellos un nuevo impuesto sobre el carbono.
No obstante, Darvas también lo descartó por insuficiente. Aunque esos recursos podrían «ayudar marginalmente» en el futuro, en última instancia no supondrán una gran diferencia a menos que se amplíe el presupuesto ordinario -de siete años- de la UE, que sólo representa el 1% del PIB anual del bloque.
«La mayoría de estos nuevos recursos propios cambiarían la forma en que los países contribuyen al nuevo presupuesto, pero no modificarían realmente el importe global de los ingresos a menos que se aumente el techo de gasto del presupuesto de la UE«, explica el experto.
No obstante, Demertzis asegura que una forma para que Europa pueda satisfacer sus necesidades de inversión a corto plazo es aprovechando las capacidades del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
El BEI -el mayor prestamista multilateral del mundo- podría ayudar si se le permitiera realizar inversiones más arriesgadas que «atraigan» dinero privado, comenta.
«Si financian (el BEI) los tramos más arriesgados de proyectos interesantes, el dinero privado podría fluir, porque el dinero privado no quiere asumir riesgos», puntualiza.
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[Editado por Owen Morgan/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]
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Mundo Economía
El sector pesquero europeo pide ayudas a Bruselas para facilitar la transición energética
Bruselas/Madrid (Servimedia) – La patronal europea de armadores de pesca, Europeche, ha pedido a la Comisión Europea, junto a organizaciones de empresas de astilleros y otras industrias relacionadas con el mar, un trato más favorable en regulación y subsidios, para facilitar la transición energética del sector pesquero, según informa Servimedia, socio de Euractiv.
Lo han hecho en una reunión con el comisario de pesca, Costas Kadis, en la que asistieron representantes de Europeche, de la que forma parte la española Cepesca, así como miembros de SEA Europe, Copa-Cogeca, la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) y la Asociación Europea de Organizaciones de Productores (EAPO).
En un comunicado, estas entidades defienden que la Comisión Europea «actúe de manera urgente para desbloquear la transición energética de la pesca», proceso que, a su juicio, «se ve frenado actualmente por las restricciones regulatorias de la UE, el acceso limitado a la financiación y la insuficiente certeza de la inversión».
Sostienen que esta transición requiere eliminar con urgencia los obstáculos regulatorios mediante un reglamento ómnibus, sin esperar a una reforma completa de la Política Pesquera Común (PPC).
También le expusieron al comisario la necesidad de acceso simplificado a una financiación adecuada de la UE para abordar las inversiones necesarias para la transición energética y la modernización de la flota, respaldado por un marco político estable capaz de restablecer la confianza de los inversores a largo plazo.
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(Editado por JRN/clc/Servimedia y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Mundo Economía
La responsable de Comercio de la UE tranquiliza a los eurodiputados sobre la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur
Bruselas (Euractiv)- La responsable comercial de la UE está tratando de tranquilizar a los eurodiputados preocupados por la posibilidad de que el acuerdo UE-Mercosur se aplique antes de que el Parlamento Europeo haya tenido la oportunidad de votar sobre él, según correos electrónicos a los que ha tenido acceso Euractiv.
Como informó Euractiv la semana pasada, la Presidencia del Consejo retiró una declaración en la que se comprometía a esperar a la votación del Parlamento antes de la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur, que tiene una gran carga política. El Gobierno francés y varios eurodiputados han calificado esta medida de antidemocrática. Sin embargo, otros diplomáticos han argumentado que las declaraciones en las que se promete esperar al Parlamento no son una práctica habitual.
En virtud de los tratados, la UE puede aplicar provisionalmente el acuerdo con los países del Mercosur, sin esperar al Parlamento Europeo. Los eurodiputados seguirían conservando la facultad de votar sobre la celebración del acuerdo.
Sabine Weyand, directora general de Comercio y Seguridad Económica de la Comisión Europea, envió el lunes un correo electrónico a los eurodiputados, al que ha tenido acceso Euractiv, en el que explicaba que la aplicación provisional del acuerdo no sería automática tras su firma oficial el sábado en Paraguay. La funcionaria alemana afirmó que los países del Mercosur también tendrían que ratificar el acuerdo y notificarlo a la UE, un proceso que podría llevar tiempo.
«Dado que los procedimientos de ratificación llevan tiempo (y la UE no es una excepción), no tiene mucho sentido especular sobre cuándo estarán listos dichos procedimientos y las notificaciones resultantes por parte del Mercosur», escribió Weyand.
Obtener un rápido consentimiento
Weyand dijo que esperaba colaborar con el Parlamento para obtener un rápido consentimiento, «de modo que, por parte de la UE, estemos listos para empezar a aplicar el acuerdo tan pronto como uno o todos los Estados signatarios del Mercosur hayan notificado que están en condiciones de hacerlo».
En un correo electrónico del 25 de noviembre enviado al presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento, Bernd Lange, y al eurodiputado responsable del Mercosur, Gabriel Mato, al que ha tenido acceso Euractiv, la funcionaria afirmó que «no era intención de la Comisión» eludir al Parlamento, ya que ello «iría en contra del espíritu del Acuerdo Marco y de los repetidos compromisos del comisario de no proponer la aplicación provisional antes de la aprobación».
Recalibrar el equilibrio de poderes entre el Parlamento y la Comisión
El acuerdo marco es un acuerdo alcanzado el año pasado entre el Parlamento y la Comisión para recalibrar el equilibrio de poderes entre ambos, que aún no ha sido ratificado ni aplicado plenamente.
En el correo electrónico de noviembre, Weyand afirmó que, siguiendo el consejo del servicio jurídico del Consejo, se había añadido a la decisión una disposición que permitía la rápida aplicación del acuerdo tras su firma, aunque, según Weyand, de forma involuntaria.
«Como resultado del traslado de la disposición al proyecto de decisión sobre la firma, la redacción revisada podría abrir involuntariamente la puerta a una posible aplicación provisional del acuerdo comercial provisional antes de la aprobación del Parlamento», escribió.
«Tras un nuevo debate y dada la delicadeza del asunto, el Consejo tomará en los próximos días nuevas medidas para modificar el proyecto de decisión sobre la firma, con el fin de aclarar que el artículo pertinente sobre la aplicación provisional solo pretende dar respuesta a la situación específica del Mercosur y no se aplicaría por parte de la UE antes de la aprobación», escribió Weyand.
Acuerdo comercial UE-Mercosur: algunos puntos clave
Bruselas (Euractiv.com/.es) – Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) aprobaron este viernes el controvertido…
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Finalmente, el Consejo decidió no aceptar los cambios y mantuvo la puerta abierta a la aplicación provisional.
Esta rápida aplicación del acuerdo podría cobrar mayor relevancia si los eurodiputados logran aprobar una resolución en la que se solicite un dictamen jurídico al máximo tribunal de la UE, una medida que suspendería el proceso de ratificación del acuerdo entre la UE y Mercosur.
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Con información de Alice Bergoend y María Simon Arboleas.
(Editado por adm, cm/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner (Euractiv.es)
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Bruselas (Euractiv.com/.es) – Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) aprobaron este viernes el controvertido acuerdo comercial entre el bloque europeo y Mercosur, pero el camino no está exento de dificultades. Estos son algunos de los elementos clave del controvertido acuerdo que marcará el debate político en las próximas semanas.
Los países de la UE respaldan el acuerdo comercial con Mercosur
Bruselas (Euractiv)- Los embajadores de la UE respaldaron el acuerdo comercial entre la UE y…
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¿Qué es el acuerdo?
El Mercosur es un acuerdo comercial entre la Unión Europea y los cuatro países del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que juntos suman una población de alrededor de 295 millones de habitantes y el quinto PIB más grande del mundo.
El acuerdo eliminará gradualmente los aranceles a más del 90 % del comercio bilateral. Las negociaciones comenzaron en 1999 con un acuerdo inicial en 2019, aunque el acuerdo político no se alcanzó hasta diciembre de 2024.
¿Por qué ha tardado tanto?
El pacto ha sido siempre motivo de división entre los sectores económicos y los Estados miembro. Especialmente después de 2019, los cambios de gobierno y la evolución de los objetivos políticos en Europa y los países del Mercosur obligaron a los negociadores a buscar el momento más adecuado.
¿Qué incluye?
El acuerdo UE-Mercosur se divide en dos partes, cada una con un proceso de aprobación diferente. La primera es un acuerdo exclusivamente comercial: el Acuerdo Comercial Provisional (ACP). Es competencia exclusiva de la UE, lo cual significa que necesita la aprobación del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo para entrar en vigor.
La segunda es un acuerdo de asociación más amplio: el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur (AAEM). Incluye el comercio, pero también la inversión y la cooperación política. Debe ser ratificado por los parlamentos nacionales, un proceso que podría llevar años.
Los puntos de discordia
Los elementos más controvertidos están relacionados con el comercio. Para muchas industrias de la UE, el acuerdo es una clara victoria. Elimina los elevados aranceles a las exportaciones de la UE —incluidos los aranceles de hasta el 35 % a las piezas de automóvil y las bebidas alcohólicas— y levanta otras barreras comerciales.
Sin embargo, a cambio, la UE ha hecho concesiones a Argentina y Brasil, dos potencias agrícolas, al permitirles cuotas libres de aranceles para la carne de vacuno y de aves de corral, así como para otros productos «sensibles» como el arroz, la miel y el azúcar.
¿Por qué los agricultores lo rechazan?
Mientras que Buenos Aires y Brasilia consideran que las nuevas cuotas son modestas, muchos agricultores europeos temen verse «inundados» por productos del Mercosur.
#Mercosur avanza sin reciprocidad y con alto coste para el campo europeo.
Ahora el @Europarl_EN y los eurodiputados españoles tienen la responsabilidad de frenar un acuerdo que rompe la igualdad de reglas.
Sin reciprocidad, no hay comercio justo.#NOalMercosur…— Asaja Nacional (@AsajaNacional) January 9, 2026
Su preocupación es que los productores del Mercosur trabajan con normas laborales, de bienestar animal y medioambientales menos estrictas, mientras que los agricultores de la UE deben cumplir con regulaciones extensas y costosas, incluidas más restricciones sobre los pesticidas.
¿Qué ha hecho la UE para abordar este asunto?
Las asociaciones de agricultores y los ministros de Agricultura de la UE han presionado en reiteradas ocasiones durante los últimos años para que se incluyan salvaguardias y reciprocidad más estrictas en el acuerdo.
Desde entonces, se han abordado muchas de esas inquietudes. Las cláusulas de salvaguardia permitirán a la UE suspender las importaciones libres de aranceles de algunos productos si los mercados se ven sometidos a presión. Esas cláusulas se han endurecido en la última ronda de negociaciones entre los embajadores (Coreper) de los socios de la UE celebrada el lunes, según adelantó Euractiv.
La Comisión Europea ha reforzado los controles fronterizos para impedir la entrada de productos prohibidos en el bloque europeo y ha impulsado nuevas normas para prohibir las importaciones de cultivos tratados con pesticidas peligrosos vetados en la UE.
¿Por qué los Verdes y las ONG ecologistas lo rechazan?
Los grupos ecologistas y de izquierda rechazan el acuerdo, y han advertido de que podría impulsar la deforestación al fomentar una agricultura más intensiva y la extracción de recursos para la exportación. Los sectores más críticos temen que pueda socavar los derechos de las comunidades indígenas, muchas de las cuales se han pronunciado en contra del acuerdo.
El acuerdo se ha concretado al tiempo que grupos ecologistas y varios partidos políticos manifiestan su rechazo a los recientes cambios en la ley de deforestación de la UE. A esas inquietudes se suma el hecho de que los principales comerciantes de cereales brasileños se han retirado esta semana de un pacto destinado a proteger la Amazonia de la deforestación provocada por la soja.
¿Quién lo apoya?
Las industrias de la UE, desde la automoción y la maquinaria hasta los productos químicos y farmacéuticos, se beneficiarán de un mejor acceso al mercado del Mercosur. Alemania, la potencia automovilística de Europa, ha sido durante mucho tiempo uno de los principales defensores del acuerdo.
Los productores de alimentos y bebidas, más que los agricultores, también ven grandes oportunidades. Los exportadores prevén una creciente demanda de productos de mayor valor añadido, entre ellos el queso, el chocolate, el vino y las bebidas espirituosas.
El acuerdo también incluye una muy generosa lista de productos alimenticios y bebidas de la UE —alrededor de 340 en total— que protege de las imitaciones a productos emblemáticos como el queso manchego español o el champán francés.
Más allá de la necesaria diversificación que necesita la UE, en el marco de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, se considera estratégico estrechar los lazos geopolíticos con un bloque económico importante como es el Mercosur.
¿Qué pasos se darán ahora?
Está previsto que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firme el acuerdo en Paraguay, que actualmente ocupa la presidencia rotatoria del Mercosur, a finales de la próxima semana. La ceremonia, inicialmente prevista para el lunes 12, posiblemente se producirá después del miércoles debido a cuestiones logísticas.
Pero el proceso todavía no ha terminado.
Aunque el Parlamento Europeo no puede modificar el texto, ahora debe aprobarlo o rechazarlo. En ese sentido, se prevé que el debate sea reñido, ya que los eurodiputados votarán más en función de los intereses de sus países que de sus grupos políticos.
Antes de ese momento, los eurodiputados votarán si remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que emita un dictamen jurídico. La medida fue propuesta en noviembre por un grupo de 145 eurodiputados, pero fue bloqueada temporalmente , después de que los líderes de los grupos políticos del Parlamento Europeo alegaran la necesidad de esperar la decisión del Consejo sobre el acuerdo.
Si la impugnación ante el TJUE sale adelante, ello podría congelar el proceso de ratificación de la UE hasta que el alto Tribunal emita su dictamen. La votación podría tener lugar en la próxima sesión plenaria, que comienza el 19 de enero.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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