Bratislava (Euractiv.sk) – El primer ministro eslovaco, Robert Fico, se mostró «orgulloso» de la expulsión oficial de su partido, el Smer, del Partido Socialista Europeo (PSE), según informan este viernes medios eslovacos.

La decisión, adoptada por unanimidad en el congreso del PSE iniciada ayer y que este viernes culminó en Ámsterdam, pone fin a 20 años de afiliación del Smer a la familia política de centro-izquierda europea.

La decisión, adelantada por Euractiv, fue recibida con aplausos en el recinto de la antigua Bolsa de Amsterdam, donde el PSE celebró su congreso anual.

La medida supone el punto final a varios años de crecientes tensiones entre el Smer y el PSE, sobre todo por la alineación de Fico con posiciones nacionalistas y prorrusas. Smer fue suspendido del PSE en 2023 tras el regreso de Fico al poder.

Tras la decisión, Fico acusó al PSE de no querer aceptar democráticamente la línea conservadora de su Ejecutivo.

«Si el motivo del cese de Smer es mi participación en las celebraciones de la Victoria sobre el Fascismo y la definición constitucional de hombre y mujer, entonces estoy orgulloso de esta expulsión», escribió Fico en las redes sociales.

Por su parte, Juraj Gedra, jefe de la Oficina del Gobierno y uno de los aliados más cercanos de Fico, también celebró la decisión en las redes sociales, y aseguró que desde ahora su partido por fin es libre.

Calificó el fin de la afiliación al PSE de «nuestra victoria y su vergüenza».

Aunque el PSE no dio a conocer detalles sobre el motivo de la expulsión del Smer, su Secretario General, Giacomo Filibeck, explicó en la cumbre de Ámsterdam que el partido de Fico ha adoptado en repetidas ocasiones posturas «profundamente contradictorias con los valores y principios en los que se basa nuestra familia política».

La dirección del PSE considera que el partido de Fico ha cruzado las líneas rojas con su retórica sobre Ucrania, sus ataques a la libertad de los medios de comunicación y sus intentos de debilitar la independencia judicial.

Anticipándose a la expulsión, Fico dio instrucciones a los eurodiputados de Smer para que buscaran un nuevo grupo al cual sumarse en el Parlamento Europeo. «Tenemos una oferta de Patriotas por Europa, que yo prefiero», declaró a la prensa eslovaca la eurodiputada de Smer Monika Beňová.

Patriotas por Europa (PfE) es el grupo al cual, entre otros, pertenece Vox y la formación ultra italiana La Liga, del polémico Matteo Salvini.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Madrid (Servimedia) – El Partido Popular utilizará la próxima semana su mayoría absoluta en el Senado para impulsar un conflicto de atribuciones con el Gobierno por incumplir por tercer año consecutivo su obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), según anunció este viernes su portavoz parlamentaria, Alicia García. La Cámara Alta requerirá así al Ejecutivo de Pedro Sánchez a depositar unas nuevas cuentas públicas en el Congreso en el plazo de un mes. De no hacerlo, se abrirá la vía para elevar el choque institucional al Tribunal Constitucional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a presentar los Presupuestos para 2026 antes de que acabe el año. Pero la oposición desconfía de su palabra y moverá ficha para elevar la presión sobre La Moncloa emprendiendo el séptimo choque entre órganos constitucionales de la legislatura. Este será el primero que el Senado dirige exclusivamente contra el Gobierno en casi 50 años de democracia.

El PP argumenta en su propuesta de 20 páginas, cotejada por Servimedia, que el Ejecutivo está incurriendo en «una inconstitucionalidad por omisión» porque, al no presentar Presupuestos, desoye la obligación establecida en el artículo 134.1 y 134.3 de la Constitución, e «impide» al Senado ejercer la función constitucional de control que le atribuye el artículo 66.2 de la Carta Magna.

Bajo esta tesis, el PP alega que el Gobierno «se está arrogando una competencia que no le corresponde», el de autorizar gastos no autorizados por las Cortes Generales para el siguiente año natural, a través del «abuso de la prórroga» presupuestaria.

«DÉFICIT DEMOCRÁTICO»

En este sentido, sostiene que «la prórroga sucesiva y concatenada, arrastrada año tras año», del Presupuesto de 2023 es «inconstitucional, desvirtúa la anualidad del Presupuesto que se convierte en plurianual» y supone «un uso fraudulento del mecanismo de la prórroga para evitar la aprobación parlamentaria de unos nuevos Presupuestos que, por definición, han de ser anuales».

En paralelo, el PP denuncia en el texto que saldrá adelante que el Gobierno de Sánchez se encuentra en «una situación insostenible de déficit democrático» porque no ha logrado el «aval parlamentario» para gobernar con unas cuentas públicas en los dos años y medio que lleva en marcha la legislatura.

«Está gobernando con los Presupuestos de otro gobierno y de otra legislatura avalados por unas Cámaras de composición distinta», constata la oposición, que insiste en que «no resulta legítimo llevar dos años con un Presupuesto prorrogado e ir camino del tercero, pues eso es incompatible con la obligación de aprobar unos nuevos Presupuestos ‘en el plazo más breve posible’, como exige el Tribunal Constitucional».

Además, subraya que la negativa del Gobierno a presentar las cuentas públicas constituye un incumplimiento simultáneo de la Ley General Presupuestaria y de la de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

«INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN»

Por estas razones, el PP usará su mayoría absoluta para que el Pleno del Senado apruebe el conflicto de atribuciones y requiera al Gobierno a «que revoque su omisión de elaborar el Proyecto de Ley de Generales del Estado para el año 2026 y proceda a su elaboración y remisión al Congreso de los Diputados en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 134.1 y 3 de la Constitución«. Si el Ejecutivo no contesta en el plazo de un mes o ignora al Senado, el PP podrá entonces elevar el choque al TC, que se vería obligado a pronunciarse.

El Tribunal Constitucional ha reconocido la figura de la «inconstitucionalidad por omisión» en su doctrina, pero cargos del PP consultados por Servimedia dan por hecho que el margen de actuación del Alto Tribunal está limitado a constatar que existe una actuación del Gobierno contraria a la Carta Magna. Es decir, que el Constitucional podría pronunciarse en contra de la forma de proceder del Ejecutivo de Sánchez, pero solo le recordaría la obligación de presentar Presupuestos tres meses antes de que acabe el año, sin obligarle en ningún caso a hacerlo.

Sánchez, que ha compartido en varias ocasiones su intención de gobernar hasta 2027, podría ser el primer presidente del Gobierno que no presenta unos Presupuestos Generales del Estado en toda la legislatura o que, al menos, que no los aprueba.

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(Editado por PTR/gja/Servimedia)

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Varsovia (Euractiv.pl) –  Elogiado en Bruselas como símbolo del «regreso de Polonia a Europa», el Gobierno del primer ministro polaco, Donald Tusk, ha llegado al ecuador de su mandato en medio de un creciente descontento ciudadano, tensiones en la coalición y críticas por las varias promesas incumplidas.

Tusk regresó al poder en diciembre de 2023 al frente de una coalición cuatripartita formada por su Coalición Cívica (KO), pro-UE, la centrista Polonia 2050, el Partido Popular Polaco (PSL), de centro-derecha, y la Izquierda. El Gobierno de Tusk asumió el poder tras varios años dominados por el nacionalista Ley y Justicia (PiS), que no logró formar una mayoría a pesar de haber obtenido el mayor número de escaños en las elecciones de octubre de 2023.

Pero dos años después, la frustración de los votantes ha crecido: el 60% de los polacos se declara insatisfecho con la gestión del Gobierno, según un reciente sondeo de SW Research para Onet. De las 100 «promesas concretas» hechas por KO antes de las elecciones, sólo 19 se han cumplido plenamente. También siguen en al aire otras promesas básicas, entre ellas elevar la obligatoriedad del umbral del impuesto sobre la renta a 14.000 euros.

En un discurso pronunciado el miércoles en la ciudad de Piotrków Trybunalski, Tusk admitió que existe malestar en los ciudadanos, pero sugirió que los críticos pasan por alto la principal prioridad de su Gobierno: la seguridad nacional.

«Después de dos años, veo una falta de acuerdo entre los polacos sobre lo que realmente sirve a nuestro interés nacional. Todavía no hemos establecido prioridades comunes, la primera de las cuales, por supuesto, es la seguridad», dijo. «Defender la frontera de Polonia contra un agresor es nuestra responsabilidad compartida», subrayó.

Polonia es el país de la OTAN que más gasta en defensa en relación con su PIB. Para 2025, se prevé que gaste el 4,48% de su PIB en defensa, según los últimos datos de la OTAN. «No puede haber mejor crítica para mí. Es la mayor recompensa que Polonia podría tener», afirmó.

Reforma judicial y rendición de cuentas

La oposición nacionalista no tiene mucho que celebrar. El presidente, Karol Nawrocki, respaldado por PiS, ha criticado públicamente al gobierno, y ha advertido de que «no hay confianza pública cuando se hacen promesas que no se cumplen».

El líder del PiS, Jarosław Kaczyński, ha calificado de «terribles» los dos años de Tusk en el poder, y ha tachado la reforma judicial del Gobierno de «empresa de naturaleza criminal.»

La reforma judicial y la rendición de cuentas por los presuntos abusos cometidos durante los años del PiS fueron promesas electorales clave para la coalición de Tusk.

En la etapa del  PiS, los conflictos del Estado de Derecho de Polonia llevaron a la Comisión Europea a bloquear los fondos de recuperación y cohesión de la UE. Bruselas desbloqueó los fondos después de que el nuevo gobierno presentara reformas destinadas a restaurar la independencia judicial.

El gobierno de Tusk ha tomado algunas medidas para restablecer la independencia judicial, entre ellas limitar los poderes de los fiscales disciplinarios y aumentar la influencia de los tribunales en el nombramiento de los presidentes de los tribunales.

Sin embargo, los intentos de reformar el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura se han visto en gran medida bloqueados, y dejado puestos clave sin cubrir. Recientemente, el ministro de Justicia, Waldemar Żurek, propuso una ley para aclarar el estatus de los «neojueces» y realizar nuevos nombramientos judiciales.

Sin embargo, los avances han sido limitados y cautelosos, lo cual ha generado frustración incluso dentro de la coalición progresista de Tusk, que argumenta que los esfuerzos por desmantelar las estructuras de la era PiS han sido demasiado lentos.

No obstante, varios ex altos cargos del PiS se han visto sometidos a escrutinio judicial. El ex ministro del Interior Mariusz Kamiński y el viceministro Maciej Wąsik fueron condenados por abuso de poder, aunque fueron luego indultados por el entonces presidente Andrzej Duda, y posteriormente elegidos eurodiputados.

El Parlamento votó recientemente a favor de levantar la inmunidad a Michał Dworczyk y al antiguo jefe de Energía del Estado, Daniel Obajtek, a petición de los fiscales polacos.

Balance desigual en política social y economía

Según el profesor Radosław Markowski, de la Academia Polaca de las Ciencias, el Gobierno ha logrado avances significativos en algunos ámbitos. Entre ellos citó el restablecimiento de la financiación pública de la fecundación in vitro, iniciativas sobre la salud mental de los jóvenes y una drástica reducción de la inflación, de casi el 40% a alrededor del 3%.

A pesar de ello, afirmó que el mayor fracaso de la coalición es su incapacidad para «restaurar el orden constitucional» tras los años del PiS. «Los intentos fueron demasiado blandos, y eso no funciona», comenta, al tiempo que añade que eso podría restarle apoyos a largo plazo.

Un síntoma del debilitamiento de Tusk en su coalición son las especulaciones sobre la posibilidad de que el ministro de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, le sustituya antes de las elecciones de 2027. Sin embargo, Sikorski ha negado los rumores.

«No tengo ninguna ambición de sustituir a Tusk como primer ministro antes de las elecciones», dijo en TVN24 el mes pasado. «Es Donald Tusk quien nos llevará a la victoria en 2027», agregó.

Markowski duda de que Sikorski fuera una mejor opción, y señala que a Polonia le vendría mal perderle en Asuntos Exteriores en un momento de tensión por la guerra en Ucrania.

«En una coalición cuatripartita, también se necesitan habilidades para equilibrar diferentes intereses y encontrar el consenso (…) un buen decano no siempre es un buen rector», concluyó.

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(Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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