Bruselas (Euractiv.com/.es) – La Comisión Europea anunció este viernes que ha pedido a las capitales de los países miembros de la Unión Europea (UE) que presenten sus propuestas para albergar la sede de la futura autoridad aduanera del bloque, una nueva institución, a la que optan entre otras ciudades Málaga, que coordinará a las autoridades nacionales en el marco de una reforma más ambiciosa para hacer frente a la avalancha de productos baratos importados por las plataformas chinas de comercio electrónico como Temu o Shein, entre otros objetivos.

Los países del bloque europeo se enfrentan a grandes retos comerciales ante la oleada de paquetes baratos enviados por plataformas como  Temu y Shein, pero las autoridades aduaneras de algunos miembros de la UE solo pueden controlar un reducido volumen por cada millón de paquetes que entran, según un reciente informe de la Comisión Europea.

Por ello, la UE quiere colaborar en ese esfuerzo de control con la creación de un «centro de datos» centralizado, que albergará a una futura  autoridad aduanera, con el objetivo de mejorar las comunicaciones entre sus autoridades.

A partir de ahora, se inicia la competencia entre las distintas capitales del bloque para saber quién será la elegida.

La reciente iniciativa del bloque comunitario para crear una autoridad contra el blanqueo de capitales estuvo marcada por una prolongada lucha política entre ciudades para albergar la sede de ese organismo de vigilancia. La disputa fue especialmente agria entre Madrid, que partía como una de las favoritas, contra París y Roma, aunque la elegida fue finalmente Fráncfort.

Esta vez España también compite contra Francia -que presenta la candidatura de Lille– y contra Portugal, que se inclina por Oporto.

La apuesta de España es por Málaga.

Entre los criterios que la Comisión Europea ha esbozado para elegir la sede figuran la accesibilidad, la rapidez de entrada en funcionamiento y la existencia de suficiente escolarización europea para los hijos de los empleados.

Se prevé que la autoridad cuente con 250 empleados y necesitará telecomunicaciones «soberanas de la UE» e instalaciones especiales para albergar el centro de datos previsto, según la convocatoria de la Comisión.

A pesar de que el Ejecutivo de la UE ha solicitado ofertas, la creación del centro depende de que los legisladores europeos aprueben oficialmente la reforma aduanera.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bratislava (Euractiv.sk) – El primer ministro eslovaco, Robert Fico, se mostró «orgulloso» de la expulsión oficial de su partido, el Smer, del Partido Socialista Europeo (PSE), según informan este viernes medios eslovacos.

La decisión, adoptada por unanimidad en el congreso del PSE iniciada ayer y que este viernes culminó en Ámsterdam, pone fin a 20 años de afiliación del Smer a la familia política de centro-izquierda europea.

La decisión, adelantada por Euractiv, fue recibida con aplausos en el recinto de la antigua Bolsa de Amsterdam, donde el PSE celebró su congreso anual.

La medida supone el punto final a varios años de crecientes tensiones entre el Smer y el PSE, sobre todo por la alineación de Fico con posiciones nacionalistas y prorrusas. Smer fue suspendido del PSE en 2023 tras el regreso de Fico al poder.

Tras la decisión, Fico acusó al PSE de no querer aceptar democráticamente la línea conservadora de su Ejecutivo.

«Si el motivo del cese de Smer es mi participación en las celebraciones de la Victoria sobre el Fascismo y la definición constitucional de hombre y mujer, entonces estoy orgulloso de esta expulsión», escribió Fico en las redes sociales.

Por su parte, Juraj Gedra, jefe de la Oficina del Gobierno y uno de los aliados más cercanos de Fico, también celebró la decisión en las redes sociales, y aseguró que desde ahora su partido por fin es libre.

Calificó el fin de la afiliación al PSE de «nuestra victoria y su vergüenza».

Aunque el PSE no dio a conocer detalles sobre el motivo de la expulsión del Smer, su Secretario General, Giacomo Filibeck, explicó en la cumbre de Ámsterdam que el partido de Fico ha adoptado en repetidas ocasiones posturas «profundamente contradictorias con los valores y principios en los que se basa nuestra familia política».

La dirección del PSE considera que el partido de Fico ha cruzado las líneas rojas con su retórica sobre Ucrania, sus ataques a la libertad de los medios de comunicación y sus intentos de debilitar la independencia judicial.

Anticipándose a la expulsión, Fico dio instrucciones a los eurodiputados de Smer para que buscaran un nuevo grupo al cual sumarse en el Parlamento Europeo. «Tenemos una oferta de Patriotas por Europa, que yo prefiero», declaró a la prensa eslovaca la eurodiputada de Smer Monika Beňová.

Patriotas por Europa (PfE) es el grupo al cual, entre otros, pertenece Vox y la formación ultra italiana La Liga, del polémico Matteo Salvini.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Madrid (Servimedia) – El Partido Popular utilizará la próxima semana su mayoría absoluta en el Senado para impulsar un conflicto de atribuciones con el Gobierno por incumplir por tercer año consecutivo su obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), según anunció este viernes su portavoz parlamentaria, Alicia García. La Cámara Alta requerirá así al Ejecutivo de Pedro Sánchez a depositar unas nuevas cuentas públicas en el Congreso en el plazo de un mes. De no hacerlo, se abrirá la vía para elevar el choque institucional al Tribunal Constitucional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a presentar los Presupuestos para 2026 antes de que acabe el año. Pero la oposición desconfía de su palabra y moverá ficha para elevar la presión sobre La Moncloa emprendiendo el séptimo choque entre órganos constitucionales de la legislatura. Este será el primero que el Senado dirige exclusivamente contra el Gobierno en casi 50 años de democracia.

El PP argumenta en su propuesta de 20 páginas, cotejada por Servimedia, que el Ejecutivo está incurriendo en «una inconstitucionalidad por omisión» porque, al no presentar Presupuestos, desoye la obligación establecida en el artículo 134.1 y 134.3 de la Constitución, e «impide» al Senado ejercer la función constitucional de control que le atribuye el artículo 66.2 de la Carta Magna.

Bajo esta tesis, el PP alega que el Gobierno «se está arrogando una competencia que no le corresponde», el de autorizar gastos no autorizados por las Cortes Generales para el siguiente año natural, a través del «abuso de la prórroga» presupuestaria.

«DÉFICIT DEMOCRÁTICO»

En este sentido, sostiene que «la prórroga sucesiva y concatenada, arrastrada año tras año», del Presupuesto de 2023 es «inconstitucional, desvirtúa la anualidad del Presupuesto que se convierte en plurianual» y supone «un uso fraudulento del mecanismo de la prórroga para evitar la aprobación parlamentaria de unos nuevos Presupuestos que, por definición, han de ser anuales».

En paralelo, el PP denuncia en el texto que saldrá adelante que el Gobierno de Sánchez se encuentra en «una situación insostenible de déficit democrático» porque no ha logrado el «aval parlamentario» para gobernar con unas cuentas públicas en los dos años y medio que lleva en marcha la legislatura.

«Está gobernando con los Presupuestos de otro gobierno y de otra legislatura avalados por unas Cámaras de composición distinta», constata la oposición, que insiste en que «no resulta legítimo llevar dos años con un Presupuesto prorrogado e ir camino del tercero, pues eso es incompatible con la obligación de aprobar unos nuevos Presupuestos ‘en el plazo más breve posible’, como exige el Tribunal Constitucional».

Además, subraya que la negativa del Gobierno a presentar las cuentas públicas constituye un incumplimiento simultáneo de la Ley General Presupuestaria y de la de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

«INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN»

Por estas razones, el PP usará su mayoría absoluta para que el Pleno del Senado apruebe el conflicto de atribuciones y requiera al Gobierno a «que revoque su omisión de elaborar el Proyecto de Ley de Generales del Estado para el año 2026 y proceda a su elaboración y remisión al Congreso de los Diputados en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 134.1 y 3 de la Constitución«. Si el Ejecutivo no contesta en el plazo de un mes o ignora al Senado, el PP podrá entonces elevar el choque al TC, que se vería obligado a pronunciarse.

El Tribunal Constitucional ha reconocido la figura de la «inconstitucionalidad por omisión» en su doctrina, pero cargos del PP consultados por Servimedia dan por hecho que el margen de actuación del Alto Tribunal está limitado a constatar que existe una actuación del Gobierno contraria a la Carta Magna. Es decir, que el Constitucional podría pronunciarse en contra de la forma de proceder del Ejecutivo de Sánchez, pero solo le recordaría la obligación de presentar Presupuestos tres meses antes de que acabe el año, sin obligarle en ningún caso a hacerlo.

Sánchez, que ha compartido en varias ocasiones su intención de gobernar hasta 2027, podría ser el primer presidente del Gobierno que no presenta unos Presupuestos Generales del Estado en toda la legislatura o que, al menos, que no los aprueba.

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(Editado por PTR/gja/Servimedia)

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