Madrid (Servimedia) – El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, aseguró este jueves que el anuncio de Ryanair de recortar un millón de plazas de cara a la temporada de invierno y cerrar sus bases en Santiago de Compostela, Tenerife Norte y Vigo es “el modus operandi de esta compañía”, que se distingue por “la amenaza y el chantaje”.

Así lo precisó en el transcurso de una entrevista en Radiocable recogida por Servimedia y en la que afirmó que la aerolínea irlandesa “ha funcionado siempre de la misma manera, que es la amenaza, el chantaje y un estilo comunicativo de bastante mal gusto y de bastante mala educación”.

“Ni que decir tiene que una empresa privada es libre de decidir cuáles son sus estrategias y cuáles son los métodos que quiere emplear, siempre que se ajuste a la legalidad y ahí es donde entra nuestro papel”, aseveró, convencido de que su gabinete “tiene la obligación de defender a los consumidores en España”.

A este respecto, puntualizó que, “más allá de por su estilo y por esta lógica del chantaje y la extorsión que utiliza siempre”, la compañía de bajo coste “es muy conocida por tratar muy mal a los consumidores españoles”.

“Y nosotros lo que hemos hecho, ni más ni menos, es asegurar que ninguna empresa se considere por encima de la ley”, apostilló, al tiempo que recordó algunas de sus prácticas “ilegales y abusivas” que les valieron una sanción “histórica” de 107 millones de euros.

“No están acostumbrados, están acostumbrados a que este juego les salga bien y a ganar cada vez más dinero y a poner en marcha prácticas cada vez más agresivas para extraer beneficios, lucro de sus consumidores”, denunció Bustinduy, convencido de que “es el modelo de negocio que persiguen” y de que su “obligación” como titular de Consumo es “defender los derechos de los consumidores, que la ley se tiene que cumplir y que ninguna empresa está por encima de ella” pese a que “son gente muy poderosa”.

Materializar sus amenazas y hacer «lobby» en Bruselas

En este contexto, subrayó que “así están materializando sus amenazas y se están moviendo en Bruselas” porque “tienen una capacidad de lobby muy grande y muy fuerte” dado que operan en un sector “que mueve mucho dinero”.

“Las compañías aéreas ganaron 39.000 millones de euros el año pasado, imagínate los intereses que hay en juego”, agregó, sabedor de que “hay un conflicto muy fuerte”.

“Y así señalan, intimidan; a mí me intentaron ridiculizar, me insultan, es la manera que tienen de funcionar”, lamentó, al tiempo que advirtió de que, si pretenden intimidarle, “es todo lo contrario” y de que defenderá las actuaciones de su departamento “donde haga falta y las veces que haga falta” porque Consumo tiene “razón”.

Preguntado por su caracterización como payaso por parte del CEO de la aerolínea, el ministro confesó que le “apena en lo personal que la política genere esto”, que “es otra forma de intimidación más”, si bien reivindicó la “absoluta dignidad de la profesión de los payasos, mucho más que ser un oligarca conocido por su mala educación y por estas formas mafiosas”.

Tras admitir que le “gustaría poder hacer las cosas de otra manera”, Bustinduy consideró que la reacción de Ryanair “es señal de que les hizo daño”. “Les hizo daño que hubiera un gobierno que dijera, ‘oiga, usted va a cumplir la ley; me da igual cuánto dinero gane, me da igual cuánto dinero tenga, usted cumple la ley y respeta los derechos de la gente en España’”.

Les hizo daño

“Daño les hizo y ver esto solo puede multiplicar la determinación de decir que yo soy el ministro de Consumo, a mí me ha votado la gente para defender la ley en España y los derechos de los consumidores y no hay plutócrata ni oligarca extranjero que vaya a venir a intimidarme a mí en el cumplimiento de mi deber”, sentenció, al tiempo que hizo hincapié en que, “por muy poderosos que sean sus amigos” y por “mucha capacidad” que tenga la empresa de señalarle y de “presionar”, en España “hay un gobierno que se respeta”.

Por último, confirmó sentirse “orgulloso” del respaldo que ha obtenido por parte de organizaciones de consumidores de 15 países europeos que “han denunciado a estas compañías por esas mismas prácticas ante sus autoridades de consumo”.

“Yo me siento orgulloso de pertenecer a un gobierno que es vanguardia en la defensa de los derechos de los consumidores y que se ve desde otros países como ejemplo a seguir”, deslizó, al tiempo que también celebró el “apoyo” del Parlamento Europeo a su postura sobre la gratuidad del equipaje de mano frente a las posiciones del Consejo y la Comisión Europea “claramente alineadas con la industria”.

“Es un conflicto de poder y a mí no me van a amedrentar. Yo voy a defender la posición de que es ilegal cobrar por la maleta de mano, por sentarte con tus hijos o con la persona que te presta apoyo, que la formación de los precios es completamente opaca, que hay toda una serie de prácticas abusivas sobre las que han construido un modelo de negocio que es ilegal y yo voy a dar esta batalla donde haga falta”, subrayó.

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(Editado por MJR/pai/Servimedia)

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – El responsable de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange, ha puesto en duda las promesas de la Unión Europea (UE) de gastar cientos de miles de millones de euros en importaciones energéticas estadounidenses e impulsar la inversión europea en ese país, y asegura que esos supuestos compromisos son imposibles de cumplir.

El socialista alemán (SPD/S&D) calificó el miércoles de «totalmente irreal» la promesa de comprar petróleo, gas y energía nuclear por valor de 750.000 millones de dólares, y añadió que «no es posible» que Bruselas obligue a las empresas de la UE a canalizar 600.000 millones de dólares hacia ese país en los próximos tres años.

Ambas promesas son partes esenciales del acuerdo marco UE-EE.UU. firmado el pasado mes de julio, que ha sometido a la mayoría de los exportadores de la UE a un gravamen mínimo del 15% a las mercancías enviadas a Estados Unidos.

«Personalmente, creo que es totalmente irrealista», comentó Lange sobre la promesa de comprar energía a Estados Unidos. «No veo posibilidades de realizarlo, y también tengo mis dudas de que Estados Unidos sea capaz de producir tal cantidad de petróleo y energía», agregó.

El eurodiputado añadió que «no hay posibilidad de coordinar o dictar a las empresas que inviertan en Estados Unidos». «[La UE] puede apoyar un poco con subvenciones o con algunas otras medidas normales de política industrial, pero no es posible», subrayó.

Los comentarios de Lange son respaldados por numerosos analistas, que señalan que Bruselas no tienen competencias legales para hacer cumplir las promesas de inversión y compra de la UE.

El bloque compró combustibles fósiles estadounidenses por valor de 76.000 millones de dólares e invirtió 150.000 millones de dólares en Estados Unidos en 2024, según informó Reuters, una cifra muy inferior a los nuevos compromisos.

En una reciente comparecencia ante el Parlamento Europeo, Sabine Weyand, directora general de Comercio de la Comisión Europea, señaló que los supuestos compromisos de Bruselas se basan en la «agregación» de las intenciones expresadas por las empresas privadas y la demanda prevista.

«No es un compromiso de la UE ni de la Comisión, porque no tenemos ese dinero, ni compramos energía, ni hacemos inversiones», puntualizó.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – Tras la aprobación formal por la Comisión Europea este miércoles del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, algunos países del bloque más reacios al pacto, entre ellos Francia,  han suavizado su postura, aunque se mantiene la división en el Parlamento Europeo, al tiempo que varias ONG han cargado contra Bruselas por lo que califican de «maniobra» jurídica para intentar «colar» el texto.

El acuerdo, adoptado este miércoles por el colegio de comisarios, requiere ahora la aprobación tanto del Consejo como del Parlamento Europeo para que pueda entrar en vigor.

Francia, Polonia e Irlanda han expresado hasta la fecha su rechazo al acuerdo por temor a que perjudique a su sector agrícola y ganadero, especialmente al sector de la carne de vacuno, las aves de corral y el azúcar.

Para disipar esas inquietudes, Bruselas se ha comprometido a presentar un reglamento adicional con medidas de salvaguardia en caso de que las importaciones agroalimentarias de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, los socios de Mercosur, perjudiquen a los mercados de la UE.

Según una declaración de la Comisión adoptada el martes, esas medidas también podrían beneficiar a «uno o varios Estados miembros», y aplicarse temporalmente antes de tomar una decisión definitiva.

Cambio de posición de los socios más reticentes

La promesa de Bruselas ha logrado que algunos de los socios comunitarios más reticentes al pacto con Mercosur comiencen a reconsiderar su postura.

Según explicó este miércoles en declaraciones a la prensa la portavoz del Gobierno francés, Sophie Primas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, «ha escuchado las reservas expresadas» por París.

Por su parte, el ministro francés de Comercio, Laurent Saint Martin aseguró que Francia examinará ahora la propuesta de Bruselas (las salvaguardias) «para garantizar la eficacia del mecanismo».

Según informan varios medios de comunicación italianos, las nuevas medidas también han convencido a Italia, que también expresó algunas reservas. al formato actual del texto.

Polonia mantiene su rechazo, aunque el ministro de Agricultura del país del Este, Stefan Krajewski, sugirió este miércoles que Varsovia sopesa darle el visto bueno. Ayer, martes, el funcionario aseguró en una entrevista con la televisión nacional que el Gobierno está «buscando soluciones» y «preparando varios escenarios para proteger a nuestros agricultores».

Mientras tanto, el partido conservador Ley y Justicia (PiS/ECR), en la oposición, y el ex comisario europeo de Agricultura Janusz Wojciechowski acusan al Gobierno del primer ministro, Donald Tusk, de haberse «rendido» a Bruselas.

Fuerte división en el Parlamento Europeo

Mientras tanto, el acuerdo con Mercosur ha provocado este miércoles una profunda división en las principales fuerzas del Parlamento Europeo.

El Partido Popular Europeo (PPE), el mayor  grupo de la Eurocámara seguido de los socialistas (S&D), acogió con satisfacción el anuncio de la aprobación formal del pacto y se mostró dispuesto a «avanzar en la ratificación de este acuerdo histórico».

Pero en el seno del PPE no todas las voces están igual de afinadas.

El acuerdo UE-Mercosur no se debe lograr «a costa de nuestros agricultores», advirtió el eurodiputado del PPE Herbert Dorfmann.

Ayer, martes, 40 eurodiputados -14 de ellos del PPE- expresaron su rechazo al acuerdo con el bloque sudamericano en una carta enviada a la Comisión Europea.

El grupo socialista en Estrasburgo expresó este miércoles una visión antagónica respecto al PPE.

«Será un maravilloso regalo de Navidad para el mundo», aseguró el socialista alemán (SPD) Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, al tiempo que subrayó que la UE ha demostrado que «el comercio puede basarse en una estructura democrática».

Fragmentación en el sector agroalimentario

Los sectores agrícola y alimentario de la UE también han exhibido este miércoles su división sobre el pacto comercial.

Los productores de vino y licores celebraron la futura reducción de aranceles a los caldos europeos por parte del bloque sudamericano, pero los cultivadores de remolacha azucarera advirtieron de que el acuerdo «es una amenaza directa» a los productores de la UE.

Por su parte, los sindicatos agrarios paneuropeos Copa y Cogeca tacharon la aprobación formal del pacto con Mercosur de «maniobra política».

Varios grupos ecologistas, entre ellos Amigos de la Tierra, cargaron contra la Comisión Europea por, a su juicio, haber permitido un «secuestro democrático» al escindir el capítulo puramente comercial del acuerdo del resto de epígrafes, lo cual evita la ratificación obligatoria por los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros del bloque comunitario.

Por su parte, la Red de Acción por el Clima lamentó que, a su juicio, Bruselas intenta «colar el acuerdo UE-Mercosur por la puerta de atrás».

Bruselas sostiene que el procedimiento es perfectamente legal.

«No hay ninguna innovación legal aquí (…), esto es algo que ocurre con frecuencia en otros acuerdos», aseguró un alto funcionario de la Comisión Europea.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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