Bruselas (EuroEFE).- España votó este viernes en contra de una normativa para combatir el abuso sexual infantil en la UE por su falta de «ambición» en materia de consentimiento, y se opuso también a una nueva directiva contra el tráfico de migrantes por considerar que no hay garantías suficientes de que la asistencia que llevan a cabo las ONG no será penalizada.

En primer lugar, España votó en contra de una propuesta de directiva que quedó aprobada por mayoría de los ministros de Justicia de la UE y que pretende garantizar la protección legal de los menores que han alcanzado la edad de consentimiento sexual contra los actos sexuales no deseados.

«No es lo suficientemente ambiciosa a la hora de definir en la parte operativa lo que se puede entender como consentimiento de los menores, en la edad obviamente de consentimiento», dijo el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en su intervención.

Añadió que España no puede apoyar el texto porque, aunque «hay elementos positivos», como la lucha contra el ‘grooming’ o el acoso en internet, en «la parte fundamental nuclear no es lo suficientemente ambiciosa» y subrayó que «el mero silencio sin más no puede suponer en ningún caso consentimiento«.

Bolaños dijo asimismo que España pretende que en la tramitación de la normativa que queda por delante «se siga avanzando en clarificar con ambición lo que es el consentimiento y lo que se debe definir como tal».

La posición que fijó este viernes el Consejo (países UE) sobre esta normativa servirá de base para las negociaciones con el Parlamento Europeo, colegislador sobre esta normativa.

Antes de la reunión, un grupo de siete países de la Unión Europea (Suecia, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo y Eslovenia) habían hecho llegar también una declaración que lamentaba la falta de ambición de los Veintisiete para dotarse de una normativa que garantice que los menores que han alcanzado la edad de consentimiento sexual disfrutan de la «mejor protección legal» contra los actos sexuales no deseados.

Fuentes del Ministerio español de Justicia recordaron que España firmó en octubre otra carta con un grupo de países que comparten su visión política.

Recalcaron que España había logrado importantes avances en el texto, como por ejemplo que el consentimiento se defina en positivo y no en negativo (es decir, que en lugar de decir qué acciones no implican consentimiento, se diga cuándo existe consentimiento, en línea con la legislación española), pero que no le convenció el proyecto final.

Por otra parte, las mismas fuentes precisaron que la directiva, al ser de mínimos, no impide que los Estados vayan más allá, lo que permitirá a España seguir aplicando su Código Penal y la Ley orgánica de libertad sexual, redactada bajo el principio de «solo sí es sí«.

La futura normativa europea amplía la definición de los delitos para poder criminalizar las conductas cometidas a través de las herramientas «en línea» y endurece las penas, además de incorporar requisitos más específicos para la prevención y la asistencia a las víctimas.

La pena máxima de prisión aumentará a al menos 5 años, frente a los 3 años actuales, cuando el niño o niña haya alcanzado la edad de consentimiento sexual, aunque los países podrán establecer penas aún más severas en su legislación nacional.

La cláusula humanitaria de la ley contra el tráfico de migrantes

España también votó este viernes en contra de la directiva que fijará unas normas mínimas para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, porque no da el suficiente peso a una cláusula humanitaria para evitar que la asistencia que llevan a cabo las ONG pueda ser penalizada.

España fue el único país que se opuso a la norma en la reunión en la que los ministros fijaron su posición para las negociaciones con los eurodiputados, aunque también Alemania y Portugal subrayaron la necesidad de dejar claro en la legislación que la ayuda humanitaria no debe ser penalizada.

El Gobierno español cree que el trabajo realizado «es positivo», pero insistió en que quiere que la cláusula humanitaria se incorpore al articulado de la legislación, según Bolaños.

«La posición de España es que se lleve al articulado, lo que tiene sentido por la práctica jurídica y el mensaje político que queremos trasladar«, que en caso contrario «puede ser preocupante«, recalcó el ministro durante un debate público en el Consejo.

La cláusula humanitaria tiene por objetivo especificar que cierta asistencia a los migrantes irregulares, en particular la ayuda a familiares cercanos o el apoyo para satisfacer necesidades básicas, no puede calificarse como delito penal de tráfico ilícito de personas.

Al haber mantenido la cláusula en los considerandos, los Estados miembros podrán decidir cómo abordar esta cuestión en su legislación nacional.

Durante la sesión, Alemania apoyó a España en la necesidad de aclarar que «el objetivo de la directiva no es que la ayuda humanitaria sea un delito» y confió en que el debate con el Parlamento Europeo se desarrolle con un espíritu «abierto y positivo».

También Portugal insistió en que «tendrá que quedar claro siempre que si se presta auxilio por razones humanitarias, esto no pueda ser delito«.

Hungría, que este semestre preside el Consejo de la UE, dijo haber «tomado nota» de las «preocupaciones expresadas por los países» y añadió que «habrá que lidiar» con ellas y subrayó que este no es «el texto final«.

El objetivo de esta propuesta es aproximar la legislación penal de los Estados miembros en cuestiones como la definición y la sanción del tráfico ilícito de migrantes, y la ley sustituiría al actual marco jurídico de la UE, que data de 2002.

Sobre el delito de tráfico ilícito de migrantes, establece que los Estados miembros deben garantizar que, en su legislación nacional, el hecho de ayudar intencionadamente a un nacional de un tercer país a entrar, transitar o permanecer en el territorio de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea a cambio de un beneficio económico o material es un delito penal.

En cuanto a las sanciones, la normativa establece que los países deben adoptar medidas para que el delito de tráfico ilícito de migrantes conlleve una pena máxima de prisión de al menos tres años.

Esas penas máximas deberían ampliarse a al menos ocho años cuando los traficantes actúen como parte de una organización criminal o cuando utilicen una violencia grave contra los migrantes.

Si concurriera la muerte de un migrante, la pena máxima de prisión debería ser de al menos diez años, establece la futura legislación.

No obstante, los Estados miembros podrán decidir imponer penas máximas superiores.

El texto también establece normas sobre las sanciones que se aplican a las personas jurídicas: un porcentaje del volumen de negocio total o una cantidad fija, de hasta 40 millones de euros.

Los regímenes de insolvencia empresarial

Durante su reunión de este viernes, los países de la UE también avanzaron hacia la armonización de ciertos aspectos de la legislación concursal, en particular en las medidas para preservar el valor de las entidades sujetas a un procedimiento de insolvencia y las obligaciones de los administradores y de transparencia.

Los ministros de Justicia de la UE alcanzaron un acuerdo sobre esas disposiciones, con vistas a las negociaciones con el Parlamento Europeo.

«Un clima favorable a la inversión es una condición previa para impulsar la competitividad de la UE. Esta ley europea de Insolvencia eliminará un obstáculo importante a las inversiones transfronterizas«, dijo en un comunicado el ministro de Justicia de Hungría, Bence Tuzson, cuyo país preside el Consejo de la UE este semestre.

El Consejo (países UE) está convencido de que aproximar los regímenes nacionales de insolvencia «hará que la UE sea más atractiva para los inversores«, frente al panorama actual, en que cada Estado miembro tiene su propia legislación.

El objetivo de la propuesta es triple: asegurar que los acreedores recuperan todo el valor de la compañía liquidada, mejorar la eficiencia de los concursos y conseguir que la distribución de las deudas recuperadas sea «justa y predecible».

El acuerdo de los países establece en particular una serie de disposiciones contra la evasión, con el fin de alcanzar unas normas mínimas que impidan a los deudores reducir el valor que los acreedores pueden obtener tras la insolvencia de una empresa.

Para rastrear los activos, se prevén disposiciones que exigirán a los Estados miembros designar tribunales o autoridades que podrán, a petición de un administrador concursal, acceder y buscar información en los registros nacionales de cuentas bancarias.

La propuesta también garantizará el acceso de los administradores concursales a los registros de titularidad real y a determinados registros y bases de datos nacionales, con independencia del país en el que estén establecidos.

Esos administradores deberán presentar la solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia en el plazo de tres meses desde que tengan conocimiento de que la empresa se encuentra en dificultades financieras.

No obstante, los Estados miembros también podrán disponer que esta obligación se suspenda si adoptan medidas destinadas a evitar daños a los acreedores de la empresa insolvente y garantizar un nivel de protección equivalente a la protección que da la obligación de presentar un procedimiento de insolvencia.

Editado por Lucía Leal

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Madrid (EuroEFE).- España tendrá «un papel crucial» a la hora de construir una Unión Europea más influyente en el mundo una vez que el estadounidense Donald Trump regrese a la Casa Blanca, auguró este viernes la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

«Con sus vínculos únicos en todo el Mediterráneo y a lo largo del Atlántico, España será clave para construir una Europa que pueda hablarle al mundo, una Europa que pueda liderar en un nuevo mundo«, opinó Metsola.

La política maltesa, en su segundo mandato al frente de la Eurocámara, visitó Madrid para recoger el premio Fórum Europa a su trayectoria política, y reconoció en su discurso que, tras la victoria electoral de Trump, nadie en la UE debería «sorprenderse si Estados Unidos persigue sus propios intereses».

«Pero déjenme ser clara sobre una cosa: ‘Estados Unidos primero’ nunca funcionará si significa ‘Sólo Estados Unidos‘», recalcó al recibir el galardón, entregado por la organización Nueva Economía Fórum, en una ceremonia en el madrileño Teatro Real.

Metsola opinó que hay que «defender Europa» y que España puede aportar mucho para convertirla en un actor global que sea «duro cuando tiene que serlo» mientras opera como «una fuerza al servicio del bien» en el mundo.

«Una Europa de oportunidades, que pueda cumplir sus promesas durante generaciones», agregó, y pidió comprometerse con esa misión «especialmente cuando es difícil».

Competitividad y migración

Para lograrlo, Metsola pidió «profundizar en el mercado único, que está fragmentado, especialmente en sectores como la energía y las finanzas», mientras se apoya a las compañías europeas, se «potencia la innovación» y se «desatan las inversiones«.

«Debemos hacerle la vida más fácil a nuestros empresarios, o nos arriesgaremos a que se muden a otra parte», alertó la representante del Partido Popular Europeo (PPE).

Opinó que también hay que reconocer los fallos que puede haber cometido la UE: «Dónde podíamos haber escuchado más o actuado más rápido; dónde podemos haber ido demasiado lejos, demasiado rápido».

«La gente espera respuestas de nosotros y debemos responder, o nos arriesgamos a que encuentren confort en los falsos relatos de los extremos«, advirtió.

Metsola también se refirió a la crisis migratoria y lamentó que «durante demasiado tiempo», lugares como El Hierro (Canarias) o Lampedusa en Italia han tenido que «asumir la responsabilidad» de las llegadas de migrantes irregulares.

«Con el nuevo Pacto (europeo) de Migración y Asilo, nuestro mensaje es claro: este es un desafío europeo, y lo enfrentaremos juntos«, garantizó.

Solidaridad frente a la dana

La presidenta del Parlamento Europeo debía haber recogido originalmente su galardón el pasado 30 de octubre, pero la ceremonia se pospuso en solidaridad con las víctimas de las graves inundaciones provocadas por la dana del día anterior en Valencia.

«En los días que siguieron, una enorme ola de solidaridad consiguió levantarnos el ánimo, porque hubo gente de toda España que se puso en marcha para ayudar», recalcó.

La política opinó que esa unidad ante la adversidad define bien a los europeos, y garantizó que, tras el apoyo inicial que ha aportado la Unión Europea (UE) para ayudar a España a «recuperarse y construir», las instituciones europeas «mantendrán su solidaridad con el pueblo español«.

En un discurso previo, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, aseguró que la presidenta del Parlamento Europeo «estuvo a la altura» de las circunstancias a la hora de responder a la dana, que dejó 223 muertos, tres desaparecidos e innumerables daños; y le dijo a Metsola que su apoyo «será siempre recordado».

Mencionó, en particular, la aprobación por el procedimento de urgencia del reglamento ‘Restore’, aún cuando estaba pendiente de negociar con los países, «permitiendo que los fondos lleguen de manera más ágil, más rápida y más flexible» a quienes lo necesitan.

Albares también destacó en su intervención la importancia de que los partidos europeístas se mantengan alerta ante aquellos «que quieren menos Europa, una Europa desunida».

Opinó que para ello es necesario que el motor de la Eurocámara que preside Metsola siga siendo «esa coalición que ha guiado a Europa» en los últimos años, formada por «socialdemócratas, progresistas, moderados del Partido Popular Europeo y liberales».

Se refería así a la puerta que mantiene abierta el PPE a posibles pactos con los ultraconservadores, que ganaron terreno en las elecciones europeas y con los que el partido de Metsola ya ha sacado adelante algunas de sus prioridades, en lugar de votar con los socialdemócratas como solía hacer.

En el acto también intervinieron el presidente del Senado español, Pedro Rollán, quien opinó que ante el auge de los euroescépticos «la respuesta sólo puede ser más Europa», y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que pidió emprender reformas para que «Europa se dote de una mayor autonomía» ante «un mundo que no siempre será amable».

El galardón otorgado a Metsola se creó en 2003 y lo han recibido antes que ella varios presidentes del Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea o el Banco Central Europeo, así como el ex alto representante de la UE para Exteriores, Josep Borrell, y los líderes de países europeos y latinoamericanos.

Este año, se ha querido reconocer la «trayectoria política» de Metsola, quien «ha tejido y articula permanentemente mayorías» en el Parlamento Europeo que promueven «mayores derechos» para los ciudadanos de la UE, explicó el presidente de Nueva Economía Forum, José Luis Rodríguez.

Metsola está siempre comprometida con «el fortalecimiento de la UE, sus valores fundamentales y su autonomía estratégica», recalcó Rodríguez en el acto.

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París (EuroEFE).- El centrista François Bayrou, aliado de Emmanuel Macron desde su llegada al Elíseo en 2017, fue nombrado este viernes nuevo primer ministro de Francia por el presidente para intentar cerrar la crisis política que vive el país.

Bayrou, de 73 años, se convertirá en el cuarto jefe del Ejecutivo en lo que va de año y sustituirá al conservador Michel Barnier, nueve días después de la moción de censura que derribó su Gobierno, el más efímero del país desde la Segunda Guerra Mundial.

El líder centrista fue recibido a primera hora de la mañana en el Elíseo, donde mantuvo una reunión de casi dos horas con el presidente, antes de que su nombre fuera comunicado pasado el mediodía.

Bayrou, un viejo conocido de la política francesa, tendrá la dura labor de superar las divisiones políticas en la Asamblea Nacional, dividida entre la izquierda, ligeramente mayoritaria, los macronistas y la extrema derecha.

Su primera labor será nombrar un nuevo Gobierno con el que preparar un presupuesto para 2025, el obstáculo en el que cayó Barnier.

Con su nombramiento, Macron hace una apuesta por el ala más a la izquierda de su alianza, con la esperanza de poder lograr la indulgencia de los socialistas.

Aunque el veterano político centrista también cuenta con cierta benevolencia de la extrema derecha de Marine Le Pen, puesto que comparte con ella la aspiración a un sistema electoral más representativo.

Además, como la líder ultraderechista, pasó por el banquillo de los acusados por la financiación ilegal de su partido con fondos del Parlamento Europeo, de lo que fue absuelto en primera instancia por falta de pruebas, pero que fue apelado por la Fiscalía.

Bayrou, que ha sido dos veces ministro, una de ellas en un Gobierno conservador en los años 90, y otras tres candidato presidencial (2002, 2007 y 2012), sobre todo en 2007, cuando se quedó cerca de pasar a la segunda vuelta, abandonó la carrera al Elíseo en 2017 en favor de Macron, en quien vio una encarnación de su aspiración a romper las divisiones entre la izquierda y la derecha.

«La reconciliación es necesaria»

El recién nombrado primer ministro aseguró este viernes que «la reconciliación es necesaria» en referencia a la situación de bloqueo político que vive el país, abriendo así la puerta a colaborar con todos los partidos.

«Todo el mundo sabe la situación difícil en la que estamos. Pero hay un camino que tenemos que encontrar, el de la unidad en lugar de la división», señaló ante la prensa.

Su nombramiento al frente del Gobierno, el sexto de Macron en siete años en la Presidencia, ha sido recibido con frialdad entre los diferentes partidos.

Mientras que los izquierdistas de La Francia Insumisa (LFI) han anunciado que presentarán enseguida una moción de censura, los ecologistas tampoco parecen entusiasmados con el nombramiento.

Los socialistas y comunistas, sin embargo, no cierran la puerta a un acuerdo de legislatura, aunque sí a ingresar en su Ejecutivo.

En cuanto a la extrema derecha, su presidente, Jordan Bardella, compareció ante los medios para asegurar que mantendrán «las mismas líneas rojas» que tuvieron con Barnier.

Sin embargo, Bardella aseguró que «no habrá una moción de censura a priori» contra Bayrou, a la espera de verle en acción.

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, amenazó a Bayrou, a quien exigió un cambio de rumbo político para no correr la misma suerte que su antecesor.

«Toda política que solo consista en prolongar el macronismo, rechazado dos veces en las urnas, solo puede conducir al callejón sin salida y al fracaso», advirtió Le Pen en la red social X.

«Le pedimos que haga lo que su antecesor no quiso hacer: escuchar a los opositores para construir un presupuesto razonable y elaborado», dijo la líder ultraderechista.

Editado por Miriam Burgués