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Europa

La diversidad de actores y reivindicaciones choca con una política agraria compleja

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Madrid (EuroEFE).- Las protestas de los agricultores españoles buscan solucionar los problemas del campo a partir de una diversidad de actores y reivindicaciones que choca, a corto plazo, con la complejidad de una política agraria que se dirime a escala europea, nacional y autonómica.

En la última semana, las tractoradas han ido acompañadas de mensajes que reclaman medidas urgentes para reducir la burocracia y las exigencias ambientales, flexibilizar la Política Agraria Común (PAC) e imponer las mismas condiciones de producción a las importaciones de terceros países, aparte de otras demandas que varían en función de los convocantes y los territorios.

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA comenzaron a manifestarse el pasado jueves, dos días después de que lo hicieran grupos de productores movilizados por redes sociales, lo que dio lugar a la creación de la Plataforma 6F, y la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.

Todas ellas han convocado protestas para las próximas semanas.

¿Cómo obtener resultados?

«No hay una tabla única de reivindicaciones y así es muy difícil llegar a ningún tipo de acuerdo», apunta a Efeagro el catedrático emérito de Política Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) José María Sumpsi, quien vaticina que, «si continúan los días de caos y confusión, la legitimidad de las protestas se verá afectada».

El ingeniero agrónomo y sociólogo Eduardo Moyano, antiguo investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), augura que, tras un estallido inicial «muy intenso», las protestas se diluirán con el tiempo, pues los agricultores «no pueden estar mucho tiempo en la carretera y tienen que alimentar las vacas y sembrar las tierras».

«Una cosa es manifestarse y otra cosa es plasmar esa protesta en reivindicaciones concretas», algo que solo es posible que hagan las organizaciones agrarias que se sienten en la mesa negociadora con los poderes públicos, afirma el experto.

En este caso, sostiene que solo las organizaciones mayoritarias Asaja, COAG y UPA están reconocidas como interlocutores por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y pueden negociar una tabla reivindicativa que represente las distintas sensibilidades que existen en la agricultura española.

Para Sumpsi, el sector primario es «muy variado y diverso», con explotaciones grandes y pequeñas dedicadas a muchos tipos de producciones, con grandes diferencias de rentabilidad.
En su radiografía general del sector, cabe destacar que la renta agraria se recuperó en 2023, cuando los costes de producción se moderaron y los precios percibidos por los agricultores españoles aumentaron, y la competitividad del sector ha mejorado en los últimos años, como muestra el superávit de su balanza comercial.

«El nivel de requisitos ambientales y climáticos ha ido aumentando con la PAC y el control de su cumplimiento obliga a los agricultores a una mayor burocracia; también hay una competencia desleal por parte de las importaciones agrarias de terceros países cuyos productores no tienen que cumplir esos requisitos», asegura.

Sin embargo, recuerda que «las ayudas de la PAC pierden legitimidad social sin el cumplimiento de esas prácticas ambientales y que la mayoría de países terceros, sobre todo de países en desarrollo, carecen de las ayudas por hectárea que reciben los agricultores europeos».

A juicio de Sumpsi, los agricultores deben contribuir a preservar el medio ambiente y mitigar el cambio climático aceptando ciertos controles, los cuales tienen que simplificarse «al máximo» al tiempo que deben «suavizarse» las metas ambientales comunitarias.

«La transición ecológica en la agricultura, al igual que en otros sectores, es un proceso complejo, a veces costoso y con efectos indeseados, por lo que debe revisarse a fondo», añade el catedrático.

Moyano subraya que el paquete legislativo del Pacto Verde Europeo, promovido por la actual Comisión Europea, todavía no se ha implementado, y matiza que los agricultores están pidiendo que en el futuro las exigencias ambientales se apliquen «gradualmente en el marco de una transición, no de una ruptura», ofreciendo alternativas y más ayudas para compensar sus esfuerzos.

Tractores se concentran en las inmediaciones de la ciudad española de Girona el 6 de febrero de 2024. EFE/David Borrat

¿Qué se puede hacer en adelante?

Tras las protestas de los agricultores en la Unión Europea (UE) y las negociaciones con los Estados miembros, Bruselas ha anunciado cambios para sustituir la obligación de mantener en barbecho un 4 % de las tierras durante 2024 por la rotación de ciertos cultivos.

El Gobierno español ha avanzado que pedirá la simplificación de la PAC en la UE y seguirá trabajando para lograr la reciprocidad de las normas en los acuerdos comerciales con terceros países (cláusulas espejo), respetando las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Moyano considera que se pueden incorporar cláusulas de salvaguarda en las futuras negociaciones comerciales, pero las cláusulas espejo «no se van a introducir de inmediato».

En su opinión, la OMC no está dispuesta a obligar a los productores de países en desarrollo a cumplir los controles fitosanitarios europeos, más exigentes que los estándares fijados por la propia organización, como tampoco se espera la inclusión del coste de la mano de obra en esas cláusulas.

En España, este miércoles se reúne el Observatorio de la cadena alimentaria, con la participación de los distintos eslabones, después de que el Ejecutivo español haya prometido reforzar los controles para el cumplimiento de la ley de la cadena, que prohíbe la venta a pérdidas.

Aparte, los cambios en el plan estratégico nacional de la nueva PAC, adoptado por el Gobierno español en cooperación con las comunidades autónomas, deben ser autorizados por la Comisión Europea, que se ha mostrado flexible en algunos puntos, según Moyano.

El experto afirma que el Ejecutivo no tiene mucho margen de maniobra, aunque sí puede mejorar el sistema de seguros agrarios e incluir nuevas circunstancias de siniestralidad, y expresa su esperanza de que la ley de la cadena tenga efectos más a medio y largo plazo, al promover una mayor cultura de cooperación.

Editado por Sandra Municio

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Europa

Bruselas propone simplificar los requisitos y reducir los controles para aliviar a los agricultores

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Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea propuso este jueves una batería de medidas a corto y medio plazo para aliviar la carga administrativa que pesa sobre los agricultores, con simplificación de requisitos y de controles para recibir ayudas.

El Ejecutivo comunitario lanzará además de marzo a mayo una encuesta en línea para identificar las preocupaciones de los agricultores, sus cargas administrativas y la complejidad derivada de las normas de la nueva Política Agrícola Común (PAC), que está en vigor desde el 1 de enero de 2023, y cuya primera evaluación se conocerá a principios del verano y la definitiva en otoño.

SIMPLIFICAR REQUISITOS

Las medidas, que se debatirán con los Estados miembros en el Consejo de Agricultura del 26 de febrero, incluyen simplificar requisitos de condicionalidad de gestión y respeto medioambiental que han de cumplir los agricultores para no ver reducidas sus ayudas de la nueva PAC y que a veces resultan «difícil de implementar».

Y continúan proponiendo ir más allá en la exención parcial de las normas sobre tierras en barbecho para 2024 que se concedió recientemente para modificar también en marzo las normas de cálculo de los pastos permanentes para atender casos de cambios estructurales en la agricultura.

Los agricultores con ganadería reducida no tendrán que reconvertir zonas cultivables en pastos.

La Comisión también revisará qué prácticas agrícolas pueden ser posibles para cumplir con la obligación de cobertura mínima de suelo para evitar suelos desnudos en los períodos más sensibles.

La idea es que los agricultores puedan tener más flexibilidad a la hora de cumplir esa condicionalidad.

SIMPLIFICAR CONTROLES Y ACLARAR LA FUERZA MAYOR

La Comisión propone simplificar la metodología de determinados controles, con el objetivo de reducir el número de visitas a las explotaciones por parte de las administraciones nacionales hasta en un 50 %.

Bruselas plantea también simplificar y aclarar cómo evaluar la calidad del sistema de seguimiento de zonas, basado en el análisis automatizado de imágenes satelitales de Copernicus, destinado a reducir las inspecciones en las granjas, ayudar a los agricultores a evitar errores e incurrir en sanciones, así como facilitar la presentación de informes.

Con menos visitas de la administración para gestionar, los agricultores tendrán más tiempo para dedicar a su trabajo principal.

La Comisión propone también aclarar el uso del concepto de fuerza mayor y circunstancias excepcionales.

Este concepto jurídico permite que a los agricultores que no puedan cumplir todos los requisitos de la PAC debido a acontecimientos excepcionales e imprevisibles fuera de su control (sequías o inundaciones graves) no se les impongan sanciones.

Los agricultores afectados tendrán más seguridad en cuanto a la recepción de sus pagos de la PAC y las administraciones nacionales se beneficiarán de una interpretación más clara a nivel de la UE, evitando errores presupuestarios.

PEQUEÑOS AGRICULTORES

La Comisión también menciona medidas adicionales a medio plazo que pueden aliviar las cargas para los agricultores, especialmente los más pequeños.

Una propuesta presentada podría ser eximir a las pequeñas explotaciones de menos de 10 hectáreas de los controles relacionados con el cumplimiento de los requisitos de condicionalidad.

Esta exención simplificaría significativamente el trabajo diario de los pequeños agricultores, que representan el 65 % de los beneficiarios de la PAC, manteniendo al mismo tiempo las ambiciones medioambientales de la PAC, ya que las pequeñas explotaciones cubren sólo el 9,6 % de las superficies que reciben ayudas.

Además, no descarta que se puedan revisar para ellos las normas sobre tierras en barbecho, rotación de cultivos y cobertura del suelo para reducir aún más la carga para los pequeños agricultores.

MÁS MEDIDAS PROTECTORAS

Para responder a la actual situación de crisis en el sector agrícola, la Comisión también está trabajando en acciones para mejorar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria y protegerlos contra prácticas comerciales desleales, que se presentarán en breve.

Editado por Sandra Municio

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Europa

Borrell dice que la seguridad de Israel depende de la existencia del Estado palestino

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Río de Janeiro (Brasil) (EuroEFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo este jueves que la seguridad de Israel depende de la existencia del Estado palestino y aseguró que esta tesis cuenta con total consenso en el G20.

«Nunca habrá seguridad para Israel mientras que a Palestina no se le garanticen sus derechos», afirmó Borrell en una entrevista que concedió a un grupo de periodistas en Río de Janeiro al margen de la reunión de cancilleres del G20.

Borrell afirmó que la ofensiva israelí en Gaza contra el grupo islamista palestino Hamás fue uno de los asuntos debatidos por el G20 y que todos los presentes, incluyendo Estados Unidos, estuvieron de acuerdo en que la solución pasa por la aceptación de la tesis de los dos Estados.

«Si pudiera resumirlo en una sola frase diría que todos, y no escuché a nadie en contra, hicieron una fuerte defensa de la solución de los dos Estados», dijo.

Para los miembros del G20, agregó, «no habrá paz, no habrá seguridad sostenible para Israel, a menos que los palestinos tengan una perspectiva política clara de construir su propio Estado».

Afirmó que 26 de los 27 miembros de la UE apoyan una tregua humanitaria en Gaza que conduzca a un alto al fuego sostenible.

El representante de la UE dijo igualmente que también hay que denunciar lo que está ocurriendo en Cisjordania.

«Cisjordania está absolutamente en ebullición. Los colonos están atacando a civiles palestinos… Hay un número récord de civiles palestinos asesinados en Cisjordania. En Gaza se cuentan por miles. En Cisjordania se cuentan por centenares, el número más alto en la historia desde que hay registros», afirmó.

Según Borrell, todos los países hablan de una solución inmediata al conflicto en Gaza que también pasa por la liberación de los rehenes, pero hasta ahora no se llega a un acuerdo.

«Hace un mes presentamos propuestas que creo que son totalmente comprensibles para cualquiera que quiera impulsar esa solución. Y creo que en los próximos días podamos ver una propuesta proveniente del mundo árabe. Sé que están trabajando mucho en eso y ciertamente quieren estar seguros de que, si hacen una propuesta, esta será apoyada», dijo.

Agregó que, pese a que Israel aún niega la posibilidad de la existencia de un Estado palestino, por lo menos ya comienza a admitir la necesidad de una negociación para resolver el conflicto.

«Porque Israel no puede tener derecho de veto sobre la solución a la guerra en el Medio Oriente», dijo.

LAS POLÉMICAS DECLARACIONES DE LULA

Por otra parte, el jefe de la diplomacia europea dijo que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no quiso comparar el Holocausto con el conflicto en Gaza.

«Estoy seguro de que Lula no quiso hacer una comparación entre lo que hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, de organizar una matanza sistemática de seis millones de personas, con lo ocurrido en Gaza», afirmó Borrell.

Borrell dijo esperar que Brasil se convierta en el portavoz en la ONU de una propuesta para Gaza que prevea la existencia de los dos Estados, pese a su actual crisis diplomática con Israel abierta por las declaraciones de Lula.

La polémica se desató el pasado fin de semana, cuando Lula comparó la ofensiva israelí en Gaza con el Holocausto, en unas declaraciones a la prensa durante un viaje a Etiopía.

«Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio», dijo Lula, agregando que la confrontación «entre un ejército muy preparado y mujeres y niños» no había ocurrido antes en la historia, salvo «cuando Hitler decidió matar a los judíos».

El Gobierno de Israel reaccionó duramente, convocando al embajador brasileño a acudir al Museo del Holocausto y declarando a Lula persona «non grata» en Israel, a lo que han seguido críticas diarias al líder brasileño desde la cancillería del país de Oriente Medio.

Brasil reaccionó llamando a consultas a su embajador en Tel Aviv y con protestas por las «inaceptables» y «mentirosas» acusaciones del ministro de Exteriores israelí, Israel Katz.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se reunió este miércoles con Lula en Brasilia, y aprovechó la ocasión para trasladarle al mandatario brasileño el rechazo de Washington a la comparación del Holocausto con la ofensiva israelí.

En tanto, los Gobiernos de Bolivia y Colombia han expresado su apoyo a Lula en esta polémica.

Editado por Sandra Municio

Más información:

Los cancilleres del G20 expresan su preocupación por la escalada de conflictos en el mundo

La reunión de cancilleres del G20 terminó este miércoles su primera jornada de trabajo en Río de Janeiro con la preocupación latente por los conflictos en la Franja de Gaza y Ucrania y un llamado a la paz y a la solidaridad por parte de algunos países miembros.

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Europa

Enrico Letta alerta de un terremoto social si se desoye la crítica a la transición verde

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Bruselas (EuroEFE).- El exprimer ministro italiano Enrico Letta, a quien los líderes europeos han encomendado la labor de repensar el futuro del mercado único de la Unión Europea (UE), alertó este jueves de un «terremoto social» en este año electoral europeo si no se atienden las críticas por los costes de la transición ecológica.

«Como todos ustedes, yo quedé impresionado por las protestas de los agricultores», dijo Letta, durante una comparecencia en el Parlamento Europeo para exponer sus avances en el informe que está preparando sobre el mercado interior, que debe presentar el próximo mes de marzo.

Para el exmandatario italiano, la lección que hay que extraer de estas manifestaciones es que no se puede llevar a cabo la transición verde sin saber exactamente cómo se van a distribuir los costes sociales.

Según dijo, si gobiernos, instituciones europeas y los actores sociales muestran su predisposición a avanzar colectivamente hacia el Pacto Verde Europeo, diciendo que sólo saben cómo pagar los costes durante los dos próximos años, a pesar de que la estimación es de 800.000 millones de euros anuales en una década, los ciudadanos protestarán.

«Esta es nuestra responsabilidad colectiva, porque si no existe una solución a este tema, los agricultores serán lo primera categoría en las calles y después de los agricultores tendremos una secuencia de categorías (sociales) y la característica de este año 2024 será un terremoto social, también por las elecciones europeas», afirmó el italiano.

Letta, recordando el legado de Jaques Delors, el recientemente fallecido expresidente de la Comisión Europea, dijo que «el mercado único es para los ciudadanos».

El exprimer ministro considera que en la época actual de tensión geopolítica, la política de Defensa debe ser el pilar fundamental de los cuatro en los que se debe asentar el mercado interior del futuro.

Los otros tres son la creación de un mercado interior para las telecomunicaciones, para la energía y para los servicios financieros.

En definitiva, cuatro ámbitos que los gobiernos decidieron no ceder a Bruselas cuando se creó el mercado único hace más de treinta años, pero que para Letta deben tener una dimensión europea.

Editado por Sandra Municio

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