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Europa

Bruselas espera «progresos» en la renovación y reforma del CGPJ

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Bruselas (EuroEFE).- El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, dijo este viernes que espera «progresos» en las recomendaciones hechas a España en el informe anual sobre el Estado de derecho, que incluyen la necesidad de renovar y reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

«La respuesta es siempre la misma: aplicar las recomendaciones del informe sobre el Estado de derecho. Ustedes saben que durante varios años hemos estado pidiendo que podamos avanzar en esta implementación a través de la composición del CGPJ y luego la reforma de ese Consejo», señaló Reynders a la prensa a su llegada a una reunión informal de ministros de Justicia.

Arrival and doorstep by @dreynders, European Commissioner for #Justice, at the informal meeting of #JHA Ministers taking place on 26 January 2024 in #Brussels.https://t.co/zOqLar8jVJ

— EU Council TV News (@EUCouncilTVNews) January 26, 2024

El comisario espera que se pueda «avanzar en ese ámbito» y señaló que se está examinando con la presidencia de la Comisión Europea «si hay un paso complementario a implementar en el contexto de las discusiones entre los principales partidos políticos de España».

No obstante, precisó que en estos momentos «es demasiado pronto para decir más» sobre ese asunto.

«Hoy, lo que es especialmente importante es reiterar la necesidad de implementar las recomendaciones. Espero que todos los actores políticos de España quieran avanzar en esta dirección», señaló.

Por su parte, el ministro español de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, dijo este viernes que la Comisión Europea está preocupada por el «estropicio» del bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y que cree que Bruselas se pronunciará pronto sobre la petición de mediación planteada por España.

«Estuvimos hablando (con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders) de la renovación del Consejo. Obviamente le estuve preguntando. Me dijo que él cree que pronto tendremos respuesta de la Comisión de cuál es el rol que la Comisión Europea quiere tener en esta negociación», dijo Bolaños a su llegada a una reunión informal de ministros europeos de Justicia.

Añadió que el Gobierno español «quiere trabajar desde ya con la Comisión Europea y también con el Partido Popular en acabar con ese estropicio que está provocando el PP con su bloqueo a la renovación del Consejo».

 


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La conversación del jueves con Reynders, que fue «distendida», se produjo en el marco de una visita cultural al Museo de Bellas Artes de Bruselas y en ella el ministro español aprovechó para abordar el tema de la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

«Lo que está claro, porque ese fue el objeto (…) de mi conversación con el Comisario Reynders, es que la Comisión Europea está muy preocupada por el bloqueo del Partido Popular a la renovación del Consejo General del Poder Judicial», señaló.

Para el ministro español, el comportamiento del PP en este ámbito, aparte de ser «contrario a la ley (…)», está «provocando daños ya a la ciudadanía en retrasos y en coste en el servicio público de la justicia».

Explicó que, por un lado, el PSOE «hace sus mayores esfuerzos desde hace cinco años en renovar el Consejo» y que ha «llegado a tres acuerdos» pero que «en el último momento, el Partido Popular no ha aguantado la presión y no ha sido capaz de firmarlos».

«Es decir, aquí no hay equidistancia entre los partidos políticos (…) Hay un partido que cumple, que es el Partido Socialista, y un partido que incumple, que es el partido que no renueva el Consejo General del Poder Judicial», señaló.

Según Bolaños, «esto lo sabe la Comisión y por eso es la preocupación que tiene (…) y así se refleja en los informes del Estado de derecho», el hecho de que esa renovación del Consejo lleve cinco años de retraso.

LEY DE AMNISTÍA

Por otra parte, sobre la ley de amnistía, Reynders dijo que Bruselas está debatiendo con las autoridades españolas y «esperando a ver qué saldrá finalmente de los debates parlamentarios y del texto resultante».

«No voy a comentar cada uno de los pasos. Veremos cuál será el texto final», señaló.

El comisario subrayó, no obstante, que hay contactos con las autoridades españolas, que se les transmiten preguntas y que la CE trata de «obtener tantos detalles como sea posible sobre lo que podría surgir».

«Puedo confirmarles que seguimos comunicándonos con las autoridades españolas sobre el tema (…) Nos fijaremos en el texto final. No quiero darles una orientación mientras el texto todavía esté siendo debatido hoy. Dejemos que las autoridades españolas avancen primero», dijo Reynders.

Por su parte, el ministro español de Justicia rechazó valorar las consecuencias del auto de la Audiencia Nacional sobre un posible «ánimo homicida» en las lesiones a un policía en las protestas en Barcelona y señaló que corresponde al Parlamento votar enmiendas a la ley de amnistía, incluyendo la pactada por PSOE, ERC y Junts para incluir los delitos de terrorismo.

Bolaños no se pronunció sobre si el auto dictado este jueves por el juez de la Audiencia Nacional española Manuel García Castellón podría dejar fuera de la amnistía al líder de Junts Carles Puigdemont y aseguró que será el Parlamento quien apruebe la ley final.

«El Parlamento es quien aprueba las leyes, es (…) lo que representa la soberanía popular, y el Poder Judicial aplica las leyes. Nuestro sistema es muy garantista, todas las decisiones, todas las resoluciones que adoptan los jueces y tribunales pueden ser recurridas para revisar su legalidad», señaló Bolaños.

La inclusión o no de Puigdemont en la amnistía es, dijo «una cuestión futura una vez que la ley esté en vigor».

El juez García Castellón sostuvo este jueves que no se puede descartar «el ánimo homicida» en las graves lesiones que sufrió un policía en una protesta de los CDR en Barcelona contra la sentencia del «procés», una manifestación que él vincula con Tsunami Democràtic.

El juez -que ve indicios de terrorismo contra el expresidente catalán Carles Puigdemont en el caso Tsunami- ha hecho ese planteamiento en un auto dictado apenas dos días después de la enmienda pactada por Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts a la ley de amnistía para incluir los delitos de terrorismo siempre y cuando no hubieran causado violaciones graves de derechos humanos de forma manifiesta y con intención directa.

«No puede minimizarse esta acción ni el resultado grave que ocasionó, incompatible con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución española y el artículo 2 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos», apunta el auto, que referencia precisamente el artículo citado en las enmiendas introducidas en la ley para establecer qué tipo de delitos de terrorismo pueden ser amnistiados y cuáles no.

En cualquier caso, Bolaños remitió a la sesión del pleno del Congreso del próximo martes en la que se votará el texto y las enmiendas y recalcó que los socialistas votarán «las enmiendas que aprueba y que pacta el PSOE».

«Creo que es una ley absolutamente impecable, sólida desde el punto de vista técnico, que es conforme a la Constitución y conforme al derecho de la Unión Europea», concluyó.

ESCUCHAS A PERE ARAGONÈS

Por otra parte, el ministro español de Justicia afirmó, en relación a las informaciones conocidas sobre las escuchas al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que este Ejecutivo «respeta» el Estado de Derecho, «a diferencia de lo que pasaba durante gobiernos anteriores».

«Lo que ocurre es que, a diferencia de lo que pasaba durante gobiernos anteriores, nosotros, este gobierno, respeta el Estado de Derecho y no hay ninguna presión, ninguna injerencia en el funcionamiento normal de las instituciones y de los organismos, como en este caso es el CNI y, por tanto, lo que tenemos que hacer es mostrar todo el respeto por el trabajo que hace», dijo Bolaños.

El ministro español señaló también que las escuchas que se practicaron a Aragonès traen causa de operaciones iniciadas por el CNI antes de que los socialistas llegaran al Gobierno.

«El gobierno, en aquel momento, cuando se produjeron esos episodios, ni tenía conocimiento ni había autorizado, porque eran operaciones que venían de antes», señaló Bolaños.

Esas operaciones, continuó el ministro de la Presidencia, contaron siempre con autorización judicial y añadió que ni el CNI, ni el Supremo tiene que informar al Ejecutivo.

«Lo que pasó, con respecto a los procedimientos del CNI, son unos procedimientos que se estaban produciendo en el Centro Nacional de Inteligencia, que obviamente son operaciones que el CNI no tiene por qué explicarme, por qué contar al Gobierno, ni tampoco el Tribunal Supremo cuando las autoriza tiene que contarlo al Gobierno», explicó.

 

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En su opinión, ha habido un funcionamiento en esto «normal del Estado de Derecho, porque lo que hizo el Centro Nacional de Inteligencia es solicitar autorización al juez del Tribunal Supremo, a quien le correspondía dar esa autorización y la dio».

El Gobierno remitió ayer al juzgado de instrucción número 29 de Barcelona los tres autos del Supremo que avalaron el ataque con Pegasus, que constituye la única documentación secreta relacionada con el espionaje a Aragonès que el Consejo de Ministros acordó facilitar, un día antes de que la exdirectora el CNI, Paz Esteban, declare como investigada ante el juez.

Esteban declara este viernes como imputada, por videoconferencia, ante al juez de Barcelona que investiga el espionaje al móvil del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con el ‘software’ Pegasus.

La declaración de Esteban se produce pocas horas después de saberse que la intervención se pidió porque se consideraba que Aragonès coordinaba los CDR.

Editado por Sandra Municio

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Europa

La Eurocámara aprueba nuevas normas sobre delitos medioambientales y sanciones por cometerlos

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Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El pleno del Parlamento Europeo (PE) dio este martes luz verde definitiva a las nuevas normas sobre delitos medioambientales y las sanciones por perpetrarlos, incluidas penas de cárcel, que ya habían sido pactadas a finales del año pasado por la propia Eurocámara y los Estados miembros, colegisladores del club comunitario.

La directiva fue aprobada con 499 votos a favor, 100 en contra y 23 abstenciones, según indicó el PE en un comunicado.

La ley contiene una lista actualizada de delitos, entre los que se incluye el comercio ilegal de madera, el agotamiento de los recursos hídricos, las infracciones graves de la legislación europea sobre productos químicos y la contaminación causada por los buques.

Parliament has approved new EU rules on environmental crimes and related sanctions. This includes a new list of environmental crimes to include the illegal timber trade and the depletion of water resources.

Find out more: https://t.co/TNyHHsY3NR pic.twitter.com/uPqUOhUC0R

— European Parliament (@Europarl_EN) February 27, 2024

La normativa, asimismo, contempla el denominado ‘delito cualificado’, como los incendios forestales a gran escala o la contaminación generalizada del aire, el agua y el suelo, «que conlleva la destrucción de un ecosistema y es, por tanto, equiparable al ecocidio», de acuerdo con la Eurocámara.

«Los delitos contra el medioambiente cometidos por personas y representantes de empresas se castigarían con penas de cárcel en función de la duración, la gravedad o la reversibilidad de los daños», expuso el PE.

Los delitos cualificados podrían ser castigados con ocho años de prisión, los que causen la muerte de una persona con diez años y los demás con hasta cinco años.

El Parlamento subrayó que todos los infractores estarían obligados a restablecer el entorno dañado y a ofrecer compensación, además de enfrentarse a multas.

Para las empresas, las multas alcanzarán el 3 % o el 5 % de su facturación mundial anual o, alternativamente, 24 o 40 millones de euros, según la naturaleza del delito.

«Los Estados miembros podrán decidir si persiguen delitos penales que no hayan tenido lugar en su territorio», apuntó la Eurocámara.

La institución comunitaria insistió en que las personas que denuncien delitos contra el medioambiente deben recibir apoyo y asistencia en el marco de un proceso penal.

«También garantizó que los Estados miembros impartirán una formación especializada para policías, jueces y fiscales, prepararán estrategias nacionales y organizarán campañas de sensibilización para luchar contra la delincuencia medioambiental», manifestó.

Agregó que los datos recogidos por los Gobiernos de la Unión Europea sobre delitos contra el medioambiente «deberían ayudar a abordar mejor esta cuestión y a la Comisión a actualizar periódicamente la lista».

«Ya es hora de que luchemos contra la delincuencia transfronteriza a escala europea con sanciones armonizadas y disuasorias para prevenir nuevos delitos medioambientales. En virtud de este acuerdo, quienes contaminen lo pagarán», declaró el ponente de la Eurocámara, el neerlandés del Partido Popular Europeo Antonius Manders.

La directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el boletín oficial de la Unión Europea y los Estados miembros dispondrán de dos años para incorporar las normas a sus sistemas nacionales.

La Eurocámara detalló que la delincuencia medioambiental es la cuarta actividad delictiva del mundo y una de las principales fuentes de ingresos de la delincuencia organizada, junto con la droga, las armas y el tráfico de seres humanos.

Editado por Sandra Municio

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Europa

La UE ve clara motivación política en la condena rusa a Oleg Orlov, Nobel de Paz en 2022

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Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea se mostró este martes «consternada» por la condena a 2 años y seis meses de cárcel por desprestigiar al Ejército al veterano activista Oleg Orlov, dirigente de Memorial, organización de derechos humanos que recibió el Nobel de la Paz en 2022, que tiene «claramente motivaciones políticas».

«Orlov no ha cometido ningún delito, ha ejercido su derecho constitucional a expresar sus puntos de vista y expresar su opinión sobre la política del gobierno de su país. Esta sentencia va en contra de la legislación rusa y de la Constitución rusa y tiene claramente motivaciones políticas», dijo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en un comunicado.

«The EU is appalled by the sentencing of Oleg Orlov, a prominent human rights defender and co-chair of renowned human rights organisation Memorial, to two and a half years in prison on politically motivated charges.»

Statement by HR/VP @JosepBorrellF ⤵️https://t.co/UdFd64EyOR

— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) February 27, 2024

Orlov, de 70 años, fue condenado este martes por un artículo en el que llamó al actual régimen político «totalitario y fascista», algo que, a la vista de lo ocurrido en los últimos meses, incluido la reciente muerte en prisión del opositor Alexéi Navalni, no exageró, según sus palabras, «ni un ápice».

El pasado 11 de octubre Orlov, que también se manifestó en la plaza Roja contra la guerra en Ucrania, fue multado con 150.000 rublos (1.500 dólares) por este mismo caso, pero la Fiscalía recurrió el fallo al acusar a Orlov de «albergar odio ideológico y político» contra Rusia, tras lo que el Tribunal Urbano de Moscú ordenó repetir el juicio.

Entonces la jueza tuvo en cuenta como atenuante, entre otras cosas, la edad del acusado y su brillante trayectoria como activista durante los últimos 30 años.

Además, también fue acusado en esta ocasión de animadversión contra los principios morales tradicionales y también contra los valores patrióticos que profesa el Kremlin.

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores instó a las autoridades rusas a que liberen «inmediata e incondicionalmente» a todos los presos políticos y a que abandonen «la legislación opresiva utilizada para reprimir a la sociedad civil y las voces independientes».

«La Unión Europea se solidariza con todos aquellos ciudadanos rusos que se han atrevido a alzar la voz y criticar la guerra de Rusia y que han sido detenidos, procesados ​​o encarcelados por ello», concluyó Borrell.

Más de una decena de diplomáticos occidentales, incluidos representantes de Estados Unidos y la Unión Europea en la capital rusa, asistieron el martes a la vista, según informó Memorial en Telegram.

El fallo coincidió con el noveno aniversario del asesinato cerca del Kremlin del dirigente opositor y exviceprimer ministro ruso Boris Nemtsov.

En diciembre de 2021 los tribunales rusos liquidaron tanto Memorial Internacional como el Centro de Derechos Humanos Memorial por crear una «imagen falsa de la URSS como Estado terrorista», tras lo que dicha organización recibió un año después en Oslo el Nobel de la Paz.

Editado por Sandra Municio

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La Comisión Europea espera de Cuba resultados concretos en derechos humanos

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Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) confió este martes en obtener resultados concretos por parte de Cuba en materia de derechos humanos, cuya situación en la isla es motivo de preocupación para el Ejecutivo comunitario.

«La Unión Europea (UE) reitera su preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba», subrayó la comisaria europea de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, durante una intervención en el Parlamento Europeo en un debate sobre la situación en el país caribeño.

La comisaria finlandesa, que participó en el pleno de la Eurocámara en nombre del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, recordó la visita de éste en mayo del año pasado a La Habana para participar en el tercer Consejo Conjunto UE-Cuba, en el marco del acuerdo político y de cooperación que rige las relaciones entre las dos partes.

Junto con el enviado especial de la UE para los Derechos Humanos, Borrell se reunió entonces con las autoridades cubanas, así como con voces críticas de la sociedad cubana, que “compartieron sus preocupaciones y esperanzas”, apuntó Urpilainen.

«Transmitimos su mensaje a las autoridades cubanas y esperamos resultados concretos», subrayó la comisaria.

Urpilainen indicó que las relaciones de la UE con Cuba “se basan en un enfoque crítico pero constructivo”.

En el contexto de la crisis en la isla y también de la inestabilidad geopolítica mundial, enfatizó que los objetivos del acuerdo “siguen siendo absolutamente pertinentes” para fortalecer las relaciones bilaterales y las reformas, acompañar el proceso de modernización económica y social de Cuba y promover los valores de la UE y salvaguardar sus intereses.

Al mismo tiempo, la comisaria instó al Gobierno de La Habana a emprender urgentemente reformas económicas audaces, que la UE aseguró que está dispuesta a acompañar a través de cooperación y también del programa comunitario de inversiones en infraestructuras críticas en terceros países Global Gateway.

También aludió al apoyo que la UE brinda al emergente sector privado cubano y apuntó que, desde 2021, se han creado más de 10.000 pymes en el país, un emprendimiento que consideró necesario para el crecimiento económico.

Por otra parte, subrayó que hay otros factores que han agravado la situación del país, como el embargo estadounidense y la inclusión del país en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, medidas que la UE rechaza, aseveró la comisaria.

Urpilainen puso en valor que la UE y Cuba defiendan a nivel internacional la necesidad de reforzar el sistema multilateral y promover la asociación estratégica entre el bloque comunitario y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Además, destacó que a pesar de su propio análisis y la cercanía histórica de Cuba con Moscú, el país ya se ha abstenido en cuatro votaciones diferentes en la ONU sobre la guerra de Rusia contra Ucrania.

“Sin duda esperamos más y seguiremos transmitiendo nuestro mensaje a Cuba en futuros intercambios en el marco de nuestro acuerdo”, concluyó.

Está previsto que el jueves la Eurocámara apruebe una resolución sobre la situación en Cuba.

Editado por Sandra Municio

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