Bruselas (EuroEFE).- El cierre de la negociación del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur no es aún el final del camino en el bloque europeo: antes de su entrada en vigor enfrentará una dura oposición en el Consejo de la Unión Europea, que representa a los países, el Parlamento Europeo y, posiblemente, los Parlamentos de los gobiernos más reticentes al pacto.

Varios países comunitarios, entre ellos Francia e Italia, ya han mostrado su oposición al pacto, que ha recibido la bendición de otros, como Alemania o España, lo que amenaza con crear un nueva división en el seno de la UE.

El acuerdo, que se negocia desde hace un cuarto de siglo, eliminaría aranceles para el comercio entre los países de la UE y Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con una población combinada de más de 700 millones de personas, lo que le convertiría en el tratado de asociación de mayor alcance del mundo.

Tras dos décadas de negociación, la UE y Mercosur llegaron a un acuerdo tentativo para un pacto comercial en 2019, pero desde entonces no se ha podido ratificar porque ambos bloques negociaban desde entonces nuevos compromisos medioambientales que exigen los países de la UE a causa de la fuerte oposición del sector agrícola.

La Comisión Europea, que negocia en nombre de los Estados miembros, presiona para poner el sello final al acuerdo ante el temor de que China, que ya ha expandido su presencia e inversiones en la región, se adelante al bloque comunitario.

Sin embargo, cualquier texto tendrá que obtener también el visto bueno del Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y, dependiendo de la base legal del pacto -aún por determinarse-, posiblemente también los Parlamentos nacionales de los Estados miembros de la UE.

Consejo de la Unión Europea

La institución europea que representa a los países tendrá que reunir al menos 15 socios (un 55 % de los 27 Estados miembros) que representen a un 65 % de la población de la Unión Europea a favor del acuerdo.

París lidera el esfuerzo para conseguir una minoría de bloqueo que tumbe el pacto en el Consejo y, aunque es muy difícil que encuentre a una decena de gobiernos opuestos al pacto, Francia por sí sola tiene más de un 15 % de la población europea y espera que se sumen a su esfuerzo socios grandes como Italia o Polonia para cumplir con el criterio de la población.

También muestran reticencias en diferentes grados Países Bajos, Austria o Lituania, Bélgica, Luxemburgo o Rumanía, aunque no es seguro si alguno de ellos votaría en contra en el Consejo.

Parlamento Europeo

El nuevo Parlamento Europeo salido de las urnas el pasado 9 de junio tendrá también que escrutar y pronunciarse sobre el acuerdo entre la UE y el Mercosur: primero lo harán sus comisiones de Comercio Internacional y de Asuntos Exteriores y, después, tendrá que votarlo el pleno en su conjunto.

El veterano presidente de la comisión de Comercio Internacional, el socialdemócrata alemán Bernd Lange, ha instado a que la razón «prevalezca» sobre la emoción y a tener en cuenta que, aunque el pacto no cumpla con todas las expectativas de la UE, «las consecuencias de no tener un pacto probablemente superarían con creces las debilidades de uno imperfecto».

«No deberíamos considerar este acuerdo de forma aislada, sino más bien como un símbolo del lugar que queremos ocupar en el mundo«, urgió el alemán.

Lange, eurodiputado desde 1994, no cree que las mayorías a favor o en contra de este tipo de acuerdos hayan cambiado tras las elecciones europeas, y sigue viendo a los mismos «sospechosos habituales a favor y en contra» del pacto con el Mercosur.

En contra estarán, con seguridad, los Patriotas por Europa (el partido de la francesa Marine Le Pen es su miembro más numeroso con diferencia), los Verdes y la Izquierda, además de delegaciones nacionales concretas dentro de grupos generalmente a favor, como pueden ser los liberales y socialistas franceses.

¿Y los Parlamentos nacionales?

Está por determinar también qué estructura legal tendrá el acuerdo y si es necesario que el pilar comercial tenga que recibir el visto bueno de todos los parlamentos nacionales de los Veintisiete para que pueda entrar en vigor plenamente.

En el caso de que sea un acuerdo mixto y lo necesite, los países reacios que se quedan en minoría en el Consejo pueden ejercer el veto desde sus Parlamentos nacionales.

El Parlamento neerlandés y el austríaco, entre otros, se han pronunciado en contra del acuerdo con argumentos similares a los que exponen los gobiernos contrarios al mismo, y la Asamblea Nacional francesa ya rechazó el acuerdo la semana pasada.

No sería la primera vez que esto sucede: el pacto entre la Unión Europea y Canadá pendió de un hilo en 2016 ante el bloqueo temporal del Parlamento de Valonia, la región sureña de Bélgica, que acabó cediendo.

Críticas de los sindicatos y el sector agrícola europeo

En los debates sobre la ratificación prometen influir las críticas de varios sectores clave en la economía europea: el sector agrícola ya ha anunciado nuevas protestas el lunes en Bruselas, y también han expresado su rechazo al pacto la Confederación Europea de Sindicatos y la organización europea de consumidores BEUC.

«Los temores de la comunidad agrícola se han materializado«, indicó el comité de organizaciones agrarias y cooperativas europeas (Copa-Cogeca) en un comunicado.

Denunciaron que los productores de carne de vacuno, aves de corral, azúcar, etanol y arroz enfrentarán «mayores riesgos de saturación del mercado y pérdida de ingresos debido a la afluencia de productos de bajo costo de los países del Mercosur».

Según Copa-Cogeca, los países del Mercosur no cumplen los estándares de producción exigidos a la agricultura de la UE, ya sea en términos de productos fitosanitarios, bienestar animal o prácticas de sostenibilidad, y esa competencia «agravará la presión económica sobre muchas explotaciones agrícolas» europeas.

Adelantaron que, a partir del próximo lunes, los productores entrarán «en acción, intercambiando puntos de vista con ministros y eurodiputados mientras lanzamos una acción relámpago en Bruselas», coincidiendo con una reunión de ministros de Agricultura y Pesca de la UE.

Las principales asociaciones agrarias de España también lamentaron este viernes el cierre del acuerdo, ya que se sienten como «los grandes perjudicados» de un convenio de libre comercio en el que, a su juicio, se les ha utilizado como «moneda de cambio», sin contar con sus intereses.

Mientras, la confederación de sindicatos pidió no ratificar el acuerdo por considerar que contempla una «débil protección laboral», al no contemplar mecanismos robustos, incluidas sanciones, para perseguir las violaciones de los derechos laborales.

«La Federación europea de sindicatos de la alimentación ha advertido de que el acuerdo podría llevar a un ‘dumping social’ y condiciones de competencia injustas que harían caer las condiciones laborales en la UE, sobre todo para los seis millones de trabajadores del sector agrícola», señaló la confederación en un comunicado.

También rechazó lo negociado la organización de consumidores BEUC, que representa a asociaciones nacionales de los Veintisiete y que alertó de que el acuerdo «aumentará el comercio de productos, como la carne, que no cumplen con los estándares de la UE, además de minar los esfuerzos para reducir la huella de carbono de la UE».

«Los acuerdos comerciales deberían centrarse en primer lugar en el comercio de productos sostenibles que apoyen la transición verde más que en los que la perjudican. Hoy las políticas comerciales chocan con nuestras metas de consumo sostenible, así que es hora de que la UE deje de contradecirse«, dijo en un comunicado su director general, Agustín Reyna.

Por el contrario, la patronal Business Europe opinó que la conclusión del acuerdo supone un «logro importante» al mandar el mensaje de que la UE sigue «comprometida con un comercio abierto basado en reglas» y con la «diversificación de mercados» en un contexto global de incertidumbre.

Los países del Mercosur son hoy el décimo socio comercial de la UE, que exporta bienes por valor de 56.000 millones de euros y servicios por 28.000 millones, según datos de 2023 y 2022, respectivamente, mientras que la UE es el segundo socio comercial del Mercosur.

Editado por Lucía Leal

Budapest / Bruselas (EuroEFE).- El Tribunal Constitucional de Rumanía anuló este viernes la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 24 de noviembre, ganadas por el prorruso Calin Georgescu, por lo que el proceso electoral debe ser repetido.

La alta corte decidió por «unanimidad» anular «todo el proceso electoral relacionado con la elección del presidente de Rumanía» dos días antes de la segunda vuelta, que estaba prevista para este mismo domingo e iba a enfrentar al ultranacionalista Georgescu y la europeísta Elena Lasconi.

«El proceso electoral para la elección del presidente de Rumanía será reiniciado en su totalidad, correspondiendo al Gobierno establecer una nueva fecha para la elección», agrega el tribunal sobre una decisión sin precedentes en los 35 años de democracia en el país balcánico, de 19 millones de habitantes.

En el breve comunicado no se informa de los motivos de la decisión, y se limita a afirmar que se publicarán en el texto completo de la decisión en el Boletín Oficial.

Esta anulación, que ha causado una nueva convulsión en un país que ha vivido un terremoto político desde que Georgescu ganase contra pronóstico la primera vuelta con el 22,9 % de los votos, se produce cuando las urnas ya se habían abierto en la segunda ronda para los rumanos de la diáspora.

Esta decisión se toma después de que varios informes de inteligencia desclasificados el miércoles por el actual presidente, Klaus Iohannis, confirmaron que la campaña de Georgescu fue impulsada por una estrategia de injerencia vinculada a un «actor estatal», identificado por la prensa rumana como Rusia.

El candidato de TikTok

Una red de 25.000 cuentas de TikTok y grupos de Telegram coordinados desde 2022 amplificaron la presencia de Georgescu, respaldados por un millón de euros en financiación externa, pagos a influencers y técnicas avanzadas para evadir la detección de ‘bots’.

Además, en otro informe se indica que se registraron 85.000 ciberataques contra Rumanía atribuidos a Rusia, dirigidos a dividir la sociedad y promover narrativas antioccidentales.

Georgescu ha venido sosteniendo que no gastó nada en su campaña y que todo es un ataque contra su persona y su candidatura.

El candidato ultraderechista y antiOTAN no contó con el apoyo de ningún partido, apenas dio entrevistas ni mítines y centró su campaña en redes sociales, especialmente TikTok, donde logró cientos de millones de visualizaciones.

De hecho, la Comisión Europea redobló este viernes su presión sobre TikTok por su papel en la primera ronda de las elecciones presidenciales en Rumanía, y ante las «crecientes» evidencias que apuntan a la existencia de «operaciones coordinadas de influencia extranjera» en unos comicios que fueron ganados por el candidato prorruso Calin Georgescu.

En concreto, Bruselas remitió a TikTok una «petición adicional de información» con carácter urgente después de que el Servicio Rumano de Inteligencia (SRI) confirmase que la campaña presidencial de Georgescu estuvo respaldada por una estrategia de injerencia con un «modo de operar de un actor estatal», al que no nombra.

Editado por Lucía Leal

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Bruselas (EuroEFE).- El ministro español para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, instó este viernes a la Unión Europea a legislar contra el acceso de los menores a la pornografía a través de internet, y confió en que la aplicación móvil para verificar la edad en línea que está desarrollando España sea «pionera» en la UE.

López se pronunció así al comienzo de un Consejo de ministros comunitarios de Telecomunicaciones que se celebra este viernes en Bruselas, y en el que los Veintisiete abogaron además por dotar a la unión de más recursos ante el aumento de amenazas cibernéticas en el continente.

Los ministros de los países miembros planeaban debatir, a iniciativa de Grecia, la protección de los menores en internet, «un asunto que es crucial» para España, según López.

«Esperamos que Europa pueda regular sobre la materia para evitar este problema, pero desde luego no estamos quietos. Estamos elaborando una propia ley de protección de menores en la red» en España, indicó López a la prensa a su llegada a la reunión.

En concreto, se refirió a la aplicación móvil para limitar el acceso de los menores de edad a contenidos pornográficos o para adultos que el Gobierno español presentó en julio pasado, y que ya está siendo testada por el Centro Criptológico Nacional.

«Tenemos ya una herramienta que yo estoy absolutamente convencido de que va a ser pionera en Europa, y desde luego la estamos explicando en todos los foros en Europa; se está testando en estos momentos una herramienta de verificación de edad que yo estoy absolutamente convencido que va a ser vanguardia en Europa», recalcó López.

Bautizada como ‘Cartera Digital Beta‘, esta aplicación será de descarga voluntaria: el usuario deberá solicitar primero la credencial emitida por un organismo oficial y, una vez se obtenga, cuando se acceda a una plataforma de contenido para adultos, la propia página web solicitará un QR que deberá escanearse para demostrar la mayoría de edad.

López recordó además que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, «hace más de un año, lanzó una llamada a todas las empresas de telecomunicaciones, a los portales, para poner freno a unos números que ponen los pelos de punta«.

«Cuando conocemos los niveles de acceso al porno, a la pornografía, de los menores en nuestro país, es verdaderamente muy preocupante. Por lo tanto, hay que poner un coto a ese problema, hay que abordar ese problema. España, desde luego, no va a esperar. Nosotros estamos impulsando que Europa regule cuanto antes«, apostilló.

Adaptación digital

Por otra parte, los ministros se disponían a hacer un balance de la adaptación digital de los Veintisiete, y en ese ámbito López aseguró que España «ha dado un salto impresionante en los últimos años» en la implementación de tecnologías como las redes 5G y «el reto ahora del 6G«, pero también en computación cuántica, los chips y los semiconductores, la ciberseguridad y la digitalización de la economía, indicó.

Como ejemplo, aseguró que España ha creado en los últimos cinco años cerca de medio millón de empleos vinculados a la nueva economía digital, y que se han dado fondos europeos a 515.000 pymes y autónomos para digitalizar sus negocios.

López recordó que recientemente visitó con Sánchez en la ciudad belga de Lovaina la Fundación IMEC, referencia mundial en investigación y desarrollo de microchips, que abrirá próximamente un nuevo centro de semiconductores en Málaga.

Ese centro, aseguró, «situaría a España, desde luego, a la vanguardia de la producción de chips y semiconductores», concluyó.

Más recursos contra los ciberataques

En paralelo, los ministros y secretarios de Estado de telecomunicaciones de la UE acordaron este viernes un texto en el que piden dotar de «recursos adecuados» a la Agencia de la UE para la Ciberseguridad (Enisa), para hacer frente al aumento de amenazas cibernéticas y a la expansión de las tareas que desempeña.

Los firmantes recomendaron contar con unos recursos a la altura del papel «clave» que desempeña la Enisa, tras la «creciente escala y complejidad de las amenazas» y los retos cibernéticos de estos últimos años.

Esa distribución de los recursos debe definirse sin adelantarse a la próxima negociación del Marco Financiero Plurianual, opinaron los ministros.

También pidieron nuevas mejoras y medidas en lo que se refiere al desarrollo de sistemas europeos de certificación de la ciberseguridad y una simplificación del acceso a la información, con el establecimiento de una plataforma única a la que consultar.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, se mostró en particular a favor de esa simplificación de los procesos de consulta.

«Lo que no puede ser es que un único incidente de ciberseguridad tenga que notificarse en cinco lugares diferentes. Estoy totalmente comprometida con esta prioridad de la simplificación. Ya he dado instrucciones a mis servicios para que lleven a cabo un cribado completo del Marco Legal para identificar solapamientos, reducir burocracia y eliminar cargas innecesarias«, detalló Virkkunen.

Por otro lado, el texto acordado reconoce el apoyo de la Enisa a los Estados miembros en la elaboración y aplicación de políticas y su contribución en «la mejora del conocimiento común de la situación», así como en el desarrollo de una respuesta común a incidentes o crisis cibernéticos a gran escala.

En este sentido, los políticos reunidos en Bruselas también defendieron la cooperación de la agencia con organismos públicos como la Comisión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior, el Centro Europeo de Competencia en Ciberseguridad o la Europol y con socios internacionales y el sector privado.

Editado por Lucía Leal

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