El real decreto para el uso del cannabis medicinal, aprobado este martes en Consejo de Ministros, no establece un listado cerrado de indicaciones, sino que determina que los usos clínicos autorizados se fijarán en las monografías que publique en un plazo de tres meses la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) en el Formulario Nacional.

Además, establece las condiciones específicas de elaboración, dosificación y prescripción.

Casos de uso del cannabis medicinal

El modelo, según explica el Ministerio de Sanidad, permite una actualización continua en función de los avances científicos y la evidencia clínica disponible.

Abre la puerta a que en el futuro puedan incorporarse nuevas indicaciones, siempre bajo criterios rigurosos de eficacia, seguridad y necesidad médica.

Así, la norma regula el uso de fórmulas magistrales tipificadas elaboradas a partir de preparados estandarizados de cannabis para su uso medicinal como una alternativa terapéutica.

Será en casos donde los tratamientos convencionales no resultan eficaces, especialmente en pacientes con estas afecciones:

• Dolor crónico refractario.

• Epilepsia grave.

• Espasticidad por esclerosis múltiple.

• Náuseas y vómitos derivadas de la quimioterapia.

Quiénes prescribirán y dónde

Las fórmulas deberán ser prescritas exclusivamente por médicos especialistas en el ámbito hospitalario cuando existan razones clínicas documentadas para su uso.

Su elaboración se realizará únicamente en servicios de farmacia hospitalaria autorizados, siguiendo las normas de correcta elaboración y los criterios técnicos definidos en el Formulario Nacional.

El seguimiento del tratamiento será responsabilidad compartida entre el médico prescriptor y el servicio de farmacia hospitalaria, que deberán evaluar periódicamente la eficacia clínica y la aparición de posibles efectos adversos.

Sólo en casos excepcionales de vulnerabilidad, dependencia o barreras geográficas, las comunidades autónomas podrán establecer mecanismos de dispensación no presencial, asegurando el acceso equitativo a estos tratamientos.

El decreto crea además un registro público, gestionado por la Aemps, en el que deberán inscribirse todos los preparados estandarizados que se utilicen para elaborar fórmulas magistrales.

Requisitos de fabricación

Los productos deberán tener una composición definida en THC y/o CBD, cumpliendo con exigentes requisitos de fabricación, trazabilidad y calidad, y estando sujetos a fiscalización adicional cuando contengan más del 0,2 % de THC.

Los laboratorios responsables estarán obligados a garantizar la correcta fabricación y distribución, así como a documentar y auditar su cadena de suministro.

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Frente a quienes alertan de que nuevas tecnologías, en especial la IA, pueden aumentar las desigualdades, el neurólogo sostiene lo contrario en una entrevista a EFE con motivo de su estancia en Madrid para participar en unas jornadas sobre los dilemas y desafíos que implican las nuevas tecnologías, organizadas por la Confederación de Sociedades Científicas de España y la Fundación Ramón Areces. Para Pascual-Leone, servirán para evitarlas si se usan de manera correcta.

Y añade: “Las neurotecnologías cambian las posibilidades de entender el cerebro y de actuar sobre él; nos permiten promocionar la salud, prevenir la enfermedad y paliar las discapacidades”.

E incide en que la clave radicará en “empoderar” a los servicios de atención primaria para que sean capaces, gracias al uso de las nuevas tecnologías, de detectar cualquier síntoma que pueda permitir la detección temprana de enfermedades cerebrales o neurodegenerativas, y así, anticipar al máximo el diagnóstico y el tratamiento, de la misma manera que lo hacen con la diabetes, la hipertensión o muchos tipos de cáncer.

El neurólogo argumenta con datos que la ‘discapacidad cerebral’ es la amenaza número uno de la sociedad actual y de la salud pública.

Las enfermedades cerebrales, dice, son la primera causa de la discapacidad (mayor que la ocasionada por el cáncer y las enfermedades cardiovasculares juntas) y una de cada dos personas en el mundo está afectada por algún tipo de demencia, bien porque la padece o porque cuida de alguien que la tiene, según recalca.

Además, la discapacidad cerebral cuesta más del 15 por ciento del PIB mundial (más que el coste del cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas juntas) y es una enorme causa de sufrimiento que afecta a los enfermos, a sus familiares, amigos o vecinos.

Tecnologías que anticipan diagnósticos

En la nueva era de la neurotecnología y de la IA, Álvaro Pascual-Leone equipara las nuevas herramientas de las que podrían disponer los servicios de atención primaria con una “parada en boxes”.

Permitiría utilizar las modernas tecnologías para “leer” la actividad cerebral y caracterizar y modular patrones sobre esa actividad que podrían revelar síntomas, así como anticipar diagnósticos y tratamientos que de media tardan unos 15 años en materializarse.

Mantiene que esa “parada” (un chequeo cerebral periódico) permitiría un cribado poblacional para detectar e intervenir de forma temprana y propiciaría que las tecnologías que se requieren no sean tan caras.

Entonces, su utilización generalizada podría contribuir a reducir las desigualdades, ya que de esa forma se evitaría que acabaran convirtiéndose en un privilegio al alcance sólo de unos pocos, argumenta.

IA alineada con los derechos humanos

Y en ese contexto el neurólogo incide en la importancia de regular los “neuroderechos” y de crear marcos legislativos que definan con precisión todos los datos que se pueden obtener: de quién son, cómo son, quién los usa y para qué se usan. El fin: que el empleo de las nuevas tecnologías, y entre ellas también el de la inteligencia artificial con estos fines, esté siempre alineado con los derechos humanos.

Además de esperanzadores tratamientos que modifican el avance del alzheimer y que ya están aprobados, existen tecnologías “extremadamente sofisticadas y potentes” que permiten ya una detección temprana de las enfermedades neurodegenerativas.

“No hablamos del futuro, hablamos de posibilidades que ya existen; y sólo vemos la punta del iceberg”, asegura Pascual-Leone.

El catedrático de Harvard ha valorado el papel de liderazgo que está desempeñando España, y ha citado como ejemplo el lanzamiento del Centro Nacional de Neurotecnología (Spain Neurotech) que a su juicio sitúa al país a la vanguardia mundial de la investigación en este campo.

O el “indiscutible” liderazgo que ejerce el científico español Rafael Yuste -catedrático y director del Centro de Neurotecnología en la Universidad de Columbia (Estados Unidos)- y la Fundación Neuroderechos que ha impulsado para concienciar a la sociedad, a los políticos y a la comunidad científica de la importancia de proteger la actividad cerebral, así como de promover un marco ético y legal que garantice la privacidad mental, la autonomía, la identidad personal y el acceso equitativo a estas tecnologías.

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El doctor Enrique Baca-García, jefe del Departamento de Psiquiatría y Psicología Clínica de los hospitales del Grupo Quirónsalud, impulsa este proyecto hecho realidad gracias a las ayudas CaixaResearch de Investigación en Salud del año 2023.

Como destaca la Fundación La Caixa por medio de un comunicado, una de cada tres personas en España padece algún problema de salud mental, recogiendo datos del Informe del Sistema Nacional de Salud de justo ese año, 2023. Los trastornos más citados son la ansiedad, la inestabilidad en el sueño y actitudes depresivas. 

Los suicidios, así como los intentos, están aumentando en todo el mundo. Los profesionales sanitarios advierten de que la tendencia al alza afecta en especial a la población joven, lo que se ha acentuado después del periodo de confinamiento que provocó la pandemia de COVID-19.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año se quitan la vida unas 800.000 personas. Es la segunda causa de muerte en las personas de entre 15 y 29 años, como apunta la Fundación La Caixa.

Horarios de sueño o actividad física como indicadores

Baca-García y su equipo vieron que recurrir a los teléfonos móviles podría ser de gran utilidad para atajar en lo posible las cifras. 

Por un lado, repararon en que los móviles permiten la monitorización de la persona que haya manifestado conductas suicidas. Por otro, en que la aplicación de sensores integrados en el aparato facilita registrar el comportamiento de la persona considerada de riesgo. 

El primer paso es el consentimiento del paciente y de la familia, y a partir de entonces, como explica Baca-García, el proyecto, mediante algoritmos, “analiza los datos para identificar patrones de conducta” en lo relativo a “horarios de sueño, trabajo y actividad física”. Si detecta “desviaciones significativas” o “cambios drásticos de los hábitos”, como dormir menos por ejemplo, el sistema lanzar una alerta.

Esta alerta va acompañada por un aviso que remite a un plan de seguridad, en el que se incluyen estrategias que ayuden a evitar pensamientos o conductas suicidas. 

Reducción de muertes por suicidio en un 75 %

Cómo combinar esas fuentes de información para trazar el perfil de las personas que intentan suicidarse, y a partir de ahí, construir maneras de prevenir las conductas se convirtió en el campo de trabajo del proyecto, en el que participan siete hospitales de cuatro comunidades autónomas. 

El campo de estudio lo forman personas que hayan sido atendidas por una tentativa de suicidio en los hospitales participantes. Esto fija la muestra en unos 1.200-1.800 ciudadanos/as.

Remarca Baca-García que “la monitorización en tiempo real frente a los métodos más tradicionales de evaluación aporta numerosas ventajas”, entre las que menciona la facilidad para detectar “cambios comportamentales” del paciente. Recuerda el especialista que para las personas con conductas suicidas es más complejo “reconocer sus propios síntomas”.

Los resultados logrados hasta la fecha son prometedores. “Hemos conseguido en tres meses reducir a la mitad los intentos suicidas y vamos a ver si a medio y largo plazo estas cifras tan buenas se mantienen y conseguimos de manera global reducir los fallecimientos en un 75 %”, afirma Baca-García.

Identificación de quien pueda repetir

En declaraciones remitidas por Fundación La Caixa, el psiquiatra señala que gracias a la información que van registrando los teléfonos móviles es posible establecer un umbral de riesgo con un margen de una semana. Ello permitirá “actividades preventivas” en caso de que el riesgo suba.

Añade que aproximadamente un 30 % de las personas que intentan suicidarse, lo intentan una vez. El resto, el 70 %, según sus declaraciones, son personas que “van a repetir una o dos veces” la tentativa durante el año siguiente.

“Queremos identificar a estas personas de forma clara”, subraya el especialista, para quien las nuevas tecnologías, el uso en concreto de la información que recoge el móvil sobre la ubicación y la actividad física, pueden favorecer actuaciones de “detección en el momento e intervención”.

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