Ciencia y Salud
Aspartamo utilizado en la Coca-Cola Diet podría ser cancerígeno
La investigación del organismo internacional será dada a conocer en los próximos días
Uno de los edulcorantes artificiales más comunes en el mundo será declarado el mes que viene posible carcinógeno por un importante organismo sanitario mundial, según dos fuentes conocedoras del proceso, que lo enfrenta a la industria alimentaria y a los organismos reguladores.
El aspartamo, utilizado en productos que van desde los refrescos dietéticos de Coca-Cola hasta los chicles Extra de Mars y algunas bebidas Snapple, será catalogado en julio como “posiblemente cancerígeno para el ser humano” por primera vez por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), la rama de investigación sobre el cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijeron las fuentes.
El dictamen del CIIC, finalizado a principios de este mes tras una reunión de expertos externos del grupo, pretende evaluar si algo es un peligro potencial o no, basándose en todas las pruebas publicadas.
No tiene en cuenta la cantidad de un producto que una persona puede consumir sin peligro. Este asesoramiento a las personas procede de otro comité de expertos en aditivos alimentarios de la OMS, conocido como JECFA (Comité Mixto de Expertos en Aditivos Alimentarios de la OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), junto con las determinaciones de los organismos reguladores nacionales.
Sin embargo, dictámenes similares del CIIC en el pasado sobre distintas sustancias han suscitado inquietud entre los consumidores sobre su uso, han dado lugar a demandas judiciales y han presionado a los fabricantes para recrear recetas y cambiar a alternativas. Esto ha llevado a criticar que las evaluaciones del CIIC pueden resultar confusas para el público.
El JECFA, comité de la OMS sobre aditivos, también está revisando el uso del aspartamo este año. Su reunión comenzó a finales de junio y está previsto que anuncie sus conclusiones el mismo día que el CIIC haga pública su decisión, el 14 de julio.
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Paquetes de chicles Wrigley’s Extra expuestos en una tienda de Nueva York, Estados Unidos, 28 de junio de 2023. REUTERS/Shannon Stapleton
Desde 1981, el JECFA ha afirmado que el consumo de aspartamo es seguro dentro de los límites diarios aceptados. Por ejemplo, un adulto de 60 kg tendría que beber entre 12 y 36 latas de refresco dietético al día (dependiendo de la cantidad de aspartamo que contenga la bebida) para estar en riesgo. Esta opinión ha sido ampliamente compartida por los organismos reguladores nacionales, incluidos los de Estados Unidos y Europa.
Un portavoz del CIIC declaró que las conclusiones de ambos comités eran confidenciales hasta julio, pero añadió que eran “complementarias”, y que la conclusión del CIIC representaba “el primer paso fundamental para comprender la carcinogenicidad”. El comité de aditivos “lleva a cabo la evaluación de riesgos, que determina la probabilidad de que se produzca un tipo específico de daño (por ejemplo, cáncer) en determinadas condiciones y niveles de exposición”.
Sin embargo, la industria y los reguladores temen que celebrar ambos procesos casi al mismo tiempo pueda resultar confuso, según las cartas de los reguladores estadounidenses y japoneses vistas por Reuters.
“Pedimos amablemente a ambos organismos que coordinen sus esfuerzos en la revisión del aspartamo para evitar cualquier confusión o preocupación entre el público”, escribió Nozomi Tomita, funcionaria del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, en una carta fechada el 27 de marzo y dirigida a la directora general adjunta de la OMS, Zsuzsanna Jakab.
La carta también pedía que las conclusiones de ambos organismos se hicieran públicas el mismo día, como está ocurriendo ahora. La misión japonesa en Ginebra, sede de la OMS, no respondió a la solicitud de comentarios.
Debate
Los dictámenes del CIIC pueden tener enormes repercusiones. En 2015, su comité concluyó que el glifosato es “probablemente cancerígeno”. Años después, incluso cuando otros organismos como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) lo impugnaron, las empresas seguían sintiendo los efectos de la decisión. La alemana Bayer perdió en 2021 su tercera apelación contra los veredictos de los tribunales estadounidenses que concedían indemnizaciones por daños y perjuicios a clientes que achacaban sus cánceres al uso de sus herbicidas a base de glifosato.
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FOTO DE ARCHIVO: Sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra, Suiza (Reuters)
Las decisiones del CIIC también han sido criticadas por generar alarmas innecesarias sobre sustancias o situaciones difíciles de evitar. Anteriormente había clasificado el trabajo nocturno y el consumo de carne roja como “probablemente cancerígenos”, y el uso de teléfonos móviles como “posiblemente cancerígenos”, al igual que el aspartamo.
“La IARC no es un organismo de seguridad alimentaria y su revisión del aspartamo no es científicamente exhaustiva y se basa en gran medida en investigaciones ampliamente desacreditadas”, declaró Frances Hunt-Wood, secretaria general de la Asociación Internacional de Edulcorantes (ISA).
Este organismo, entre cuyos miembros se encuentran Mars Wrigley, una unidad de Coca-Cola y Cargill, manifestó su “profunda preocupación por la revisión del CIIC, que puede inducir a error a los consumidores”.
La directora ejecutiva del Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas, Kate Loatman, afirmó que las autoridades de salud pública deberían estar “profundamente preocupadas” por el “dictamen filtrado”, y también advirtió de que “podría inducir innecesariamente a error a los consumidores para que consuman más azúcar en lugar de elegir opciones seguras sin o con bajo contenido en azúcar”.
El aspartamo ha sido objeto de numerosos estudios durante años. El año pasado, un estudio de observación realizado en Francia entre 100.000 adultos demostró que las personas que consumían mayores cantidades de edulcorantes artificiales -incluido el aspartamo- tenían un riesgo de cáncer ligeramente superior.
A principios de la década de 2000, el Instituto Ramazzini de Italia publicó un estudio en el que se relacionaban con el aspartamo algunos tipos de cáncer en ratones y ratas.
Sin embargo, el primer estudio no pudo demostrar que el aspartamo causara el mayor riesgo de cáncer, y se han planteado dudas sobre la metodología del segundo estudio, incluso por parte de la EFSA, que lo evaluó.
El uso del aspartamo está autorizado en todo el mundo por los organismos reguladores, que han examinado todas las pruebas disponibles, y los principales fabricantes de alimentos y bebidas han defendido durante décadas el uso de este ingrediente. La IARC afirmó haber evaluado 1.300 estudios en su revisión de junio.
Los recientes ajustes de las recetas del gigante de los refrescos Pepsico demuestran la lucha que tiene la industria cuando se trata de equilibrar las preferencias de sabor con las preocupaciones por la salud. Pepsico retiró el aspartamo de los refrescos en 2015, lo volvió a introducir un año después y lo volvió a retirar en 2020.
La inclusión del aspartamo en la lista de posibles carcinógenos pretende motivar más investigación, según fuentes cercanas al CIIC, lo que ayudará a agencias, consumidores y fabricantes a sacar conclusiones más firmes.
Pero también es probable que vuelva a encender el debate sobre el papel de la IARC, así como sobre la seguridad de los edulcorantes en general.
El mes pasado, según el medio Infobae, la OMS publicó unas directrices en las que aconsejaba a los consumidores no utilizar edulcorantes sin azúcar para controlar el peso. Las directrices causaron furor en la industria alimentaria, que sostiene que pueden ser útiles para los consumidores que desean reducir la cantidad de azúcar en su dieta.
Ciencia y Salud
Las ONG del sector sanitario cargan contra el «oportunismo» de los «lobbies» farmacéuticos
Bruselas (Euractiv.com/.es) – Los pesos pesados de la industria farmacéutica europea han intensificado su presión a Bruselas desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las amenazó con imponerles aranceles aunque, en realidad, esa circunstancia ha reforzado la petición del sector a las instituciones de la Unión Europea (UE) para que reduzcan la carga burocrática.
La presión de la industria farmacéutica y de lobbies como el grupo europeo EFPIA se ha redoblado desde que Trump, anunciara la semana pasada una investigación sobre las importaciones farmacéuticas, una medida que podría allanar el camino para futuros aranceles al sector.
La semana pasada, 32 consejeros delegados (CEO) de la industria farmacéutica europea enviaron una carta abierta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instándola a tomar medidas rápidas y audaces para evitar un «éxodo» de la industria a Estados Unidos.
La plataforma paneuropea EFPIA hizo lo propio.
La suiza Roche anunció el pasado martes que invertirá 50.000 millones de dólares en Estados Unidos en los próximos cinco años.
Sin embargo, algunas ONG han advertido de que no deberían tomarse demasiado en serio las amenazas de la EFPIA, y sugieren que ese grupo de presión y otras empresas están aprovechando la oportunidad para reiterar sus viejas exigencias para reforzar las disposiciones sobre propiedad intelectual farmacéutica y acortar los periodos de reglamentación.
«El ultimátum de la EFPIA se aprovecha del caos arancelario de la administración Trump y está diseñado para presionar a la UE para que adopte políticas contrarias al interés público fuera de su lista de deseos», se afirma en la carta, firmada, entre otros, por las ONG Health Action International, Medicines Law and Policy y Public Citizen.
Las ONG argumentan que, en realidad, trasladar la producción farmacéutica puede llevar de tres a diez años y costaría miles de millones de dólares.
«Incluso entonces, los productos farmacéuticos dependen de materiales procedentes de muchos países diferentes, lo que hace aún más difícil deslocalizar toda la producción para evitar duros aranceles», añaden.
Un estudio publicado el pasado viernes muestra que Estados Unidos depende de la fabricación europea de ingredientes farmacéuticos para el 43% de los productos de marca.
En la carta también se señala que el gobierno estadounidense es «cada vez más hostil» a las prácticas médicas y de salud pública establecidas, lo que podría afectar a sus oportunidades de negocio.
Oliver Hoedeman, director del observatorio Corporate Europe Observatory, escribió en Bluesky que «la intimidación arancelaria parece estar radicalizando el apetito desregulador de la Comisión Europea».
Grandes multinacionales del sector, entre ellas Novartis, piden que la UE proteja su «soberanía sanitaria», y advierten de que las actuales políticas comunitarias son «perjudiciales» para los pacientes.
Ancel-la Santos, responsable de política sanitaria de la plataforma europea de consumidores BEUC, asegura que la revisión de la legislación farmacéutica de la UE «brinda la oportunidad de encontrar un mejor equilibrio entre innovación y asequibilidad».
«Eso no sólo se puede lograr reduciendo la duración de los monopolios de las empresas para permitir una competencia más temprana de los genéricos , sino también permitiéndoles ampliar esas protecciones sólo si cumplen algunos objetivos», añade.
A principios de abril, representantes de las farmacéuticas se reunieron con von der Leyen en un primer «diálogo estratégico» para negociar una respuesta a los posibles aranceles de Trump al sector.
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(Editado por AW/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Ciencia y Salud
La Comisión de Sanidad de la Eurocámara pisa el acelerador, con más de 15 expedientes clave
Bruselas (Euractiv.com/.es) – La Comisión de Sanidad del Parlamento Europeo (SANT) tiene previsto trabajar en más de 15 asuntos relevantes durante su mandato, además de en los expedientes clave, entre ellos el paquete farmacéutico o la Ley de Medicamentos Esenciales, según el borrador del programa de trabajo al cual ha tenido acceso Euractiv.
El borrador del programa, que tiene que ser aprobado en la próxima reunión de los coordinadores de los grupos políticos, señala que los miembros de SANT tienen previsto publicar varios informes sobre la modernización de las normas para la asistencia sanitaria transfronteriza, un plan de la UE para las enfermedades raras y una estrategia global para la salud de la mujer, entre otros asuntos.
El programa prevé además transformar el estudio de aplicación del Plan de la UE para vencer al cáncer en un informe completo.
Otro informe se centrará en las enfermedades cardiovasculares, con apoyo de un grupo de trabajo de 16 eurodiputados creado el miércoles de esta semana.
Por otro lado, proseguirán los trabajos del informe sobre biotecnología y ciencias de la vida.
La Comisión Europea anunció, tras varios retrasos, que en el tercer trimestre de 2026 se presentará una propuesta legislativa sobre ese tema.
En los próximos meses se presentarán otros informes, entre ellos uno sobre una estrategia europea para la salud neurológica, según el documento.
Por otra parte, se preparará un informe sobre salud mental, en el que la comisión SANT quiere poner el acento en la investigación sobre ese problema en los adolescentes y su relación con las redes sociales.
Por otra parte, está prevista la publicación de un informe centrado en un plan de crisis para el personal sanitario de la UE. En él se abordará la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, así como las condiciones de empleo y trabajo en el sector.
Está previsto que SANT elabore un informe sobre la aplicación de la Recomendación del Consejo sobre la intensificación de la lucha de la UE contra la resistencia a los organismos antimicrobianos (RAM) en el marco del programa «Una sola salud».
Además, la Comisión SANT intensificará su cooperación con la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento (ENVI) acerca de las repercusiones para la salud de las partículas finas.
Los miembros de SANT podrían además colaborar con la Comisión de Industria (ITRE) en la controvertida Ley de Medicamentos Esenciales.
Aunque el texto aún no figura en el programa oficial, será uno de los expedientes más importantes de la legislatura.
Por otra parte, hay varias negociaciones en curso entre SANT -designada como comisión principal- e ITRE, que hace hincapié en el aspecto industrial de la legislación y busca la responsabilidad compartida.
La cuestión se decidirá en la próxima Conferencia de Presidentes de los grupos políticos, prevista para el 30 de abril.
Según la información recabada por Euractiv, el expediente podría repartirse entre las dos comisiones.
El paquete farmacéutico también ocupará un lugar central en las actividades de SANT.
El Consejo de la UE aún debe adoptar una posición antes de que puedan comenzar las negociaciones interinstitucionales.
Pero el Parlamento Europeo ya se ha posicionado en ese expediente, y está previsto que el mandato para iniciar las negociaciones se apruebe en la próxima sesión de SANT a principios de mayo.
Aunque varios eurodiputados han presionado en los últimos meses para que la Comisión Europea revise la legislación sobre productos del tabaco y fiscalidad, el asunto no se menciona en el programa de trabajo.
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(Editado por EPD/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Estos datos se recogen en la décimoquinta edición del “Observatorio del sector sanitario privado 2025” que elabora la Fundación IDIS con el fin de hacer una radiografía de la sanidad privada en España y su aportación al Sistema Nacional de Salud (SNS).
El 26 % tiene seguro privado
El documento señala que el número total de ciudadanos que tienen un seguro de salud asciende 12,6 millones (de los que el 13 % son mutualistas) lo que supone que el 26 % de la población en España cuenta con seguro médico privado, un 1,6 % más que el año anterior.
Y las compañías se gastan una media de 672 euros en la asistencia sanitaria de cada asegurado: en total 7.368 millones de euros.
Madrid es la comunidad que cuenta con más asegurados (el 37,5 % de sus ciudadanos), seguida de la de Cataluña (31,8 %) y de Baleares (30,8 %).
El gasto sanitario privado, el 2,5 % del PIB
El informe muestra que el gasto sanitario privado suma 34.056 millones de euros, lo que representa el 26 % del total y el 2,5 % de PIB, mientras que el sociosanitario privado es de 7.157 millones (el 0,52 % del PIB).
Además, hay un 0,67 % del PIB que corresponde al gasto público destinado a la provisión privada, lo que significa una representación del 3,17 %.
431 hospitales privados
En España hay 431 hospitales privados (el 56 % del total), mientras que en 2021 había 438; en cuanto al número de camas, es de 49.837, por las 50.574 que había en 2021.
Cataluña es la comunidad con más hospitales privados (135), la siguen Andalucía (59), Madrid (48) y Canarias, con 24.
La contribución “significativa” al SNS
El informe pone de manifiesto que la contribución de la sanidad privada en España al SNS es “significativa”, especialmente a través de los conciertos sustitutorios y los centros que forman parte de la red hospitalaria de utilización pública (RHUP).
Estos acuerdos, abunda el documento, “permiten al sector privado complementar al público, aliviando la presión sobre los servicios públicos y facilitando un acceso más amplio y eficiente a la atención sanitaria”.
Así, la sanidad privada en España registró el 29,7 % de las altas totales, atendió el 33,6 % de las urgencias e hizo el 41,6 % de las intervenciones quirúrgicas.
El 31 % de esos hospitales tienen concierto con la sanidad pública, el 22 %, de la Red hospitalaria de utilización pública de Cataluña y el 20 %, de otras comunidades autónomas.
La sanidad privada emplea a 309.591 profesionales, de los que 71.206 son médicos y 77.398, enfermeros.
Salud mental y residencias
Asimismo, el sector sanitario privado concentra el 70 % de los hospitales especializados en salud mental y tratamiento de adicciones, y el 51 % de los centros de salud mental.
Y de las 7.157 residencias que hay en España, 3.904 son privadas (el 73,6 % de las plazas).
La sanidad privada participa en 1.110 ensayos clínicos, con una tasa de reclutamiento del 65 %.
El modelo mutualista
El documento también recoge la aportación del mutualismo al SNS y señala que mientras la sanidad pública destina 1.823 euros por cada ciudadano, adjudica 1.046 por cada mutualista.
La directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva, que ha presentado el informe, ha lamentado esta “infrafinanciación” y ha reivindicado el modelo del mutualismo porque “aporta eficiencia” y sin él “se atragantaría” el SNS.
El 76 % de los funcionarios opta por el mutualismo.
Para el presidente de la Fundación IDIS, Juan Abarca, el mutualismo administrativo sufre “una crisis terrorífica” que ha dejado el modelo “temblando” y como “prueba”, ha continuado, “hay muchos mutualistas” que han optado por la sanidad pública por “una campaña perfectamente ideologizada”.
Preocupación por las listas de espera en la Pública
Durante su intervención, Abarca ha mostrado su preocupación por los datos de las listas de espera que publicó el pasado miércoles el Ministerio de Sanidad y que muestran que 846.583 pacientes esperaban a finales de 2024 a operarse en la sanidad pública, con un tiempo medio de 126 días y cerca de 4 millones aguardaban su primera consulta con el especialista, en cuyo caso la espera se prolongó hasta los 105 días.
Para el presidente de la Fundación IDIS estos datos muestran que el SNS se está “quedando obsoleto” en cuanto a accesibilidad y ha recordado que la privada es “un complemento que no se está utilizando”.
La entrada La sanidad privada realiza el 40 % de las intervenciones quirúrgicas en España se publicó primero en EFE Salud.
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