Ciencia y Salud
Así es el Plan antisuicidio: registro de datos, código de riesgo y autopsias psicológicas

“Cada una de las 11 muertes diarias en España representan una tragedia que nos exige una reflexión como sociedad sobre las cotas de sufrimiento y de desesperanza que son cada vez más altas y frecuentes”, ha destacado en la rueda de prensa de presentación del plan antisuicidio la ministra de Sanidad, Mónica García.
A lo largo de seis objetivos y 40 acciones, el documento, actualmente en desarrollo, tendrá como “elemento central” un grupo motor compuesto de investigadores, supervivientes, medios de comunicación, servicios de emergencias, policía, bomberos, profesionales en sociología, infancia, atención primaria y salud mental para darle un “enfoque integral y transversal”, ha destacado en su presentación la comisionada de Salud Mental, Belén González.
El próximo 18 de septiembre, el texto que salga del Ministerio y este grupo será presentado en el Comité Institucional de la Estrategia de Salud Mental, en el que están representadas las comunidades, donde se consensuará el documento final que será elevado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Sanidad confía así en que el plan antisuicidio “esté disponible para 2025 y que cuente con financiación por parte del Ministerio de Sanidad”, ha señalado Belén González, que no ha podido especificar la partida con la que contará.
Plan antisuicidio: mayores y menores, la prioridad
La primera de las metas será la de potenciar los sistemas de información respecto a la conducta suicida mediante un observatorio específico y la promoción de un registro con el que mejorar su vigilancia epidemiológica.
Se constituirá un grupo de trabajo sobre datos de suicidio, que incluye la participación del INE, Sanidad y Justicia, el Instituto de Investigaciones Carlos III y otras entidades, que “trabajará en la recopilación y análisis de datos fundamentales para entender mejor la situación”.
El plan pone el foco en situaciones de vulnerabilidad e identifica a los menores y a las personas mayores como poblaciones “sobre las que hay que incidir prioritariamente” porque las mayores tasas se registran a partir de los 80 años, con incrementos de hasta un 93,4 % en mayores de 95.
“Nos preocupan especialmente las zonas rurales y aisladas. Por eso este área aborda iniciativas para paliar situaciones como las de la soledad no deseada y promueve la generación de infraestructuras comunitarias y sociales que aseguren el vínculo social esencial”, ha enfatizado.
Asimismo, incluye medidas específicas para la prevención en personas LGTBIQ+, pues las personas trans tienen una tasa hasta 3,5 veces más alta.
Igualmente, el fenómeno está “atravesado por la desigualdad social”: de los 4.215 suicidios de 2022, un tercio tenían la primera etapa completa de educación secundaria.
La ministra de Sanidad, Mónica García, junto a la Comisionada de Salud Mental, Belén González (d), durante la presentación del Plan de Prevención del Suicidio/EFE/Javier Lizón
Plan antisuicidio: conducta suicida dentro de prevención de riesgos laborales
El cuarto de los objetivos es el de incorporar la prevención en todas las políticas públicas, introduciendo mecanismos de coordinación con servicios y recursos sociales o promoviendo la integración de la atención a la conducta suicida dentro de la asistencia sanitaria a la salud mental en el ámbito penitenciario.
También aspira a considerar la conducta suicida como parte integral de la prevención de riesgos laborales y fomentar la realización de autopsias psicológicas en los casos o sospechas de suicidio.
Desde el abordaje sanitario, el plan fomentará el intercambio de experiencias y buenas prácticas, mejorará la dotación de recursos en las urgencias de los hospitales e implementará un código de riesgo de suicidio que garantice un proceso integrado de detección y abordaje.
Asimismo, incluirá programas para la asistencia urgente y la continuidad asistencial de las personas con conducta suicida y de soporte temporal alternativos a la hospitalización en unidades psiquiátricas, favorecerá medidas de apoyo a supervivientes e introducirá protocolos de rescate.
Por último, el sexto objetivo del plan antisuicidio presentado por el Ministerio de Sanidad es lograr un enfoque integral promoviendo la participación de supervivientes en el diseño, intervención y evaluación en todas las políticas sanitarias o mejorar la coordinación del 024 con otros teléfonos de las comunidades.
El 024 recibe más de 300.000 llamadas desde 2022
Desde que se pusiera en marcha en mayo de 2022, el 024 de atención a la conducta suicida ha atendido un total de 306.614 llamadas, la mayor parte efectuadas por mujeres y personas del grupo de edad de 50 a 59 años, y ha derivado más de 16.000 (el 5,2 %) al 112 por ser de alto riesgo.
Paralelamente, el chat online que arrancó en junio de 2023 ha asistido un total de 10.665 mensajes, una media de 1.800 al mes, de los que el 40 % fue identificado como de riesgo medio, ha desgranado la comisionada de Salud Mental, Belén González, en la rueda de prensa.
En el caso del chat, la cifra de hombres y mujeres que lo utilizan es similar, pero el grupo de edad que más lo usa es el de entre 20 y 29 años.
Mientras, el servicio telefónico ha atendido 306.614 llamadas, 97.449 de ellas este 2024; en los últimos meses, la cifra mensual se ha mantenido estable en unas 12.000 asistencias, con un pico máximo de 13.193 en julio, según se desprende de los informes del Ministerio.
Del total, especificaron su sexo el 73 % de los usuarios; de ellos, el 39,8 % eran mujeres y el 33,5 %, hombres. Por grupos de edad, uno de cada cuatro (25,1 %) tenían entre 50 y 59 años.
Bajan las llamadas a Toxicología
El año pasado 3.952 personas se quitaron la vida, un 6,5 % menos que un año antes, según los datos provisionales del INE; los suicidios bajaron así por primera vez en cinco años y volvían a ser la segunda causa de muerte externa tras haber desbancado un año antes a las caídas accidentales.
Del mismo modo, las cifras provisionales del Servicio de Información Toxicológica (SIT) han experimentado un descenso de las consultas de las casi 7.000 de un año antes a 5.326.
“Tendremos que estudiar pormenorizadamente si están relacionadas unas cifras con otras, pero desde luego es una buena noticia”, ha valorado el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, en esta presentación.
La mayor parte son intoxicaciones medicamentosas, que suponen el 85,2 %; dentro de ellas, el 82,6 % fueron por ingesta de psicofármacos.
Estos medicamentos estaban además presentes en la sangre de más de la mitad de las personas que se quitaron la vida en 2023, y aunque eso no quiere decir necesariamente que murieran por ello, dada la “facilidad” de acceso a benzodiacepinas, ansiolíticos y otros psicofármacos, sí que sería necesario “hacer estudios más completos y más profundos” sobre esta cuestión, ha apelado el número dos de Justicia.
La ministra de Sanidad, Mónica García, y el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, durante la presentación del Plan de Prevención del Suicidio/EFE/Javier Lizón
Solo el 23 % fueron atendidos por un especialista
Otra de las cifras que preocupan es la incidencia de las intoxicaciones en niños y adolescentes: el año pasado fueron 735, un 35 % menos que en 2022, pero una cifra aún “relevante”.
El 40 % eran chicos, un perfil que se invierte en el caso de los suicidios consumados: hay 3 varones que pierden la vida por causa de suicidio frente a cada mujer, con edades comprendidas entre los 40 y 70 años sobre todo.
De las personas que se suicidaron el año pasado, solo el 23 % habían sido atendidas por un especialista en salud mental y, entre quienes lo intentaron, únicamente el 19 % recibieron algún tipo de atención.
“Tenemos que poner en valor todos estos datos para emprender políticas más eficaces en la prevención, pero también en la posvención, es decir, en la intervención que se realiza con las personas que se quedan después del suicidio” porque se trata, ha enfatizado Olmedo, de “una situación complejísima marcada por la culpabilidad, por la estigmatización, por el tabú de hablar del suicidio. Aquello de lo que no hablamos, no existe”.
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Ciencia y Salud
Las ONG del sector sanitario cargan contra el «oportunismo» de los «lobbies» farmacéuticos

Bruselas (Euractiv.com/.es) – Los pesos pesados de la industria farmacéutica europea han intensificado su presión a Bruselas desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las amenazó con imponerles aranceles aunque, en realidad, esa circunstancia ha reforzado la petición del sector a las instituciones de la Unión Europea (UE) para que reduzcan la carga burocrática.
La presión de la industria farmacéutica y de lobbies como el grupo europeo EFPIA se ha redoblado desde que Trump, anunciara la semana pasada una investigación sobre las importaciones farmacéuticas, una medida que podría allanar el camino para futuros aranceles al sector.
La semana pasada, 32 consejeros delegados (CEO) de la industria farmacéutica europea enviaron una carta abierta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instándola a tomar medidas rápidas y audaces para evitar un «éxodo» de la industria a Estados Unidos.
La plataforma paneuropea EFPIA hizo lo propio.
La suiza Roche anunció el pasado martes que invertirá 50.000 millones de dólares en Estados Unidos en los próximos cinco años.
Sin embargo, algunas ONG han advertido de que no deberían tomarse demasiado en serio las amenazas de la EFPIA, y sugieren que ese grupo de presión y otras empresas están aprovechando la oportunidad para reiterar sus viejas exigencias para reforzar las disposiciones sobre propiedad intelectual farmacéutica y acortar los periodos de reglamentación.
«El ultimátum de la EFPIA se aprovecha del caos arancelario de la administración Trump y está diseñado para presionar a la UE para que adopte políticas contrarias al interés público fuera de su lista de deseos», se afirma en la carta, firmada, entre otros, por las ONG Health Action International, Medicines Law and Policy y Public Citizen.
Las ONG argumentan que, en realidad, trasladar la producción farmacéutica puede llevar de tres a diez años y costaría miles de millones de dólares.
«Incluso entonces, los productos farmacéuticos dependen de materiales procedentes de muchos países diferentes, lo que hace aún más difícil deslocalizar toda la producción para evitar duros aranceles», añaden.
Un estudio publicado el pasado viernes muestra que Estados Unidos depende de la fabricación europea de ingredientes farmacéuticos para el 43% de los productos de marca.
En la carta también se señala que el gobierno estadounidense es «cada vez más hostil» a las prácticas médicas y de salud pública establecidas, lo que podría afectar a sus oportunidades de negocio.
Oliver Hoedeman, director del observatorio Corporate Europe Observatory, escribió en Bluesky que «la intimidación arancelaria parece estar radicalizando el apetito desregulador de la Comisión Europea».
Grandes multinacionales del sector, entre ellas Novartis, piden que la UE proteja su «soberanía sanitaria», y advierten de que las actuales políticas comunitarias son «perjudiciales» para los pacientes.
Ancel-la Santos, responsable de política sanitaria de la plataforma europea de consumidores BEUC, asegura que la revisión de la legislación farmacéutica de la UE «brinda la oportunidad de encontrar un mejor equilibrio entre innovación y asequibilidad».
«Eso no sólo se puede lograr reduciendo la duración de los monopolios de las empresas para permitir una competencia más temprana de los genéricos , sino también permitiéndoles ampliar esas protecciones sólo si cumplen algunos objetivos», añade.
A principios de abril, representantes de las farmacéuticas se reunieron con von der Leyen en un primer «diálogo estratégico» para negociar una respuesta a los posibles aranceles de Trump al sector.
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(Editado por AW/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Ciencia y Salud
La Comisión de Sanidad de la Eurocámara pisa el acelerador, con más de 15 expedientes clave

Bruselas (Euractiv.com/.es) – La Comisión de Sanidad del Parlamento Europeo (SANT) tiene previsto trabajar en más de 15 asuntos relevantes durante su mandato, además de en los expedientes clave, entre ellos el paquete farmacéutico o la Ley de Medicamentos Esenciales, según el borrador del programa de trabajo al cual ha tenido acceso Euractiv.
El borrador del programa, que tiene que ser aprobado en la próxima reunión de los coordinadores de los grupos políticos, señala que los miembros de SANT tienen previsto publicar varios informes sobre la modernización de las normas para la asistencia sanitaria transfronteriza, un plan de la UE para las enfermedades raras y una estrategia global para la salud de la mujer, entre otros asuntos.
El programa prevé además transformar el estudio de aplicación del Plan de la UE para vencer al cáncer en un informe completo.
Otro informe se centrará en las enfermedades cardiovasculares, con apoyo de un grupo de trabajo de 16 eurodiputados creado el miércoles de esta semana.
Por otro lado, proseguirán los trabajos del informe sobre biotecnología y ciencias de la vida.
La Comisión Europea anunció, tras varios retrasos, que en el tercer trimestre de 2026 se presentará una propuesta legislativa sobre ese tema.
En los próximos meses se presentarán otros informes, entre ellos uno sobre una estrategia europea para la salud neurológica, según el documento.
Por otra parte, se preparará un informe sobre salud mental, en el que la comisión SANT quiere poner el acento en la investigación sobre ese problema en los adolescentes y su relación con las redes sociales.
Por otra parte, está prevista la publicación de un informe centrado en un plan de crisis para el personal sanitario de la UE. En él se abordará la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, así como las condiciones de empleo y trabajo en el sector.
Está previsto que SANT elabore un informe sobre la aplicación de la Recomendación del Consejo sobre la intensificación de la lucha de la UE contra la resistencia a los organismos antimicrobianos (RAM) en el marco del programa «Una sola salud».
Además, la Comisión SANT intensificará su cooperación con la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento (ENVI) acerca de las repercusiones para la salud de las partículas finas.
Los miembros de SANT podrían además colaborar con la Comisión de Industria (ITRE) en la controvertida Ley de Medicamentos Esenciales.
Aunque el texto aún no figura en el programa oficial, será uno de los expedientes más importantes de la legislatura.
Por otra parte, hay varias negociaciones en curso entre SANT -designada como comisión principal- e ITRE, que hace hincapié en el aspecto industrial de la legislación y busca la responsabilidad compartida.
La cuestión se decidirá en la próxima Conferencia de Presidentes de los grupos políticos, prevista para el 30 de abril.
Según la información recabada por Euractiv, el expediente podría repartirse entre las dos comisiones.
El paquete farmacéutico también ocupará un lugar central en las actividades de SANT.
El Consejo de la UE aún debe adoptar una posición antes de que puedan comenzar las negociaciones interinstitucionales.
Pero el Parlamento Europeo ya se ha posicionado en ese expediente, y está previsto que el mandato para iniciar las negociaciones se apruebe en la próxima sesión de SANT a principios de mayo.
Aunque varios eurodiputados han presionado en los últimos meses para que la Comisión Europea revise la legislación sobre productos del tabaco y fiscalidad, el asunto no se menciona en el programa de trabajo.
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(Editado por EPD/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Ciencia y Salud
La sanidad privada realiza el 40 % de las intervenciones quirúrgicas en España

Estos datos se recogen en la décimoquinta edición del “Observatorio del sector sanitario privado 2025” que elabora la Fundación IDIS con el fin de hacer una radiografía de la sanidad privada en España y su aportación al Sistema Nacional de Salud (SNS).
El 26 % tiene seguro privado
El documento señala que el número total de ciudadanos que tienen un seguro de salud asciende 12,6 millones (de los que el 13 % son mutualistas) lo que supone que el 26 % de la población en España cuenta con seguro médico privado, un 1,6 % más que el año anterior.
Y las compañías se gastan una media de 672 euros en la asistencia sanitaria de cada asegurado: en total 7.368 millones de euros.
Madrid es la comunidad que cuenta con más asegurados (el 37,5 % de sus ciudadanos), seguida de la de Cataluña (31,8 %) y de Baleares (30,8 %).

El gasto sanitario privado, el 2,5 % del PIB
El informe muestra que el gasto sanitario privado suma 34.056 millones de euros, lo que representa el 26 % del total y el 2,5 % de PIB, mientras que el sociosanitario privado es de 7.157 millones (el 0,52 % del PIB).
Además, hay un 0,67 % del PIB que corresponde al gasto público destinado a la provisión privada, lo que significa una representación del 3,17 %.
431 hospitales privados
En España hay 431 hospitales privados (el 56 % del total), mientras que en 2021 había 438; en cuanto al número de camas, es de 49.837, por las 50.574 que había en 2021.
Cataluña es la comunidad con más hospitales privados (135), la siguen Andalucía (59), Madrid (48) y Canarias, con 24.
La contribución “significativa” al SNS
El informe pone de manifiesto que la contribución de la sanidad privada en España al SNS es “significativa”, especialmente a través de los conciertos sustitutorios y los centros que forman parte de la red hospitalaria de utilización pública (RHUP).
Estos acuerdos, abunda el documento, “permiten al sector privado complementar al público, aliviando la presión sobre los servicios públicos y facilitando un acceso más amplio y eficiente a la atención sanitaria”.
Así, la sanidad privada en España registró el 29,7 % de las altas totales, atendió el 33,6 % de las urgencias e hizo el 41,6 % de las intervenciones quirúrgicas.

El 31 % de esos hospitales tienen concierto con la sanidad pública, el 22 %, de la Red hospitalaria de utilización pública de Cataluña y el 20 %, de otras comunidades autónomas.
La sanidad privada emplea a 309.591 profesionales, de los que 71.206 son médicos y 77.398, enfermeros.
Salud mental y residencias
Asimismo, el sector sanitario privado concentra el 70 % de los hospitales especializados en salud mental y tratamiento de adicciones, y el 51 % de los centros de salud mental.
Y de las 7.157 residencias que hay en España, 3.904 son privadas (el 73,6 % de las plazas).
La sanidad privada participa en 1.110 ensayos clínicos, con una tasa de reclutamiento del 65 %.
El modelo mutualista
El documento también recoge la aportación del mutualismo al SNS y señala que mientras la sanidad pública destina 1.823 euros por cada ciudadano, adjudica 1.046 por cada mutualista.
La directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva, que ha presentado el informe, ha lamentado esta “infrafinanciación” y ha reivindicado el modelo del mutualismo porque “aporta eficiencia” y sin él “se atragantaría” el SNS.

El 76 % de los funcionarios opta por el mutualismo.
Para el presidente de la Fundación IDIS, Juan Abarca, el mutualismo administrativo sufre “una crisis terrorífica” que ha dejado el modelo “temblando” y como “prueba”, ha continuado, “hay muchos mutualistas” que han optado por la sanidad pública por “una campaña perfectamente ideologizada”.
Preocupación por las listas de espera en la Pública
Durante su intervención, Abarca ha mostrado su preocupación por los datos de las listas de espera que publicó el pasado miércoles el Ministerio de Sanidad y que muestran que 846.583 pacientes esperaban a finales de 2024 a operarse en la sanidad pública, con un tiempo medio de 126 días y cerca de 4 millones aguardaban su primera consulta con el especialista, en cuyo caso la espera se prolongó hasta los 105 días.
Para el presidente de la Fundación IDIS estos datos muestran que el SNS se está “quedando obsoleto” en cuanto a accesibilidad y ha recordado que la privada es “un complemento que no se está utilizando”.
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