La resolución estima parcialmente la demanda interpuesta por la prensa online, que consideraba que la publicidad comportamental que hace Meta utilizaba indebidamente datos personales protegidos de los usuarios de Facebook e Instagram, lo que le daba una ventaja competitiva significativa frente al tratamiento publicitario que hace la prensa digital española.

La sentencia se fundamenta en el artículo 15.1 de la Ley de Competencia Desleal (LCD), que considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes, en este caso, mediante la infracción del reglamento comunitario.

Meta, cuando entró en vigor la norma de la UE, cambió de la base legal del consentimiento del usuario a la base legal de la necesidad de ejecución del contrato. Según el reglamento, la base legal es lo que permite tratar los datos personales de los usuarios de Facebook e Instagram de forma lícita. Si la base legal es inadecuada, deviene ilícito el tratamiento de los datos personales de los usuarios para realizar publicidad comportamental que Meta vende a los anunciantes.

Por tal motivo, Meta fue sancionada por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda en diciembre de 2022. En cambio, la sentencia apunta que si en vez de abandonar la base legal del consentimiento del usuario la hubiera mantenido, Meta habría evitado la infracción y demandas como la interpuesta por la prensa digital española no podrían prosperar.

Según el juzgado madrileño, Meta Irlanda, sede de Meta España, no ha aportado al procedimiento las cuentas de su negocio en España. El magistrado ha aplicado las reglas de la carga de la prueba y ha corroborado los datos que sostenía la prensa digital española, llegando a la conclusión de que, durante los cinco años que duró la infracción, Meta había ganado en España con el negocio de la publicidad on line más de 5.281 millones de euros.

El magistrado presume que la cantidad ganada fue mayor por que, de haber sido inferior, Meta hubiera presentado en el procedimiento las cuentas de su negocio en España. A su juicio, los más de 5.281 millones de euros que Meta ganó en España durante los cinco años que van de mayo de 2018, cuando entró en vigor el reglamento, hasta agosto de 2023 (fecha en que Meta cambia a la base legal del consentimiento del usuario) han sido obtenidos con infracción del RGPD, lo que ha supuesto para Meta una ventaja competitiva frente a la prensa digital española en el mercado publicitario español.

Reparto entre los competidores

La sentencia determina que el dinero ganado por Meta con infracción del RGPD debe repartirse entre el resto de los competidores del mercado publicitario español, entre ellos, a la prensa digital española.

El magistrado ha tomado del «Estudio sobre las condiciones de competencia en el sector de la publicidad online en España», de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), datos y criterios para calcular la indemnización. Considera que con los datos reales utilizados para ese cálculo pueden acreditarse los perjuicios causados a la prensa digital española con «una razonable verosimilitud», requisito imprescindible para que prospere la reclamación económica de las editoras agrupadas en AMI: ganancias dejadas de obtener a consecuencia de la actuación de Meta.

La resolución, que todavía no es firme, podría marcar, según el juzgado, un precedente relevante en el sector publicitario español, puesto que la publicidad que ofrecía la prensa digital española tenía que competir con la publicidad comportamental de Meta, efectuada a partir de la infracción en el tratamiento de millones de datos personales de millones de usuarios de Facebook e Instagram obtenidos no sólo de las páginas webs de Meta, sino de otras páginas de internet por las que navegaban los usuarios.

Ventaja competitiva

El tratamiento ilícito de esta enorme cantidad de datos personales supuso para Meta una ventaja competitiva que la prensa digital española no podía igualar. La actuación de Meta repercutió negativamente en los ingresos por publicidad on line en display (la que  aparece cuando se lee gratuitamente una noticia de prensa en un periódico digital) de la prensa digital española, que sufrió una pérdida de ingresos en publicidad digital.

El fallo tiene también una importante repercusión transfronteriza, ya que los servicios de Instagram y Facebook se prestan de la misma forma en todo el ámbito de la UE y vienen sometidos a la misma legislación: el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). En Francia ya se está tramitando una demanda contra Meta de características parecidas. La sentencia tiene en cuenta esta repercusión transfronteriza con una abundante cita de la legislación y la jurisprudencia europea aplicable al caso.

Por su parte, Meta tiene la posibilidad de interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, donde podría cuestionar tanto la valoración probatoria como el método de cálculo de la indemnización.

La sentencia está en la línea de la Resolución del Parlamento Europeo de 25 de octubre de 2018, que puso de manifiesto que la legislación en materia de competencia estaba llamada a desempeñar un papel fundamental en el control de los excesos que puedan cometerse con el tratamiento ilícito de los datos personales y el enorme poder informativo y económico que tienen los gigantes tecnológicos.