Mundo Economía
PP y PSOE respaldan en Bruselas a las cooperativas frente a la pérdida de «apoyo» en las futuras cuentas de la Unión Europea
Bruselas (Servimedia)- Los máximos representantes de organizaciones del sector de la economía social, de las cooperativas y las eurodiputadas españolas Dolors Montserrat (PP) y Leire Pajín (PSOE) coincidieron este miércoles en mostrar su «preocupación» por la pérdida de apoyo que «sufre» la economía social y el ámbito de las cooperativas en el proyecto de presupuestos que ha presentado la Comisión Europea para el período 2028-2034.
Así se puso de relieve durante el diálogo «Las cooperativas construyen un mundo mejor», organizado por Servimedia en Bruselas, en la sede del periódico Euractiv, con la colaboración de Bidafarma, cuyo presidente, Antonio Mingorance, puso en valor la aportación de las cooperativas en el sector farmacéutico, con el 85% de la distribución en manos de este tipo de empresas de economía social.
El acto fue inaugurado por la vicepresidenta ejecutiva de Derechos Sociales y Competencias, Empleo de Calidad y Preparación de la Comisión Europea, Roxana Mînzatu, quien anunció a través de un vídeo que cabe «esperar más noticias a principios del próximo año» que redundarán en favor de las cooperativas en la Unión Europea, que partirán de la revisión de las Directivas de Contratación Pública y del Marco de Ayudas Estatales.
Preocupación compartida
El presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) y de Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño, advirtió de la «preocupación» que les ha generado el Marco Financiero Plurianual planteado por la Comisión Europea para el período 2028-2034 por la pérdida de apoyo que supone para la economía social, con lo que ello acarrea de alejar «el foco» del objetivo de la «autonomía estratégica» que busca la UE.
A su juicio, esto contrasta con la aportación de las empresas de economía social, que han demostrado que «han estado ahí en los momentos de crisis» y han evitado la destrucción de puestos de trabajo. De hecho, argumentó que los valores que defienden contribuyen a la «preservación de la democracia» en los Estados miembros.
«Somos un modelo empresarial que está dando respuesta a la vivienda, al sector de los cuidados, a la propia educación, a la energía… en definitiva, a los sectores prioritarios que en este momento necesita Europa», ahondó Pedreño, quien exigió que haya un grupo de personas que contribuyan a dar «prioridad» a las políticas de economía social.
El presidente de Cooperativas Europa y vicepresidente de Social Economy Europe, Giuseppe Guerini, avaló la inquietud de Pedreño y añadió que la Comisión Europea ha tenido en cuenta de forma excesiva la posición de los gobiernos de los países más antieuropeos a la hora de elaborar el presupuesto, «en un momento en el que tenemos la necesidad de una Europa más fuerte y unida, capaz de trabajar por las personas».
Para el presidente de Cepes, el nuevo marco presupuestario recoge una flexibilidad malentendida, puesto que da margen a los gobiernos para emplear fondos en materias diferentes a las que se piensa inicialmente, emulando más los fondos Next Generation puestos en marcha tras la pandemia que el sistema presupuestario actual.
Empieza la batalla
Esta reivindicación fue recogida por la portavoz del Grupo Popular Europeo, Dolors Montserrat, quien asumió que «ahora empieza la batalla del presupuesto», cuya negociación puede durar más de un año en el seno de la UE. «No estamos de acuerdo con este presupuesto», lanzó Montserrat sobre la propuesta del próximo Marco Financiero Plurianual formulada por la Comisión Europea.
En su opinión, el nuevo presupuesto debe tener tres ejes clave, que son la defensa, la competitividad y la lucha contra la desigualdad para «no dejar a nadie atrás». Eso sí, precisó que invertir en defensa no es gastar «en la guerra, sino al contrario, para mantener nuestra paz, nuestra seguridad y nuestras democracias liberales en Europa».
En lo referido a la lucha contra la desigualdad, subrayó que se incluyen, sobre todo, los fondos regionales, porque las comunidades autónomas ejecutan buena parte de las políticas sociales. Al tiempo, afirmó que no se puede «desertificar» el mundo rural, especialmente en países como España, en los que el sector del campo tiene tanto peso. No en vano, atribuyó al «éxito» de la Política Agraria Común (PAC) que en los peores momentos de la pandemia no hubiera desabastecimiento de productos básicos en los hogares españoles.
«Vamos a dar la batalla para que este presupuesto tenga el balance completo de seguridad, defensa, competitividad, empleo de calidad y fondos regionales», prometió Montserrat, porque la economía social es muy relevante en Europa, en tanto que da empleo a unos 11 millones de personas (2,5 millones solo en España).
En este punto, aclaró que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se sienta en el Consejo Europeo y, en consecuencia, quien afronta «esas negociaciones tan largas». «No se tiene que levantar de la silla, como hicieron Aznar y Rajoy, que jamás se levantaron de la silla de las negociaciones hasta que no llegaron a España con el dinero que necesitaba para los tres pilares», exhortó.
Gasto social
La secretaria general del PSOE en el Parlamento Europeo, Leire Pajín, orilló las alusiones al gasto en defensa, al alza por el actual contexto geopolítico en la UE, y se centró en resaltar la «absoluta prioridad» que supone para los socialistas la inversión en políticas sociales, innovación y servicios públicos. Asimismo, manifestó que ensalzar la economía social y el cooperativismo no solo es una cuestión de «palabras», sino de hacer que se sienten en todos los foros de interlocución política en los que se tratan cuestiones que afectan a sus intereses.
Igualmente, cargó contra la propuesta presupuestaria de la Comisión Europea, en tanto que, con ella, «Europa no puede cumplir ninguno de los objetivos que se ha marcado: ni la autonomía estratégica ni mucho menos el crecimiento económico social, por no hablar de la lucha contra las desigualdades». «Es un presupuesto que va en la dirección contraria de lo que habíamos dicho. Por eso nos hemos opuesto frontalmente a este presupuesto y por eso vamos a dar la batalla en todos los sectores», se movilizó Pajín.
En su alocución, apremió a «cuidar» también a los ciudadanos de otras zonas diferentes a Europa, como América Latina y África, dado que la pandemia evidenció que de lo contrario, la población del ‘viejo continente’ tampoco puede estar segura realmente. «Para nosotros, el concepto de seguridad es un concepto muy amplio, donde, de nuevo, el pilar social y la inversión pública son absolutamente fundamentales».
Estas tesis fueron apuntaladas en una intervención telemática por la presidenta de los socialistas europeos, Iratxe García, quien recordó que este 2025 es el Año Internacional de las Cooperativas y, como los demás intervinientes, situó a España como «referente mundial» en economía social.
Asimismo, hizo hincapié en la fortaleza del cooperativismo farmacéutico, que estuvo detrás de que en la pandemia se mantuviera el abastecimiento de los medicamentos en España. «Hoy, más que nunca, la farmacia y las cooperativas farmacéuticas son esenciales para nuestra autonomía estratégica europea, reduciendo dependencias externas y garantizando que Europa pueda proteger para que Europa siga siendo el líder en materias críticas, como vacunas, medicamentos esenciales o tecnologías sanitarias», alabó.
Falta de visibilidad
Junto a los presupuestos comunitarios, el otro gran asunto de análisis en la jornada fue la «falta de visibilidad» de la que se quejaron los representantes de la economía social que participaron en la mesa redonda. Así, el presidente de Cepes, la patronal española de la economía social, reclamó a las instituciones comunitarias que contribuyan a revertir la «falta de visibilidad» que todavía sufre la economía social: «Lo que no se conoce no se valora y lo que no se mide no existe».
Esta idea fue reforzada por los presidentes de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud y de Bidafarma, Carlos Zarco y Antonio Mingorance, respectivamente pues, según este último, «tenemos la obligación de dar a conocer lo que hacemos» pues lo que no se explica no se conoce en la sociedad. «Si no lo contamos, no lo saben», aseveró.
En este sentido, Mingorance resaltó la apuesta que realizan desde las farmacias cooperativas por el arraigo territorial en zonas rurales y comentó que no reparten dividendos en Bidafarma, sino que los beneficios los reinvierten en su «fin social», que es «servir a las farmacias» y en la mejora de aspectos como la «gobernanza democrática» de esta organización. «Las farmacias más pequeñas tienen la misma capacidad de voto que las grandes», se enorgulleció.
Al hilo, Dolors Montserrat discrepó y señaló que ella procede del mundo rural, donde considera que la ciudadanía sí es muy consciente de lo que aportan las cooperativas en múltiples ámbitos, incluido el sector de la farmacia. «Yo tengo una visión más pegada al suelo. Está muy bien todo esto de la política, pero yo creo que los que nos tenemos que empezar a creer lo que somos, somos las propias cooperativas», repuso Carlos Zarco.
Explicó que en el ámbito de la salud todavía tienen una participación modesta, pero proclamó que compiten con las empresas ordinarias en todos los ámbitos de la economía y que las cooperativas tienen en su ADN los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). «Nos tenemos que reivindicar», sentenció.
Finalmente, instó a las autoridades públicas a promover en la enseñanza la difusión de lo que supone el modelo cooperativo, poniendo como ejemplo que a él nadie le habló en la carrera de Medicina de este tipo de estructura empresarial. Con todo, se mostró consciente de que la economía social precisa de apoyo desde las instituciones, aunque «son malos tiempo para la lírica», en alusión a que hay otras prioridades más perentorias como la defensa.
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(Editado por DMM/pai)
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El sector pesquero europeo pide ayudas a Bruselas para facilitar la transición energética
Bruselas/Madrid (Servimedia) – La patronal europea de armadores de pesca, Europeche, ha pedido a la Comisión Europea, junto a organizaciones de empresas de astilleros y otras industrias relacionadas con el mar, un trato más favorable en regulación y subsidios, para facilitar la transición energética del sector pesquero, según informa Servimedia, socio de Euractiv.
Lo han hecho en una reunión con el comisario de pesca, Costas Kadis, en la que asistieron representantes de Europeche, de la que forma parte la española Cepesca, así como miembros de SEA Europe, Copa-Cogeca, la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) y la Asociación Europea de Organizaciones de Productores (EAPO).
En un comunicado, estas entidades defienden que la Comisión Europea «actúe de manera urgente para desbloquear la transición energética de la pesca», proceso que, a su juicio, «se ve frenado actualmente por las restricciones regulatorias de la UE, el acceso limitado a la financiación y la insuficiente certeza de la inversión».
Sostienen que esta transición requiere eliminar con urgencia los obstáculos regulatorios mediante un reglamento ómnibus, sin esperar a una reforma completa de la Política Pesquera Común (PPC).
También le expusieron al comisario la necesidad de acceso simplificado a una financiación adecuada de la UE para abordar las inversiones necesarias para la transición energética y la modernización de la flota, respaldado por un marco político estable capaz de restablecer la confianza de los inversores a largo plazo.
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(Editado por JRN/clc/Servimedia y Fernando Heller/Euractiv.es)
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La responsable de Comercio de la UE tranquiliza a los eurodiputados sobre la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur
Bruselas (Euractiv)- La responsable comercial de la UE está tratando de tranquilizar a los eurodiputados preocupados por la posibilidad de que el acuerdo UE-Mercosur se aplique antes de que el Parlamento Europeo haya tenido la oportunidad de votar sobre él, según correos electrónicos a los que ha tenido acceso Euractiv.
Como informó Euractiv la semana pasada, la Presidencia del Consejo retiró una declaración en la que se comprometía a esperar a la votación del Parlamento antes de la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur, que tiene una gran carga política. El Gobierno francés y varios eurodiputados han calificado esta medida de antidemocrática. Sin embargo, otros diplomáticos han argumentado que las declaraciones en las que se promete esperar al Parlamento no son una práctica habitual.
En virtud de los tratados, la UE puede aplicar provisionalmente el acuerdo con los países del Mercosur, sin esperar al Parlamento Europeo. Los eurodiputados seguirían conservando la facultad de votar sobre la celebración del acuerdo.
Sabine Weyand, directora general de Comercio y Seguridad Económica de la Comisión Europea, envió el lunes un correo electrónico a los eurodiputados, al que ha tenido acceso Euractiv, en el que explicaba que la aplicación provisional del acuerdo no sería automática tras su firma oficial el sábado en Paraguay. La funcionaria alemana afirmó que los países del Mercosur también tendrían que ratificar el acuerdo y notificarlo a la UE, un proceso que podría llevar tiempo.
«Dado que los procedimientos de ratificación llevan tiempo (y la UE no es una excepción), no tiene mucho sentido especular sobre cuándo estarán listos dichos procedimientos y las notificaciones resultantes por parte del Mercosur», escribió Weyand.
Obtener un rápido consentimiento
Weyand dijo que esperaba colaborar con el Parlamento para obtener un rápido consentimiento, «de modo que, por parte de la UE, estemos listos para empezar a aplicar el acuerdo tan pronto como uno o todos los Estados signatarios del Mercosur hayan notificado que están en condiciones de hacerlo».
En un correo electrónico del 25 de noviembre enviado al presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento, Bernd Lange, y al eurodiputado responsable del Mercosur, Gabriel Mato, al que ha tenido acceso Euractiv, la funcionaria afirmó que «no era intención de la Comisión» eludir al Parlamento, ya que ello «iría en contra del espíritu del Acuerdo Marco y de los repetidos compromisos del comisario de no proponer la aplicación provisional antes de la aprobación».
Recalibrar el equilibrio de poderes entre el Parlamento y la Comisión
El acuerdo marco es un acuerdo alcanzado el año pasado entre el Parlamento y la Comisión para recalibrar el equilibrio de poderes entre ambos, que aún no ha sido ratificado ni aplicado plenamente.
En el correo electrónico de noviembre, Weyand afirmó que, siguiendo el consejo del servicio jurídico del Consejo, se había añadido a la decisión una disposición que permitía la rápida aplicación del acuerdo tras su firma, aunque, según Weyand, de forma involuntaria.
«Como resultado del traslado de la disposición al proyecto de decisión sobre la firma, la redacción revisada podría abrir involuntariamente la puerta a una posible aplicación provisional del acuerdo comercial provisional antes de la aprobación del Parlamento», escribió.
«Tras un nuevo debate y dada la delicadeza del asunto, el Consejo tomará en los próximos días nuevas medidas para modificar el proyecto de decisión sobre la firma, con el fin de aclarar que el artículo pertinente sobre la aplicación provisional solo pretende dar respuesta a la situación específica del Mercosur y no se aplicaría por parte de la UE antes de la aprobación», escribió Weyand.
Acuerdo comercial UE-Mercosur: algunos puntos clave
Bruselas (Euractiv.com/.es) – Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) aprobaron este viernes el controvertido…
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Finalmente, el Consejo decidió no aceptar los cambios y mantuvo la puerta abierta a la aplicación provisional.
Esta rápida aplicación del acuerdo podría cobrar mayor relevancia si los eurodiputados logran aprobar una resolución en la que se solicite un dictamen jurídico al máximo tribunal de la UE, una medida que suspendería el proceso de ratificación del acuerdo entre la UE y Mercosur.
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Con información de Alice Bergoend y María Simon Arboleas.
(Editado por adm, cm/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner (Euractiv.es)
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Acuerdo comercial UE-Mercosur: algunos puntos clave
Bruselas (Euractiv.com/.es) – Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) aprobaron este viernes el controvertido acuerdo comercial entre el bloque europeo y Mercosur, pero el camino no está exento de dificultades. Estos son algunos de los elementos clave del controvertido acuerdo que marcará el debate político en las próximas semanas.
Los países de la UE respaldan el acuerdo comercial con Mercosur
Bruselas (Euractiv)- Los embajadores de la UE respaldaron el acuerdo comercial entre la UE y…
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¿Qué es el acuerdo?
El Mercosur es un acuerdo comercial entre la Unión Europea y los cuatro países del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que juntos suman una población de alrededor de 295 millones de habitantes y el quinto PIB más grande del mundo.
El acuerdo eliminará gradualmente los aranceles a más del 90 % del comercio bilateral. Las negociaciones comenzaron en 1999 con un acuerdo inicial en 2019, aunque el acuerdo político no se alcanzó hasta diciembre de 2024.
¿Por qué ha tardado tanto?
El pacto ha sido siempre motivo de división entre los sectores económicos y los Estados miembro. Especialmente después de 2019, los cambios de gobierno y la evolución de los objetivos políticos en Europa y los países del Mercosur obligaron a los negociadores a buscar el momento más adecuado.
¿Qué incluye?
El acuerdo UE-Mercosur se divide en dos partes, cada una con un proceso de aprobación diferente. La primera es un acuerdo exclusivamente comercial: el Acuerdo Comercial Provisional (ACP). Es competencia exclusiva de la UE, lo cual significa que necesita la aprobación del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo para entrar en vigor.
La segunda es un acuerdo de asociación más amplio: el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur (AAEM). Incluye el comercio, pero también la inversión y la cooperación política. Debe ser ratificado por los parlamentos nacionales, un proceso que podría llevar años.
Los puntos de discordia
Los elementos más controvertidos están relacionados con el comercio. Para muchas industrias de la UE, el acuerdo es una clara victoria. Elimina los elevados aranceles a las exportaciones de la UE —incluidos los aranceles de hasta el 35 % a las piezas de automóvil y las bebidas alcohólicas— y levanta otras barreras comerciales.
Sin embargo, a cambio, la UE ha hecho concesiones a Argentina y Brasil, dos potencias agrícolas, al permitirles cuotas libres de aranceles para la carne de vacuno y de aves de corral, así como para otros productos «sensibles» como el arroz, la miel y el azúcar.
¿Por qué los agricultores lo rechazan?
Mientras que Buenos Aires y Brasilia consideran que las nuevas cuotas son modestas, muchos agricultores europeos temen verse «inundados» por productos del Mercosur.
#Mercosur avanza sin reciprocidad y con alto coste para el campo europeo.
Ahora el @Europarl_EN y los eurodiputados españoles tienen la responsabilidad de frenar un acuerdo que rompe la igualdad de reglas.
Sin reciprocidad, no hay comercio justo.#NOalMercosur…— Asaja Nacional (@AsajaNacional) January 9, 2026
Su preocupación es que los productores del Mercosur trabajan con normas laborales, de bienestar animal y medioambientales menos estrictas, mientras que los agricultores de la UE deben cumplir con regulaciones extensas y costosas, incluidas más restricciones sobre los pesticidas.
¿Qué ha hecho la UE para abordar este asunto?
Las asociaciones de agricultores y los ministros de Agricultura de la UE han presionado en reiteradas ocasiones durante los últimos años para que se incluyan salvaguardias y reciprocidad más estrictas en el acuerdo.
Desde entonces, se han abordado muchas de esas inquietudes. Las cláusulas de salvaguardia permitirán a la UE suspender las importaciones libres de aranceles de algunos productos si los mercados se ven sometidos a presión. Esas cláusulas se han endurecido en la última ronda de negociaciones entre los embajadores (Coreper) de los socios de la UE celebrada el lunes, según adelantó Euractiv.
La Comisión Europea ha reforzado los controles fronterizos para impedir la entrada de productos prohibidos en el bloque europeo y ha impulsado nuevas normas para prohibir las importaciones de cultivos tratados con pesticidas peligrosos vetados en la UE.
¿Por qué los Verdes y las ONG ecologistas lo rechazan?
Los grupos ecologistas y de izquierda rechazan el acuerdo, y han advertido de que podría impulsar la deforestación al fomentar una agricultura más intensiva y la extracción de recursos para la exportación. Los sectores más críticos temen que pueda socavar los derechos de las comunidades indígenas, muchas de las cuales se han pronunciado en contra del acuerdo.
El acuerdo se ha concretado al tiempo que grupos ecologistas y varios partidos políticos manifiestan su rechazo a los recientes cambios en la ley de deforestación de la UE. A esas inquietudes se suma el hecho de que los principales comerciantes de cereales brasileños se han retirado esta semana de un pacto destinado a proteger la Amazonia de la deforestación provocada por la soja.
¿Quién lo apoya?
Las industrias de la UE, desde la automoción y la maquinaria hasta los productos químicos y farmacéuticos, se beneficiarán de un mejor acceso al mercado del Mercosur. Alemania, la potencia automovilística de Europa, ha sido durante mucho tiempo uno de los principales defensores del acuerdo.
Los productores de alimentos y bebidas, más que los agricultores, también ven grandes oportunidades. Los exportadores prevén una creciente demanda de productos de mayor valor añadido, entre ellos el queso, el chocolate, el vino y las bebidas espirituosas.
El acuerdo también incluye una muy generosa lista de productos alimenticios y bebidas de la UE —alrededor de 340 en total— que protege de las imitaciones a productos emblemáticos como el queso manchego español o el champán francés.
Más allá de la necesaria diversificación que necesita la UE, en el marco de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, se considera estratégico estrechar los lazos geopolíticos con un bloque económico importante como es el Mercosur.
¿Qué pasos se darán ahora?
Está previsto que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firme el acuerdo en Paraguay, que actualmente ocupa la presidencia rotatoria del Mercosur, a finales de la próxima semana. La ceremonia, inicialmente prevista para el lunes 12, posiblemente se producirá después del miércoles debido a cuestiones logísticas.
Pero el proceso todavía no ha terminado.
Aunque el Parlamento Europeo no puede modificar el texto, ahora debe aprobarlo o rechazarlo. En ese sentido, se prevé que el debate sea reñido, ya que los eurodiputados votarán más en función de los intereses de sus países que de sus grupos políticos.
Antes de ese momento, los eurodiputados votarán si remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que emita un dictamen jurídico. La medida fue propuesta en noviembre por un grupo de 145 eurodiputados, pero fue bloqueada temporalmente , después de que los líderes de los grupos políticos del Parlamento Europeo alegaran la necesidad de esperar la decisión del Consejo sobre el acuerdo.
Si la impugnación ante el TJUE sale adelante, ello podría congelar el proceso de ratificación de la UE hasta que el alto Tribunal emita su dictamen. La votación podría tener lugar en la próxima sesión plenaria, que comienza el 19 de enero.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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