Berlín (Euractiv.de) – El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, de la formación conservadora CDU (PPE), ha reavivado las tensiones en el seno del gobierno del canciller, Friedrich Merz, tras afirmar que algunas zonas de Siria están demasiado devastadas para que puedan regresar a sus hogares los casi un millón de sirios que viven en Alemania.

«No pueden regresar a corto plazo. Yo personalmente no he visto una destrucción tan grande y tampoco podía imaginármela. No es posible que la gente viva aquí con verdadera dignidad», aseguró el ministro la semana pasada durante una visita a Harasta, un suburbio de Damasco devastado por la guerra.

Su comentario pareció contradecir la promesa de Merz de intensificar las repatriaciones en su intento de contrarrestar el creciente apoyo popular a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD/Patriotas por Europa), que aboga por la «reemigración» y lidera algunas encuestas de cara a las cinco elecciones estatales del próximo año.

Wadephul señaló que los sirios que viven en Alemania son libres de decidir su futuro y subrayó que aquellos que contribuyen a la sociedad son bienvenidos e invitados a quedarse en el país.

Por otro lado, aseguró que Berlín está en contacto con Damasco para organizar el retorno forzoso de delincuentes convictos.

Cerca de 951.406 ciudadanos sirios están registrados en Alemania, según cifras del gobierno, el tercer grupo de extranjeros más numeroso después de turcos y ucranianos.

La mayoría de ellos tienen permiso de residencia con un estatus de refugiados de guerra y perseguidos. Esta cifra no incluye a las personas que han obtenido la nacionalidad alemana. En total, viven en Alemania 1,3 millones de inmigrantes sirios.

El debate ha desviado la atención de la agenda reformista del Gobierno y ha agravado las diferencias tanto en la CDU como con su socio de coalición, el Partido Socialdemócrata, SPD, de centro-izquierda, que elogió las declaraciones de Wadephul. El debate se produce tras una reciente polémica sobre supuestos comentarios racistas de Merz al referirse a «este problema del aspecto de nuestras ciudades» en el contexto de la inmigración.

La disputa también ha avivado la confusión sobre cuáles son los planes del gobierno en materia de inmigración. Algunos funcionarios son partidarios de centrarse en la deportación de delincuentes, mientras que otros respaldan repatriaciones más amplias de jóvenes sirios cuyo estatuto de asilo es dudoso.

Otros han argumentado que los sirios tienen el deber patriótico de regresar voluntariamente y ayudar a reconstruir su país.

Hay un amplio consenso con la CDU en que las condiciones han cambiado desde la caída del gobierno de Bashar al-Assad el pasado diciembre y el fin de la guerra civil, aunque Siria sigue sumida en una crisis humanitaria.

Tras guardar silencio durante el fin de semana, Merz se pronunció este lunes sobre el asunto.

«Ahora ya no hay motivos para pedir asilo en Alemania y, por tanto, también podemos empezar con las repatriaciones», señaló.

Por otra parte, expresó su confianza en que muchos sirios regresen voluntariamente. «Sin estas personas, la reconstrucción no será posible. Aquellos que se encuentren en Alemania y se nieguen a regresar al país podrán, por supuesto, ser deportados también en un futuro próximo.», agregó.

Sin embargo, las restricciones legales dificultan los retornos forzosos. Para empezar a reducir esos obstáculos, Merz invitó esta semana a Berlín al presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, a una visita para debatir  un posible acuerdo sobre la deportación de ciudadanos sirios con antecedentes penales en Alemania.

A pesar de que cientos de miles de sirios han regresado a sus hogares desde Turquía, Líbano, Jordania, Egipto e Irak desde la caída de Assad, solo 4.000 sirios han regresado voluntariamente desde Alemania, según la cadena pública ARD. Berlín ofrece a los retornados un pago de 1.000 euros por persona o hasta 4.000 euros por familia.

Wadephul se enfrentó a nuevas críticas de sus compañeros de partido tras defender sus comentarios en una reunión parlamentaria de la CDU/CSU ayer martes.

El semanario Der Spiegel informó de que algunos diputados de la CDU pidieron su dimisión después de que dijera que la devastación que vio en Siria era peor que la de Alemania en 1945.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Sánchez pondrá rumbo a Brasil esta tarde para llegar mañana a la ciudad de Belém, donde se celebra la COP30, el mayor evento global sobre cambio climático, en el que participarán numerosos jefes de Estado y de Gobierno, aunque con algunas bajas como la de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen.

España es uno de los países más firmemente comprometidos con el cambio climático y, según explicaron fuentes gubernamentales, el presidente hablará en el plenario general de la cumbre y también participará en la primera sesión plenaria de la comisión sobre transición demográfica.

Sánchez expondrá tres grandes objetivos para acordar entre todos los países como son más propuestas que ayuden a mitigar el cambio climático; avanzar hacia la financiación climática y, por último, lograr un acuerdo sobre la agenda de adaptación, es decir, acordar entre todos una métrica para que se logren antes los avances en cuanto a la adaptación de los países respecto al cambio climático.

Además de estos tres grandes bloques, la cumbre se celebra en la ciudad de Belém porque el país anfitrión quiere poner especial énfasis en los planes contra la deforestación que afecta ya, no sólo a Brasil, sino a muchos países, entre ellos a España debido a los últimos incendios sufridos este verano y que arrasaron gran parte de entornos naturales como es el de Las Médulas en Castilla y León.

Fuentes de Moncloa insisten en el «alto grado de ambición» con el que se va a esta cumbre por parte del Ejecutivo porque, consideran que «solo en estos foros se puede lograr un acuerdo a nivel internacional con un alto grado de compromiso por parte de todos los países».

España, además, viene a esta cumbre con los deberes hechos, ya que cumple con los compromisos acordados en la última cumbre celebrada en Glasgow en 2021. Ahí, España se comprometió a incrementar la financiación climática para alcanzar los 1.350 millones de euros y fuentes del Gobierno señalan ahora que no sólo se ha superado, sino que el país se sitúa en una cifra alrededor de los 1.700 millones de euros.

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(Editado por NVR/gja/Servimedia)

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Bruselas (Euractiv.com) – Bélgica y Países Bajos han pedido a la Comisión Europea que el cumplimiento de las normas de Dublín sobre asilo sea una condición previa para recibir ayuda en el marco del nuevo plan de reparto de la carga migratoria, según se recoge en una carta enviada al comisario europeo de Migración, Magnus Brunner.

Las normas de Dublín establecen que el primer país de la Unión Europea (UE) en el que entra un solicitante de asilo es responsable de tramitar las solicitudes. Las normas han sido criticadas desde hace tiempo por imponer una carga demasiado pesada a los países de primera línea a los que llegan en primera instancia la mayoría de los inmigrantes.

El nuevo Pacto de Migración de la UE establece un sistema para compartir las responsabilidades en materia de asilo en todo el bloque mediante reubicaciones, contribuciones financieras o apoyo operativo.

El nuevo sistema permite a la Comisión Europea tener en cuenta cómo aplican los países las normas de Dublín a la hora de decidir quién debe recibir ayuda solidaria.

Exigencia de «pleno cumplimiento

En la carta, enviada a la Comisión el mes pasado, Bélgica y los Países Bajos reiteran que este vínculo debe mantenerse y aplicarse, e instan a Bruselas a hacer del pleno cumplimiento de Dublín un verdadero requisito previo para beneficiarse de la solidaridad de la UE.

Estaba previsto que el pasado mes de octubre la Comisión Europea publicara su primera evaluación sobre qué países de la UE se enfrentan a una mayor presión migratoria y quién debe hacer qué en virtud del nuevo «fondo de solidaridad» .

Sin embargo, la publicación del informe se ha retrasado.

«El pleno cumplimiento del sistema de Dublín es un requisito previo», escribieron la ministra belga de Migración, Anneleen Van Bossuyt, y el ministro holandés de Migración, David van Weel, al tiempo que añadieron que «la solidaridad debe ir de la mano de la responsabilidad».

Tensiones Norte-Sur

La iniciativa belgo-holandesa  podría reavivar las viejas tensiones norte-sur que dominaron las conversaciones sobre migración durante años.

Países como Italia y Grecia, que sufren al igual que España las oleadas migratorias en el Mediterráneo, llevan mucho tiempo luchando por llevar a cabo las «devoluciones» en el marco de Dublín -devolver a los inmigrantes al país por el que entraron por primera vez-, lo que, según los Estados del norte, les deja con una parte injusta de las peticiones de asilo.

En una reunión de ministros de Interior de la UE celebrada en Luxemburgo el mes pasado, Bélgica reiteró su postura. «Todos los países deben aplicar las normas de Dublín», dijo Van Bossuyt, un comentario que se interpretó como dirigido a Roma y Atenas.

La misiva insta a la Comisión a garantizar «avances sustanciales» en la aplicación de Dublín antes de junio de 2026, incluido el desarrollo de un plan de acción con puntos de referencia medibles para cada Estado miembro. También pide transparencia en el próximo informe de la Comisión, que permitiría identificar «deficiencias sistémicas» en los sistemas nacionales de asilo.

Esa información, sugieren los ministros, podrían permitir a otros Estados miembros retener las contribuciones de solidaridad de los países que «no cumplan o se nieguen a cumplir sus obligaciones legales.»

Tensiones en el sistema de asilo

Tanto Bélgica como Países Bajos afirman que sus sistemas de asilo están sometidos a una fuerte presión debido a los movimientos secundarios, los solicitantes de asilo que entran a la UE por primera vez por los países del sur pero luego se trasladan al norte.

Según sus datos, aproximadamente el 60% de las solicitudes de asilo en ambos países proceden de este tipo de movimientos, lo que pone a prueba la capacidad de acogida y los servicios públicos.

La carta advierte contra las expectativas poco realistas en cuanto al tamaño del fondo de solidaridad de la UE, y afirma que debe seguir siendo «manejable y realista», dado que varias obligaciones del nuevo pacto no entrarán en vigor hasta mediados de 2026.

Bélgica, con el apoyo de otros 19 países, lideró en octubre una iniciativa para coordinar en toda la UE la deportación de afganos irregulares y delincuentes, e instó a Bruselas a permitir el retorno voluntario y forzoso de los afganos que no tienen derecho legal a permanecer en el bloque, especialmente los considerados una amenaza para el orden público.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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