Estrasburgo (Francia/Euractiv.com/.es) – El Parlamento Europeo votó este martes en contra de la petición del Hungría de levantar la inmunidad de la Eurocámara a la eurodiputada italiana Ilaria Salis y al legislador húngaro Péter Magyar, en la oposición al gobierno del primer ministro, Viktor Orbán, cuyo partido, Fidesz pertenece al grupo ultra Patriotas por Europa (PfE), en el cual se encuentra, entre otros, Vox.

Salis, activista antifascista acusada de agredir a manifestantes de extrema derecha en Budapest en 2023, se ha convertido en abanderada de la izquierda europea. Los defensores de su causa aseguran que se tendría que enfrentar a una justicia no imparcial, y motivada políticamente, si fuera entregada a las autoridades húngaras.

En ese sentido, la Eurocámara logró este martes, por apenas un voto,  306 a favor y 305 en contra, que no se levante su inmunidad parlamentaria, que la protege de ser sometida a juicio.

El resultado de la votación es una muestra tangible de las profundas divisiones sobre su caso, que ha polarizado al Parlamento Europeo en las últimas semanas.

Los partidos de izquierda -sobre todo los socialistas (S&D) y Verdes- se mostraron satisfechos con el resultado de la votación, mientras que en las filas de la extrema derecha, algunos eurodiputados cargaron contra el grupo del Partido Popular Europeo (PPE), el mayoritario en Estrasburgo, por -en su opinión- «apoyar a terroristas de extrema izquierda».

«El caso de Salis -decidido por un solo voto- marca la negativa del Parlamento a ceder a las presiones del gobierno húngaro de Viktor Orbán, que una vez más intentó utilizar el sistema judicial para silenciar a sus oponentes políticos», afirmó el eurodiputado Verde David Cormand.

Muchos eurodiputados consideran que Magyar, antaño cercano a Orbán pero ahora uno de sus más duros críticos, es objetivo de la presión política de cara a las elecciones del año que viene en Hungría.

El Parlamento Europeo protegió previamente su inmunidad en tres casos concretos, que van desde un supuesto robo de teléfono en un club nocturno a demandas por difamación presentadas por el ex legislador György Simonka, y el movimiento de extrema derecha Nuestra Patria.

Las votaciones secretas sobre el caso reflejan la creciente preocupación de los eurodiputados por la independencia judicial en Hungría y son un raro caso de rechazo a cooperar con las peticiones de extradición de un Estado miembro.

Según algunos analistas, es probable que la decisión de este martes alimente la tesis de Orbán de que Bruselas protege a sus aliados mientras interfiere en los asuntos internos de Hungría.

Budapest lleva mucho tiempo enfrentada a la UE por el Estado de derecho, la libertad de prensa y la independencia judicial.

El caso ha puesto a prueba la línea habitual del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad, salvo en casos de clara motivación política, una línea que se ha ido difuminando en el caso de Hungría.

La votación «demuestra que cuando los representantes electos, los activistas y los ciudadanos defienden juntos los valores democráticos, se puede hacer frente y derrotar a las fuerzas autoritarias», comentó este martes Salis en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Por otro lado, Salis reiteró su petición de ser juzgada en Italia, subrayó que aunque se conceda la inmunidad, el juicio puede seguir adelante. «Ahora corresponde a las autoridades italianas actuar», dijo.

Mientras tanto, el co-presidente del grupo conservador de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) Nicola Procaccini, mostró su enfado. El partido de derechas Hermanos de Italia, de la primera ministra, Giorgia Meloni, pertenece al ECR.

«El poder legislativo ha invadido la esfera judicial. Budapest, a la que se acusa de violar la ley, ha sufrido hoy ella misma una gravísima violación del Estado de Derecho», subrayó.

«Su lugar está en la cárcel, no en el Parlamento», comentó Zoltan Kovács, portavoz del Gobierno húngaro en la UE.

«No olvidemos quién es realmente Salis: una violenta activista antifascista que vino a Hungría a cazar opositores políticos en las calles – con un martillo», afirmó.

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(Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Madrid (Servimedia) –  El PSOE y Sumar anunciaron este martes un acuerdo para presentar una propuesta conjunta en el Congreso y desbloquear la comisión de investigación del Congreso sobre la dana del pasado 29 de octubre que contemplará la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo confirmó en una rueda de prensa el diputado Alberto Ibáñez, coportavoz de Iniciativa del Poble Valencià –uno de los partidos que conforma Compromís– y portavoz de Sumar en dicha comisión.

Ibañez lideró las negociaciones y pactó con el PSOE esta “línea roja” para la otra escisión de su coalición liderada en el Congreso por su compañera, Àgueda Micó, que llevaba semanas impidiendo que la comisión echara andar por su pulso con el Gobierno.

De hecho, Micó abandonó hace unos meses el Grupo Parlamentario Sumar como símbolo de protesta.

La portavoz de la coalición de Compromís no ha participado en las negociaciones. De hecho, reconoció esta mañana ante los periodistas que se había enterado del acuerdo por los medios de comunicación y, en este contexto, presentó su propio plan de trabajo de la mano de Podemos –que será quien la represente en la comisión en nombre del Grupo Mixto– con cuatro fases de comparecencias que prevén que Sánchez desfile por la Cámara Baja en verano de 2026.

La propuesta de PSOE y Sumar, en cambio, prevé dos bloques: uno de “investigación” y otro de “reconstrucción”, según fuentes parlamentarias. En este último se produciría la comparecencia de Sánchez.

Ambas partes están abocadas a negociar, aunque el mayor escollo, que era la citación del presidente del Gobierno, ya está superado.

Ibañez afirmó que la comisión de investigación empezará a trabajar en noviembre, tras el primer aniversario de la catástrofe que registró 229 fallecidos, “por respeto al duelo” de las víctimas y a los funerales.

Las primeras comparecencias que propondrán PSOE y Sumar serán de las familias que perdieron a seres queridos durante la dana y asociaciones de damnificados, que desfilarán a la vez que los “responsables de la emergencia” para indagar en lo que sucedió. Entre ellos, estará el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

“Compromís, Izquierda Unida y Sumar no vamos a contribuir al marco de la antipolítica de todos son iguales. Aquí, el responsable que disponía de la información para actuar era Mazón y su Gobierno”, aseveró, insistiendo así en que Sánchez estará en el bloque de comparecencias de la “reconstrucción”.

Calendario

La propuesta de Compromís y Podemos podría ser compatible con la PSOE y Sumar. Según el plan de trabajo presentado ante los medios de comunicación, habría cuatro bloques temporales, de entre 1 y 3 meses cada uno.

En el primero, llamarían a Mazón; a su vicepresidenta y portavoz del Gobierno autonómico, Susana Camarero; a Salomé Pradas, entonces consejera de Emergencias y máxima responsable del Cecopi; a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé; al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ); y a la periodista Maribel Vilaplana.

Todos ellos formarían parte de los 36 “responsables políticos e institucionales, con competencias directas e indirectas en la gestión de la dana”, entre los que también se encuentra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Los protagonistas del segundo bloque de comparecencias de Compromís y Podemos serían las asociaciones de víctimas, sociedad civil organizada y trabajadores afectados por la dana, que serían invitados a hablar ante el Congreso entre febrero y abril de 2026.

Posteriormente, irían profesionales en meteorología y gestión de emergencias a lo largo del mes de mayo, y, finalmente, entre junio y julio, Compromís y Podemos citarían a Sánchez como uno de los “responsables de la reconstrucción y coordinación”.

En esta fase proponen llamar también a Teresa Ribera Rodríguez, exvicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; a su sucesora en el cargo, Sara Aagesen; y a los ministros José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska, Félix Bolaños, Margarita Robles, Óscar Puente, Luis Planas, Ángel Víctor Torres y Elma Saiz.

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(Editado por PTR/MGN/AGC/BMG/NVR/gja/Servimedia)

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – La Comisión Europea aún no ha determinado cómo conceder a Ucrania un «préstamo de reparación», dotado inicialmente con 185.000 millones de euros utilizando activos soberanos rusos inmovilizados, al tiempo que financia otro plan, de 45.000 millones de euros, a Kiev ideado por el G7, según informaron fuentes comunitarias.

La afirmación de Bruselas, este lunes, coincide con la creciente presión del Ejecutivo comunitario para «movilizar» cientos de miles de millones de activos congelados de los bancos centrales rusos en la Unión Europea para financiar las ingentes necesidades presupuestarias y el esfuerzo bélico de Kiev.

Los beneficios generados por los activos soberanos del Kremlin -congelados poco después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú en febrero de 2022- se están empleando para financiar un préstamo denominado Aceleración de Ingresos Extraordinarios (ERA, por sus siglas en inglés).

El programa fue anunciado el año pasado por el G7, que incluye a la UE, además de a Alemania, Francia e Italia.

A la pregunta de cómo podría llevarse a cabo el préstamo de reparación sin sacrificar los beneficios generados por los activos congelados exigidos por el plan ERA, un  funcionario de la UE admitió que el bloque comunitario europeo «no tiene una idea definitiva sobre cómo resolverlo».

En ese sentido, el funcionario añadió que «técnicamente la forma más fácil» de conciliar los regímenes del EEI y del préstamo de reparación sería utilizar los ingresos de este último para reembolsar la deuda del EEI, lo que dejaría 140.000 millones de euros en la posible caja del préstamo de reparación.

Los Estados miembros de la UE se han comprometido a adelantar 18.000 millones de euros de los ingresos del EEI. El resto de los fondos los aportarán Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Japón. Hasta la fecha ya se han desembolsado 14.000 millones de euros de los fondos de la UE, y se prevé que los 4.000 millones restantes se desembolsen a finales de este año.

En la UE hay cerca de 210.000 millones de euros en activos rusos congelados, que generan unos 3.000 millones de euros de beneficios anuales que en última instancia se utilizarán para reembolsar el préstamo del EEI.

«La cuestión es que, por el momento, decimos: ‘Miren, no asignemos la totalidad de los 185.000 millones de euros’», según explicó el mismo funcionario.

«Por prudencia, sabemos que tenemos que hacer algo con estos préstamos del ERA. Hay diferentes maneras de hacerlo, pero no aumentemos las expectativas más allá de los 140.000 millones de euros en términos de nueva financiación», agregó.

Según la fuente, 175.000 millones de euros de los activos en efectivo en poder de Euroclear, una cámara de compensación con sede en Bruselas, han vencido y se prevé que otros 10.000 millones de euros en efectivo venzan en los próximos años. Sólo los saldos en efectivo asociados a los activos en poder de Euroclear se utilizarán para el préstamo de reparación.

Anunciado el pasado mes de septiembre por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el denominado «préstamo de reparación» cuenta con el firme respaldo de Alemania, Francia y muchos países del este de la UE.

Pero no es visto con buenos ojos por el Banco Cnetral Europeo y por Bélgica, que temen que el plan de la Comisión equivalga a una confiscación y desencadene un éxodo masivo del capital de los inversores fuera de Europa.

Sin embargo, el funcionario consultado argumentó que las débiles finanzas de los Estados miembros de la UE, las acuciantes necesidades de financiación de Ucrania y el menguante compromiso de Washington con Kiev y la seguridad europea hacen cada vez más urgente la aplicación del «préstamo de reparación».

Ucrania se enfrenta a un déficit presupuestario de 52.000 millones de euros para 2026 y 2027, según el Fondo Monetario Internacional. Además, Kiev podría necesitar hasta 52.000 millones de euros de financiación anual adicional después de esa fecha, con un mínimo probable de unos 21.000 millones de euros, según el funcionario.

«No proporcionar ayuda llevaría con toda probabilidad al colapso de Ucrania»,advirtió la misma fuente, al tiempo que añadió que ello presentaría un «grave riesgo de seguridad» para la UE.

El «préstamo de reparación» estará en la agenda de la reunión de ministros de Economía de la UE que se celebra en Luxemburgo a finales de esta semana, y también será objeto de debate por los jefes de Estado y de Gobierno del bloque en el Consejo Europeo de mediados de este mes.

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(Editado por Victoria Becker/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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