Bruselas (Euractiv.com) – Los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea (UE) están dando largas a la designación de zonas de acceso preferente para los promotores de energía eólica y solar, y las evaluaciones de impacto ambiental -que las zonas pretenden eludir- no son el principal obstáculo para su implantación, según un nuevo estudio.

La Directiva sobre Energías Renovables (RED III), revisada en 2023, establece un objetivo vinculante de al menos un 42,5% de energías renovables en el mix energético europeo para finales de la década, con las «Zonas de Aceleración de Renovables» (ZAR) obligatorias como elemento clave.

Los Estados miembros debían determinar antes de mayo de este año las zonas más adecuadas, con el mínimo impacto ambiental y la menor resistencia pública. Todos menos Dinamarca incumplieron el plazo, lo que obligó a la Comisión Europea a retrasarlo hasta el 21 de febrero de 2026.

Sin embargo, un nuevo informe del think tank alemán Oeko-Institut y cuatro ONG europeas sostiene que las normas medioambientales no son el principal obstáculo y que siguen sin abordarse las barreras que impiden el despliegue de las renovables.

«Las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) se presentan a menudo como el principal cuello de botella en la concesión de permisos, pero eso no es lo que informan los planificadores energéticos», afirma Maya Perera, especialista en política climática y energética de la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB).

«Las EIA no son el problema, lo son los fallos de gobernanza y aplicación», afirmó Perera en la presentación del informe este miércoles.

Debilidades estructurales

Basado en entrevistas con más de 50 expertos de 10 países de la UE, el informe señala en cambio obstáculos como el acceso a la red, la escasez de datos cartográficos y problemas estructurales más amplios, entre ellos la escasez de capacidad administrativa y mano de obra cualificada, los bajos índices de digitalización y la inestabilidad política.

Incluso en Alemania, que ha actuado unilateralmente para aliviar los cuellos de botella, «se designan ZAR generalizadas que recortan todo tipo de evaluaciones ambientales sin un efecto de aceleración», afirma Dominik Auch, del grupo ecologista alemán NABU.

«Se aceleran los permisos, pero no se adelanta la conexión a la red, que es el factor limitante en este caso», explicó Auch.

Según el informe, la información sobre posibles conexiones a la red está fragmentada entre distintas instituciones. A falta de una cartografía nacional, este factor crucial no se tiene en cuenta a la hora de seleccionar las zonas prioritarias.

El problema es generalizado en toda Europa, ya que los operadores de red rara vez participan en la planificación y cartografía de las ZAR.

«Para que el seguimiento rápido sea eficaz es necesario tener en cuenta este panorama más amplio y abordar de forma sistémica todos los obstáculos, manteniendo al mismo tiempo las sólidas salvaguardias necesarias para la naturaleza», afirma Susanne Krieger, investigadora del Oeko-Institut.

Según el informe, en España, Italia y Grecia, países con un enorme potencial solar, la cartografía de las ZAR no se considera una prioridad.

Lo que se ha hecho no se comparte con los expertos nacionales, la sociedad civil o los investigadores, lo que da lugar a una enorme falta de transparencia, afirman los autores.

La cuestión «No en mi patio trasero»

«En lo que respecta al despliegue de proyectos de energías renovables, nuestro análisis revela que la principal prioridad debe ser conseguir el apoyo local», declaró Flore Belin, de la ONG CAN Europe, en el mismo acto.

La oposición local -ejemplificada por la resistencia «no en mi patio trasero» (NIMBY, por sus siglas en inglés) a los aerogeneradores- y los consiguientes procesos judiciales son otro factor de retraso. Los gobiernos podrían  agravar el problema al no facilitar datos actualizados que permitan identificar mejor los emplazamientos de bajo impacto.

En Alemania, por ejemplo, los datos sobre lugares de cría de aves son incompletos, obsoletos o confidenciales. En Portugal, Rumanía, Bulgaria y Hungría, la información sobre tierras agrícolas y corredores migratorios no existe o no está disponible en formato digital.

«Esto crea un vacío para los impactos ambientales y aumenta los riesgos legales si, por ejemplo, las especies protegidas se ven afectadas negativamente», advierte el informe.

En Portugal, donde no existen mapas de sensibilidad natural -un requisito clave de la RED III-, las autoridades nacionales no promueven el diálogo con las ONG, las instituciones de investigación o las universidades, a pesar de que estos agentes suelen disponer de datos relevantes.

Elección estratégica

«La ordenación estratégica del territorio puede cambiar las reglas del juego de la transición europea hacia las energías renovables», afirma Elif Gündüzyeli, responsable de energías renovables en Europa de la ONG The Nature Conservancy.

«Al identificar zonas de baja conflictividad para las renovables, puede acelerar el despliegue minimizando al mismo tiempo los impactos sobre la naturaleza y las comunidades», agrega.

Esas zonas podrían incluir polígonos industriales en desuso, aparcamientos y tierras degradadas con baja productividad agrícola; en resumen, áreas donde ya se han producido daños ambientales y donde el rechazo social es menos probable.

«Si se hace bien, [la planificación estratégica] agiliza la concesión de permisos, fomenta el apoyo público, permite la planificación de redes inteligentes y genera los datos necesarios para cumplir nuestros objetivos climáticos y de biodiversidad para 2030», afirma Gündüzyeli.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – La vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera (PSOE/S&D) aseguró este lunes que el Ejecutivo comunitario debería evitar reabrir  la ley antideforestación de la Unión Europea (UE), al tiempo que expresó su rechazo a la petición de la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, de retrasar la entrada en vigor de la norma.

En rueda de prensa conjunta con Roswall, Ribera se comprometió a encontrar la mejor solución para responder a las inquietudes acerca de la plataforma informática que obliga a las empresas a presentar datos que demuestren que sus productos no están vinculados a la deforestación.

No obstante, la socialista española insistió en la necesidad de resolver la cuestión técnica «evitando abrir el reglamento y [buscando] otras alternativas», según señaló.

La ley, pionera en el mundo, obligaría a las empresas a demostrar que el cacao, el café, el aceite de palma, la madera, el caucho y la soja que se comercializan en el bloque comunitario no están vinculados a la tala de bosques.

Por otra parte, Ribera no respondió a la pregunta de si teme que la legislación pudiera debilitarse en el marco del impulso «simplificador» normativo de Bruselas.

«Bien si podemos conseguir los mismos objetivos de forma sencilla, pero mejor garantizar que los objetivos se consiguen», añadió.

Desde que asumió la jefatura de la transición verde en Bruselas, en su cargo de vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Ribera se ha destacado como una de las voces más directas en estos temas en el seno de la segunda Comisión Europea presidida por la alemana Ursula von der Leyen (CDU/PPE).

Sus comentarios de este lunes se producen tras el sorprendente anuncio del pasado martes, cuando Roswall anunció que Bruselas sopesa un nuevo retraso de un año en la aplicación de la polémica norma, que ya se ha retrasado de 2024 a diciembre de este año.

Roswall justificó un posible nuevo retraso en varios problemas técnicos, alegando que el sistema informático de la Comisión Europea para ese fin aún no está operativo, a pesar de llevar un año de pruebas.

La propuesta oficial de retrasar la ley aún no se ha presentado formalmente.

Mientras tanto, numerosos eurodiputados y diplomáticos de la UE relacionaron esos comentarios con la influencia y presión creciente de la administración Trump , así como con los esfuerzos de la derecha para debilitar la legislación, «heredera» del Pacto Verde.

Aunque altos cargos de la Comisión Europea rechazaron las acusaciones de presunta injerencia política de Washington, Roswall comentó en rueda de prensa que debatirá  con los eurodiputados y con el Consejo «las distintas necesidades en materia de simplificación», y no descartó reabrir la normativa.

Si la Comisión Europea finalmente anuncia un nuevo aplazamiento, el Partido Popular Europeo (PPE), el mayor de Estrasburgo seguido de los socialistas (S&D), ha confirmado que promoverá nuevos cambios del texto para conseguir una exención para los Estados miembros de la UE, con el argumento de que los agricultores y silvicultores del bloque no contribuyen a la deforestación mundial.

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(Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com/-es) – El 93% de los agricultores europeos encuestados para el último informe sobre el sector agrario publicado por el Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión Europea afirma utilizar al menos una herramienta informática o de software.

Según el estudio, de ese porcentaje el 79% utiliza al menos una tecnología específica para los cultivos y el 83% al menos una herramienta específica para el ganado.

El estudio, titulado «El estado de la digitalización en la agricultura de la UE: el punto de vista de los agricultores», ofrece un panorama alentador en el cual los agricultores se muestran optimistas sobre el impacto de la digitalización: el 76 % espera que genere beneficios económicos, el 72 % prevé mejoras medioambientales y el 67 % anticipa resultados sociales positivos.

Impulsar la innovación

El informe se publica poco después de la reunión informal de ministros de Agricultura del bloque celebrada a principios de septiembre, organizada por el ministro danés de Alimentación, Agricultura y Pesca, Jacob Jensen, en el marco de la Presidencia semestral danesa del Consejo de la UE.

El tema central del programa se centró en explorar formas de impulsar la competitividad y acelerar la transición ecológica del sector agroalimentario de la UE.

La reunión se focalizó en el modo en que la UE puede impulsar la innovación y la inversión para garantizar la disponibilidad de alimentos asequibles, seguros y nutritivos en un contexto de crecimiento de la población mundial y de aumento de las necesidades medioambientales.

En la cita también se abordaron los cambios necesarios en la legislación de la UE para ayudar a los agricultores a acceder a las herramientas necesarias para cultivar alimentos de forma sostenible.

Este asunto es uno de los temas centrales que marcan el debate en el sector, dado que el cambio se está produciendo muy rápidamente en Europa, el continente que con mayor velocidad se calienta desde la década de 1980.

En los últimos años, los agricultores europeos han tenido que lidiar con cosechas marchitas, disminución de las reservas de agua e incendios forestales cada vez más frecuentes.

Se calcula que sólo la sequía podría suponer para la Unión Europea y el Reino Unido un golpe económico de más de 65.000 millones de euros (76.000 millones de dólares) anuales de aquí a 2100, en parte debido a los daños sufridos por las cosechas y la pérdida de suministro de agua.

Y eso es sólo una parte del problema, la otra son las cambiantes tensiones geopolíticas y comerciales.

Pero donde unos ven amenazas, muchos ven oportunidades.

«En una época de novedades en el comercio mundial, la UE debe proporcionar al sector agroalimentario las mejores condiciones posibles para competir a nivel mundial y exportar sus productos», subrayó Jensen durante la reunión informal de ministros.

Apostar por la biotecnología

La biotecnología es un campo con gran potencial para crear esas condiciones favorables. Apoya la agricultura sostenible de varias maneras. Entre esas técnicas figuran las aplicaciones de biocarbón, la mejora del compostaje y los inoculantes microbianos, que mejoran la fertilidad del suelo.

Las técnicas avanzadas, como la edición del genoma, pueden producir variedades de cultivos resistentes a las plagas y al clima, que requieren menos fertilizantes y agua y rinden más por hectárea.

Los nuevos aditivos biotecnológicos para piensos y las fuentes de proteínas de origen biológico reducen el metano de la digestión de los rumiantes y disminuyen la huella de gases de efecto invernadero en la producción de leche y carne.

Un ejemplo de éxito es la planta de biogás de Tongeren (Bélgica), que procesa el almacenaje de maíz y residuos industriales, produce electricidad renovable y ofrece abono ecológico a las granjas locales, reduciendo así las emisiones y mejorando la eficiencia económica.

Además, los resultados de las pruebas de campo realizadas en cuatro países europeos han demostrado que los abonos de origen biológico elaborados a partir de diversos residuos y flujos secundarios de la sociedad son casi tan eficaces como los abonos minerales nitrogenados.

Por residuo secundario se entiende cualquier material, sustancia o flujo energético generado en un proceso de producción que no es el producto principal pero que puede recuperarse, reutilizarse o reciclarse en un producto de alto valor.

Se trata de una noticia alentadora que complementa otras técnicas ya utilizadas por los agricultores, como los paneles solares, los aerogeneradores y la calefacción geotérmica, en sus esfuerzos por reducir su huella de carbono y generar al mismo tiempo nuevas fuentes de ingresos.

Dos granjas de los Países Bajos y España utilizan tecnología de captura directa de aire para generar CO2 in situ. La necesidad de bombear CO2 en las granjas verticales para ayudar a las plantas a crecer es la única práctica insostenible de una alternativa, por lo demás digna, a los métodos agrícolas tradicionales.

Empresas como Skytree, por ejemplo, han desarrollado un método para instalar unidades localizadas de captura directa de aire junto a las granjas verticales, de modo que puedan capturar su propio CO2, reciclándolo de la atmósfera.

Variedad de ideas 

Y hay más innovaciones en el horizonte. El pasado mayo, investigadores y pequeñas empresas con ideas para producir alimentos de forma más sostenible se reunieron en F&A Next, una conferencia sobre el futuro de la alimentación y la agricultura celebrada en la Universidad e Investigación de Wageningen (Países Bajos). Desde cultivos resistentes al clima hasta alternativas pioneras a las proteínas, en el evento se presentaron varias innovaciones.

Entre ellas, las de la empresa emergente Grassa, con sede en Wageningen, que desarrolla extractos proteínicos a base de hierba para incluirlos inicialmente en alimentos para mascotas y ganado. La empresa argumenta que la proteína de la hierba tiene un mejor perfil de aminoácidos, una digestibilidad comparable y una huella de carbono menor que la de la soja.

Otra forma de reducir la huella de carbono en la agricultura es combatir la polinización inadecuada.

Los insectos polinizadores son vitales para producir con éxito tres cuartas partes de las variedades de cultivos. Por eso, AgriSound, una empresa emergente de York (Reino Unido), ha creado un dispositivo del tamaño de un teléfono móvil que detecta el escaso número de abejas en campos e invernaderos escuchando el sonido del batir de sus alas. Eso ayuda a los agricultores a traer más abejas cuando es necesario.

Las principales fuentes de financiación para la adopción de tecnología en las explotaciones agrícolas europeas en 2025 son la Política Agrícola Común (PAC) de la UE, las subvenciones de los gobiernos nacionales y regionales y la financiación de la investigación de Horizonte Europa. Horizonte Europa financia proyectos piloto e innovación digital en las explotaciones, con convocatorias abiertas para investigación y desarrollo en colaboración, y granjas de demostración.

Además, el Programa Europa Digital (DIGITAL) financia proyectos tecnológicos que modernizan la agricultura y hacen que las prácticas sean más eficientes, sostenibles y ecológicas.

Superar la fase de prueba y retos futuros

Sin embargo, no todo el mundo está convencido de que la tecnología sea la clave de unos sistemas alimentarios más sostenibles.

De los agricultores encuestados por el Consejo Común de Investigación (CCI), una notable minoría (20%) ve pocos beneficios de las tecnologías digitales para sus explotaciones, mientras que el 14% cuestiona la rentabilidad de la digitalización.

Algunos investigadores sostienen también que la simple incorporación de la tecnología a una explotación puede pasar por alto la complejidad y diversidad de otras prácticas sostenibles o abordar inadecuadamente las necesidades medioambientales y sociales locales.

Otros advierten de que el uso de la tecnología en la agricultura promete una mayor eficiencia de los recursos, pero sus efectos más amplios sobre la biodiversidad, la salud del suelo y los servicios ecosistémicos siguen en gran medida inexplorados.

Y aunque muchas políticas hacen hincapié en el aumento de la productividad, la sostenibilidad ecológica a largo plazo no se tiene suficientemente en cuenta.

También existe la posibilidad de que muchas soluciones alimentarias innovadoras no superen nunca la fase de prueba, por varias razones. Entre ellas, atraer inversiones suficientes, aumentar los costes, las condiciones del mercado y las barreras normativas.

No obstante, se trata de riesgos que forman parte del proceso de descubrimiento. El mundo sigue necesitando alimentos, y aunque muchas ideas no cambien significativamente la forma de comer de la gente, la exploración de nuevas formas de hacerlo está aquí para quedarse.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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