Quienes estamos persuadidos de que la naturaleza íntima de la crisis –hoy podríamos decir de la descomposición- es política antes que económica, no podemos dejar de reflexionar sobre lo que una reciente nota Claudio Chaves denomina “el destino de las democracias blandas”. Si analizamos el objeto que describe concluiremos que son tales las democracias que, al perder de hecho el monopolio de la coacción legítima que Weber apuntaba como rasgo distintivo del Estado, han comenzado a deslizarse por una pendiente irresistible. Tal pendiente, en la más optimista de las hipótesis, puede llevarlas, por un brusco volantazo, a la recuperación del monopolio y, por ende, a la superación del tal “blandura” como una patologia pasajera. En la peor –y más frecuente- de las posibilidades las conduce a la anarquía, a la dictadura o a ambas.

Repasemos. La democracia blanda instaurada en Rusia tras la caída de los Romanov en febrero de 1917 desembocó, en ocho meses, en la dictadura bolchevique de Lenin, que llegó a disolver la Asamblea Constituyente instaurada por el voto popular. La República alemana de la primera posguerra –la célebre “República de Weimar” incensada por los progresistas- fue incapaz de impedir la constitución de Ejércitos particulares de nazis, socialistas y comunistas cuyo enfrentamiento cotidiano solo pudo ser detenido por el acceso de Hitler al poder. La II República española, tras no querer o no poder superar la sangría cotidiana producida por las milicias de izquierda y derecha, concluyo en la guerra civil y en la dictadura ulterior del general Franco. La Italia de los gobiernos parlamentarios del ‘20, ineptos para evitar las tomas de fábricas y de tierras por los secuaces del socialismo, debió ceder el paso al Ventennio fascista. El gobierno chileno de la Unidad Popular, que permitió a los grupos armados del Movimiento de Izquierda Revolucionaria ejercer la coacción en las ciudades y en los “fundos” acabó en Pinochet. La Argentina de los ‘70, en la que Perón ‘quizás creía poder vencer a la guerrilla mediante la Policía y el somatén, vivió un ensayo en gran escala de guerra civil enmarcada en la guerra fría global, con millares de asesinatos y torturas, así como ataques directos a unidades militares que antecedieron a la ocupación del poder político por las Fuerzas Armadas con las consecuencias que conocemos.

Quizás el único caso significativo en el siglo XX en que la “democracia blanda” fue pacíficamente reemplazada por una democracia fuerte fue el de la Francia de 1958, en que la capitulación de la Clase Política ante el general De Gaulle hizo que resultase innecesario el Operativo Resurreccion preparado por el Ejército.

Queda claro pues que la diferencia entre la “blandura” y la “fortaleza” de una democracia pasa por su capacidad de retener el monopolio de la coacción que compete al Estado y sin el cual éste se convierte, con mayor o menor rapidez, en un Estado fallido. Este monopolio puede perderse por debilidad o por insidia ideológica. Y en éste último caso veremos gobiernos que son duros, e incluso arbitrarios, en muchas de sus políticas, pero impiden a los instrumentos legales de la coacción estatal cumplir regularmente sus funciones. La evidencia la tenemos demasiado cerca.

Queda en claro también que las experiencias –democráticas o autoritarias- en que desemboca, mediata o inmediatamente, el suicidio de las democracias blandas, tiene una explicación específicamente sociológica. Más allá de lo diversas –y aún antagónicas- que fueren las ideologías animadoras, lo que se produce es una radical reconstitución del poder, que obedece, por así decirlo, a la misma fisiología de la comunidad política.

El test de la capacidad de respuesta de la Clase Política a la demanda de poder que está planteada en la sociedad consiste en la aptitud de recuperación del control sobre el espacio público en todas sus dimensiones. Es decir, que el tema comienza a un nivel edilicio con el rescate del espacio urbano en la misma Area Metropolitana; sigue con la liberación de Rosario del narcopoder; incluye la ocupación de los enclaves del Conurbano en que el Estado no puede entrar y se extiende a la necesidad de someter al secesionismo de ciertos mapuches y sus socios en el sur. En el límite apunta a recuperar el pleno control de nuestros recursos marítimos en la feraz “Pampa Azul”. En todos esos lugares el ámbito territorial de jure del Estado argentino está, de facto, agujereado por poderes, sea de origen interno, sean trasnacionales o extranacionales.

Adviértase que algunos de tales poderes fácticos se preparan activamente para la hipótesis de un cambio político en diciembre próximo. No solo intentando infiltrarse entre los candidatos a beneficiarse con el relevo, sino, en caso de que el futuro Gobierno no transija, procurando legitimar anticipadamente la “Resistencia” contra el mismo. Es decir la sedición. Es por todo esto que el debate político que ocupará nuestra atención en los meses inmediatos no puede reducirse a una discusión sobre la racionalidad macroeconómica, y vaya si tal discusión es necesaria a partir de la absoluta desorganización que estamos presenciando.

Lo que es preciso comprender es que sólo un poder político plenamente legitimado y reiteradamente relegitimado por el voto popular estará en condiciones de arrancar con la misma transformación económica y mantener el timón firme.

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