Madrid (Servimedia/Euractiv.es) – El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se pronunció este viernes sobre la imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en una causa por presunto tráfico de influencias, y aseguró que “lo que haya que investigar, que se investigue”.

En un mensaje en sus redes sociales, Feijóo dijo lo siguiente: “Mi criterio acerca de la corrupción es muy claro y no cambia con independencia de a quién afecte”.

“Yo no hablaré ni de persecución de los jueces ni de pseudomedios. Lo que haya que investigar, que se investigue”, afirmó, en referencia en la primera parte de la frase a la reacción del Gobierno y el PSOE a algunos sumarios por corrupción que afectan a algunos de sus miembros o su entorno.

Montoro ha sido imputado por un juzgado de Tarragona como presunto responsable de una compleja trama destinada a beneficiar ilegalmente a varias empresas del sector gasista.

La investigación, bajo secreto durante siete años, apunta a que esta presunta actividad delictiva se habría realizado desde el Ministerio y con el apoyo de altos cargos de Hacienda.

“Red de influencias”

Según el juez, se habrían impulsado modificaciones legislativas y fiscales a favor de compañías clientas del despacho Equipo Económico, fundado por él mismo antes de entrar en el Gobierno de Mariano Rajoy.

Entre las empresas beneficiadas figuran Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos, que habrían realizado pagos que sumarían hasta 800.000 euros entre 2011 y 2019.

El auto conocido esta semana imputa a Montoro y a otros 27 responsables, y recoge la posible comisión de siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

El juez sostiene que la denominada «red de influencias» permitió a las compañías participar en la redacción de leyes y normativas, garantizándose así ventajas fiscales y regulatorias que les reportaron cuantiosos beneficios.

Según la instrucción, la fórmula ideada incluía la canalización de presuntas comisiones ilegales a través de contratos y facturas simuladas por servicios de asesoría o consultoría concedidos por el despacho Equipo Económico, beneficiando económicamente tanto al bufete como a sus clientes.

Montoro, que ha solicitado la baja del PP tras conocerse la imputación, se ha defendido negando cualquier vínculo con el despacho desde 2008 y atribuyendo la causa a una supuesta persecución política motivada por su paso por el Ministerio.

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(Editado por NBC/gja – Servimedia)

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – Los Estados miembro de la Unión Europea (UE)  acordaron este viernes imponer una nueva ronda de sanciones a Rusia, que incluye una reducción significativa del precio máximo del petróleo además de varias medidas punitivas contra Moscú en el terreno financiero y comercial, asestando un duro golpe a la financiación de su “maquinaria bélica” en Ucrania.

La medida salió adelante después de que la filorrusa Eslovaquia, en un movimiento de última hora, levantara el veto que mantenía desde hace varias semanas a la aprobación del 18º paquete de sanciones, una medida que el bloque comunitario europeo tomó poco después de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022.

El primer ministro eslovaco, el filorruso, Robert Fico, había utilizado  hasta la fecha su derecho de veto para presionar a la Comisión Europea y que Bruselas cediera en su propuesta de eliminar progresivamente la entrada de todos los combustibles fósiles rusos para finales de 2027, lo cual, en su opinión, habría puesto en peligro la seguridad energética de su país.

«Seguiremos aumentando los costes (del crudo), para que el final de la agresión sea el único camino a seguir para Moscú», aseguró este viernes la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó que con esta nueva medida, la UE está «golpeando el corazón de la maquinaria bélica rusa».

Se revisan los precios máximos del crudo

Un elemento clave del nuevo paquete de sanciones a Rusia, aprobado este viernes por los embajadores de los países de la UE en Bruselas, es un nuevo mecanismo dinámico de limitación del precio del petróleo según el cual se fijaría el precio del petróleo ruso exportado a terceros países un 15% por debajo del precio medio de mercado.

Ello supone que el precio se reducirá de los actuales 60 dólares a aproximadamente 47,60 dólares por barril, y estaría sujeto a una revisión cada seis meses para adaptarse a los cambios de precios del mercado, según informaron este viernes fuentes diplomáticas comunitarias.

El tope de precios del crudo fijado por el G7 (que engloba a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, junto a la UE) fue acordado en diciembre de 2022, y su objetivo es evitar que Rusia financie con sus exportaciones del “oro negro” la guerra en Ucrania.

En ese sentido, varios funcionarios de la UE expresaron este viernes su confianza en que todos los países del G7 se sumen a la nueva medida de fuerza adoptada por el bloque europeo.

Hasta la fecha, la Administración Trump no ha querido apoyar una revisión de precios del crudo. Fue la Administración del ex presidente demócrata Joe  Biden quien abanderó la idea de fijar un tope global al precio del crudo.

Bruselas confía en que más países se sumen a la nueva medida punitiva, aunque señaló este viernes que,  incluso si sólo la aplica la UE, la revisión del límite de precios afectará muy duramente a esa fuente de recursos con la cual Moscú financia su esfuerzo bélico.

Golpe a la “flota rusa en la sombra”, los bancos y la tecnología de doble uso

El nuevo paquete añade 105 nuevos listados de buques de la denominada «flota en la sombra», que Moscú ha utilizado para eludir el límite de precios del crudo.

Desde este viernes, el número de buques rusos prohibidos se eleva a más de 400.

Además, se prohíben las transacciones con 22 bancos rusos.

La 18ª ronda de sanciones incluye una nueva prohibición de transacciones relacionadas con los gasoductos Nord Stream 1 y 2 -que no están operativos desde 2022- para impedir el mantenimiento, la explotación o cualquier uso futuro de esos  gasoductos.

Por otro lado, las nuevas sanciones restringen aún más el acceso de Moscú a la tecnología de doble uso, al añadir 26 nuevas entidades dedicadas a suministrar al complejo militar-industrial ruso.

Entre ellas figuran 11 empresas de terceros países: siete de China, tres de ellas en Hong Kong, cuatro en Turquía y una refinería de propiedad rusa en la India, según fuentes diplomáticas de la UE.

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(Editado por Victoria Becker/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – Un tribunal belga ha ordenado al gobierno de Flandes (la comunidad neerlandófona) que suspenda el tránsito de material militar a Israel a través de su territorio, alegando violaciones del derecho internacional humanitario, según informó la agencia de noticias Belga.

La sentencia es resultado de la acción legal emprendida por cuatro organizaciones de derechos humanos que argumentaban que las armas que pasaban por el puerto de Amberes corrían el riesgo de contribuir a los crímenes de guerra en Gaza.

El tribunal concluyó que Flandes no evaluó adecuadamente si el tránsito de armas a Israel son compatibles con las obligaciones internacionales de Bélgica.

La polémica en torno al caso se centra en un contenedor con piezas de armamento fabricadas en Francia con destino al contratista de defensa israelí Ashot Ashkelon Industries.

El contenedor fue interceptado en Amberes el mes pasado.

La legislación de Flandes prohíbe la exportación o el tránsito de mercancías que apoyen directamente a las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).

Tras la sentencia, el gobierno regional de Flandes está obligado a aplicar las normas sobre comercio de armas e imponer sanciones de 50.000 euros por cada infracción, informó Belga.

No obstante, el gobierno flamenco recurrió la sentencia.

El ministro-presidente de Flandes, Matthias Diependaele, cuestionó «la validez, el impacto y el alcance de la sentencia, que parece muy alejada de la realidad», según aseguró el jueves.

Uno de los demandantes, la ONG de derechos civiles 11.11.11, celebró la noticia.

«Este veredicto debe ser el punto de partida de una verdadera responsabilidad política», escribió la organización en un comunicado de prensa.

El Tribunal Supremo de Reino Unido se negó en junio a intervenir para frenar la participación de empresas británicas en la fabricación de aviones de combate F-35 producidos por Israel y Estados Unidos.

Empresas italianas, danesas y holandesas también son subcontratistas del programa del F-35.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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