Mundo Política
La UE da marcha atrás en la lucha contra el fraude ante una propuesta presupuestaria de un billón de euros
Bruselas (Euractiv.com/.es) – Mientras la Comisión Europea se prepara para presentar este miércoles su próximo marco presupuestario a largo plazo, hay algo que brilla por su ausencia: un plan sólido para impedir que el dinero de la Unión Europea (UE) sea desviado por los defraudadores.
Un borrador confidencial de la nueva estrategia antifraude de la Comisión Europea, al cual ha tenido acceso Euractiv y que se presentará a los Comisarios junto con el plan presupuestario a largo plazo, sólo esboza unas intenciones mínimas de reformas de procedimiento y evita cualquier cambio estructural importante en el sistema de lucha contra el fraude del bloque.
La presidencia de la Comisión, Ursula von der Leyen se comprometió en 2024 a acabar con el fraude presupuestario, que se calcula cuesta a la UE cientos de millones de euros al año.
Sin embargo, según cinco funcionarios de Bruselas cercanos al expediente, aseguran que la Comisión ha reducido deliberadamente sus ambiciones, optando en su lugar por la cautela frente a la revisión institucional, que pospone a 2026.
«Básicamente estamos gestionando la tensión, no resolviéndola todavía», comentó a Euractiv un funcionario de Bruselas bajo condición de anonimato.
«Está en marcha», aseguró el funcionario, al tiempo que señaló que una reunión de alto nivel sobre el tema se produjo después de que el Comisario Piotr Serafin, a cargo de la revisión antifraude, asumiera su cargo a finales de 2024.
«El objetivo en ese momento era identificar las lagunas existentes e iniciar un periodo de reflexión» antes de una revisión exhaustiva prevista para 2026, según la fuente.
La estrategia de la UE para atajar el uso indebido del dinero en efectivo ha adquirido gran relevancia.
La Comisión presentará este miércoles un régimen más flexible para asignar el dinero de la UE para el período 2028-2034, el Marco Financiero Plurianual (MFP).
Las voces más críticas advierten de que ello podría abrir la puerta a nuevos casos de abuso.
La iniciativa llega en un momento en el cual los países de la UE exigen un control más estricto de cómo se gasta cada euro, al tiempo que recortan el gasto social para liberar fondos para inversiones ecológicas, defensa e inmigración.
«Si vamos a pedir a los ciudadanos que acepten la disciplina presupuestaria, deberíamos empezar por demostrar que no se está robando el dinero», explicó a Euractiv otro funcionario de la UE que trabaja en asuntos judiciales, quien lamentó la falta de urgencia de la estrategia de la Comisión.
Presión creciente
La presión política aumenta a medida que los países de la UE y las fuerzas de seguridad hacen saltar las alarmas sobre los grupos delictivos que tienen cada vez más en el punto de mira el presupuesto comunitario.
Se calcula que las pérdidas anuales por fraude -sobre todo en agricultura, fondos de cohesión y contratación pública- superan los mil millones de euros al año, según las auditorías del Tribunal de Cuentas Europeo y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
Es probable que la cifra real sea mucho mayor, dada la incoherencia en la aplicación de la normativa y la infradeclaración generalizada.
La mayor parte del dinero nunca se recupera, o lo recuperan las autoridades nacionales en lugar de la Comisión.
En el Parlamento Europeo crece la frustración por la incapacidad de la Comisión para cumplir las promesas de lucha contra el fraude que hizo Von der Leyen en discurso sobre el estado de la Unión de 2022.
«La corrupción nos cuesta cientos de miles de millones de euros cada año en Europa», explica Chloé Ridel, eurodiputada socialista (S&D) y ponente alternativa de la directiva anticorrupción.
«La estrategia de la Comisión Europea no es suficiente», añade.
Aunque en general los grupos centristas del Parlamento Europeo han acogido favorablemente las propuestas, también piden medidas más contundentes contra el fraude.
«La Comisión sabe que el Parlamento no se conformará con cambios cosméticos», asegura el eurodiputado Gilles Boyer (Renovar Europa, liberales), que trabaja en un informe sobre la protección de los intereses financieros de la UE, al tiempo que pide más cooperación e intercambio de información entre los encargados de combatir el fraude.
Dos guardianes, un presupuesto
En el fondo, el retraso se debe a una guerra de posiciones sin resolver entre dos organismos de control de la UE responsables de proteger el presupuesto: la OLAF, vinculada a la Comisión Europea desde hace tiempo, y la Fiscalía Europea (EPPO), independiente y de reciente creación.
Mientras que la OLAF lleva a cabo investigaciones administrativas y recomienda la recuperación de fondos, la EPPO se ocupa de los procesos penales en 22 países de la UE y puede embargar -y potencialmente confiscar- activos.
Las tensiones entre ambas han aumentado: la OLAF acusa a la EPPO de retrasar la recuperación de fondos y la EPPO advierte de que las investigaciones de la OLAF pueden entorpecer las causas penales.
En lugar de aclarar responsabilidades, el Libro Blanco de la Comisión sobre la lucha contra el fraude, al cual ha tenido acceso Euractiv, propone un modelo de «doble vía» que permite a ambos organismos trabajar en paralelo y promete mejorar la cooperación.
Evita sugerir una reforma inmediata, que se aplaza a 2026 con la revisión de sus dos marcos jurídicos, tras una auditoría de las dos instituciones por el Tribunal de Cuentas. Varios funcionarios describen el documento como una forma de rebajar las tensiones sin resolver la rivalidad institucional de fondo.
Otro punto clave de la propuesta de la Comisión es otorgar un mandato más amplio para Europol, la agencia policial de la UE, con vistas al viejo sueño federalista de un «FBI europeo».
Aunque las fuerzas del orden acogen favorablemente la propuesta, según dos funcionarios de Bruselas, es poco probable que varios países de la UE le den luz verde.
La estrategia antifraude de Bruselas
Bajo este debate subyace una cuestión sin resolver, y quizá incómoda: ¿La estrategia de la UE contra el fraude tiene por objeto recuperar dinero o conseguir condenas?
Por ahora, el Ejecutivo de Bruselas parece dar prioridad a la «calma institucional», evitando roces, y a retrasar las decisiones difíciles.
En palabras de un funcionario, «la Comisión no está dispuesta a enfrentarse a la EPPO ni a dar poderes a la OLAF, así que acabamos con un statu quo que no satisface a nadie».
Los críticos advierten de que esta ambigüedad erosiona la confianza pública.
Con normas presupuestarias más estrictas sobre la mesa, se dice a los ciudadanos que acepten la disciplina fiscal, pero sin un mensaje claro de que los fondos presupuestarios están en buenas manos.
Una Europol más fuerte es «algo bueno», comenta Ridel (S&D). «Como lo es la mejora de la cooperación anunciada entre la EPPO y la OLAF. Pero eso no marcará la diferencia en la lucha contra la corrupción y el fraude (…) lo que hace falta son cambios legislativos y compromisos presupuestarios para ampliar las competencias de la EPPO y Europol», añade.
Hasta que la Comisión no defina en qué consisten el éxito y los compromisos presupuestarios en la lucha contra el fraude, su credibilidad financiera y su influencia política seguirán expuestas, temen los legisladores europeos.
«La lucha ‘contra el dinero mal gastado’ es esencial, indispensable incluso, para garantizar la integridad y la eficacia de las finanzas públicas. Pero por sí sola no puede ser la respuesta a los actuales retos presupuestarios de la UE, que también requieren opciones políticas claras, una gestión rigurosa y una visión estratégica a largo plazo», explica Boyer.
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(Editado por Martina Monti y Owen Morgan/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Una asesora de Bruselas sugiere acabar con los empleos «vitalicios» en la función pública europea
Bruselas (Euractiv.com) – Una alta asesora de la Comisión Europea ha sugerido que se estudie la posibilidad de suprimir los puestos de funcionario vitalicios.
«No cabe duda de que tenemos que aumentar la velocidad de contratación del personal adecuado, pero también de otros talentos, y tal vez no de por vida», aseguró este martes Catherine Day, ex alta funcionaria de Bruselas que ahora lleva a cabo una revisión de la institución, que cuenta con 32.000 funcionarios.
En declaraciones al podcast Encompass Europe de Paul Adamson el lunes, Day afirmó que el Ejecutivo de la UE debería contratar a más expertos en tecnología e ingenieros, en lugar de a los abogados y economistas que poblaron la institución durante su mandato como Secretaria General entre 2005 y 2015.
Day pasó casi cuatro décadas en la Comisión, entre 1979 y 2018. La mayoría de los puestos de la Comisión Europea son permanentes, lo que permite a los funcionarios permanecer en ellos hasta la edad de jubilación de 66 años. Solo el 22,2% del personal de la Comisión tiene menos de 40 años, según cifras de enero de este año.
El sistema de contratación de nuevos talentos también está bajo presión. EPSO, la oficina de selección de la Comisión, ha sufrido costosos problemas informáticos que han ralentizado la contratación.
«Hay otras formas de hacer que la UE funcione que no implican la microgestión de la Comisión», señaló Day.
Day dirige un «grupo de reflexión» que orientará la revisión de la función pública que llevará a cabo el Comisario de Administración, Piotr Serafin. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pidió la revisión cuando fue reelegida el año pasado.
Day está estudiando ideas para mejorar el funcionamiento de la institución, y tiene previsto presentar su informe a finales de 2026. La ex funcionaria señaló que algunas de las propuestas sólo podrán aplicarse gradualmente a partir de 2029, durante el próximo mandato quinquenal de la Comisión.
En el podcast, Day también sugirió que la mayoría de los funcionarios están motivados por el deseo de trabajar para Europa, más que por el dinero. «Si quieres ganar mucho dinero, no es el lugar adecuado», dijo. Aunque los funcionarios de la UE pagan un «impuesto comunitario», sus sueldos están exentos de impuestos nacionales y pueden alcanzar los 25.000 euros al mes para los más altos cargos.
«Existe la imagen de una burocracia sin rostro», añadió. «Pero sabes y sé que una vez que estás en ella, es infinitamente fascinante», agregó.
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(Editado por cz/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Mundo Política
Manfred Weber, líder del PPE, intenta «enchufar» a un colaborador en un lucrativo puesto
Bruselas (Euractiv.com) – El líder del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, planea colocar a su mano derecha en un cómodo puesto de funcionario, según tres personas familiarizadas con el asunto.
Udo Zolleis es el principal candidato para un puesto de director de nueva creación en el servicio de investigación del Parlamento Europeo, conocido como DG EPRS, una nueva dirección de «academia, investigación y prospectiva».
Aunque el Parlamento Europeo insiste en que su función pública está compuesta por eurócratas neutrales cuyos nombramientos siguen las estrictas normas de contratación de la Unión Europea (UE), la realidad es que casi todos los altos cargos de la administración, compuesta por 8.000 personas, están determinados por el color político.
Zolleis dirige actualmente la unidad de estrategia del grupo del PPE. Considerado a menudo el «cerebro político» de Weber, impulsó al PPE, el principal grupo de la Eurocámara, a tender puentes con los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y también ejerció de portavoz de Weber.
Zolleis no respondió a las peticiones de comentarios de Euractiv.
El puesto de director de «academia, investigación y prospectiva» se creó el 20 de octubre, cuando los eurodiputados aprobaron una propuesta del Secretario General del Parlamento, Alessandro Chiocchetti, para reestructurar el departamento de investigación y crear una nueva dirección.
Chiocchetti, cuyo nombramiento supuso la creación de nuevos puestos de trabajo para asegurarse el respaldo político- argumentó que la nueva dirección despertaría «el interés de la investigación científica por el trabajo de los diputados» según una nota obtenida por el boletín Relator, de Euractiv.
«Probablemente esta dirección se ha creado para darle trabajo», señaló este martes un antiguo funcionario del Parlamento Europeo. «Manfred cree que su gente debe controlar el sistema», agregó la fuente.
Un portavoz del Parlamento Europeo se puso espontáneamente en contacto con Euractiv esta semana para subrayar que no se está creando ninguna nueva función.
La dirección vacante parece estar escrita para Zolleis, profesor de política en la Universidad de Tubinga, a unas dos horas en coche de Estrasburgo, donde tendrá su sede.
Como director, Zolleis ganaría al menos 18.000 euros al mes en el nuevo puesto. Sin embargo, al tener su sede en Francia, todo el sueldo se multiplicaría por 114%, en virtud de un plan que compensa a los funcionarios por el mayor coste de la vida fuera de Bruselas.
Weber ya ha sido criticado por recibir un doble salario, uno como eurodiputado y otro como presidente del PPE.
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(Editado por cz/jp/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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España crea 141.926 empleos en octubre gracias al empuje de la educación , que se reactiva tras el parón del verano
Madrid (Servimedia) – La Seguridad Social ganó en octubre 141.926 afiliados medios (+0,65%), hasta situarse en los 21.839.592 cotizantes, en un mes marcado por un fuerte aumento de la ocupación en la educación, que sumó más de 167.000 trabajadores, tras la ‘sangría’ habitual del verano.
La creación de empleo de octubre deja el total de ocupados en España muy cerca del récord de 21.865.503 cotizantes registrado el pasado mes de julio y supone que ahora trabajan 507.078 personas más que hace un año, de acuerdo con los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La afiliación diaria se mantuvo por encima de los 21,8 millones todos los días de octubre salvo el 3 y el 31 Además, la creación de empleo de octubre es la mayor para el décimo mes del año de toda la serie histórica, a excepción del ejercicio 2021, marcado por la desescalada de la pandemia de covid-19. El pasado año, octubre anotó un aumento de 134.307 ocupados.
Por regímenes, el general sumó 134.800 cotizantes en el mes, lo que representa un 0,74% respecto a septiembre, y totalizó 18.354.336 afiliados medios. Entre los sectores de actividad del régimen general, destaca por encima de todos la educación, que sumó 167.323 afiliados en octubre, un 14,78% más, seguido de las actividades artísticas y de entretenimiento, que añadieron 16.691 afiliados (+5,29%). En cambio, la hostelería perdió 50.594 cotizantes (-3,08%); las actividades sanitarias también reflejaron un descenso de cotizantes abultado, 34.341, y las actividades administrativas y servicios auxiliares restaron 16.747.
El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) contabilizó 3.422.434 afiliados, tras sumar 9.142 en el mes (+0,27%). En este caso, la educación también fue el sector de actividad que más afiliados ganó en el mes, con 4.893 (+4,68%); seguido de las actividades profesionales ,científicas y técnicas, que sumaron 2.878 afiliados (+0,82%). En cambio, la hostelería perdió 3.195 afiliados autónomos (-0,99%) y el comercio otros 2.060 (-0,28%). De su lado, el régimen del mar y el del carbón perdieron cotizantes. El del mar restó 2.011 (-3,14%), hasta contar con 61.954, y el del carbón perdió cuatro (-0,5%), hasta los 866.
Por comunidades autónomas, la afiliación subió en 11 y bajó en seis. Donde más trabajadores se dieron de alta fue en la Comunidad de Madrid (49.445), la Comunidad Valenciana (36.459) y Andalucía (29.544). Por el contrario, destruyeron empleo Islas Baleares, con 34.936 personas menos ocupadas, Cantabria (-532), Castilla-La Mancha (-1.460), Extremadura (-885), Galicia (-1.019) y La Rioja (-717).
En cuanto a los ERTE, había 13.136 trabajadores con su empleo suspendido el último día de octubre, que de media en el mes fueron 12.765. De nuevo, la Comunidad Valenciana fue la que más personas en ERTE registró, cuando se cumple un año de la dana: 5.503 el último día y 5.238 de media.
Desestacionalización
La serie de afiliación desestacionalizada también se acerca a los 21,8 millones de afiliados, con 21.793.519 ocupados. En el último año, hay 505.674 afiliados más si se descuenta la estacionalidad y el efecto calendario. En comparación con el pasado mes de septiembre, supone un incremento de 64.569 afiliados.
Por sexos, el número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social continúa en cifras históricamente altas, con 10.344.599. Son 109.972 ocupadas más que en septiembre, mientras el número de hombres afiliados crece 31.955. La mejoría en el empleo entre las mujeres es del 12,4% desde antes de la reforma laboral, 2,8 puntos más alta que la de los hombres.
Por procedencia, la cifra de trabajadores extranjeros también superó su máximo histórico y se situó por encima de los 3,1 millones de afiliados (3.101.500).
Por edades, la ocupación de los jóvenes ha crecido un 23,9% desde antes de la reforma laboral y la de los mayores de 55 años un 23,2%, lo que supone un 13,8% y un 13,1%, respectivamente, por encima del conjunto de la media, que crece un 10,1%. Esta evolución del empleo por grupos de edad está alineada con el crecimiento de la población activa reflejado en la Encuesta de Población Activa (EPA).
Como otros meses, Seguridad Social destacó la mejoría en actividades de alto valor añadido, como son información y comunicaciones (+3,1%) y actividades profesionales científicas y técnicas (+3%), cuyas bases medias de cotización y su nivel de estabilidad es superior a la media. Por ejemplo, la base media de cotización de información y comunicaciones es de 3.120 euros mensuales, frente a los 2.269 de promedio de todos los sectores del periodo abril-junio.
El empleo en España (+10,5%) sigue creciendo a un ritmo superior al de otras economías europeas (Italia, +5,9%; Francia, +2%; Alemania, +1,5%), con referencia a datos de finales de 2021, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.
Por otra parte, hay 4.249.281 afiliados más con contrato indefinido y 2.167.802 afiliados menos con contrato temporal. De esta manera, los dos millones de empleos creados desde diciembre de 2021 son empleos más estables y el peso de los trabajadores temporales se encuentra en el 12,1%, frente al 30,3% que suponía en 2018. Esta mejoría es aún más destacable entre los trabajadores menores de 30 años, que tienen una tasa de temporalidad del 19,8% cuando hace siete años tenían una superior al 53,4%.
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(Editado por DMM/MMR/gja/Servimedia)
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