La ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron condenados este miércoles en EEUU a 15 años de cárcel y tres años de libertad vigilada cada uno, por cargos de lavado de dinero.

En este contexto, la Justicia norteamericana ratificó su acusación contra un implicado clave en esta causa, Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal Globovisión, que es buscado en relación con los mismos hechos.

Según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, “Claudia Patricia Díaz Guillen, de 49 años, y su marido, Adrian José Velásquez, de 43, aceptaron y blanquearon más de 136 millones de dólares en sobornos del co-conspirador Raúl Gorrín Belisario, un multimillonario empresario venezolano propietario de la cadena de noticias Globovisión”.

“Gorrín presuntamente pagó sobornos a Díaz, incluso a través de Velásquez, para obtener acceso a la compra de bonos del Tesoro Nacional de Venezuela a un tipo de cambio favorable, lo que se tradujo en cientos de millones de dólares de beneficio. La conspiración implicaba dinero en efectivo a granel escondido en cajas de cartón, empresas fantasma en paraísos fiscales, cuentas bancarias suizas y transferencias bancarias internacionales presuntamente enviadas por Gorrín en beneficio de Díaz y Velásquez, incluso para comprar múltiples jets privados y yates, y para financiar una línea de moda de alta gama iniciada por Díaz y Velásquez en el sur de Florida”, resaltó el comunicado del Departamento de Justicia.

En tanto, el Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe afirmó que “las sentencias impuestas contra la ex Tesorera Nacional de Venezuela Díaz y su marido envían un mensaje claro: Estados Unidos no tolerará que sus sistemas financieros sean utilizados como herramientas personales de blanqueo de capitales por funcionarios extranjeros corruptos”.

A su turno, el agente especial interino a cargo Michael E. Buckley de la Oficina de Campo de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional, dijo que “las importantes condenas y sentencias impuestas hoy contra Díaz y Velásquez Figueroa demuestran que los individuos que utilizan sus posiciones de confianza para blanquear fondos obtenidos ilícitamente a través de los sistemas financieros de Estados Unidos tendrán que rendir cuentas”.

El juez federal William Dimitrouleas reveló la sentencia de Claudia Díaz Guillén en una audiencia realizada en los tribunales federales del centro de Miami cuatro meses después de que un jurado la encontró culpable a ella y a su esposo de cinco de las seis acusaciones que enfrentaban desde 2020 por haber recibido millones de dólares en sobornos.

La fiscalía había pedido una condena más de 23 años de cárcel para Díaz y de más de 19 para su esposo, Adrián Velasquez. La defensa de Díaz buscaba una condena similar a la que habría recibido en Venezuela, de hasta cuatro años de prisión.

Ambos fueron condenados a 15 años de prisión. A su vez, el magistrado condenó a ambos a devolver 136 millones de dólares en bienes y dinero que habrían conseguido con los sobornos y a pagar una multa de 75.000 dólares cada uno, como había pedido la fiscalía.

“Estoy de acuerdo con el gobierno en que los acusados cambiaron drásticamente su vida” de clase media a otra acomodada con múltiples jets privados, yates y lujosos viajes. “Hicieron mucho dinero”, dijo Dimitrouleas durante la audiencia que duró una hora.

Ambos llegaron a la sala serios, vestidos con uniforme beige de presos y escucharon al juez en completo silencio, con auriculares que les permitían oír la traducción en vivo del inglés al español. Díaz lucía su larga cabellera negra suelta. Su esposo estaba prolijamente peinado y llevaba una barba entrecana. Ninguno de los dos hizo declaraciones, salvo para responder un par de veces al magistrado con un “sí” o “no”, cuando les preguntaba si estaban entendiendo o si querían hacer algún comentario.

Estaban esposados y con grilletes y se retiraron de la sala mirando al piso. Sus abogados defensores anticiparon que apelarán la condena.

Desde hace años el gobierno estadounidense ha acusado a decenas de empresarios y funcionarios venezolanos de haber lavado dinero en este país. La mayoría de ellos han sellado acuerdos de culpabilidad con la fiscalía para evitar condenas severas.

Díaz, que se desempeñó como tesorera de Venezuela entre 2002 y abril de 2013, sin embargo, es la primera que se declaró inocente y llegó a juicio. A lo largo del proceso aseguró que en sus funciones no era independiente sino que cumplía con las órdenes de Chávez y también dijo que los sobornos no existieron.

(Con información de AP)

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